Gaza en ruinas, Palestina a debate: hacer balance en la incertidumbre

La Franja de Gaza llega al final de una guerra, reconocida como genocida por las organizaciones no gubernamentales e internacionales competentes, en un estado de destrucción material y humana que ni siquiera los observadores más pesimistas habían anticipado. Las evaluaciones de la ONU y del Banco Mundial convergen: más del 70% de los edificios están destruidos o gravemente dañados, la economía local ha quedado literalmente pulverizada y cerca de dos millones de habitantes (de un total de algo más de 2,2 millones) han sido desplazados al menos una vez. El número de muertos directos e indirectos de la guerra aún no se conoce con exactitud, aunque se suele citar la cifra de 67.000 muertos. La destrucción no es únicamente material: es también social y política. Los hospitales, que constituían uno de los pocos sectores relativamente eficientes en Gaza antes de la guerra, así como las infraestructuras sanitarias, han quedado reducidos a la nada o casi. El colapso de las redes de agua y electricidad sitúa a la población en una dependencia total de la ayuda externa.

La reconstrucción, valorada en 53.000 millones de dólares, según la previsión de la Liga Árabe, se convierte en sí misma en un campo de batalla. Los donantes (Estados del Golfo, Unión Europea, agencias de la ONU) no quieren financiar una Gaza donde las estructuras de Hamás sigan activas y sin un horizonte político, mientras que una parte de la población gazatí rechaza la idea de una reconstrucción impuesta desde el exterior. A esta contradicción se suma la ausencia de un dispositivo logístico estable: carreteras destruidas, accesos controlados por Israel, puntos de entrada limitados.

Esta guerra también ha acelerado dinámicas que superan ampliamente el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de la arquitectura regional: Egipto, bajo la presión humanitaria; Jordania, al borde de la ruptura social; Catar y Arabia Saudí enzarzados en una diplomacia a varias velocidades, y Emiratos, tratando de preservar los logros de los Acuerdos de Abraham.

En este panorama inestable, la ofensiva diplomática en torno al reconocimiento del Estado de Palestina aparece como uno de los pocos ámbitos en los que convergen lo internacional y lo regional. Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo, sino el tercer acto de una larga historia diplomática que precede ampliamente a Occidente. Más allá de su efecto mediático y sus repercusiones, la lógica del reconocimiento subraya implícitamente el peso de la agenda israelí-estadounidense en la concepción del “día después”.

El avance limitado de un reconocimiento occidental

La primera fase de reconocimiento de Palestina, entre 1988 y 1993, siguió a la proclamación de independencia de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Argel. Surgió mayoritariamente de África, Asia y el mundo árabe e instauró a Palestina como sujeto político en el sistema internacional, a pesar de la ausencia de soberanía territorial. La segunda fase, entre 2010 y 2012, fue impulsada por América Latina —Brasil, Argentina y Chile— y luego por todo el Cono Sur, y culminó con la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2012, que otorgó a Palestina el estatus de Estado observador no miembro. Estos dos momentos construyeron un reconocimiento casi mundial: más de un centenar de Estados ya habían oficializado sus posiciones mucho antes de que Europa se ocupara del tema.

La fase actual no es tanto una novedad como una forma de ponerse al día. Refleja la tardía entrada de Europa occidental en un marco que el Sur Global ya había consolidado durante más de treinta años. Se inscribe, sobre todo, en una trayectoria diplomática estructurada para responder a meses de inacción, o incluso de apoyo, frente al genocidio en Gaza. El anuncio de una Coalición internacional para la aplicación de la solución de dos Estados en septiembre de 2024, y luego la declaración de Nueva York adoptada en julio de 2025 en el marco de la iniciativa franco-saudí, intentan suplir la ausencia europea y árabe en este ámbito, que ha sido asumida por Estados Unidos. En esta arquitectura, el reconocimiento no es un fin, sino un instrumento: crear un horizonte político después de la guerra, contener los riesgos regionales y ofrecer una palanca para avanzar hacia el establecimiento de un Estado de Palestina y la integración regional de Israel.

Paralelamente, otro texto pretende imponerse en la discusión sobre “el día después”. El documento de veinte puntos presentado por Donald Trump el 29 de septiembre de 2025 resucita y radicaliza el espíritu de su iniciativa de 2020, “Peace to Prosperity”. Propone un Estado palestino sin continuidad territorial, sin soberanía efectiva y encajado en un mapa donde la anexión israelí está normalizada. Su idea de una “Riviera en Gaza” de febrero de 2025 no aparece, aunque el espíritu mercantil de la propuesta se refleja en su iniciativa.

Entre estos dos polos —el reconocimiento diplomático impulsado por un frente inédito entre Francia y Arabia Saudí, y los planes alternativos que reducen el Estado palestino a una forma vacía— se libra la batalla por definir lo que podría ser, material y políticamente, “el día después”.

La arquitectura de Trump contra la diplomacia multilateral

La Declaración de Nueva York, adoptada en julio de 2025 tras una conferencia copresidida por Francia y Arabia Saudí, sienta las bases de un marco multilateral sin precedentes. Por primera vez, un grupo representativo de Estados árabes se alinea públicamente detrás de un principio central: la desmilitarización de Hamás en el marco de un proceso político global, que combine una transición en materia de seguridad y la reconstrucción. Este compromiso árabe, impulsado especialmente por Riad, El Cairo y Amán, marca una ruptura con la posición anterior, que consideraba la cuestión de Hamás como un problema interno palestino.

La Declaración también hace un llamamiento a la formación de un gobierno palestino unificado, a la celebración de elecciones generales (presidenciales y legislativas) en un plazo de un año, así como a la puesta en marcha de un mecanismo internacional de estabilización en Gaza tras la retirada de las fuerzas israelíes. Reafirma la referencia a las fronteras de 1967, condena explícitamente la colonización e inscribe el reconocimiento del Estado palestino en una trayectoria política “necesaria para la paz”. Sin embargo, se basa en una debilidad importante: la ausencia de poder coercitivo sobre Israel, que, de hecho, la ha rechazado.

Por otro lado, el anuncio de Trump de septiembre de 2025 propone una arquitectura radicalmente distinta tanto en su espíritu como en su método. Contrariamente a ciertas especulaciones mediáticas anteriores, el plan no retoma la idea de reorganizar Gaza en zonas hoteleras: se centra en una secuencia política y de seguridad en dos tiempos, con el objetivo de enmarcar el “día después” y al mismo tiempo minimizar la soberanía palestina.

La primera fase se describe como un período de estabilización inmediata y alto el fuego. Se basa en el cese de los combates, la liberación simultánea de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, la retirada parcial pero condicional de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, y el suministro de ayuda humanitaria a la población palestina. Esta etapa se presenta como un requisito previo no negociable, dejando el 58% de Gaza bajo control militar israelí. La retirada se acompaña del mantenimiento del control israelí sobre las fronteras terrestres, el espacio aéreo y varios puntos estratégicos dentro de la Franja.

La segunda fase, que supuestamente abriría el camino a la reconstrucción y la gobernanza, se define de una forma deliberadamente vaga. Trump evoca un mecanismo internacional de financiación, una posible participación de Estados árabes en un dispositivo de seguridad, y la creación de una estructura de administración palestina “reformada”, pero sin garantizar ni la unidad territorial, ni la emergencia de un gobierno dotado de soberanía real. No se dice nada sobre la continuidad territorial entre Gaza y Cisjordania, ni sobre el estatus de los asentamientos o de las zonas C. Esta indeterminación, sumada al mantenimiento de un control de seguridad israelí a largo plazo, da a esta segunda fase la apariencia de una transición política diferida, aún más condicional que en el Plan Trump de 2020.

Frente a la Declaración de Nueva York, que busca vincular la secuencia posguerra a un horizonte de soberanía, el Plan Trump de septiembre de 2025 opera casi como un contrapunto: propone una estabilización de la seguridad inmediata, pero pospone toda cuestión institucional a una fase posterior, indefinida y potencialmente interminable. Entre un enfoque multilateral que intenta crear las condiciones para un Estado palestino funcional y un enfoque estadounidense-israelí que subordina la idea misma de Estado a un control de seguridad duradero, la tensión estructural es evidente. Es en esta brecha, entre una solución territorial pensada como un derecho y una solución concebida como una concesión, donde se juega la definición misma del “día después”.

Cisjordania: ausente del plan Trump, pero en el centro de la estrategia israelí

Cisjordania ocupa un lugar central en la perspectiva de un Estado palestino, excepto en el Plan Trump, que parece avalar la aceleración del control israelí sobre esta región. Mientras Gaza concentraba la atención internacional, la colonización en Cisjordania se intensificó a un ritmo sin precedentes. A finales de 2024, se contaban 503.732 colonos en Cisjordania y 233.600 en Jerusalén Este, lo que suma un total de más de 737.000, repartidos en 147 colonias y 224 puestos avanzados. Esta presencia ha ido acompañada de un aumento espectacular de la violencia cometida por los colonos: entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, la ONU contabilizó al menos 1.860 ataques contra palestinos (un media de cuatro por día), una dinámica sin precedentes en los últimos 20 años.

Esta espiral se ve reforzada por una política de construcción agresiva: en 2024, se anunciaron 28.872 viviendas adicionales para los colonos, de las cuales cerca de 19.000 en Jerusalén Este. Las confiscaciones de tierras continuaron: la Oficina Central Palestina de Estadísticas estima que aproximadamente 4.600 hectáreas fueron declaradas “tierras estatales” o confiscadas por Israel en 2024. A esto se añade la expansión de los asentamientos: pasaron de cerca de 128 en 2022 a 178 a finales de 2024, lo que supone un aumento del 40% en dos años.

Una de las evoluciones más preocupantes es el armamento de los colonos. Desde octubre de 2023, el Ministerio israelí de Seguridad Nacional, dirigido por Itamar Ben Gvir, ha ampliado considerablemente los criterios de acceso a los permisos de armas y ha establecido canales rápidos de suministro. Después del 7 de octubre, Israel concedió 100.000 nuevos permisos de uso de armas (frente a los 150.000 existentes). El 86% de las poblaciones más armadas son las colonias de Cisjordania. Paralelamente, se distribuyeron 150.000 armas de guerra a los Comités de seguridad civil en los asentamientos, así como a los grupos paramilitares de las colonias, las Fuerzas de Respuesta Rápida (kitat konenut).

Algunas de estos suministros han sido directamente a los puestos avanzados más violentos, especialmente en las zonas de Masafer Yatta, Nablus y el valle del Jordán. Varios vídeos difundidos por el propio ministerio muestran a Ben Gvir entregando rifles semiautomáticos a residentes de asentamientos, enarbolados como medidas de “protección”, pero interpretados por numerosos actores internacionales como una incitación al armamento en un contexto de dominación. Esto se produce justo cuando la población palestina se enfrenta a una represión creciente: en el verano de 2025, 10.550 palestinos estaban detenidos por Israel por motivos de seguridad, 3.563 de ellos en detención administrativa, sin cargos.

Al mismo tiempo, la Autoridad Nacional Palestina atraviesa una profunda crisis de legitimidad. Sin haber celebrado elecciones desde hace casi 20 años, debilitada por la guerra en Gaza, y cuestionada en las calles de Cisjordania, lucha por mantener una presencia efectiva en algunas zonas. El auge de los grupos armados locales en el norte de Cisjordania ilustra la erosión del orden político institucional.

Estas dinámicas convergen en una paradoja: Cisjordania es presentada en los foros diplomáticos como la columna vertebral de un futuro Estado palestino, pero al mismo tiempo se está transformando en un espacio de discontinuidad, de creciente militarización de los colonos, y de reducción institucional palestina. Cada carretera de circunvalación, cada asentamiento legalizado, cada arma distribuida a civiles israelíes en los territorios ocupados contribuye a convertir la promesa diplomática de soberanía en una promesa poco tangible.

La ausencia de perspectiva pos-Netanyahu

La posguerra en Gaza se inscribe, en Israel, en un momento de fragilidad política raramente alcanzada desde la creación del Estado. La crisis abierta por los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 no solo ha asestado un golpe a la reputación del ejército y los servicios de inteligencia: ha fracturado de forma duradera la sociedad israelí (acentuando la marginación de su minoría palestina) y puesto en entredicho la legitimidad del primer ministro Netanyahu. Si este último ha logrado mantenerse al frente de la coalición entre 2023 y 2025, es en gran parte gracias al apoyo indispensable de la ultraderecha religiosa y nacionalista, en particular Bezalel Smotrich y Ben Gvir, cuyas agendas ideológicas pesan ahora mucho en las decisiones de seguridad y diplomáticas.

En el ámbito interno, la confianza de la opinión pública en el gobierno sigue muy erosionada. Más del 70 % de los israelíes considera que Netanyahu tiene una responsabilidad directa en los fallos del 7 de octubre; una mayoría se muestra favorable a celebrar nuevas elecciones una vez que termine la guerra. Sin embargo, no emerge ninguna alternativa clara: la coalición de centro-derecha liderada por Benny Gantz y Yair Lapid sigue obstaculizada por sus divisiones internas y por el hecho de que no tiene un programa claro sobre la cuestión palestina. Varias encuestas de opinión muestran que, en caso de elecciones anticipadas, el bloque nacionalista-religioso conservaría una influencia importante, incluso sin Netanyahu.

En materia de seguridad, Israel sale de la guerra con un ejército profundamente tocado, cuya moral, capacidades de reserva y cohesión institucional se han visto afectadas. El informe Winograd, publicado parcialmente en 2024, así como las comisiones de control interno de la Knesset, han puesto de manifiesto graves deficiencias: financiación insuficiente de las unidades de inteligencia, dependencia excesiva de las tecnologías de vigilancia, y comunicación deficiente entre los escalones militares y políticos. Varios generales retirados hablaron de un “fracaso estratégico matricial”, subrayando que el ejército se había visto envuelto en una guerra prolongada sin una visión política clara.

En este contexto, la coalición en el poder ha endurecido su doctrina de seguridad. Smotrich, responsable de partes significativas de la administración civil en Cisjordania, abogó en 2025 por una “normalización de la anexión” de la Zona C, fomentando abiertamente la legalización de puestos avanzados y la consolidación de la presencia civil judía en sectores estratégicos, incluida la Zona E1 en Jerusalén, una línea roja incluso para su aliado estadounidense. Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, ha reforzado los poderes de las unidades policíales y ampliado los criterios de acceso a las licencias de armas.

En el ámbito regional, Israel también atraviesa una fase de cuestionamiento de las certezas previas a 2023. Las relaciones con Egipto, un aliado histórico y socio de seguridad de primer nivel, se han tensado en torno a la cuestión del paso de Rafah y la gestión humanitaria; las relaciones con Jordania están más deterioradas que en cualquier otro momento desde el tratado de paz de 1994, debido a la afluencia de posibles refugiados y a la ira popular jordana ante la guerra. Los Acuerdos de Abraham, por su parte, han sobrevivido, pero se encuentran debilitados: EAU y Baréin han criticado la magnitud de la operación en Gaza, mientras que la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí, prevista antes de octubre de 2023, se ha pospuesto sine die.

En este panorama, el futuro político de Netanyahu sigue siendo incierto. Su juicio por corrupción, suspendido durante algunas fases de la guerra, pero aún en curso en 2025, se cierne sobre la vida política. Si bien sigue siendo una figura ineludible, también se ha convertido, para muchos, en un obstáculo para la estabilización del país y contribuye a su fragmentación social. Sin embargo, un nuevo gobierno no garantizaría un cambio estratégico: los principales partidos de la oposición comparten una concepción de la seguridad centrada en el control continuo de Gaza y la colonización de Cisjordania, y en su mayoría siguen siendo hostiles a la creación de un Estado palestino soberano.

La posguerra para Israel se perfila como una transición ambigua: revela una sociedad dividida, un liderazgo cuestionado, un ejército agotado, pero también una fuerte continuidad ideológica en torno al rechazo a una soberanía palestina plena y completa. Para la comunidad internacional, esto significa que los márgenes de maniobra israelíes no dependen solo de Netanyahu, sino de un consenso profundo, arraigado en el miedo, el cálculo de la seguridad y la fragmentación interna de las élites. Es esta combinación la que determinará la forma –o la ausencia– de un compromiso político en los próximos años.

Conclusión

El Plan Trump de septiembre de 2025 se impone como la respuesta más alineada con las preferencias del gobierno israelí: margina Cisjordania, evita toda definición de un horizonte político claro y propone a Gaza un alto el fuego desprovisto de arquitectura de reconstrucción o gobernanza. Y, sin embargo, avanza casi sin oposición: ni las potencias árabes, preocupadas por la estabilización regional, ni las capitales europeas, divididas y cautelosas, quieren contradecirlo frontalmente.

Para volver a encarrilar la solución de dos Estados, el reconocimiento internacional no es suficiente. Será necesario considerar mecanismos de sanciones contra Israel, cuyos dirigentes repiten su oposición a un Estado palestino, y formalizar una contrapropuesta euroárabe dotada de palancas y que ofrezca una salida política más allá del simple alto el fuego./