Elecciones legislativas en Marruecos: ¿qué está en juego el 23 de septiembre?

El 23 de septiembre de 2026, Marruecos celebrará sus sextas elecciones legislativas bajo el reinado de Mohamed VI y las cuartas desde la reforma constitucional de 2011. Esta reforma, impulsada en el contexto de las movilizaciones del Movimiento 20 de Febrero, revitalizó la esperanza de una democratización tras el fracaso de la alternancia “otorgada” de 1998. Más allá de la esperanza que suscitó, la nueva Constitución reforzó los poderes del Parlamento y del gobierno, y amplió los espacios de participación política, así como la esfera de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos.

Por otra parte, el reinado de Mohamed VI se caracteriza por la periodicidad en la organización de las elecciones y por la adopción de marcos jurídicos y normativos con el fin de regular su desarrollo. Esta dinámica también ha favorecido que la representación de las mujeres y los jóvenes en la Cámara de Representantes haya mejorado.

A pesar de la dinámica constitucional y la regularidad de las citas electorales, estos cambios no han conducido ni a una democratización efectiva ni al surgimiento de élites políticas capaces de poner en marcha reformas estructurales que respondan de manera relevante a las expectativas sociales. Los marroquíes jóvenes y no tan jóvenes siguen movilizándose fuera de las urnas para reivindicar mejoras en materia de educación, sanidad, acceso a la justicia y empleo, así como una reducción de las diferencias sociales y territoriales. Esta brecha revela los límites de una institucionalización del juego electoral que, si bien refuerza la estabilidad del régimen, tiene dificultades para producir políticas públicas que sean a la vez eficaces e inclusivas.

De cara a las legislativas de 2026, surge una cuestión central: ¿estas elecciones marcarán una diferencia o se inscriben en la continuidad de una secuencia electoral en la que los actores se renuevan y los roles se redistribuyen sin que se alteren ni el escenario ni las reglas de la contienda? ¿Qué dinámicas de poder, legitimidad y acceso a los recursos políticos se ponen en juego a través de este ciclo electoral? Este artículo aborda las elecciones legislativas de 2026 a través de tres dimensiones complementarias: la tensión persistente entre la dinámica de democratización y las lógicas de consolidación autoritaria; las recomposiciones de los partidos y la circulación controlada de las élites; y, finalmente, la abstención electoral y la desconfianza institucional.

¿Democratización o resiliencia autoritaria?

Desde la década de 1990, la cuestión electoral ocupa un lugar central en el debate sobre la democratización. Bajo el reinado del difunto Hasán II, el régimen adoptó dos reformas constitucionales (1992 y 1996) en un contexto de negociación con la coalición de partidos de la oposición llamada Kutla, que incluía, entre otros, la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP), el Partido de la Independencia (PI) y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS). Las elecciones legislativas celebradas en 1997 supusieron un avance en materia de concertación, diálogo, transparencia y neutralidad de la administración.

Estas reformas no permitieron un triunfo electoral de los partidos de la oposición; únicamente brindaron la oportunidad al líder socialista Abderramán Yusufi de formar un gobierno de compromiso y reforma. Desde esta “alternancia otorgada desde arriba”, sigue sin resolverse la cuestión de si las reformas políticas iniciadas por el régimen pretenden reforzar la liberalización del sistema para asegurar su pervivencia, o si constituyen una etapa en el proceso de democratización. Dicho de otro modo: ¿estas elecciones se inscriben en una lógica de reajuste y control, o reflejan una dinámica de transformación estructural del sistema político? Para responder a esta pregunta, conviene repasar la bibliografía dedicada a las elecciones en regímenes no democráticos e híbridos, así como los estudios que abordan la experiencia marroquí.

En términos generales, la bibliografía sobre las elecciones es abundante y destaca las múltiples funciones de estas instituciones según las configuraciones de poder. En los regímenes democráticos, se consideran tradicionalmente como un mecanismo de competencia que permite seleccionar a los gobernantes (Schumpeter, 1942), o como un “mercado político” estructurado por la racionalidad de los electores y los partidos (Downs, 1957). Según algunos investigadores, constituyen un mecanismo institucionalizado de incertidumbre que garantiza la posibilidad de una rotación pacífica del poder.

Por el contrario, en los regímenes no democráticos e híbridos, las elecciones no implican necesariamente una competición equitativa ni una alternancia efectiva. Numerosos estudios definen estos regímenes como “autoritarismos electorales”, en los que los comicios sirven para consolidar el poder de los dirigentes, cooptar a las élites y contener a la oposición, e incluso a segmentos más amplios de la sociedad (Boix y Svolik, 2008; Magaloni, 2006; Gandhi y Przeworski, 2006; Gandhi, 2008; Wright, 2008). En estas situaciones, las elecciones constituyen también un instrumento eficaz de distribución de los recursos y los beneficios vinculados al poder dentro de las redes clientelares de los dirigentes.

Desde esta perspectiva, las elecciones pueden ser percibidas como un mecanismo más legítimo de acceso a los cargos políticos, basado en los esfuerzos individuales de movilización de los votantes (Lust-Okar, 2006; Blaydes, 2008). Así, lejos de ser un vector de democratización, permiten a los regímenes no democráticos seleccionar a las élites más influyentes o más “populares”, al tiempo que les ofrecen los incentivos necesarios para mantenerse activas y leales. De este modo, las elecciones contribuyen a prevenir la pasividad o la oposición interna y a alinear los intereses de las élites con los del poder establecido, reforzando así la estabilidad del régimen.

Por otra parte, los estudios sobre las elecciones en los regímenes autoritarios subrayan que su impacto en la dinámica de esos regímenes varía según los contextos históricos y políticos. Para Gandhi y Lust-Okar (2009), su influencia depende de un conjunto de factores internos y externos, pero sobre todo de la manera en que se insertan en la lógica y las estructuras de los poderes establecidos. En otras palabras, la capacidad de las elecciones para debilitar o reforzar un régimen depende menos de su existencia formal que de la función política que se les asigna. Desde esta óptica, pueden constituir una palanca de contestación y cambio o un instrumento de estabilización del poder, según su grado de integración en los fundamentos de la legitimidad política (Gandhi y Lust-Okar, 2009).

La dinámica electoral de Marruecos se inscribe plenamente en estas problemáticas. Los estudios sobre las elecciones muestran que estas no responden ni a un statu quo autoritario ni a un proceso de democratización. Se inscriben, más bien, en un mecanismo de institucionalización controlada del pluralismo, marcado por la centralidad y la preeminencia de la institución monárquica. Ya desde los primeros análisis electorales, los estudios de Leveau ponen de manifiesto la articulación entre el poder central y las personalidades locales, así como el papel de estas últimas como relevos esenciales de la movilización electoral (Leveau, 1976).

Esta lectura fue profundizada por Mohamed Tozy, quien subraya la función reguladora de las elecciones en la gestión del pluralismo partidista. Desde una perspectiva de sociología electoral, Catusse, Bennani-Chraïbi, Santucci y otros autores insisten en que las elecciones en Marruecos constituyen un espacio complejo de movilización, representación y puesta en escena de lo político (Catusse, 2003). Según estos trabajos, el momento electoral contribuye a transformaciones graduales y diferenciadas del orden político y a la redefinición de las condiciones de acceso al juego político para nuevos actores, sin que por ello se cuestionen sus estructuras fundamentales.

Las elecciones legislativas de 2026 no deben interpretarse como un momento de ruptura con las lógicas anteriores, sino más bien como una etapa inscrita en una dinámica de continuidad y ajuste. Por tanto, el desafío central reside en su capacidad para renovar dichos mecanismos al mismo tiempo que se integran las nuevas limitaciones: la recomposición del panorama de partidos, la desconfianza electoral y las transformaciones sociales. Constituyen, así, un momento clave para evaluar la capacidad del régimen para renovar sus mecanismos de legitimación y de regulación del pluralismo, sin cuestionar la arquitectura fundamental del poder.

Recomposición del escenario de partidos y circulación controlada de las élites

En Marruecos, el ámbito de los partidos sigue estando muy fragmentado y controlado por la monarquía. Santucci (2001) lo califica de “multipartidismo bajo control”, en el que los partidos constantemente se ven sometidos a la presión del poder. La fragmentación del panorama partidista impide la aparición de mayorías parlamentarias y de coaliciones gubernamentales coherentes. Asimismo, contribuye a diluir las responsabilidades políticas, al tiempo que mantiene un cierto equilibrio bajo el arbitraje central del Palacio.

Esta lógica se observa ya desde las primeras elecciones durante el reinado de Mohamed VI, con el nombramiento del tecnócrata Driss Jettú en 2002, y se prolonga con las experiencias gubernamentales lideradas por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) en 2011 y 2016, y posteriormente por la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI) en 2021. Estas configuraciones ponen de manifiesto la capacidad de intervención del poder central en el ámbito de los partidos más allá de las lógicas electorales.

Sin embargo, estas prácticas no son específicas del periodo actual: se remontan a las elecciones organizadas bajo el reinado de Hasán II y de su ministro del Interior, el difunto Driss Basri. A pesar del discurso sobre la neutralidad de la administración y la transparencia del proceso electoral, varios líderes de partidos políticos han mencionado la existencia de instrucciones informales destinadas a limitar su representación en el Parlamento. Este fue, en particular, el caso del PJD en las elecciones legislativas de 1997 y posteriormente en 2011, así como del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), algunos de cuyos dirigentes afirmaron públicamente haber sido instados a no ganar los comicios.

Así, los mecanismos de control no se limitan únicamente a las fases electorales, sino que se ejercen de manera más difusa: antes, durante y después del proceso. Estos incluyen, especialmente, formas de intervención en los asuntos internos de los partidos, incluidos aquellos calificados como “administrativos”, como el RNI.

Si bien las élites de los partidos acceden formalmente al Parlamento y al gobierno, su margen de maniobra sigue siendo limitado. De hecho, las reestructuraciones en el ámbito de estas organizaciones no van acompañadas de una participación efectiva en la toma de decisiones estratégicas, lo que recae en las prerrogativas constitucionales de la monarquía.

Además, la renovación de las élites parlamentarias y gubernamentales no ha permitido traducir la legitimidad electoral en políticas públicas capaces de responder a las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas.

Cabe destacar que los sectores sociales estratégicos siguen enfrentándose a bloqueos persistentes. La situación de la juventud es un ámbito en el que esto es particularmente visible, ya que la gran mayoría se enfrenta a trayectorias de exclusión. Según el último censo del Alto Comisionado de Planificación (2024), la proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni trabajan, ni estudian, ni reciben una formación sigue siendo elevada (1,7 millones). Los datos recientes del Bank Al-Maghrib confirman una tasa de desempleo del 13% entre los jóvenes de 15 a 25 años, la mayoría de ellos residentes en zonas rurales, lo que acentúa las desigualdades en el acceso a las oportunidades económicas para estos jóvenes en situación de marginación.

Las desigualdades sociales y territoriales se acentúan cada vez más y ponen en entredicho las promesas de justicia social y desarrollo inclusivo proclamadas en los discursos oficiales de los últimos años. La experiencia del actual gobierno, dirigido por Aziz Ajannuch, ilustra estas limitaciones. Pese a los ambiciosos anuncios en materia de generalización de la protección social o de reforma del Estado social, los resultados siguen siendo desiguales y las políticas emprendidas apenas logran producir efectos perceptibles en el día a día de los ciudadanos.

Por consiguiente, la recomposición del panorama partidista y el movimiento de las élites tras las elecciones legislativas de 2026 se perfilan menos como vectores de transformación que como mecanismos de reproducción del sistema, en el que el acceso al poder no se traduce necesariamente en una redefinición de las relaciones de fuerza ni en una capacidad efectiva para responder a los grandes retos socioeconómicos.

Abstención electoral y desconfianza institucional

Desde 2002, la abstención electoral –particularmente acusada entre los jóvenes– es una tendencia creciente en Marruecos. Los datos del ministerio del Interior muestran un retroceso significativo de la tasa de participación, que pasó del 58,3% en 1997 al 37,5% en 2007, antes de experimentar fluctuaciones sin recuperar los niveles iniciales (45,5% en 2011; 42,3% en 2016; 50,2% en 2021).

Este descenso en la participación electoral va acompañado, además, de una proporción importante de votos nulos, que alcanzó el 22,3% en 2011. La abstención y el voto nulo se presentan así como formas de expresión de un malestar político más profundo.

En la bibliografía comparativa, este fenómeno se interpreta a menudo como el signo de una falta de confianza en las instituciones representativas (Norris, 2011). En Marruecos, varios estudios y encuestas analizan estos comportamientos y plantean varias razones para explicarlos. En primer lugar, los motivos se articulan en torno a la falta de confianza en los partidos políticos y en los candidatos. Los partidos son percibidos como corruptos, ineficaces y desconectados de las preocupaciones de la población. En segundo lugar, tienen que ver con la falta de interés por las elecciones, consideradas insignificantes o sin un impacto real en la vida cotidiana. Algunos estudios señalan la convicción de que el voto propio “no cuenta”. De hecho, para comprender la abstención electoral resultaría útil recordar el sentido del voto en regímenes donde las elecciones son ámbitos de competición controlados y donde votar carece de “incentivos” en la selección de quienes van a gobernar y decidir. Esta constatación coincide con los análisis sobre los regímenes híbridos, donde las elecciones, aunque sean regulares e institucionalizadas, tienen dificultades para cumplir plenamente su función de mediación entre gobernantes y gobernados.

En este contexto, la abstención aparece menos como un problema en sí mismo que como el síntoma de una crisis más amplia de la representación política. Revela el debilitamiento del vínculo de confianza entre ciudadanos e instituciones, pero también cuestiona el sentido y la utilidad del voto. Por tanto, el desafío de las elecciones legislativas de 2026 no reside únicamente en el aumento de las tasas de participación, sino en la capacidad del sistema político para restaurar la credibilidad de la oferta electoral y demostrar que las elecciones pueden constituir una palanca efectiva para transformar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Conclusión

La vida electoral marroquí puede analizarse como una representación teatral en la que el escenario, las reglas del juego y el director permanecen constantes, mientras que los actores, los papeles y las tramas se renuevan en cada ciclo electoral. Los partidos políticos aparecen sucesivamente como protagonistas –portadores de esperanza o de reforma– antes de ser relegados a las bambalinas, sustituidos por caras nuevas dotadas de una credibilidad renovada. El decorado evoluciona –reformas jurídicas, discursos sobre la transparencia, inclusión de las mujeres y los jóvenes–, pero la estructura de la representación permanece estable. El público, por su parte, oscila entre la participación y la distancia crítica; a veces comprometido con la obra, a veces reducido a una posición de espectador ante una trama cuyos resortes fundamentales se le escapan en parte./