Los recortes en ayuda dejan a la sociedad civil a la deriva en plena tempestad

La decisión de la Administración Trump de recortar drásticamente el presupuesto de USAID, su principal agencia para la distribución de ayuda exterior, y de retirar la mayor parte de su financiación global para la sociedad civil, tendrá profundas implicaciones en los Estados árabes del Sur y Este del Mediterráneo.

En 2023, Estados Unidos proporcionó el 23% de la ayuda al desarrollo exterior mundial. En los Estados árabes, entre 2010 y 2023, Estados Unidos aportó más de 28.000 millones de dólares en fondos de emergencia y ayuda humanitaria. Los efectos de esta brutal medida de Washington, que revoca casi 80 años de compromiso bipartidista con la ayuda exterior, serán de gran alcance. La gravedad de estos recortes queda, en cierta medida, disimulada por el hecho de que la ayuda a los ejércitos egipcio, jordano e israelí representaba alrededor del 75% del gasto estadounidense bajo la Administración Biden (una cantidad desproporcionadamente mayor que la destinada a otras regiones del mundo), por lo que quedó fuera del alcance de la motosierra de Elon Musk. La discrepancia entre el gasto en ayuda militar y otras formas de ayuda ha sido destacada por las ONG estadounidenses durante décadas. Como afirma Seth Binder, del Centro para la Democracia en Oriente Medio: “Los miles de millones en ayuda militar, en comparación con los centavos en ayuda a la democracia, realmente ponen en perspectiva la prioridad de los gobiernos estadounidenses, no solo de esta administración, que ha eliminado incluso los centavos”.

Pero, a pesar de esta ecuación, la realidad es que los efectos de los recortes en la ayuda serán graves y de gran alcance. En Siria, el 90% de las actividades humanitarias en los campamentos están financiadas por Estados Unidos, incluidos los vales de comida, las mantas y los artículos de higiene. Según Amnistía Internacional, los recortes han causado “caos” en los campamentos que albergan a decenas de miles de hombres, mujeres y niños acusados de estar afiliados a Estado Islámico. En Jordania, donde la ayuda estadounidense cubría alrededor del 20% del déficit presupuestario del gobierno central en 2024, se prevé que 35.000 empleados públicos pierdan sus puestos de trabajo.

El ejecutivo no debería poder cerrar unilateralmente la USAID y recortar la ayuda exterior, ya que el Congreso tiene la última palabra en cualquier decisión de este tipo. A finales de mayo se notificó formalmente al Congreso el plan de crear un “Departamento de Estado America First”, y aún está por ver cómo responderá. Algunos congresistas republicanos apoyan toda una serie de programas de ayuda exterior, incluidas las corrientes democráticas en los Estados árabes e Irán. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no recortó estos fondos bajo el mandato de Biden: de hecho, aprobó un proyecto de ley para destinar 2.900 millones de dólares a “programas de democracia” para el año fiscal 2025. Sin embargo, hasta ahora, durante el segundo mandato de Trump, los republicanos del Senado han tendido a plegarse a la voluntad de la Casa Blanca en las decisiones controvertidas. En última instancia, es probable que el jefe de asuntos humanitarios de la ONU tenga razón al afirmar que “el dinero que se ha recortado no va a volver en breve”.

Los recortes radicales de Estados Unidos siguen a los drásticos recortes de ayuda de los donantes europeos, entre otros Alemania, Países Bajos y Suecia. Los gobiernos que buscaban reducir el gasto a raíz del Covid-19 se centraron en la ayuda exterior y, posteriormente, redirigieron los fondos a apoyar al gobierno ucraniano y afrontar los costes de acogida de refugiados. El apoyo a la sociedad civil se ha visto cada vez más afectado por la creciente polarización de la política europea, con los partidos políticos de derecha alegando que las ONG están demasiado cerca de la izquierda y no deben recibir financiación para defender sus causas. En mayo de 2024, la Comisión Europea publicó nuevas directrices para la financiación de la Unión Europea, con el objetivo de bloquear o cancelar la financiación a las ONG que participen en actividades que puedan “dañar la reputación de la UE”.

La UE, que junto con sus Estados miembros aporta alrededor del 42% del gasto mundial en desarrollo, ha subrayado que “no puede llenar el vacío” dejado por la financiación estadounidense. Como afirma un especialista en desarrollo, “aunque la UE pueda parecer la sucesora natural de unos Estados Unidos en retirada en el sector del desarrollo, las tendencias recientes sugieren que está lejos de estar preparada para asumir este papel”. En febrero, el secretario general de la Comisión Europea, Ilze Juhansone, encargó a los funcionarios que identificaran qué áreas de los recortes afectaban más a los intereses de la UE, centrándose en salud, migración y fragilidad. Incluso, antes de los recortes de Estados Unidos, se ha criticado a los europeos por desviar cada vez más el gasto en desarrollo hacia prioridades relacionadas con la migración y por recortar la financiación a los países menos adelantados (PMA). La proporción de la ayuda de la Comisión destinada a los PMA se redujo drásticamente entre 1990 y 2022.

La decisión de Reino Unido en febrero de recortar también su ayuda exterior al 0,3% del PIB, con el fin de financiar gastos adicionales en defensa y, al parecer, también para impresionar a la Administración Trump, supuso otro shock para el sistema de ayuda internacional. El presupuesto de ayuda del país, que en 2023 representaba el 8% del gasto en ayuda de la OCDE, se encuentra ahora en su nivel más bajo en décadas.

Estos cambios radicales en el ámbito de la financiación mundial han provocado llamamientos a un “reinicio humanitario”, pero hay diferentes definiciones de lo que implica dicho reinicio: algunos lo plantean como un ejercicio principalmente burocrático para eliminar las ineficiencias y duplicidades en el sistema humanitario, mientras que otros buscan de forma más ambiciosa “cambios fundamentales en las estructuras de poder humanitarias que llevan mucho tiempo contribuyendo a la exclusión, la ineficiencia y la falta de rendición de cuentas ante las personas afectadas por las crisis”. A medida que avanzan estos debates, hay consenso en una cosa: hay personas que están muriendo y seguirán muriendo como consecuencia de los recortes en la ayuda mundial.

LA AYUDA AL DESARROLLO COMO PODER BLANDO

Mientras se producen estos profundos impactos humanos, se especula considerablemente con que, al retirarse del sector, Estados Unidos y Europa están cediendo terreno a sus rivales geopolíticos. Como afirma el experto político libanés Alaa Sayeg: “La ayuda al desarrollo nunca fue solo una cuestión de generosidad, era una herramienta geopolítica. Y ahora otras superpotencias están llenando ese vacío”. El presidente de la comisión de desarrollo internacional del Parlamento británico ha expresado su temor a que los Estados rivales se beneficien de los recortes de la ayuda británica: “Me preocupa enormemente que estos recortes dañen aún más la reputación internacional de Reino Unido y que, cuando nosotros demos un paso atrás, otros con intenciones más maliciosas ocupen nuestro lugar”.

Aunque China se comprometió a aportar 51.000 millones de dólares en préstamos y ayuda a África en 2021, y los Estados del Golfo también están aumentando sus esfuerzos de ayuda humanitaria, Pekín no va a llenar el vacío dejado por Estados Unidos y otros países occidentales: la financiación de China a los países en desarrollo mediante préstamos y garantías difiere significativamente del modelo occidental de apoyo a las ONG para la prestación de servicios. Sin embargo, obtendrá los beneficios en materia de relaciones públicas y poder blando que le reportará el hecho de intervenir en determinadas circunstancias y su aparente fiabilidad como socio bilateral, en contraste con las potencias occidentales.

Los europeos corren un riesgo especial de sufrir un grave daño a su poder blando, uno de los activos clave de la región, del que dependen más que Estados Unidos, que puede desplegar activos de poder duro con un peso considerablemente mayor. El apoyo europeo a la sociedad civil siempre ha sido una fuente importante de sus “enormes reservas” de poder blando y lo ha diferenciado de otros actores internacionales. Sin embargo, los recortes de financiación estadounidenses y europeos pueden significar que los europeos pierdan a los socios que consideran interlocutores clave y vehículos para el poder blando, que les ofrecen un acceso privilegiado a comunidades y perspectivas que de otro modo estarían fuera de su alcance. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de derechos humanos y democracia corren un grave riesgo debido a la crisis mundial de financiación. Según Politico, Marco Rubio tiene previsto recortar hasta un 80% el personal de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) de Estados Unidos y dejar en el limbo más de 400 millones de dólares en subvenciones para programas de derechos humanos que ya han sido asignados.

En los países árabes e Irán, el Departamento de Estado contaba con alrededor de 150 subvenciones activas para la democracia y los derechos humanos en el periodo de transición a la Administración Trump. Estas, junto con las subvenciones de USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, representaban una parte sustancial de los presupuestos de pequeñas organizaciones de la sociedad civil y dejarán a muchas al borde del abismo. Mostafa Fouad, director de HuMena, una ONG de derechos humanos y participación cívica, explicó a Middle East Eye: “El año pasado otorgamos 34 subvenciones a defensores de los derechos humanos en riesgo, 22 de ellas para Egipto… Seguirán en riesgo y nadie les ayudará debido a los recortes… De repente, después de todos estos años, han decidido no financiar a la sociedad civil. Nos preguntamos: ¿cómo vamos a seguir? Si no encontramos una solución en tres meses, tendremos que cerrar”. Incluso para quienes no recibieron financiación estadounidense, la desparación de USAID reducirá el total de fondos disponibles, lo que generará más competencia por una cantidad menor de dinero.

LA FALTA DE ALTERNATIVAS, EL DILEMA DE LAS SOCIEDADES CIVILES

Debido a que la financiación estadounidense en la región es tan controvertida, especialmente a la luz de su apoyo y respaldo prácticamente incondicional al comportamiento genocida de Israel en Gaza, la mayoría de los beneficiarios de subvenciones de la sociedad civil han acordado con la Administración estadounidense exenciones en materia de marca, lo que les permite no tener que promover proactivamente la fuente de su financiación. Esto refleja la tensa relación que siempre ha existido entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno estadounidense. Muchas ONG árabes dejaron de aceptar fondos estadounidenses tras la guerra de Irak, y solo volvieron a hacerlo cuando Barack Obama llegó al poder prometiendo una nueva base para las relaciones de Estados Unidos con el mundo árabe. A finales de 2023 y 2024, algunas organizaciones de la región plantearon la posibilidad de retirarse de la ayuda estadounidense y occidental en general, por el apoyo de estos gobiernos a Israel y su comportamiento genocida en Gaza. Un destacado defensor egipcio de los derechos humanos declaró: “La ira y la amargura no se limitan solo a nuestro pueblo, sino a nosotros [como defensores de los derechos humanos en la región árabe]. No sabemos cómo, ni si podremos volver a interactuar con algunos de estos gobiernos o socios occidentales”.

Si bien muchos compartirían estas opiniones y preferirían alejarse de la financiación estadounidense y occidental, no han conseguido fuentes alternativas de financiación. En los Estados altamente represivos de la región MENA, la recaudación de fondos local sostenible es difícil o imposible debido a las restricciones a la libre asociación. Donde las ONG son perseguidas por agencias estatales, sometidas a congelación de activos y a leyes represivas que supervisan su financiación, es natural que tengan dificultades para recaudar fondos de donantes locales.

Por otro lado, la financiación global en favor de la democracia y los derechos humanos ya se estaba reduciendo antes de los recortes estadounidenses: un estudio de 2024 reveló que la financiación de los Estados miembros de la UE en los países árabes se estaba desplazando de los derechos humanos a otras prioridades como la migración. La filantropía privada también se ha centrado en desafíos como el cambio climático y la inteligencia artificial, lo que hace que la financiación en favor de los derechos humanos “empiece a parecer un paisaje lunar”, en palabras de un comentarista.

Además de preocuparse por su poder blando, la posibilidad de que la sociedad civil desaparezca en los países árabes debería hacer reflexionar seriamente a los responsables políticos europeos, interesados en la estabilidad del Mediterráneo sur. Como lo expresa el secretario general del Consejo Danés para los Refugiados: “La seguridad no es solo el hardware, sino también poder blando. Y si no se invierte en cuestiones humanitarias y en apoyo a las poblaciones necesitadas, se podrían ver más conflictos, más desplazamientos y más inseguridad”. Bajo el lema de una “alianza estratégica e integral”, la UE está invirtiendo miles de millones en Egipto –descrito por los analistas como “un socio vital para lograr la visión de la UE en materia de gestión de la migración”– en un esfuerzo por mantener la estabilidad del país y prevenir la migración irregular hacia Europa.

Pero sin financiación para una sociedad civil activa, las políticas desestabilizadoras no tendrán ningún control interno. Los gobiernos –cuya mayoría no rinde cuentas–, tendrán aún más libertad: los presupuestos no serán examinados, los abusos no se documentarán y las perspectivas alternativas no serán escuchadas. El prolongado conflicto en Siria sirve como ejemplo de cómo décadas de un régimen autoritario arraigado, con pocos o ningún mecanismo permitido para expresar las quejas sociales, pueden, en última instancia, resultar en una profunda inestabilidad y el colapso de la seguridad. Es clave para la seguridad europea que los gobiernos consideren urgentemente qué pueden hacer en este momento de crisis para tender la mano a las redes de la sociedad civil, que apoyan el diálogo social entre pueblos y gobiernos sobre las cuestiones sociales, económicas y políticas más críticas.

Esto requeriría un cambio radical. Aunque Ursula von der Leyen indicó que los valores y principios debían ser el núcleo del compromiso de la UE con sus países vecinos del Sur, en 2023 la UE destinó solo dos millones de euros a programas de apoyo a la democracia y los derechos humanos en la región. El apoyo europeo a la democracia, tanto en el mundo árabe como en otros lugares, ha cambiado en los últimos años, adoptando un enfoque defensivo, impulsado por la preocupación por el malestar geopolítico y la arrogancia. Un documento de Carnegie de 2024 argumenta que “la agenda actual de Europa se centra menos en expandir proactivamente la democracia a nuevas áreas y más en salvaguardar cierto margen de maniobra política en entornos cada vez más hostiles y en prevenir el agravamiento de las tendencias antidemocráticas”. La financiación de la UE en favor de la democracia también se ha vuelto cada vez menos política, centrándose menos en los problemas más acuciantes relacionados con los derechos y más en el apoyo indirecto, por ejemplo, para el trabajo en los ámbitos de la cultura y las artes, el medio ambiente o el desarrollo juvenil.

Este enfoque puede no estar alineado con la urgencia del desafío actual. En un momento de profunda inseguridad y cambio político en los países del Sur del Mediterráneo y los Estados árabes, es más necesario que nunca un apoyo fiable a la democracia para proteger y sostener a la sociedad civil en la primera línea de la defensa y promoción del Estado de derecho, la buena gobernanza y la democracia. Por supuesto, sería poco realista esperar que Europa reemplace el apoyo estadounidense dada la magnitud previa de esta financiación, pero los donantes europeos deberían, a corto plazo, identificar dónde existen redes y organizaciones de base en riesgo de colapso y procurar proporcionarles financiación flexible, sin restricciones, con mínimas trabas burocráticas y sin requisitos de cofinanciación. Además, Europa debería llevar a cabo una reevaluación más seria, involucrando a la filantropía europea, de su apoyo a la sociedad civil en su vecindad sur, con miras a desarrollar mecanismos de financiación que, dentro de las limitaciones políticas, sean más predecibles./