Cuál es la contribución de la política europea de vecindad (PEV) a nuestra región, y, en particular, a Túnez? De marzo de 2003 a mayo de 2004, tres documentos de la Comisión Europea desarrollaron la nueva iniciativa de la PEV. Pero fue Romano Prodi, entonces presidente de la Comisión Europea, el primero en presentarnos el espíritu de esta iniciativa, el 31 de marzo de 2003, en Túnez. Acto seguido, entre diciembre de 2003 y junio de 2004, la Unión Europea (UE) aprobó otros dos documentos esenciales: la Estrategia Europea de Seguridad y el Partenariado Estratégico con el Mediterráneo y Oriente Próximo. Estos compromisos, coincidiendo con la gran ampliación, constituyen un conjunto.

El 9 de diciembre de 2004, Benita Ferrero-Waldner, comisaria de Relaciones Exteriores y de la PEV, presentó los siete primeros planes de acción establecidos en el marco de la PEV, deliberando con países vecinos y socios, como Túnez y Marruecos. Este primer paso marca de por sí una nota positiva: la difusión pública de los planes de acción, con la mención de las prioridades acordadas para cada país, había causado agitación en algunos gobiernos, en la medida en que este método transgredía el mano a mano entre las esferas intergubernamentales y abría a las sociedades en cuestión, Túnez incluido, la posibilidad de conocer las líneas de acción defendidas y de comprender así la solidez y el verdadero alcance de la nueva política.

Este método ha mejorado la percepción del partenariado en la opinión pública y, de este modo, ha favorecido el objetivo de la asimilación. Es un primer logro. El 21 de febrero de 2005, el Consejo Europeo aprobaba los siete planes de acción, mientras que los gobiernos de los países afectados los aprobaban tardíamente, en especial Marruecos y Túnez, los últimos de los siete, en julio de 2005. En la misma fecha, el acuerdo de asociación con Argelia aún no había entrado en vigor; lo hizo en septiembre de 2005. Pero no fue por esta razón por la que Argelia rehusó el método de los planes de acción y prefirió ceñirse solo al acuerdo de asociación. El interés de la PEV se debe a su planteamiento integral. Se aprovecha el método bilateral para implicar a cada país en una dinámica de modernización coherente. Así, el imperativo del desarrollo económico se enfoca de nuevo en un contexto evolutivo que incluye también la democracia, el Estado de Derecho y la sociedad civil.

La prioridad que otorgan los gobiernos de los socios mediterráneos al desarrollo económico no podrá garantizar un auténtico progreso mientras prevalezca el statu quo político y mientras la sociedad civil siga siendo frágil, y estando fragmentada y reprimida. Los programas MEDA llevados a cabo hasta entonces apenas habían obedecido a esta sinergia. Los planes de acción se elaboran basándose en informes previos, organizados país por país, que hacen balance de los progresos y de las carencias. Sobre esta base, los planes establecen nuevas prioridades, determinando las líneas de acción necesarias en cada país según su contexto específico. Para la mayoría de los socios, Túnez incluido, los informes por países estaban listos en mayo de 2004.

Por ello, los primeros planes de acción pudieron elaborarse y presentarse en diciembre de 2004. Sin embargo, la corresponsabilidad en la elaboración del plan de acción no llega hasta la injerencia en la decisión definitiva sobre los programas de ejecución, la cual incumbe siempre al gobierno implicado. Si, al pasar del plan de acción a la programación de los proyectos, las decisiones del gobierno asumen las prioridades definidas, nuestro socio europeo lo tendrá en cuenta, por medio de una amplia política de incentivos y estímulos que incluye, entre otros factores, el volumen de la financiación. Éste es también un avance decisivo de la PEV.

Para Túnez y Marruecos, entre los 79 y 85 puntos de los planes de acción respectivos que cubren la más amplia gama de sectores, las cuatro primeras prioridades son:

Para Túnez:

– Consolidación de las instituciones que garantizan la democracia y el Estado de Derecho;

– Consolidación de la independencia y la eficacia de la justicia y mejora de las condiciones penitenciarias;

– Respeto de los derechos humanos y de las libertades básicas, de acuerdo con los convenios internacionales;

– Respeto de la libertad de asociación, de expresión y del pluralismo de los medios de comunicación, en conformidad con el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos de Naciones Unidas.

Para Marruecos:

– Consolidación de las instancias administrativas encargadas de velar por el refuerzo de la práctica democrática y del Estado de Derecho;

– Intensificar los esfuerzos para facilitar el acceso a la justicia;

– Cooperación en materia de lucha contra la corrupción;

– Garantía de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de acuerdo con las normas internacionales.

Pocas veces un socio exterior ha podido formular con esta claridad tal acopio de prioridades en relación con estos dos países. Recordemos que Argelia no escatimó respecto al fondo, sino que simplemente se negó de entrada a suscribir un plan de acción. En nuestra opinión, la fuerza y la pertinencia de estas prioridades se deben a que toman el relevo de las exigencias formuladas durante mucho tiempo por la sociedad civil en nuestros países. Un punto fuerte de la PEV es haberse hecho eco de nuestra voz y haber destacado en un documento formal y público el vínculo entre el imperativo del desarrollo económico y la correspondiente exigencia de la democracia y del Estado de Derecho.

Avances gracias a la PEV

Además de esta apertura, hasta diciembre de 2007, ¿qué cambios ha supuesto la PEV en nuestra región? Marruecos se ha distinguido por los avances en materia de derechos humanos y por una apertura política aclamada por el conjunto de la sociedad civil. Se considera, por tanto, habilitado para pedir un estatuto avanzado en el partenariado euromediterráneo.

En Túnez, se aceptó la creación de un subcomité de Derechos Humanos y de la Democracia en el marco eurotunecino, y la primera sesión del subcomité pudo celebrarse a tiempo en Túnez, el 12 de noviembre de 2007, antes de que se reanudara el Comité de Asociación, que pudo finalmente reunirse en Bruselas el 19 de noviembre. Sin embargo, durante los tres últimos años, las instituciones de derechos humanos carecieron de contacto con los militantes, se les privó del uso de sus cuentas y finalmente quedaron reducidas al inmovilismo. Por otra parte, la política de los medios de comunicación no ha registrado progresos.

El Informe de base sobre Túnez ya ponía de relieve el carácter restrictivo de la legislación relativa a las libertades de prensa y publicación y añadía: “La censura se aplica ampliamente tanto a los medios de comunicación como a los diarios y publicaciones periódicas extranjeros. Esta situación –se precisa–, ha sido confirmada por los observadores internacionales y por las ONG especializadas”. No hay, por tanto, avances en este campo. En otros aspectos, registramos una abundancia de instituciones, pero que apenas se traduce, para la sociedad y para los tunecinos, en el disfrute de las libertades recogidas en las prioridades del plan de acción. Por último, el proceso de desarrollo económico continúa y la política de privatizaciones avanza.

Las cifras dan cuenta, año tras año, de una participación cada vez mayor de nuestros socios europeos tradicionales en lo que se refiere a intercambios e inversiones. Sin embargo, las prácticas de la competencia transcurren en un doble nivel. Por una parte, la persistente existencia de un comercio paralelo exonerado de los aranceles sobre la importación, que los tunecinos bautizan como “zoco Moncef Bey”, mantiene una dualidad del mercado que dista mucho de ilustrar la sana coherencia que contempla el plan de acción.

Por otra parte, nuestros socios europeos conocen mejor que otros, porque son su principal blanco, la práctica de los socios “parásitos” que se insertan en los proyectos de inversión ejerciendo distintas presiones y que, por su selección y sus conexiones, ponen de manifiesto que el liberalismo de la economía tunecina está marcado por el clientelismo. Si estas prácticas prevalecieran en los países candidatos a la adhesión, los descalificarían de entrada. Pero en el círculo de la vecindad mediterránea, los europeos se adaptan, sacan provecho de ello y encuentran pretextos para aumentar su influencia particular. Por lo tanto, se plantea un problema de fondo.

Incoherencias y contradicciones de la PEV

Complacencia y acomodamiento predominan también en el campo mediterráneo. La PEV tiene por objeto “reforzar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de todos y prevenir la aparición de nuevas líneas de fractura”. Así se expresaba Ferrero-Waldner en diciembre de 2004. “Queremos construir relaciones verdaderamente especiales con nuestros vecinos… Tenemos objetivos compartidos por todos, al norte y al sur del Mediterráneo, respecto a lo que queremos alcanzar juntos.

Y diría más, la política de vecindad, la filosofía de la vecindad, debe permitirnos llevar a la práctica este proyecto común”. Así se expresaba Prodi en Túnez, en marzo de 2003. Querría mencionar aquí cuatro ejemplos en los que las opciones políticas de nuestros socios europeos apenas sirvieron a estos objetivos, ni en concepto de vecindad, ni en concepto de partenariado estratégico:

– En 2004, nuestros socios europeos se abstuvieron en bloque de defender ante el Tribunal Internacional de Justicia cualquier postura respecto a la legalidad del muro de separación que Israel construye en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén y sus alrededores. No vemos por qué la tradición jurídica europea no se pone al servicio de la paz en su propio vecindario;

– El 14 de abril de 2005, se celebraba por primera vez en Jerusalén el Consejo de Asociación UE-Israel, revocando la doctrina constante de la UE que había apoyado sin fisuras la validez de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la cuestión, y concretamente la Resolución 478 que prohíbe considerar a Jerusalén como capital de Israel;

– Desde que se desencadenaron los bombardeos israelíes contra Líbano el 12 de julio de 2006, nuestros socios europeos se pronunciaron en bloque contra un alto el fuego cuando el ejército libanés no disponía de ningún medio para garantizar la defensa del país, ya que llevaba sometido a un embargo desde hacía más de 20 años. ¿Qué significado tiene esta decisión política, si no es exponer a este socio a una destrucción salvaje que no dejó de materializarse sin tregua durante más de un mes?

– El 20 de septiembre de 2007, la Asamblea General del Organismo Internacional para la Energía Atómica (AIEA) aprobaba una resolución patrocinada por los países árabes que hacía de la región de Oriente Próximo una zona libre de armas nucleares. Nuestros socios europeos se abstuvieron en bloque en su votación. Sin embargo, la elección de los países árabes responde a la propia doctrina del Tratado de No Proliferación, y hace 15 años, nuestros socios europeos presionaban a todos los países mediterráneos a adherirse a él.

Cuando lo que está en juego tiene que ver con la No Proliferación nuclear, ¿qué significa la abstención?

Estos ejemplos demuestran que la PEV tiene ciertamente puntos fuertes, pero sin embargo encierra incoherencias y contradicciones que revelan la ausencia de una estrategia. La UE no se ha formado un concepto coherente de su vecindad mediterránea. Si bien el concepto de Europa está formado y se afianza, de lo que por nuestra parte nos felicitamos debido al necesario reequilibrio mundial, el concepto del Mediterráneo, para los europeos, sigue siendo confuso, y está fragmentado y viciado por cálculos y por principios inconfesables que explican los silencios, las abstenciones y las contradicciones. Para ser muy exactos, es una política de vecindad sin más.