Argelia: un barril de petróleo que cae y un régimen situado sobre un barril de pólvora

Si el precio del petróleo se mantiene en una media de 50 dólares, los ingresos de las exportaciones se reducirán a la mitad y los ingresos fiscales sufrirán una importante caída

Yassin Temlali

Desde la elección de Abdelaziz Buteflika como presidente en 1999, el futuro del régimen argelino nunca ha estado tan plagado de incertidumbres. Enfermo, el jefe de Estado ya casi no desempeña funciones que no sean protocolarias. Sus poderes han recaído en un conjunto de regentes oficiosos: colaboradores cercanos, como su consejero y hermano Said Buteflika, y miembros del gobierno como el primer ministro, Abdelmalek Sellal, y el viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército, el general de los cuerpos del Ejército, Ahmed Gaid Salah.

Nada indica que se haya encontrado una solución consensuada a la crisis de sucesión que sacude al régimen y que, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2014, se manifestó como un conflicto silencioso, con la justicia y la prensa de por medio, entre dos grupos rivales, uno reacio y otro favorable a que Buteflika fuese candidato a un cuarto mandato. Este inquietante panorama político se une a un panorama económico no menos preocupante.

El año 2014 ha cerrado el círculo de una holgura financiera sin precedentes en la historia de Argelia, debida a unos excelentes precios del petróleo desde principios de la década de 2000. Los precios del crudo se han desplomado estos últimos meses y han perdido alrededor del 50% de su valor entre junio de 2014 y enero de 2015, y nada presagia que vayan a volver a subir próximamente, ya que su desplome no se explica solo por un exceso de oferta, sino también porque han empezado a producirse cambios en el mercado energético mundial, con el auge de las energías renovables y la nueva competencia que representan los hidrocarburos no convencionales, sobre todo el gas de esquisto estadounidense.

Crisis de ingresos estatales

Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), basados en un precio de 89 dólares por barril de petróleo, los ingresos exteriores de Argelia no superarán los 48.900 millones de dólares en 2015, frente a los 62.950 de 2014, y un pico de 76.900 millones de dólares en 2008. La hipótesis de un barril de petróleo a 89 dólares parece, por lo demás, demasiado optimista. Si los precios se mantienen durante este año en una media de unos 50 dólares, los ingresos procedentes de las exportaciones, según el FMI, se reducirán a la mitad y los ingresos fiscales, obtenidos en gran medida de los impuestos que gravan la producción de gas y petróleo, sufrirán una importante caída. El malestar social no haría más que extenderse y radicalizarse; porque, si ha sido posible frenarlo estos últimos años, ha sido también gracias a la distribución de la renta petrolera, tras unos años noventa marcados por la caída libre del poder adquisitivo de la mayoría de los argelinos.

La caída de la cotización del petróleo no era imprevisible. Muchos observadores habían dado la voz de alerta sobre el carácter efímero de la bonanza económica que ha conocido el país desde principios de la década de 2000. Habían recordado que los fabulosos ingresos procedentes de las exportaciones (unos 750.000 millones de dólares entre 1999 y 2014) debían utilizarse para llevar al país por la senda de una economía menos dependiente del crudo. Y es que, aunque han servido para financiar muchas infraestructuras y mejorar el poder adquisitivo de amplios estratos sociales (el gasto de los hogares se ha triplicado entre 2000 y 2011), estos ingresos no han servido para transformar Argelia en ese país emergente tan anhelado por las autoridades, según dicen.

El petróleo y el gas representan todavía la mayor parte del valor de las exportaciones (el 95,6% en 2014) y este sector supone, por sí solo, casi el 30% del PIB (27,5% en 2014, según las previsiones gubernamentales). La bajada del precio del petróleo resulta aun más perjudicial para la economía por el hecho de haberse producido en un contexto de estancamiento de la producción y las exportaciones petroleras (1.202 millones de barriles producidos en 2013, según la OPEP, frente a un pico de 1.371 millones en 2007) y de reducción considerable de las exportaciones de gas (unos 44.000 millones de metros cúbicos en 2014, frente a 46.708 millones de metros cúbicos en 2013, 57.359 millones en 2010, y 65.000 millones de metros cúbicos en 2005).

La caída de las exportaciones de gas natural se debe a un aumento considerable del consumo interno, que debería pasar de 17.500 millones de metros cúbicos en 2006 a 50.000 millones de metros cúbicos en 2017-2020, y que se explica por el crecimiento del consumo de electricidad, el 96% de la cual procede del gas.

¿Diversificación de la economía?

Ante esta crisis petrolera que recuerda en ciertos aspectos a la de 1985-1986, se han tomado medidas para un mejor “control del gasto público”: se ha detenido la contratación de funcionarios y se han paralizado las obras de infraestructuras “no indispensables”, entre otras cosas. La crisis, se complacía en afirmar el presidente de la República en diciembre de 2014, debía convertirse en una oportunidad para diversificar la economía. ¿Está verdaderamente decidido el gobierno a emprender el camino de una desconexión progresiva del presupuesto y los ingresos en divisas del maná gasístico- petrolero? Nada permite afirmarlo.

La importancia del programa de inversión de la empresa pública de hidrocarburos Sonatrach (90.000 millones de dólares entre 2015 y 2019) no es, por sí sola, un indicio de que los poderes públicos sigan favoreciendo la vía rentista (los ingresos del petróleo y el gas sin duda podrían financiar la construcción de una economía más diversificada). En cambio, lo que sí constituye una prueba de ello es el carácter impreciso de las directrices presidenciales para la diversificación económica. En el pasado, el ejecutivo ha ofrecido orientaciones similares para la “dinamización de la industria, del sector petroquímico, de la agricultura, del turismo y de las TIC”, sin que estas se hayan traducido jamás en objetivos numéricos y plazos inamovibles.

En estas circunstancias, tenemos derecho a pensar que el aumento programado de la producción de hidrocarburos no esté tan encaminado a financiar el paso a una economía emergente como a compensar sin más las sumas que ha dejado de ingresar el Estado por la bajada del precio del crudo. El gobierno espera, de aquí a 2019, aumentar la producción de petróleo un 20% y lograr que la producción de gas convencional alcance los 151.000 millones de metros cúbicos (frente a los 131.000 millones de 2014). Pretende asimismo empezar a explotar el gas de esquisto, del que Argelia posee, según el Organismo Internacional de la Energía, la cuarta mayor reserva mundial técnicamente recuperable.

La pregunta es cómo financiar estos ambiciosos proyectos si los ingresos del petróleo y gas están reduciéndose. Recurrir a la inversión extranjera no es la opción más firme, a juzgar por la poca diligencia con que han respondido las empresas internacionales a la cuarta licitación de ALNAFT (el organismo nacional para la revalorización de los recursos de hidrocarburos). La apertura de los sobres, a finales de septiembre de 2014, se ha saldado con un resultado irrisorio: se han adjudicado cuatro perímetros de búsqueda y exploración, de un total de …32. La anterior, en 2010-2011, no había sido más concluyente: solo se adjudicaron dos bloques de un total de 10.

El gas de esquisto: ¿una oportunidad?

Legal desde principios de 2013, tras la enmienda de la ley de hidrocarburos, la explotación de los gases no convencionales ocupa un lugar cada vez más importante en los proyectos de mejora de la producción gasística argelina. La producción de gas de esquisto, declaraba el 7 de septiembre de 2014 el consejero delegado de Sonatrach, Said Sahnune, alcanzará los 20.000 millones de metros cúbicos en 2022 y los 30.000 millones en 2025-2027 (lo que supone, respectivamente, el 15,2% y el 22,9% de la producción gasística argelina de 2014).

Calificado de “oportunidad” por el primer ministro, Abdelmalek Sellal, el gas de esquisto no es, sin embargo, una solución milagrosa a esta crisis de ingresos estatales que, de continuar, podría provocar una grave crisis social y, por consiguiente, una gran inestabilidad política. La extracción de estos recursos no convencionales no requerirá inversiones menos cuantiosas que la de los hidrocarburos tradicionales, y solo podrá iniciarse cuando se cuantifiquen las reservas argelinas. Aun cuando el potencial indicado por las imágenes de satélite se confirmase por los trabajos de exploración, la explotación exige recurrir a los servicios de empresas extranjeras.

En efecto, aunque ya practique en los yacimientos convencionales las técnicas de fractura hidráulica y de perforación horizontal que se emplean en la producción de gas de esquisto, Sonatrach no puede llevar a cabo sola, en este ámbito, un proyecto de explotación comercialmente rentable. Suponiendo que tengan los medios económicos para invertir en el subsuelo argelino, las empresas internacionales necesitan que se las tranquilice en cuanto a que la población aceptará la producción de gas de esquisto, considerado peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esta aceptación dista de ser un hecho. El movimiento contrario al gas de esquisto de In Salah, ciudad del extremo sur, lo ha demostrado hace poco.

Este movimiento se opone a la explotación del gas de esquisto en la cuenca de Ahnet, donde se han realizado pruebas de producción concluyentes. Hace hincapié en las repercusiones medioambientales (la posible contaminación de las capas freáticas) y en el peligro de que dichas capas se agoten rápidamente a causa de los recursos hídricos que necesita la fractura hidráulica. En una región donde permanece vivo el recuerdo de las pruebas nucleares francesas de la primera mitad de la década de los sesenta, la preocupación ecológica y sanitaria es profunda.

El Sur y el barril de pólvora yihadista

El gobierno, tan proclive a reaccionar violentamente ante la más mínima protesta popular, ha dado muestras de cierta prudencia al enfrentarse a las manifestaciones de In Salah, con reuniones entre miembros del gobierno y representantes de la población, y enviados especiales de la presidencia. Esta prudencia se explica por la delicadeza de la situación política y de la seguridad en el Sur, una región que limita, además, con dos países inestables: Mali y Libia. De hecho, el Sur vive desde hace un año al ritmo de los enfrentamientos etnorreligiosos en el valle del M’zab entre ibadíes “bereberes” y suníes “árabes”. Vive asimismo, desde hace todavía más tiempo, al ritmo de unas protestas sociales nada desdeñables.

Antes de In Salah, la ciudad de Uargla, sede de la wilaya en la que se encuentra el mayor yacimiento argelino de petróleo, Hassi Messaud, había sido –y todavía es– el escenario de un movimiento radical de parados que reivindican que se dé prioridad a la población local a la hora de acceder al empleo en las industrias gasístico- petroleras. Estas protestas expresan el sentimiento de injusticia de los habitantes del Sur, pobre a pesar de los presupuestos colosales que se le adjudican (2,415 millones de dinares, unos 24.000 millones de euros, entre 1999 y 2013, según una declaración de Sellal el 23 de mayo de 2013). “No nos hemos beneficiado del gas convencional, ni de los frutos del maná petrolero. (…) El gas de esquisto nos quitará lo poco que tenemos”. Así es como, Mohamed Djouan, de la asociación ecológica Shams d’In Salah, resumía este sentimiento en El Watan (5 de enero de 2015). Una de las pancartas desplegadas por los manifestantes en In Salah decía: “Hemos sido un campo de experimentos para vuestras bombas. ¡No lo seremos para el gas de esquisto!”. Esta evocación de las pruebas nucleares y químicas francesas en el Sáhara, que continuaron hasta después de la independencia, dan un especial relieve a la hostilidad del Sur hacia a la explotación del gas no convencional.

El fruto amargo de la represión de los movimientos sociales

Hay que recordar aquí que la represión de las primeras protestas sociales en el Sur ha sido la causa directa del nacimiento del grupo armado llamado “Los hijos del Sur por la justicia islámica”. Las mediaciones tradicionales persuadieron a una parte de sus miembros de que se entregaran a las autoridades en 2008 pero, no obstante, el grupo no desapareció. Su emir, Mohamed Lamine ben Cheneb, llevó a cabo en enero de 2013 un audaz ataque contra el yacimiento gasístico de Tiguenturin (al sureste), que se saldó con la muerte de 40 personas, la mayoría extranjeras.

Es probable que esta organización no hubiese visto la luz si, en 2004, la justicia no hubiese condenado a penas de cárcel a varios de sus futuros fundadores, cuando eran miembros de un movimiento social absolutamente pacífico, el “Movimiento de los hijos del Sur por la justicia”. Enfrentado a las protestas de In Salah, el gobierno parece encontrarse ante un verdadero dilema: la represión podría dar pie a una peligrosa radicalización de la juventud del Sur; ceder a sus reivindicaciones no sería una buena señal para las empresas gasístico- petroleras internacionales, sin cuya participación la explotación del gas de esquisto seguiría siendo hipotética.

Es, sin embargo, poco probable que para escapar a este dilema su decisión se apoye en una solución democrática: abrir un debate sobre la producción de hidrocarburos no convencionales y sobre un mejor modelo de desarrollo del Sáhara argelino. Lo más probable es que, bajo la presión de unos servicios de seguridad cada vez más omnipotentes, se vea tentado por la represión pura y dura. Es significativo que el emisario enviado por la presidencia para escuchar las quejas de los habitantes de In Salah no fuese otro que el jefe de la policía, el general Abdelghani Hamel, “gran especialista en gases lacrimógenos”, según las ocurrentes palabras de un periodista argelino.