Turquía ante la cuestión Kurda en Síria

La caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 dio paso a un inusitado escenario que afectó no solo a la situación interna del país sino a dinámicas regionales e internacionales. Para el gobierno turco se planteó la oportunidad de colaborar estrechamente con nuevos actores al frente de un ejecutivo interino liderado por Ahmed al Shara, líder de la milicia islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), categorizada en su momento como organización terrorista, tanto por diferentes Estados como por Naciones Unidas. La paulatina legitimación de estos líderes y su progresiva consolidación al frente de Siria facilitó a las élites turcas la consecución de algunos de los objetivos surgidos durante la guerra civil en este país y expandir el área de cooperación con el gobierno sirio en cuestiones muy diversas que cubren desde el ámbito económico, al securitario o la delimitación de zonas marítimas.

Los objetivos de Turquía durante la guerra civil siria

Turquía había normalizado relaciones con Siria ya antes de la llegada al poder del partido de Justicia y Desarrollo (AKP) en 2002, tras el acuerdo de Adana, auspiciado por el gobierno de Bülent Ecevit en el que Siria se comprometió a no servir de base logística al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) –grupo armado categorizado como terrorista por Turquía, la UE y Estados Unidos– y, especialmente a su líder, Abdullah Öcalan.

La llegada al poder en Siria de Bashar al Assad y del AKP en Turquía, liderado por Recep Tayyip Erdoğan, dio paso a una nueva etapa en la que se resolvieron históricas disputas territoriales, se firmó un acuerdo de libre comercio en 2004 y otro para la liberalización bilateral de visados en 2009 y se estableció un Consejo Estratégico de Alto Nivel ese mismo año.

Los vínculos personales entre el primer ministro turco y el presidente sirio fueron tan estrechos que llegaron a veranear juntos en 2008. Al desatarse las protestas contra el régimen de Al Assad, la diplomacia turca intentó convencerle de llevar a cabo reformas que pudieran responder a las demandas de la población. Al no producirse resultados en este sentido, el gobierno de Erdoğan dio un giro de 180 grados en su relación con el país vecino y acogió ya en 2011 en su territorio tanto a la oposición política emergente en torno al Consejo Nacional Sirio, como a parte de la oposición armada que se estaba conformando en torno al Ejército Libre Sirio (ELS) (Philips, 2012).

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Ahmet Davutoğlu, en la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en 2012 demandó directamente la caída del régimen.

La progresiva desintegración territorial de Siria revitalizó la importancia de otros actores percibidos como nuevas amenazas por el gobierno turco. Por un lado, la expansión de Daesh o autodenominado Estado Islámico en Siria, por otro la conformación de un gobierno autónomo kurdo –bajo el mando del Partido de la Unión Democrática (PYD) y su brazo armado, las Unidades de Protección Popular (YPG) y las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ) en el norte de Siria–, denominado Rojava, también conocido desde 2018 como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) y desde 2023 como la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (DAANES). La lucha entre las fuerzas kurdas y Daesh en Kobane, ciudad fronteriza con Turquía en el norte de Siria, incrementaron su prestigio internacional. Estados Unidos decidió apoyarlas en terreno y facilitó la creación de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en 2015, conformadas en su núcleo principal por fuerzas kurdas, a las que se sumaron grupo árabes, turkmenos y asirios con el objeto de transmitir una imagen de diversidad étnica. Este apoyo causó fuertes fricciones entre el gobierno turco y la administración estadounidense, puesto que para el primero las YPG, las YPJ y las FDS como su derivada, eran tachadas también como organizaciones terroristas por su relación y afinidad con el PKK. Las negociaciones de paz iniciadas en 2013 con esta organización habían colapsado en 2015, lo que contribuyó a exacerbar la oposición frontal a la consolidación de una Rojava autónoma o independiente.

A partir de 2016 el gobierno turco lanzó cuatro incursiones militares en Siria: operación Escudo del Éufrates (agosto de 2016-marzo de 2017); operación Rama de Olivo (enero a marzo de 2018); operación Primavera de Paz (octubre 2019); operación Escudo de Primavera (febrero a marzo de 2020). Los objetivos fueron evolucionando. Si bien la primera se gestó oficialmente con la finalidad principal de detener la expansión de Daesh, en ella también se pusieron las bases de las próximas operaciones que tuvieron como propósito evitar la consolidación de una región autónoma kurda con continuidad territorial y establecer una “zona segura” con la que evitar la llegada de nuevos refugiados a Turquía y promover el regreso de refugiados en suelo turco a Siria. De acuerdo con datos de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, Turquía es uno de los países con mayor población de refugiados del mundo –a mediados de 2025 acogía a 2,6 millones de personas entre las que se incluían unos 2,5 millones de sirios bajo protección temporal. La crisis económica que afectó a Turquía en 2018 intensificó la difusión de discursos antirefugiados y convirtió esta cuestión en uno de los principales ejes de articulación de la oposición al gobierno, así como en un asunto prioritario de la agenda política nacional. Precisamente, las relaciones del gobierno turco con Hayat Tahrir al Sham se gestaron durante la guerra civil siria, ya que la presencia de este grupo en la región de Idlib frenó el avance de nuevas oleadas de refugiados sirios a suelo turco.

Ante la resiliencia del régimen sirio de Al Assad y la rehabilitación de sus relaciones con otros países árabes a partir de 2018, los contactos bilaterales con Turquía se restablecieron progresivamente hasta favorecer el encuentro de sus ministros de Defensa en Moscú en 2022. El gobierno turco tenía dos objetivos prioritarios: evitar la consolidación de la autonomía en AANNES y promover la repatriación de refugiados sirios. Las conversaciones, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo tangible, puesto que el gobierno turco no estaba dispuesto a retirar su presencia del suelo sirio sin garantías de Al Assad en estos dos ámbitos.

Nuevos escenarios para la cuestión kurda en Siria y Turquía tras la llegada de Al Shara al poder

Con la caída del régimen y la llegada de nuevos actores al poder en diciembre de 2024, se inauguró una nueva etapa, para la que Turquía buscó apoyos internacionales con los que favorecer la legitimidad y el reconocimiento del ejecutivo de transición. Los países del Golfo fueron clave en este sentido para impulsar el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre Siria. El príncipe saudí Mohamed bin Salman auspició, de hecho, en Riad un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el nuevo presidente sirio Ahmed al Shara en mayo de 2025, al que se unió de manera telemática Erdoğan.

En este contexto político, y tras años de guerra civil, se presentó la posibilidad y la necesidad de diseñar una nueva rearticulación del Estado ante la que Turquía expuso su demanda de que Siria fuera un Estado unitario, en clara contraposición a las aspiraciones federalistas defendidas por las FDS. En esto coincidía con los intereses del gobierno sirio, que prefería el debilitamiento de las FDS, ya que eran la única fuerza real y organizada en Siria con la que debían plantearse compartir el poder político.

Tras la caída del régimen de Al Assad, el 10 de marzo de 2025 se firmó un acuerdo de principios para la integración de las FDS en el futuro Estado sirio y se abrió un periodo de negociaciones para concretar las medidas que llevarían a la consecución de dicho objetivo, apoyado también de manera explícita por la administración estadounidense.

El acuerdo contemplaba la integración de las FDS en las fuerzas de seguridad sirias, la devolución escalonada al gobierno central de cuestiones estratégicas, como pasos fronterizos, infraestructuras energéticas o la custodia de los prisioneros de Daesh, así como potenciar derechos políticos y culturales para la comunidad kurda.

Este acuerdo, sin embargo, fue interpretado por las partes de manera distinta: para el gobierno interino sirio era una manera de restaurar su poder territorial progresivamente sobre todo el territorio, de la mano de un control militar centralizado, entendiendo que el acuerdo llevaba a absorber a las FDS más que pactar con ellas un reparto de poder. Para las FDS, por su parte, era una oportunidad para garantizar derechos políticos y una autonomía regional a través de una gobernanza descentralizada a nivel local, con un cierto control sobre cuestiones securitarias, en el que su fuerza militar pudiera organizarse de manera independiente. Las FDS aspiraron a integrarse como un bloque en el ejército sirio, mientras que el gobierno de Al Shara quería su integración de manera individual en unidades militares regulares (Genç, 2026).

Desde el gobierno turco se sugirió de manera reiterada que las FDS podrían estar retrasando la aplicación del acuerdo, al considerar que sería posible contar con el apoyo de Israel para avanzar en sus posiciones (Tol, 2026). Meses después y ante el estancamiento en las negociaciones, las fuerzas sirias lanzaron una ofensiva en enero de 2026 contra las FDS, que finalizaron con la firma de un nuevo acuerdo de 14 puntos entre las dos partes.

Este pacto conlleva un importante repliegue militar y territorial de las FDS. De hecho, implica su retirada de las provincias de mayoría árabe Raqqa y Deir Ezzor, la integración de todas las instituciones civiles de la provincia de Al Hasakah en las instituciones del Estado sirio y la retirada de presencia militar pesada de la ciudad de Kobane, para ser sustituida por unas fuerzas de seguridad conformadas por residentes y por el establecimiento de una fuerza policial local, dependiente administrativamente del ministerio del Interior de Siria. Este pacto supone además la entrega del control de los puntos fronterizos, de los prisioneros de Daesh y de los campos de gas y petróleo al gobierno sirio.

La posición de Turquía ante el acuerdo

El acuerdo incorpora también dos cuestiones por las que Turquía ha abogado de manera reiterada y contundente: la integración de las FDS en el ejército sirio de manera individual y no como una fuerza unificada y la expulsión de los miembros del PKK no sirios del país vecino. Los 14 puntos plantean, a su vez, la total integración del personal de seguridad y militar de las FDS en las estructuras de los ministerios sirios de Defensa e Interior de manera individual y también de personal civil y de seguridad en otras estructuras estatales.

El acuerdo daba la bienvenida al decreto presidencial nº 13 de 2026, por el que se establecía el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos kurdos y se garantizaba la ciudadanía a todos ciudadanos de origen kurdo residentes en Siria. El decreto confirmaba la lengua kurda como oficial y avalaba su enseñanza en entidades públicas o privadas en zonas con una significativa mayoría kurda. El decreto reconocía, además, de manera simbólica el 21 de marzo, fecha en la que se celebra el Nowruz, como una fiesta nacional.

Erdoğan declaró ante la prensa que el reciente acuerdo había contribuido a aliviar la presión sobre el nuevo proceso de paz iniciado en octubre de 2024 entre el Estado turco y los militantes kurdos del PKK. Con motivo de este proceso, Abdullah Öcalan pidió públicamente el desarme y la desmovilización del grupo armado. En consecuencia, en un congreso celebrado en mayo de 2025, el PKK anunció su disolución, seguido de una ceremonia simbólica para la destrucción de las armas en julio de 2025.

En Turquía se conformó, por su parte, un comité parlamentario con 51 miembros, denominado Comité sobre la Solidaridad Nacional, la Fraternidad y la Democracia, que en febrero de 2026 publicó un informe con 47 votos a favor, dos en contra y una abstención, con propuestas legales para la integración social de los anteriores militantes del PKK y la expansión de los derechos políticos y culturales de la población kurda. El informe ha recibido críticas de diferentes partidos políticos por su lenguaje, ya que emplea el marco de una “Turquía libre de terrorismo” y evita cualquier referencia a la “cuestión kurda” y por no abordar cuestiones relevantes como los asesinatos extrajudiciales sin resolver o los derechos para el uso de la lengua materna. En el informe se enfatiza la unidad territorial de Turquía y la importancia del proceso de paz para mantener la estabilidad regional frente a amenazas externas y guerras proxy, así como se ensalza la relación histórica entre kurdos y turcos. Este texto no incluye referencia explícita a la posible liberación de Öcalan, encarcelado desde 1999 tras haber sido capturado en Kenia.

El informe propuso, entre las medidas concretas, una revisión de sentencias en línea con los fallos dictados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal Constitucional de Turquía. Esto implicaría la liberación de presos políticos tan emblemáticos como Selahattin Demirtaş o Figen Yüksekdağ, antiguos líderes del partido prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), o de actores de la sociedad civil como el filántropo Osman Kavala. El informe también considera que ha de revisarse la legislación para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, modificando, entre otras, la Ley de Reuniones y Manifestaciones, el Código Penal turco y la Ley de Lucha contra el Terrorismo para fortalecer la libertad de expresión.

También abre el camino a devolver a su puesto en las alcaldías a los ganadores de las elecciones pertenecientes a partidos prokurdos que a lo largo de estos años han sido sustituidos por administradores designados por el gobierno central. El Partido Democrático de los Pueblos (DEM) ha insistido en que la aplicación de las sentencias del TEDH y del Tribunal Constitucional, junto con este último punto pueden llevarse a la práctica inmediatamente, sin necesidad de nueva legislación. Está por ver si el gobierno turco está dispuesto a llevar a cabo estos cambios de manera inmediata o si esperará a que haya más pasos tangibles en el punto más crucial señalado en el documento, el referente al desarme del PKK. Un desarme que, según el texto, ha de ser supervisado y verificado por las fuerzas de seguridad.

Oportunidades y desafíos por delante

Para Turquía el proceso de negociaciones vigente con el PKK está claramente relacionado con la cuestión kurda en Siria.

La estabilización en Siria es frágil y complicada y el acuerdo alcanzado con las FDS se enfrentará a problemas concretos de integración y a cómo gestionar o llevar a cabo la autonomía local y la implementación de las expectativas en el ámbito educativo. Desde el lado kurdo se piden garantías constitucionales y avances significativos en derechos que compensarían las actuales pérdidas territoriales. Para las FDS, este es un giro fundamental, puesto que supone abandonar el proyecto de Rojava tal y como fue concebido, pero tras la pérdida del apoyo estadounidense se ha optado por posiciones más pragmáticas.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno sirio y las FDS da paso a un nuevo escenario que facilita las relaciones fronterizas de Turquía con el país vecino y, a su vez, ha permitido fortalecer el proceso de negociaciones con el PKK en Turquía que todavía está lejos de consolidarse. No hay que descartar que haya retrocesos, ni están claros cuáles serán los próximos pasos. Todo indica que el gobierno no está dispuesto a mayores concesiones sin el desarme completo del PKK, y se desconoce si, mientras tanto, adoptará algún gesto que ayude a revitalizar la confianza de los representantes kurdos en el proceso. Si bien el desarme es una condición sine qua non para el éxito de las negociaciones, también resulta fundamental responder a las expectativas generadas en cuanto a garantizar derechos culturales y políticos demandados durante décadas para garantizar que el proceso de reconciliación prospere favorablemente.

Más recientemente, la situación de las FDS en Siria ha impactado también en Irán tras los ataques de Israel y Estados Unidos a su territorio. En los primeros días de la guerra, se especulaba con que Estados Unidos habría contactado y armado fuerzas kurdas en Irán con el objetivo de lanzar una ofensiva terrestre contra el régimen iraní, evitando así el despliegue de tropas estadounidenses e israelíes, mientras que se abría un nuevo flanco ofensivo en la guerra. Para llevar a cabo esta operación con éxito se precisaba, además, la aquiescencia de los partidos políticos y grupos militares kurdos de Irak, con el objeto de facilitar el tránsito de armas y de combatientes hacia Irán.

Los kurdos suponen entre un 15% y un 17% de la población en Irán y están situados, sobre todo en la parte occidental del país. La expresión de una identidad política propia y el disfrute de ciertos derechos culturales han sido, con frecuencia, violentamente reprimidos.

El 22 de febrero, cinco partidos kurdos decidieron conformar la Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní. En su declaración informaban de que su objetivo no era separatista, sino “garantizar los derechos de la población kurda dentro de un Irán democrático y descentralizado”.

Sin embargo, dada la reciente experiencia en Siria, las fuerzas kurdas han mostrado su escepticismo ante el lanzamiento de una ofensiva contra el régimen iraní, debido a la falta de objetivos claros por parte de la administración estadounidense en la guerra y de garantías para proteger una acción militar de este tipo. La propia primera dama de Irak, Shanaz Ibrahim Ahmed, en una carta abierta publicada en X, declaró que habían presenciado lo que había ocurrido en Rojava y que “es muy difícil, de hecho, imposible, que los kurdos aceptaran ser peones de los superpoderes mundiales” y pidió que “dejaran en paz a los kurdos”.
Si bien el gobierno turco hizo expresa su oposición a esta posibilidad en conversaciones con su homólogo estadounidense, ha sido clave para no ponerla en marcha hasta el momento la falta del apoyo necesario entre los diferentes grupos kurdos iraníes y, de manera muy relevante, entre las diferentes agrupaciones kurdas en Irak, a la luz de la reciente experiencia de las FDS en Siria y ante los riesgos que entrañarían las graves represalias que podría tomar el gobierno de Irán./