Hacia una asociación más verde e inteligente

Además de otros cambios importantes, la guerra de Rusia contra Ucrania ha traído consigo un renovado interés de Europa por el sur del Mediterráneo, y ha hecho que la Unión Europea (UE) se vuelva hacia la región a fin de encontrar proveedores de energía alternativos y desvincularse de Moscú. Si bien se trata de un regreso más que de una novedad, el hecho de que Europa vuelva a dirigir su atención a la región se presenta como oportunidad para construir una nueva asociación que se centre en dimensiones inéditas de la cooperación en vez de reproducir el viejo modelo.

Históricamente, la cooperación energética entre Europa y el sur del Mediterráneo se ha basado en la importación de combustibles fósiles a lo largo de un eje sur-norte. Europa, con su alto nivel de industrialización y su escasez de fuentes de energía, ha sido un socio natural para los países del norte de África, bien provistos de recursos petrolíferos y gasíferos. Esta interdependencia se prolongó durante décadas, y solo disminuyó tras la Primavera Árabe a comienzos de la década de 2010. Preocupados por las oleadas de inestabilidad y violencia política en la zona, los países europeos se orientaron progresivamente hacia Moscú. De hecho, Rusia se consideraba en general un país estable y un socio energético más fiable, y pronto se convirtió en el primer proveedor de gas de Europa, condición que mantuvo incluso tras arrebatar la península de Crimea a Ucrania en 2014. Todo cambió a raíz de la invasión a gran escala del territorio ucraniano en febrero de 2022. Entonces Europa se vio abocada a replantearse drásticamente su política energética y poner fin a su peligrosa dependencia de Rusia. La UE optó por una doble desconexión: apartarse de Rusia en sus compras de gas y, al mismo tiempo, redoblar la apuesta por la transición ecológica al prever un fuerte descenso del uso del gas como fuente de energía.

Para sustituir el gas ruso, Europa ha vuelto a mirar hacia el Sur y ha renovado su cooperación energética con los países norteafricanos, ya que sus recursos y su proximidad geográfica los convertían en socios perfectos. A pesar de los límites de su capacidad de producción excedentaria y de los obstáculos infraestructurales, los productores del sur del Mediterráneo, Argelia en particular, vuelven a ser los principales proveedores de Europa.

MIRAR MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Sin embargo, este renovado interés europeo por la región se ha concentrado hasta ahora únicamente en las necesidades de energía a corto plazo, es decir, en asegurarse el acceso a los suministros de gas imprescindibles, y ha prestado poca atención a los objetivos a largo plazo de una UE que aspira a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y a desempeñar un papel de liderazgo en la transición ecológica mundial. La brecha entre ambas dimensiones es evidente, más aún considerando que solo una pequeña parte de los acuerdos energéticos firmados por la UE con los países del norte de África contiene disposiciones sobre energía verde. Además, en la mayoría de los casos, se trata de meras recomendaciones que no incluyen cláusulas vinculantes. Una UE centrada excesivamente en sus necesidades energéticas inmediatas en su asociación con el sur del Mediterráneo corre el riesgo de perder oportunidades únicas, y podría poner en riesgo sus objetivos climáticos. Esto es tanto más cierto si se tiene en cuenta que, a raíz de la guerra en Ucrania, la UE ha decidido acelerar su transición energética, como muestra la ambiciosa legislación climática aprobada en los últimos meses.

Un primer factor de riesgo importante para la UE es seguir atrapada en contratos de larga duración sobre combustibles fósiles con los países del sur del Mediterráneo, que tienen un interés legítimo en prolongar el marco temporal de sus suministros. Para los grandes exportadores de gas, como Egipto y Argelia, asegurarse acuerdos para varias décadas sería una garantía de ingresos regulares en las divisas deseadas, lo cual les proporcionaría valiosos recursos para los presupuestos y los servicios públicos. Este hecho ya marca una clara divergencia entre los objetivos de los países norteafricanos y los de la Unión: la legislación aprobada y las previsiones de demanda indican que, de aquí a 2030, el consumo de gas en Europa se reducirá en más de un tercio con respecto a los niveles de 2019. Además, los productores de gas del norte de África han dejado claro en repetidas ocasiones que, para suministrar mayores cantidades de combustible a Europa, necesitarían inversiones europeas en extracción y transporte. Esto plantea enormes problemas, no solo porque va en contra del compromiso del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) de dejar de financiar los combustibles fósiles en el extranjero, sino también porque conlleva un riesgo muy importante de acumulación de activos varados. El riesgo es aún mayor en el caso de las infraestructuras, ya sean terminales de gas natural licuado (GNL) o gasoductos. Debido a su altísimo coste y a sus dilatados plazos de construcción, estas inversiones suelen requerir una vida útil muy larga que, en el caso de las grandes obras que cubren largas distancias, puede llegar a alcanzar las dos décadas para que se amorticen. A pesar de ello, se han reanudado las conversaciones a ambos lados del Mediterráneo sobre la creación de nuevas conexiones de gas, en particular en el Mediterráneo oriental, donde se han descubierto grandes reservas. Sin embargo, dado que se prevé que la demanda europea del combustible se reduzca considerablemente de aquí a 2030, y que caiga aún más hasta 2050, no existe ninguna perspectiva creíble de que esos gasoductos vayan a utilizarse durante toda su vida útil, a no ser que la UE renuncie a sus credenciales climáticas e incumpla sus propios objetivos.

En lugar de basarse en el gas, el nuevo partenariado energético euromediterráneo debería centrarse en las energías renovables y unir a ambas orillas del Mediterráneo en la búsqueda de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Aunque la nueva Agenda para el Mediterráneo –el marco de la UE para regular sus relaciones con los países vecinos del Sur– considera la transición ecológica como una de sus cinco grandes áreas políticas (y, de hecho, ya se ha empezado a cooperar en cierta medida), es imperativo intensificarla significativamente. Se trata de un requisito imprescindible no solo para cumplir los objetivos climáticos de la UE, que incluyen la futura electrificación de amplios sectores de la economía utilizando energías renovables tanto de producción nacional como importadas, sino también debido a los catastróficos efectos del cambio climático a los que están expuestos Oriente Medio y el norte de África. Según un informe del Centro de Investigación del Clima y la Atmósfera del Instituto de Chipre y el Instituto Max Planck de Química, en el Mediterráneo en general existe el riesgo de que la temperatura aumente el doble de rápido que a nivel mundial, y los pronósticos más pesimistas prevén un incremento de cuatro grados de aquí a 2050. Esto añadiría una enorme presión a las poblaciones que actualmente ya sufren fuertes tensiones relacionadas con la disponibilidad de agua potable, un bien al que más del 60% de los habitantes de la región tiene poco o ningún acceso. Los efectos de las crecientes sequías debido al calentamiento global podrían deteriorar gravemente la seguridad alimentaria que, en la actualidad, ya es precaria en los países afectados. Por si fuera poco, se calcula que los efectos económicos de un cambio climático incontrolado estarían por encima de la media mundial debido al gran número de actividades productivas situadas en zonas costeras expuestas a la subida del nivel del mar, y a las ya de por sí tensionadas finanzas públicas de la mayoría de las economías del norte de África, que carecen de recursos para compensar las pérdidas y los daños relacionados con el clima.

Si bien un escenario tan sombrío bastaría para justificar que la UE emprendiera una acción climática más audaz en la región, la consolidación de la asociación euromediterránea para la energía verde también ofrece oportunidades y ventajas cruciales. De hecho, el norte de África no solo disfruta de abundantes reservas de combustibles fósiles, sino que además posee un enorme potencial en fuentes de energía renovables. Según el Atlas Solar Mundial del Banco Mundial, la región tiene una de las mayores capacidades fotovoltaicas por explotar del mundo, mucho mayor que la europea. Además de la gran cantidad de luz solar a lo largo del año, los países de la zona disponen de amplias extensiones de terreno para dedicarlas a las granjas solares que, como es sabido, necesitan grandes superficies. Mientras que en Europa la instalación de centrales fotovoltaicas suele competir directamente con la agricultura, ya que la tierra es escasa, en el norte de África la mayoría del terreno disponible es desierto, y difícilmente se podría destinar a otros usos. En la región ya hay parques solares, y se están construyendo otros, a menudo con el apoyo de instituciones europeas de financiación del desarrollo, pero hasta ahora se han destinado principalmente a reducir la dependencia interna de los combustibles fósiles.

Las economías de la zona, en efecto, se alimentan casi exclusivamente de hidrocarburos y carbón. Como indica el estudio Planificación y perspectivas para la energía renovable: el Norte de África de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), en 2019 el 49% del suministro de energía primaria se compuso de gas, el 41% de petróleo, y el 5% de carbón. Las energías renovables representaron el mismo porcentaje que el carbón, el combustible fósil más sucio. Incluso en Marruecos, considerado el líder de la energía verde en el sur del Mediterráneo, representaron tan solo el 10% del suministro energético total.

Ahora que Europa está a punto de pasar de ser un gran importador de hidrocarburos del norte de África a convertirse en un comprador de energía renovable, el reto principal sería conseguir que los socios regionales participaran de tal manera que la producción mantuviera un equilibrio entre la exportación y el consumo interno. Con el aumento de la demanda de electricidad y el crecimiento demográfico, las medidas de eficiencia, así como las reformas del mercado, se han vuelto muy necesarias. De hecho, en la mayoría de los países de la región, la electricidad cuenta con grandes subvenciones, por lo que no hay apenas incentivos para reducir el despilfarro.

Otra razón para que la UE ayude a sus socios norteafricanos a descarbonizar sus economías tiene que ver con la introducción del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). En cumplimiento de la legislación recién aprobada, la UE aplicará aranceles adicionales a los bienes procedentes de economías intensivas en carbono, a menos que introduzcan mecanismos de tarificación del carbono o reduzcan sustancialmente las emisiones. Con vistas a integrar las economías del sur del Mediterráneo en las cadenas de suministro de la UE, sería fundamental que los productos procedentes de la región tuvieran una baja huella de carbono, ya que, de lo contrario, las industrias deslocalizadas a los países vecinos de la orilla sur no serían competitivas.
Una asociación renovada en materia de energía verde entre Europa y el sur del Mediterráneo también se beneficiaría enormemente de la proximidad geográfica, que limita los costes de transporte, un aspecto crucial tanto para el establecimiento de conexiones eléctricas como para el envío de otras energías renovables. Así ocurre sobre todo en el caso del hidrógeno verde, producido mediante electrólisis utilizando solo electricidad de fuentes renovables. Se prevé que el hidrógeno verde sustituya principalmente al gas en las industrias que no pueden electrificarse, o se utilice como materia prima en procesos químicos, así como en el transporte mediante vehículos de pila de combustible (FCEV, por sus siglas en inglés). Dado que la UE prevé que, de aquí a 2030, importará la mitad del hidrógeno verde que necesita, el norte de África se considera una de las principales zonas de origen del suministro gracias a su gran potencial renovable y a la corta distancia que la separa de Europa. Esto último tiene una enorme importancia, puesto que el transporte del hidrógeno, tanto licuado como a través de gasoductos, resulta particularmente complejo y caro. Marruecos ya ha puesto en marcha un proyecto piloto para producir hidrógeno verde, mientras que Egipto presentó una ambiciosa estrategia relacionada con esta fuente de energía en la cumbre COP27 celebrada en Sharm el Sheij. Argelia ha desarrollado recientemente una hoja de ruta para el hidrógeno verde con el objetivo de cubrir alrededor del 10% de las necesidades europeas de aquí a 2030.

Por ahora, el principal obstáculo para aumentar la producción de hidrógeno verde y de energías renovables en el norte de África es la falta de financiación, ya que los actores locales suelen carecer de recursos financieros, y las empresas de combustibles fósiles, en su mayoría de propiedad estatal, quieren beneficiarse el mayor tiempo posible de los altos precios del petróleo y el gas, limitando así el gasto en renovables. Otros obstáculos tienen que ver con la falta de acceso a la tecnología y los conocimientos adecuados, así como con las resistencias políticas. De hecho, la lógica rentista del Estado que suele dominar en los exportadores netos de energía hace que las élites gobernantes recelen de los grandes cambios en la estructura económica, ya que representan una amenaza que puede socavar su posición

en el sistema político. En consecuencia, la UE debe entablar un diálogo constructivo que comunique con claridad las oportunidades económicas de pasar a las energías renovables.

EL GLOBAL GATEWAY COMO OPORTUNIDAD

Para afrontar estos retos, la UE tiene que apoyarse en la iniciativa Global Gateway, el buque insignia del impulso a la conectividad exterior y el apoyo a la transición ecológica en las economías emergentes. Un año y medio después de su presentación, el plan muestra escaso interés por la región mediterránea, que solo ha recibido una parte ínfima de los fondos asignados. Es preciso subsanar esta carencia, ya que la iniciativa constituye el marco ideal no solo para financiar una nueva relación energética entre Europa y el sur de Mediterráneo, sino también para compartir los conocimientos, las buenas prácticas y la formación profesional necesarios para fomentar la cooperación entre ambas partes en materia de energías limpias.

Un aspecto crucial de esa nueva relación tiene que ver con las infraestructuras; en vez de construir gasoductos que solo se necesitarán poco tiempo, la UE debería concentrarse en aumentar las interconexiones eléctricas entre los países del norte de África y Europa. Un buen ejemplo, financiado en el marco del Global Gateway, es el cable ELMED, una interconexión eléctrica de 600 megavatios de capacidad que se prevé conecte Italia con Túnez. Si bien el proyecto representa un paso en la buena dirección, es el único de esta clase que la lista de conexiones de Global Gateway contempla para la zona. Con el apoyo y la tecnología de la UE, los países del sur del Mediterráneo pueden convertirse en exportadores de energía verde y suministrar a Europa electricidad generada con energías renovables al mismo tiempo que descarbonizan sus propias economías.

Mejorar los cables submarinos es fundamental no solo para la transición ecológica, sino también para la digital. Con una economía inteligente en crecimiento y un mayor volumen de datos circulando por el Mediterráneo, es necesario modernizar a gran escala la actual infraestructura de cableado, que ya ha quedado anticuada y cuya capacidad resulta insuficiente para servir de apoyo a la digitalización y la descarbonización de la economía. De hecho, la producción de energía limpia exigiría interconexiones digitales, que son las líneas vitales de la economía actual, ya que transportan información esencial para el comercio, la comunicación y las finanzas. Aunque el sur del Mediterráneo, y Egipto en particular, se ha considerado durante mucho tiempo una puerta digital al Golfo, Asia o África, la región en sí misma constituye un mercado creciente para los proveedores de servicios digitales, lo cual exige una mejora de las conexiones. Esto es aún más necesario con vistas a una integración cada vez mayor de la región en las cadenas europeas de suministro de energía verde, algo que dependerá de que circule un flujo significativo de datos a través del Mediterráneo. Las conexiones de alta velocidad, como el programa MEDUSA –un cable de 7.100 kilómetros para unir los países de la Unión con los del norte de África– puesto en marcha por la UE y el BEI serán cada vez más necesarias para construir una nueva era de conectividad. Los consorcios europeos pueden desempeñar un papel destacado en el establecimiento de estos enlaces, ya que poseen los conocimientos técnicos fundamentales para la construcción y el tendido de cables submarinos, y cuentan con una importante experiencia de trabajo en la zona.

Sin embargo, esta conectividad digital no debería concebirse solo en una dimensión vertical, sino que las acciones deberían favorecer también la mejora de las conexiones entre los países del sur del Mediterráneo. Las actuales son manifiestamente escasas e inadecuadas y reflejan una débil integración que limita significativamente las posibilidades de crecimiento económico. Ahora bien, la cooperación digital entre Europa y sus socios del norte de África no debería limitarse a las infraestructuras físicas; la UE también podría proporcionar la formación y la preparación fundamentales para desarrollar las competencias digitales de los jóvenes de la zona, dotándolos así de las capacidades necesarias para trabajar en una economía en vías de digitalización. Además, el desarrollo de estructuras de gobernanza electrónica y la digitalización del sector público constituyen un área de creciente importancia en la región. La situación de los servicios públicos digitales, agravada por la pandemia de Covid-19, sigue siendo muy insatisfactoria, como indica la encuesta EuroMed del Instituto Europeo del Mediterráneo, más aún teniendo en cuenta las necesidades de una población en rápido crecimiento. El apoyo técnico de la UE a los sectores públicos del sur del Mediterráneo en esta tarea también mejoraría la calidad y la transparencia de la gobernanza, fomentando así los valores europeos en la región.

Por último, otro ámbito de posible cooperación en materia digital afecta a los actores económicos privados, en particular las pequeñas y medianas empresas. La mayoría de ellas carece de los recursos y los conocimientos para desarrollar su actividad en unos mercados cada vez más digitales, un hecho extremadamente relevante dado que la UE debería procurar integrar a la región en sus cadenas de valor. Los programas europeos dirigidos a fomentar la difusión de las competencias digitales en las empresas privadas del sur del Mediterráneo darían un importante impulso a la tendencia de deslocalización hacia la región.

Si hay que encontrar un resquicio de esperanza para Europa en el actual contexto de guerra y crisis energética, es el redescubrimiento europeo del Mediterráneo. Con él se abre una ventana de oportunidad para una nueva cooperación que debería basarse en la conectividad sostenible. El camino hacia una Europa más ecológica y próspera pasa por una nueva asociación euromediterránea, y el Global Gateway bien podría constituir la última oportunidad de reforzar la relación entre las dos orillas./