Argelia: ¿fin de la policía política o restauración de una presidencia con todas las prerrogativas?

La destitución del general Mediène supone una vuelta a la supremacía de la presidencia sobre la institución militar.

Yassine Temlali

El 13 de septiembre de 2015, un comunicado de la presidencia de la República anunciaba la jubilación del jefe del Departamento de Información y Seguridad (DRS, por sus siglas en francés, el servicio de inteligencia militar), el general del cuerpo de ejército Mohamed Mediène, y su sustitución por uno de sus antiguos subordinados, el mayor general retirado Athmane Tartag. Este anuncio se ha considerado, no sin razón, un acontecimiento importante. El DRS es el heredero de lo que, hasta 1990, se llamó la “Seguridad militar”, que procedía a su vez de los servicios secretos del Frente de Liberación Nacional, que luchaba contra la ocupación francesa y que fue un temible instrumento de control para el régimen tras la independencia. La autoridad del DRS se reforzó aún más después de 1992, en el fragor de la lucha contra la subversión islamista.

Sin embargo, la marcha de Mediène no ha sido una sorpresa. A sus 76 años, el último superviviente de los oficiales llamados “janviéristes” que, en enero de 1992, obligaron al presidente Chadli Benyedid a dimitir, y que hicieron que se anulase la primera vuelta de las elecciones legislativas ganada por los islamistas, no iba a permanecer eternamente en su puesto. Sobre todo después de una serie de decisiones tomadas durante los dos años anteriores a su destitución que le habían debilitado, reduciendo así al mínimo el inmenso poder del que gozaba el DRS. Estas decisiones supusieron un “desmembramiento” metódico de este último para transformarlo en una estructura encargada principalmente de los servicios secretos, sin peso militar o político.

El desmembramiento del DRS empezó a finales del verano de 2013, cuando tres de sus ramas pasaron a depender directamente del Estado Mayor del Ejército: la Dirección de Comunicación y Difusión, la Dirección Central de la Seguridad del Ejército (DCSA por sus siglas en francés) y el Servicio Central de la Policía Judicial. El primero desempeñaba –y todavía desempeña– un papel importante en el control del sector de la información, mediante presiones “amistosas”, o no tan amistosas, ejercidas sobre los periodistas argelinos y los corresponsales de la prensa extranjera. El segundo se encarga de la protección de las Fuerzas Armadas contra las acciones subversivas. Y, por último, el tercero lleva a cabo investigaciones –especialmente las económicas– por cuenta de los tribunales, y fue el que, en 2009, inició la investigación sobre la gestión del exministro de Energía, Chakib Jelil, un allegado de Abdelaziz Buteflika hoy en día huido del extranjero.

Tras una pausa de menos de dos años, la operación para debilitar al DRS volvió a iniciarse en julio de 2015, cuando la Dirección General de la Seguridad y de la Protección Presidencial (DGSPP) pasó a depender directamente del Estado Mayor del Ejército. Esta decisión vino seguida, poco después, de la disolución del Grupo de Intervención Especial del DRS, y la integración del Servicio de Coordinación Operativo y de Inteligencia Antiterrorista (CSORAT, por sus siglas en francés) en la DCSA, un organismo que, como hemos visto, pasó a depender del Estado Mayor en 2013.

Entre estas dos grandes “reestructuraciones”, y mientras se llevaron a cabo, un gran número de oficiales del DRS, cuyo nombre se asociaba a la década de los noventa y a sus terribles tragedias (ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas), volvieron a la vida civil.

Regreso a la ‘normalidad’ de antes de 1992

La destitución de Mediène no puede entenderse sin enmarcarla en el largo proceso, iniciado por Buteflika cuando fue elegido en 1999, para devolver a la institución presidencial –aplastada entre 1992 y 1999 por el peso adquirido por el ejército, y más concretamente por el DRS, en la gestión directa de la vida política– el prestigio que tenía antes.

Ya en su primer mandato, Buteflika inició las hostilidades con los principales jefes “janviéristes” que le habían ofrecido la presidencia en 1999, en un momento en el que el aislamiento internacional del país se había vuelto insostenible, tanto en el plano diplomático como económico. Poco después de su ascenso al poder, el presidente de la República declaró que no sería “un presidente con tres cuartas partes del poder” y, algunos años más tarde, en 2004, cumplió esa amenaza al destituir al poderoso jefe del Estado Mayor del Ejército, el general del cuerpo de ejército Mohamed Lamari, coartífice con Mediène del golpe de Estado constitucional de 1992 contra Benyedid, sospechoso de querer cohabitar con los islamistas radicales. El sucesor de Lamari no fue otro que el general del cuerpo de ejército Ahmed Gaid Salah, quien, a día de hoy, ocupa este puesto y se cuenta entre los fieles a Abdelaziz Buteflika, al que debe su ascenso a un cargo tan alto cuando ya se encontraba al final de su carrera. La marcha de Lamari vino seguida de otras destituciones de oficiales “janviéristes”, que ocupaban puestos clave (comandantes del ejército, de regiones militares…)

Así, aunque al principio fue cooptado, Buteflika supo convertirse en un presidente “en toda regla”. Sus tres predecesores desde 1992 (Mohamed Budiaf, Ali Kafi y Liamine Zerual) tuvieron que compartir una parte de sus prerrogativas –de forma oficiosa, por supuesto– con unos generales poderosos por el lugar fundamental que ocupaba el Ejército en el dispositivo de lucha contra los grupos islamistas armados. Y aunque, hoy, el actual presidente está físicamente disminuido, la Presidencia es el centro único de decisión política en Argelia. En realidad, no se trata más que de un regreso al periodo de 1965 a 1992, durante el cual el jefe del Estado, consultando a los militares sobre los principales temas políticos, diplomáticos, ejercía unas amplias prerrogativas en todos los ámbitos, incluido el de la defensa. Los presidentes Huari Bumedien y Chadli Benyedid, ex altos oficiales elegidos por sus compañeros, fueron unos auténticos bonapartes, y aunque arbitraban los conflictos internos dentro del régimen, a decir verdad no compartían sus poderes con ninguno de los grupos que lo formaban.

Los ‘janviéristes’ y los asuntos turbios de los años noventa

A pesar de que se preveía una lucha encarnizada entre los “janviéristes”, molestos por ser marginados por un Buteflika que envidiaba sus prerrogativas constitucionales, la renovación de la cúpula militar se llevó a cabo sin contratiempos. Ni la marcha de Lamari en 2004, ni la de Mediène en 2015 causaron ningún revuelo. Sin duda, el jefe del Estado supo aprovechar en contra de sus adversarios las ambiciones de los oficiales superiores jóvenes, que tenían prisa por cerrar el paréntesis de inestabilidad política y que se mostraban favorables a la “profesionalización del ejército” porque el presupuesto que se le concedía era considerable. Buteflika supo sobre todo aprovecharse de la precariedad política, por así decirlo, de los “janviéristes”, debilitados frente a él por el papel que habían desempeñado en los dramas de la década de los noventa. Sin su protección, algunos de ellos habrían tenido que comparecer ante la justicia fuera de Argelia. Así, el mayor general en la reserva, Jaled Nezzar, que encabezó el golpe de Estado constitucional de enero de 1992, fue repatriado urgentemente a bordo de un avión oficial enviado desde Argel en abril de 2001para escapar de los procesos judiciales iniciados en Francia tras unas denuncias interpuestas contra él por torturas.

Sin embargo, la principal explicación al hecho de que los antiguos “janviéristes” no opongan resistencia ante el rodillo de Buteflika hay que buscarla en el contexto político-económico de la década de 2000 y de la primera mitad de la década de 2010. La era Buteflika se ha caracterizado, por una parte, por un retroceso notable de la insurrección islamista –un retroceso simbolizado, tras la aprobación de la ley sobre la concordia civil en 2000, por la rendición de miles de yihadistas– y, por otra, por una relativa prosperidad económica, que empezó a declinar a finales del verano de 2014, con la caída mundial de la cotización de los hidrocarburos. Esta prosperidad ha permitido, tras unos años noventa muy austera, un importante gasto público (500.000 millones de dólares entre 2004 y 2013). También se ha traducido en un aumento de las rentas de amplias capas de la población (el gasto de los hogares se triplicó entre 2000 y 2011).

Para tener las manos libres en el plano político, el presidente Buteflika ha actuado sabiamente para que se le atribuyan a él la relativa estabilización en materia de seguridad y la buena situación de las arcas del Estado. Y lo ha conseguido. Sin embargo, es público y notorio que las rendiciones de islamistas se negociaron en 1997 durante el corto y turbulento mandato de su predecesor, Zerual, y que el incremento de los ingresos del Estado se debe más a una coyuntura mundial favorable que a la previsión de sus sucesivos primeros ministros.

Una nueva patronal favorable a Buteflika

Este enorme gasto público ha sido una bendición caída del cielo para muchos empresarios que se han beneficiado no solo de los jugosos encargos estatales, sino también de unas facilidades inmobiliarias y bancarias considerables. Algunos, gracias a la magnanimidad del gobierno y a su apoyo a Buteflika –y en ningún caso por la magia de su espíritu empresarial– dejaron de ser empresarios de poca monta y se convirtieron en magnates influyentes. Y esta es la segunda explicación de la facilidad con la que el jefe del Estado ha marginado a sus posibles adversarios en el seno del ejército: estos últimos no tenían al mundo empresarial de su parte, ya que este está dividido entre una minoría activa favorable a Buteflika y una mayoría circunspecta y pasiva.

Según un artículo del periódico electrónico argelino Maghreb Emergent publicado el 11 de marzo de 2014, Ali Haddad, el artífice de la alianza empresarial en torno al jefe del Estado, se ha beneficiado desde la llegada al poder de este último de encargos por valor de unos 2.500 millones de dólares: el Grupo de los Hermanos Haddad, que a finales de los años noventa era una empresa familiar de tamaño medio, se ha convertido en un actor indispensable en el sector de las obras públicas. El grupo KOUGC, del no menos buteflikiano Ridha Kuninef, que hace no mucho también era una empresa mediana, opera en sectores tan diversos como el hidráulico, el de la construcción, el eléctrico, el de las obras públicas y el de la ingeniería civil petrolera, y está asociado con una empresa pública tan poderosa como Sonelgaz (gas y electricidad). Entre 1996 y 2013, la Semoulerie Industrielle de la Mitidja de Taib Ezzraimi, otro ferviente partidario de un cuarto mandato de Bouteflika, multiplicó por 500 su capital, que pasó de unos módicos 105.000 dólares a 51 millones de dólares. El grupo agroalimentario Laid Benamor, otro destacado buteflikiano, se enriqueció notablemente en poco tiempo, de tal manera que en 2013 pudo adquirir el 60% del capital de unas grandes fábricas públicas de harina (Eriad). Dichos empresarios, casi unos desconocidos en el mundo empresarial en 1999, dirigen los destinos de este sector: Ali Haddad preside el Foro de los Empresarios, mientras que Benamor ha sido elegido para dirigir la Cámara de Comercio e Industria argelina.

Al igual que sucedía con el Frente de Liberación Nacional (FLN, el antiguo partido único), el principal elemento de la mayoría presidencial, para estos nuevos grandes empresarios el Estado civil se parece menos a un Estado democrático que a un Estado que garantiza impunidad a los depredadores civiles y que no les somete a la vigilancia del DRS que, hasta 2013 –es decir, antes de que su policía judicial pasase a depender del Estado Mayor del Ejército– llevaba a cabo investigaciones sobre los escándalos de corrupción. Para ellos, la época de Buteflika no tiene que acabar antes de que hayan consolidado las bases de sus negocios y su influencia política. Es la principal razón por la cual financiaron, de forma ostentosa, la campaña electoral de Buteflika en 2014. La segunda razón por la que se muestran tan ardorosos es que saben que sus privilegios pueden ser efímeros en un país en el que la economía sigue sometida a la voluntad de la burocracia; otro empresario, Issad Rebrab, lo ha comprobado recientemente en su perjuicio: después de haber contado con tantas facilidades, está en el punto de mira del gobierno, que no le perdona su falta de fervor por el “cuarto mandato”.

El ejército seguirá siendo la columna vertebral del régimen

El debilitamiento del DRS y el hecho de meter en cintura a un ejército excesivamente politizado difícilmente pueden considerarse unos avances en la senda que conduce a un gobierno civil y democrático. Si bien con esto se termina una época, no se inicia una nueva cualitativamente diferente. En el fondo, simplemente señala un regreso al periodo anterior a 1992 y a la supremacía de la presidencia sobre la institución militar, de la que, paradójicamente, procedía una parte de su legitimidad “en el interior”.

Dentro de este orden restaurado, las fuerzas de seguridad civiles están destinadas a desempeñar un papel más importante que en el pasado, en previsión de las posibles revueltas que provocará sin duda la disminución de los ingresos del Estado, que se produce desde el verano de 2014. Es significativo que los efectivos de la policía hayan aumentado durante el gobierno de Buteflika, pasando de 106.000 en 2006 a 140.000 en 2008 y a 200.000 en 2013, es decir, un policía por cada 110 ciudadanos (la relación, en Francia, es de 1/270). Sin embargo, el ejército seguirá siendo el principal garante de la continuidad del régimen. Esto es muy plausible porque los focos de inestabilidad en las fronteras van a tardar en desaparecer (Malí, Libia) y porque las relaciones con el vecino marroquí han empeorado hasta tal punto que este último apoya, en el propio seno de la ONU, la reivindicación de autodeterminación de la Cabilia.

Por tanto, el ejército seguirá siendo durante mucho tiempo el principal protector del régimen, lo que demuestra quizás el hecho de que es el principal receptor de dinero del Estado: en los presupuestos para 2016, el departamento de Defensa es el más favorecido. Su presupuesto no se ha visto afectado por la política de austeridad que ya se está aplicando y que ha provocado la cancelación de un gran número de grandes proyectos de infraestructuras, e incluso se ha aumentado en un 6,7%, lo que equivale a unos 11.000 millones de dólares. Y, como es habitual en los Estados autoritarios, las asignaciones presupuestarias siguen escapando a cualquier tipo de control que no sea el de sus propios servicios financieros.