El plan de Trump para Gaza: sin noticias de la paz

Estados Unidos ha sido un aliado fiel del Estado de Israel desde su establecimiento en 1948; de hecho, fue el primer país en reconocerlo 14 minutos después de la proclamación de su independencia. A pesar de que su valor geoestratégico se resintió de manera notable tras el final de la Guerra Fría, lo cierto es que dicha relación se estrechó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las posteriores intervenciones militares en Afganistán e Irak. El anuncio de un progresivo repliegue de Oriente Medio para centrarse en el Indo-Pacífico por parte del presidente Barack Obama no parece haber pasado factura a las relaciones bilaterales, que siguen gozando de una salud envidiable.

Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, las relaciones entre ambos países ascendieron un nuevo peldaño. En el curso de los dos últimos años, las entregas de armamento estadounidense a su aliado estratégico se han multiplicado, lo que ha permitido a Israel destruir, total o parcialmente, el 90% de las infraestructuras civiles y las áreas residenciales de Gaza sobre las que han caído 180.000 toneladas de explosivos provocando la muerte de, al menos, 69.000 personas, la inmensa mayoría de ellos civiles. El nivel de destrucción ha adquirido dimensiones apocalípticas y recuerda a los bombardeos aliados sobre Dresde o Hiroshima. Según una investigación de la Brown University, las administraciones de Biden y Trump habrían proporcionado, al menos, 21.700 millones de dólares en armamento en los últimos 24 meses.

Todo ello a pesar de que la opinión pública estadounidense es cada vez más crítica al gobierno israelí, tal y como demuestran diferentes encuestas. Un sondeo del Pew Research Center desarrollado en marzo de 2025 evidenciaba que un 53% de los adultos tenía una opinión desfavorable de Israel (un 69% entre demócratas y un 50% entre republicanos), tendencia que va en ascenso, ya que en agosto este porcentaje había escalado hasta el 59% (solo un 35% tenían una opinión favorable). Según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en octubre, un 59% de los encuestados era partidario del reconocimiento de un Estado palestino (frente a un 33% que se oponía) siendo la brecha entre votantes demócratas y republicanos significativa (80% frente al 41%).

Desde la guerra de los Seis Días, las diferentes administraciones demócratas y republicanas han promovido la pax americana como única solución posible al conflicto árabe-israelí. Desde 1967, la Casa Blanca ha negado el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y ha rechazado aplicar el derecho internacional para solucionar las controversias regionales. Esta pax americana tendría como absoluta prioridad consolidar la hegemonía israelí en Oriente Medio y respaldar sus ambiciones coloniales sobre los territorios palestinos ocupados. Para alcanzar dichos objetivos, Washington no ha dudado en monopolizar el proceso de paz y marginar a todo actor capaz de equilibrar la balanza entre los contendientes: primero a la ONU, después a la Unión Soviética y, por último, a la Unión Europea.

Durante su primer mandato, la máxima prioridad de Donald Trump fue impulsar el proceso de normalización entre Israel y el mundo árabe por medio de los Acuerdos de Abraham, que promovían la normalización árabe-israelí y relegaban la solución de los dos Estados a un segundo plano. En su lugar, el pomposamente denominado Acuerdo del Siglo de 2020 prometió a los palestinos una mejora sustancial de sus condiciones de vida mediante la creación de zonas de libre comercio y la llegada de inversiones procedentes del Golfo. Al mismo tiempo, Trump retiró la financiación a la UNRWA, reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y trasladó la embajada norteamericana a Jerusalén, a la que reconoció como capital de Israel.

La ambigüedad del Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza

Estas mismas dinámicas se han reproducido en las conversaciones de alto el fuego en la Franja de Gaza que culminaron con la aprobación del Plan Trump el 29 de septiembre de 2025, refrendado posteriormente con la aprobación de la resolución 3.802 del Consejo de Seguridad el 17 de noviembre, en las que los palestinos no tuvieron ni voz ni voto. Dos años después de los ataques del 7 de octubre, los contendientes fueron forzados a sellar un alto el fuego gracias a la mediación de Estados Unidos y de varios países de la región, entre ellos Egipto, Catar y Turquía. Aunque se intentó vender como un plan de paz, su propio nombre oficial —”Plan integral para poner fin al conflicto de Gaza”— deja claro que tan solo se trata de un intento de poner fin a las hostilidades en Gaza mediante un precario alto el fuego.

El plan apuesta por la denominada ambigüedad constructiva: no establece un calendario preciso ni ofrece garantías para su aplicación. Las lagunas del plan quedaron de manifiesto cuando, en sus primeros 10 días, fue violado sistemáticamente por las partes, ya que Israel mantuvo las restricciones al paso de ayuda humanitaria (permitiendo solo la entrada de 100 camiones diarios frente a los 600 acordados) y llevó a cabo numerosos ataques contra objetivos palestinos (asesinando a un centenar de personas). Hamás, por su parte, se mostró incapaz de entregar la totalidad de los cuerpos sin vida de los rehenes y manifestó su negativa a deponer las armas por temor a sufrir represalias por parte de las milicias tribales colaboradoras de Israel.

A pesar de todos sus vacíos, el plan fue recibido positivamente tal y como demostró la Cumbre de Sharm al Sheij, celebrada el 13 de octubre, que contó con la presencia de 30 presidentes o ministros de Asuntos Exteriores, entre ellos el español Pedro Sánchez. Previamente, Trump pronunció un discurso ante la Knesset israelí en el que anunció la entrada en una nueva era de paz y en la que volvió a reiterar su respaldo incondicional a Israel. Todo ello pese a las graves acusaciones que pesaban sobre Benjamín Netanyahu, objeto de una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por su participación en crímenes de guerra y lesa humanidad. El Tribunal Internacional de Justicia, por su parte, investiga a Israel por perpetrar un posible genocidio, como vienen denunciando las principales organizaciones de derechos humanos internacionales (Amnistía Internacional y Human Rights Watch) e, incluso, la israelí B´´Tselem.

En su primera fase, el Plan Trump permitió la liberación de los 20 rehenes israelíes con vida y la entrega de 18 cadáveres. A cambio, Israel deportó a 250 prisioneros palestinos con delitos de sangre y liberó a otros 1.700 rehenes capturados en Gaza en los dos últimos años. En el marco de la tregua, el ejército hebreo se replegó tras una nueva Línea Amarilla que les otorga el control del 58% del enclave palestino. Para tratar de recabar apoyos internacionales, el plan estadounidense también dio luz verde a la entrada de ayuda humanitaria distribuida por agencias de la ONU y no por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza. En una segunda fase, el plan contemplaba la rehabilitación de las infraestructuras destruidas y la reconstrucción del enclave, aunque sin establecer ningún calendario para alcanzar dichos objetivos.

El plan, tal y como lo conocemos, es un acuerdo entre EEUU e Israel para poner fin a la guerra contra la Franja de Gaza y, así, aliviar la creciente presión internacional sobre Israel para que rinda cuentas por los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados durante los dos últimos años. De hecho, la propuesta original estadounidense fue sustancialmente edulcorada como resultado de las presiones ejercidas por Netanyahu en las últimas fases de la negociación. En este sentido, la propuesta recogía las cinco líneas rojas fijadas por el ejecutivo israelí en agosto de 2025: la devolución de todos los rehenes vivos y muertos, el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, el control de seguridad israelí sobre Gaza y el establecimiento de una administración civil que no dependiese ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina. En la versión definitiva del plan desapareció el punto en el que figuraba un compromiso israelí a no anexar, ni parcial ni totalmente, Cisjordania.

Es importante destacar que ni la Autoridad Palestina ni tampoco Hamás fueron invitadas a tomar parte en las negociaciones dirigidas por el enviado especial Steve Witkoff, un magnate inmobiliario de ideología sionista. De esta manera, se volvía a ignorar al actor palestino, tal y como ocurrió con la Declaración Balfour (1917), el Plan de Partición (1947) o el Acuerdo de Camp David (1978) en los que, en ningún momento, se llegó a consultar a la parte palestina sobre su propio destino. A Hamás no se le ofrecía otra alternativa que la rendición incondicional, que se desarmara por completo y que se resignara a abandonar el gobierno.

El punto 9 del “Plan integral para poner fin al conflicto de Gaza” preveía el establecimiento de un comité de tecnócratas palestinos sin filiación partidista, que se “responsabilizará de la gestión cotidiana de los servicios públicos y los municipios de Gaza”. Dicho comité estaría supervisado por una Junta de la Paz formada por mandatarios internacionales y dirigida por el propio Trump. El principal objetivo de dicha junta, cuyas responsabilidades y periodo de actuación no se concretaron, será reconstruir el enclave palestino (que, según diferentes estimaciones, podría costar entre 75.000 y 100.000 millones de dólares), una tarea titánica si tenemos en cuenta la magnitud de la destrucción y que dicha tarea se prolongará durante varias décadas. Para ello serán necesarias inversiones millonarias, aunque las monarquías del Golfo han condicionado su participación en la reconstrucción al establecimiento de una hoja de ruta clara hacia la solución de los dos Estados. El punto 19 señala: “A medida que avanza la reconstrucción de Gaza y se lleva a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino”.

Es decir que, una vez más, la autodeterminación palestina queda postergada sine die, lo que permitirá a Israel seguir alterando la situación sobre el terreno por medio de su política de hechos consumados destinada a hacer inviable la solución de los dos Estados. En su lugar, el proyecto estadounidense promovía un diálogo para alcanzar “una coexistencia pacífica y próspera” entre Israel y los palestinos. Mientras tanto, la Autoridad Palestina debería someterse a su enésima reforma, como ocurrió tras la Intifada del Aqsa de 2000 con la llegada a la presidencia del gobierno del tecnócrata Salam Fayad, quien no logró frenar la colonización de Cisjordania ni levantar el bloqueo sobre Gaza. Una vez más, se vuelve a ofrecer a la población palestina el desarrollo económico a cambio de que renuncie a sus derechos políticos, como ya reclamara el Acuerdo del Siglo de 2020 planteado por Jared Kushner, yerno del presidente norteamericano.

Algunos puntos positivos para los palestinos

El Plan Trump también tiene algunos elementos positivos, ya que impide la anexión formal de la Franja de Gaza por parte de Israel y tampoco contempla la expulsión de la población, tal y como reclama la mayor parte de los integrantes del gobierno de coalición israelí. Los máximos responsables de las formaciones Partido Sionista Religioso y Poder Judío, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir respectivamente, son abiertamente partidarios de la limpieza étnica por medio de lo que denominan “la emigración voluntaria” de la población. De hecho, el punto 12 del plan señala expresamente: “Nadie será obligado a abandonar Gaza. Animamos a los palestinos a que se queden y les ofrecemos [la posibilidad] de construir una Gaza mejor”. El frontal rechazo de Egipto y Jordania a admitir a cientos de miles de refugiados palestinos y a convertirse en cómplices de dicha limpieza étnica habría truncado el proyecto de expulsión.

Otro elemento controvertido es el despliegue de una Fuerza Internacional de Interposición (FII), formada por socios árabes e internacionales que deberá hacerse con el control de Gaza y garantizar la seguridad de Israel. Según el punto 15, “la FII entrenará y prestará apoyo a las fuerzas policiales palestinas seleccionadas en Gaza y consultará con Jordania y Egipto, que cuentan con una amplia experiencia en este ámbito”. En teoría, los países aliados de EEUU deberían formar parte de dichas fuerzas, pero Israel ya ha vetado la participación tanto de Catar como de Turquía. Es importante destacar que, a finales de noviembre, dicha fuerza todavía no se había formado, ni tampoco se sabía qué países aportarían efectivos y cuánto tiempo duraría su misión.

El punto 16 del Plan Trump es relevante, porque deja claro que “Israel no ocupará ni anexionará Gaza” y también señala: “A medida que la FII establezcan el control y la estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán basándose en normas, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las FDI, las FII, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos”. Una de las incógnitas será el alcance del repliegue israelí, debido a la ambigua formulación del plan y a la negativa a una retirada completa por parte de Netanyahu, que pretende imponer la Línea Amarilla como nueva frontera de facto. En todo caso, el plan deja claro que “las FDI entregarán a las FII, de manera progresiva, el territorio de Gaza que ocupan, de acuerdo con un pacto que alcanzarán con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, salvo por una presencia de perímetro de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente protegida de cualquier amenaza terrorista”.

Nuevo periodo de incertidumbre

Gracias al alto el fuego, la población ha retornado gradualmente a sus localidades de origen pero, en la inmensa mayoría de los casos, sus hogares han sido destruidos y carecen de servicios básicos para desarrollar sus vidas. Durante los pasados dos años, el ejército israelí hizo todo lo posible por hacer inhabitable la Franja de Gaza para forzar la expulsión de la población, de tal manera que no quedan en pie escuelas, hospitales o infraestructuras vitales (agua, electricidad, saneamiento, etc.). En los primeros 10 días de alto el fuego, las autoridades israelíes se han negado a permitir la entrada de ayuda humanitaria y de los 6.000 camiones que deberían haber accedido a la Franja, solo lo han hecho menos de un millar. También ha rechazado abrir el paso de Rafah con Egipto, lo que dificulta el paso de materiales de reconstrucción.

Tras la culminación de su primera fase, la gran incógnita será saber si el plan se implementará en su totalidad o no, dada la dilatada trayectoria de incumplimientos de los acuerdos previos por parte de Israel, que podría tratar de torpedearlo para impedir la reconstrucción de la Franja de Gaza. La ausencia de un calendario y garantías invitan a su incumplimiento en la práctica, por lo que los países garantes del alto el fuego deberán mantener la presión para que el gobierno de Netanyahu respete los compromisos adquiridos. De hecho, en la primera semana de su aplicación, Israel violó en 80 ocasiones el alto el fuego asesinando a 97 personas e hiriendo a otras 230.

Dadas su ambigüedad y falta de concreción, el Plan Trump no aborda una solución definitiva al sempiterno problema palestino, ya que no habla del final de la ocupación ni del derecho de autodeterminación palestino. Tan solo establece un precario alto el fuego en el que Israel, como parte fuerte de la ecuación, podrá proseguir su política de hechos consumados y refugiarse en el conocido argumento de “no hay fechas sagradas” para torpedear el acuerdo y obstaculizar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Con este telón de fondo parece del todo improbable, tal y como pretende la Administración Trump, retomar el proceso de normalización entre Israel y el mundo árabe desempolvando los Acuerdos de Abraham, puesto que Arabia Saudí ha dejado claro que no establecerá relaciones hasta que Israel se retire de los territorios ocupados y acceda a la creación de un Estado palestino.

En esta etapa de incertidumbre que ahora se abre es sumamente importante que la presión internacional sobre Israel se mantenga y se redoble. Es imprescindible que el gobierno de Netanyahu rinda cuentas por los crímenes de guerra y lesa humanidad y por el genocidio que ha perpetrado durante dos años. En este contexto, la Unión Europea debería adoptar sanciones ejemplarizantes para impedir que Israel siga recurriendo a la violencia para imponer su proyecto colonial y para anexarse, total y parcialmente, Cisjordania y la Franja de Gaza./