El Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 aprobados en 2015 representaron importantes puntos de inflexión en la gobernanza global que tradujeron la creciente conciencia ecológica en una hoja de ruta concreta hacia una sociedad baja en emisiones de carbono, inclusiva y sostenible. Si bien actualmente los principales actores institucionales, los gobiernos nacionales y los agentes sociales promocionan la idea de la sostenibilidad, la clave del éxito sigue siendo la capacidad de financiar, por las vías necesarias, la radical transición de una economía “gris” a otra “verde”.

En consecuencia, las “finanzas verdes” son un instrumento imprescindible para poner en práctica una economía sostenible y favorecer la inversión masiva en infraestructuras limpias y bienes y servicios más respetuosos con el medio ambiente. La capacidad de movilizar y aplicar distintas formas de financiación procedente de fuentes públicas y privadas es crucial para cumplir con el compromiso de una economía baja en emisiones de carbono y climáticamente resiliente a escala nacional e internacional. Para ello se necesita no solo más capital destinado a activos “verdes”, sino también políticas y herramientas innovadoras que potencien los flujos financieros beneficiosos para el medio ambiente mediante una cooperación eficaz entre la financiación privada y la normativa pública.

La OCDE calcula que, para situar al mundo en la senda hacia unas emisiones de gases de efecto invernadero que no eleven la temperatura más de 2ºC, se requiere una inversión acumulativa de alrededor de 53 billones de dólares para 2035. Esta es la cifra necesaria para difundir de manera drástica los servicios de suministro de energías renovables en las economías emergentes en rápido crecimiento y en los países en desarrollo, así como para renovar las infraestructuras energéticas de los países desarrollados. Además, el informe New Climate Economy Report calcula que en los próximos 15 años las inversiones necesarias en infraestructuras ascenderán a unos 90 billones de dólares. En vista del volumen de las inversiones, es inevitable contar en gran medida con la activación del capital privado y de los inversores institucionales. El vacío de financiación exige, pues, que se movilice capital financiero adicional y se logre desplazar el capital invertido ya existente a favor del clima.

El nuevo estudio, del IEMed y ecounion, de próxima publicación, evalúa el papel de los sectores financieros público y privado en el apoyo a la economía verde en la región mediterránea y repasa los compromisos contraídos por diversas instituciones internacionales, como los bancos multilaterales de desarrollo (MDB por sus siglas en inglés), la Unión Europea, los fondos específicos, las agencias bilaterales y los gobiernos nacionales. Las conclusiones, debatidas con diversos expertos y con las partes interesadas, plantean una serie de cuestiones clave que hay que resolver para poder llevar a la práctica una economía verde eficaz en los países mediterráneos y fomentar una región próspera, inclusiva y sostenible.

Las finanzas climáticas

Las finanzas climáticas comprenden dos objetivos distintos relacionados con el clima: la mitigación y la adaptación. Los fondos para la mitigación representan el grueso de las finanzas verdes y van dirigidos a hacer frente a los actuales problemas climáticos que ya están afectando al medio ambiente. La mitigación ataca las causas que están en la raíz del cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta clase de acciones incluye los programas de energías renovables y de eficiencia energética, así como unos sistemas de transporte más sostenibles. Las acciones clasificadas como “de mitigación” son las que promueven iniciativas para reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero o perfeccionar el secuestro de carbono.

Los fondos de adaptación son los dedicados a adaptar la actividad humana a los desafíos del clima. Ayudan a los países a adecuarse al impacto del cambio climático y a reducir el riesgo que representan sus consecuencias, lo cual supone emprender acciones prácticas para manejar los riesgos derivados del impacto climático, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de la economía. Estas acciones incluyen cambios a gran escala en las infraestructuras –como construir defensas para protegerse de la subida del nivel del mar o mejorar la calidad del firme de las carreteras para que aguante temperaturas más altas–, así como cambios de comportamiento, como por ejemplo que la gente gaste menos agua, que los agricultores siembren otros cultivos, y que los hogares y las empresas contraten seguros contra inundaciones.

Las finanzas verdes

El término finanzas verdes en sentido amplio se refiere al conjunto de mecanismos, herramientas y programas financieros cuya finalidad es hacer realidad una economía verde inclusiva, a diferencia de las finanzas climáticas, centradas exclusivamente en los proyectos de mitigación y adaptación climáticas. Por eso, las finanzas verdes comprenden todos los instrumentos financieros necesarios para fomentar un desarrollo socioeconómico inclusivo y compartido al tiempo que se reducen la contaminación y los gases de efecto invernadero, se minimiza el derroche y se mejora la eficiencia en la utilización de los recursos naturales.

El desarrollo de las finanzas verdes se encuentra con dificultades, algunas de las cuales, como la internalización de las externalidades relacionadas con el medio ambiente, la asimetría de la información, la inadecuada capacidad analítica y la falta de claridad de las definiciones de lo que es ecológico, son propias de un proyecto respetuoso con el medio ambiente, mientras que otras, como la discordancia en el grado de madurez, pertenecen de manera más genérica a la mayoría de proyectos a largo plazo en determinados mercados. Se han hecho avances, pero solo una pequeña parte de los préstamos bancarios se clasifican explícitamente como verdes de acuerdo con las definiciones de cada país. Menos del 1% de los bonos mundiales se califican como tales y también menos del 1% de los valores en cartera de los inversores institucionales de todo el mundo corresponden a activos de infraestructuras ecológicas.

Los bancos multilaterales de desarrollo (MDB)

Los MDB son una pieza clave a la hora de implementar una finanza verde, ya que movilizan grandes inversiones de los actores públicos y privados. Estas entidades se han fijado sus propias objetivos para 2020 a través de estrategias que, aunque en términos generales sean similares y estén enfocadas a la misma clase de proyectos, se diferencian en cuanto a ambición e implementación.

En concordancia con el proceso de revisión del Acuerdo de París, los compromisos para 2020 superan los niveles actuales. Sin embargo, no existen otros más allá de esa fecha, y la mayoría de las inversiones no se califican de verdes, lo cual plantea algunos interrogantes en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental de los proyectos. Los bancos han hecho público un informe conjunto sobre finanzas climáticas en 2015 que da a conocer la situación de ese apartado financiero y las acciones climáticas que prevén emprender en el futuro. El documento, que facilita las cifras de las entidades bancarias, sus opiniones, y lo que denominan “financiación climática”, muestra que 2014 fue el año con más inversiones en proyectos climáticos, y que la tendencia es todavía más marcada gracias a los nuevos objetivos. En términos absolutos, el Banco Mundial es la institución que más volumen dedica a financiación climática, pero es la que tiene las metas menos ambiciosas y un porcentaje menor de su cartera dedicado a proyectos ecológicos.

Centrados en la región MENA

Según un reciente informe del Instituto de Desarrollo de Ultramar, la financiación climática en la región MENA se centra en un número reducido de grandes proyectos, y adopta la forma bien de préstamos convencionales, bien de préstamos en condiciones más favorables financiados por el Fondo de Tecnologías Limpias que gestiona el Banco Mundial. El volumen total de fondos aprobados es de 1.200 millones de dólares para 94 proyectos. A pesar de las acuciantes necesidades de adaptación de la zona, en particular en lo que se refiere a preservar el agua y adoptar medidas de seguridad alimentaria, el dinero se destina en gran parte a iniciativas de mitigación. De la financiación total aprobada, 375 millones de dólares corresponden a subvenciones. Más de 800 millones de dólares se entregan en forma de préstamos concedidos exclusivamente a un pequeño número de proyectos relacionados con infraestructuras energéticas a gran escala. Marruecos y Egipto son los dos receptores principales. A ellos va a parar, respectivamente, el 59% y el 18% del total de la financiación climática aprobada para la zona, mientras que otros siete países no reciben ninguna clase de financiación climática.

El Banco Mundial

El Banco Mundial tiene proyectos específicos destinados a la región MENA, principalmente en Marruecos y Egipto. Entre 2011 y 2015, la financiación climática media fue de 400 millones de dólares anuales, y sus acciones se centraron sobre todo en la mitigación. Entre 2015 y 2016, esta cifra se incrementó en un 29%. No obstante, el Banco Mundial todavía tiene importantes posibilidades de aumentar los beneficios mutuos en la zona en ámbitos como la agricultura, las ciudades y el agua. Las principales prioridades son el cambio hacia una energía limpia en el sector eléctrico, el transporte, el desarrollo urbano, el agua y la racionalización de los recursos energéticos.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI)

En 2002, el BEI creó el Fondo Euromediterráneo de Inversión y Asociación (FEMIP, por sus siglas en inglés) con el fin de financiar el desarrollo de los países socios del Mediterráneo. En el marco de la política europea de vecindad (PEV) y de la Unión por el Mediterráneo (UpM), el FEMIP impulsa la modernización y la apertura de las economías de estos países. Su actividad se centra en el respaldo al sector privado y en la creación de un entorno favorable a las inversiones.

Para el periodo 2014-2020, el instrumento ha destinado 9.600 millones de euros a préstamos de apoyo a proyectos en los países socios del Mediterráneo. El interés se centra en el crecimiento económico orientado de acuerdo con la estrategia de acción climática del FEMIP. Desde 2014, más del 30% de las operaciones han ido dirigidas a apoyar acciones a favor del clima en sectores como el transporte, la energía, el agua y las líneas de crédito privadas.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)

A finales de 2015, el BERD hizo pública su estrategia “Transición hacia una Economía Verde” (GTE, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es dar respuesta al vacío de la transición con el fin de incrementar el nivel de financiación de los recursos sostenibles en unos 4.000 millones de dólares anuales, lo que significa elevar su financiación verde como mínimo al 40% del total de inversiones de aquí a 2020.

Desde 2012, el BERD ha ampliado sus actividades a cuatro países mediterráneos: Egipto, Marruecos, Túnez y Jordania. Su interés en la región se centra en gran medida en potenciar el crecimiento económico mediante el despliegue de unas “economías de mercado abiertas y sostenibles”, así como en lograr que las economías de esos países sean “más competitivas y adaptables”. No hay una estrategia financiera o un objetivo ecológico como tales, pero el BERD apoya las energías renovables y la eficiencia energética en la zona. Hasta el momento ha invertido 3.000 millones de euros en alrededor de 100 proyectos, aunque sin hacer una distinción clara de qué parte de los mismos se puede calificar de verde. No obstante, el banco coopera con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El sector privado

El sector privado está llevando a cabo iniciativas para invertir y obtener recursos desde la perspectiva de la economía verde. Este proceso va de la mano de una concienciación cada vez mayor de consumidores, ahorradores e inversores en relación con los actuales problemas ambientales, así como de las estrategias implementadas por las instituciones internacionales para superarlos. Los operadores privados de los países euromediterráneos han empezado a desarrollar nuevos instrumentos y nuevos mercados para las finanzas ecológicas. El aumento del volumen de negocio en los últimos años posiblemente tendrá como resultado un mayor despliegue del mercado a medio o largo plazo. Sin embargo, hay que vencer algunos obstáculos.

Aunque el trabajo llevado a cabo por las diversas entidades –como el establecimiento de procedimientos de certificación– va en la buena dirección, la ausencia de normativas precisas de obligado cumplimiento obstaculiza la transparencia del mercado. El sector presenta riesgos de credibilidad motivados por la falta de definiciones claras del término “verde”, así como de información sobre el seguimiento y la evaluación de los productos verdes. Así pues, sería necesario que los operadores supervisasen los proyectos financiados. La prioridad es, por tanto, fomentar la estandarización de las prácticas financieras verdes y aumentar la transparencia de la información.

En un plano más concreto, tal vez la solución venga de los modelos que ofrecen las normativas desarrolladas recientemente en otros “mercados verdes”. Partiendo de las buenas prácticas fomentadas por el mercado (PRI, GBP, y Estándares de Bonos Climáticos), se podría implementar un mecanismo normativo público a escala internacional capaz de establecer un estándar vinculante para la certificación de los productos financieros verdes, así como de acreditar y controlar a las entidades privadas que llevan a cabo las evaluaciones y emiten los certificados (como las agencias de calificación regidas por criterios éticos, sociales y de gobernanza). Es evidente que, dada la complejidad del sector financiero y la variedad de instrumentos utilizados, el proceso de regulación exige un gran esfuerzo por parte de las instituciones nacionales y supranacionales.

Cuestiones a resolver

El proceso de transformación de la economía mediterránea en un sistema más ecológico e inclusivo exige que se resuelvan una serie de problemas.

– Ausencia de una definición clara de las finanzas verdes y climáticas. La indagación en las publicaciones y los documentos de las instituciones financieras muestran que hay muy poca información disponible. Esta falta de conceptualización dificulta las evaluaciones, ya que los términos no se emplean de manera coherente y no es fácil comparar los datos de las distintas fuentes. La insuficiente transparencia provoca incertidumbre con respecto a en qué medida los proyectos evaluados y etiquetados como verdes o climáticos son verdaderamente sostenibles.

– Ausencia de objetivos a largo plazo en las estrategias de las principales instituciones. Los MBD y otras instituciones internacionales han desarrollado estrategias verdes y respetuosas con el clima que, en general, concuerdan con los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, en la actualidad solo destinan una pequeña parte de sus inversiones a proyectos calificados de verdes, y sus objetivos se limitan a 2020. Esta ausencia de visión, estrategia y ambición de cara al futuro puede ser problemática, ya que muchas inversiones, en especial en infraestructuras, son a largo plazo.

– Gran parte de las inversiones siguen sin ser sostenibles, y se destinan a proyectos de la economía “marrón” (gas, oleoductos, etc.). Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París es necesario ir abandonando gradualmente las energías fósiles. Se calcula que en 2015, solo en Oriente Medio el valor de las subvenciones a los combustibles fósiles ascendió a unos 130.000 millones de dólares.

– Por lo que respecta al sector privado, salta a la vista la falta de transparencia y homogeneidad. La ausencia de restricciones normativas precisas dificulta la transparencia del mercado. Además, no hay unos estándares comunes para establecer qué inversiones se califican de verdes.

Conclusiones

Con respecto a los retos descritos, se infieren una serie de recomendaciones y, así, ampliar la práctica de las finanzas verdes. Son las siguientes:

– Establecer definiciones claras de las finanzas verdes y climáticas: se recomienda establecer criterios claros, comunes y transparentes, en una situación ideal, para todas las instituciones financieras. Definir con claridad y comunicar abiertamente los criterios de sostenibilidad sería muy útil para financiar proyectos, normalizar las herramientas financieras y los instrumentos de evaluación, e incrementar la gobernanza, el control y la transparencia dentro de un marco legal internacional.

– Garantizar un liderazgo fuerte para cumplir los compromisos del sector financiero: la integración del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las estrategias y los proyectos de los agentes financieros reforzará el vínculo entre estos marcos de referencia y las finanzas. Las instituciones financieras deberían involucrarse mucho más. Lo ideal sería que, a largo plazo, alcanzasen una meta 100% respetuosa con el clima (o “verde”).

– Aumentar los fondos privados: es importante crear conciencia ecológica en el sector privado y divulgar las herramientas de financiación innovadoras que sirven para atraer inversores, como por ejemplo los bonos verdes, los fondos de riesgo compartido y la tarificación del carbono. Muchos de estos instrumentos ya existen, pero su uso es limitado. Asimismo, sería útil no centrarse solo en los grandes proyectos, sino desarrollar también la posibilidad de financiar proyectos pequeños mediante instrumentos más flexibles.

– Incrementar el porcentaje de capital de los préstamos y subvenciones de los MDB: los expertos en clima llevan tiempo proponiendo que se aumente la cuota destinada a los préstamos. Aconsejan que se abandone la actitud conservadora que pone límites estrictos a las cantidades que pueden prestar los MBD. En su lugar, animan a ampliar las carteras de préstamos para aumentar el patrimonio neto al menos entre cinco y siete veces.

– Aumentar la transparencia del sector privado: la falta de una normativa precisa obstaculiza la transparencia del mercado. Una posible solución sería fomentar una normalización más sólida de las prácticas financieras verdes. Partiendo de las buenas prácticas desarrolladas por el mercado, se podría poner en marcha un mecanismo normativo a escala internacional capaz de establecer un estándar vinculante para la certificación de los productos financieros verdes.