Los ejércitos, en el centro de las soberanías industriales

El Mediterráneo y Oriente Medio siguen siendo dos espacios donde la función militar conserva un valor fundacional: estructura tanto la estabilidad política como la arquitectura económica. Los presupuestos de defensa oscilan entre el 2% y el 5% del producto interior bruto, pero la magnitud presupuestaria no es más que un indicador aparente. La verdadera medida de la potencia reside en la conversión estratégica del gasto: la capacidad de transformar los recursos asignados en palancas de soberanía industrial, diplomática e institucional. Bajo esta perspectiva, la soberanía deja de ser un atributo estático: se convierte en un proceso de adaptación permanente en el que economía, defensa y diplomacia dialogan en un mismo lenguaje de eficacia.

En la última década, las fuerzas armadas han visto ampliar su campo de acción más allá de sus misiones tradicionales. Actualmente participan en la gobernanza de los Estados: unas como socias de estabilización, otras como prescriptoras de orientación política y otras, incluso, como inversoras públicas de pleno derecho. Su papel se extiende también a la esfera internacional: los ejércitos se convierten en mediadores de cooperación, negociadores de transferencias tecnológicas, coproductores de alianzas y gestores de interdependencias. Esta mutación refleja una recomposición silenciosa: la soberanía ya no se ejerce solo mediante la ley o el control del territorio, sino a través de la capacidad de organizar la dependencia y transformarla en un instrumento de resiliencia.

Analizar esta dinámica implica ir más allá de una lectura binaria entre el poder civil y el aparato militar. Las interacciones entre gobiernos y fuerzas armadas deben entenderse como un continuo institucional donde se articulan la legitimidad, la eficacia y el desarrollo. La cuestión no es saber quién detenta el poder, sino comprender cómo este se ejerce y se comparte en un contexto de múltiples presiones: económicas, tecnológicas, sociales y de seguridad.

Desde esta perspectiva, los ejércitos constituyen hoy un observatorio privilegiado de las transformaciones del Estado. Revelan sus tensiones: entre centralización y adaptación, entre soberanía proclamada y dependencias aceptadas. Encarnan también su vitalidad: su capacidad de absorber las restricciones y generar cohesión nacional a partir de una fragmentación regional.

Este artículo se inscribe en este enfoque analítico y operativo. Primero examina cómo las relaciones entre gobiernos y fuerzas armadas definen un nuevo equilibrio institucional, condición de estabilidad política. Luego pone de relieve las formas en que los ejércitos se convierten en motores económicos, transformando el gasto de defensa en herramienta de inversión productiva. La tercera parte analiza las interdependencias exteriores: la gobernanza de las alianzas, la gestión de dependencias tecnológicas y la diplomacia industrial. Finalmente, la conclusión proyecta varios escenarios de soberanía en el horizonte de 2030 alrededor de una misma pregunta: ¿cómo pueden los Estados, en un entorno global incierto, transformar la presión en estrategia y la defensa en proyecto colectivo?

Ejércitos y gobiernos: construcción institucional conjunta de la soberanía

En el espacio mediterráneo y de Oriente Medio, las fuerzas armadas no son simples instrumentos de defensa territorial, participan plenamente en los mecanismos de gobernanza y suelen situarse en el núcleo del poder político. Su influencia se ejerce a través de tres parámetros estrechamente vinculados: autonomía de decisión, institucionalización de su papel y permanencia en el tiempo político. En conjunto, definen un espectro de soberanías diferenciadas en el que la legitimidad civil y la legitimidad militar ya no se oponen, sino que se equilibran al servicio de la estabilidad.

La autonomía de decisión se mide por la capacidad del ejército para influir en las orientaciones nacionales, condicionar la decisión política o fijar sus límites implícitos. En Egipto, esta autonomía alcanza un nivel casi orgánico: la institución militar, afianzada en su legitimidad histórica, influye directamente en las decisiones civiles y prolonga su presencia en las esferas económica y diplomática. En Argelia, esta autonomía se ejerce de manera más discreta: las fuerzas armadas actúan como árbitro silencioso, garante de la continuidad del Estado sin exhibir su poder. En Marruecos, la configuración difiere: la influencia militar, aunque real, permanece controlada y se centra en la prescripción técnica y la seguridad territorial más que en el arbitraje político. Estos contrastes confirman que la naturaleza del poder militar no depende de su fuerza material, sino de su grado de integración en el poder civil: la decisión nacional se coproduce más que se impone. Esta coproducción revela, en cierto modo, la madurez de las instituciones: la soberanía se ejerce mediante ajustes, no mediante confrontación.

La institucionalización del papel militar constituye la segunda clave de análisis. Varía según si la influencia se fundamenta en una legitimidad simbólica, en estructuras semipúblicas o en instituciones integradas en el Estado. En Turquía, está avanzada: las fuerzas armadas controlan fundaciones que participan directamente en el desarrollo industrial, situando la defensa en un continuum tecnológico y económico. Marruecos, con la creación de la Sociedad General de Zonas Industriales de Defensa, ha adoptado un modelo de gobernanza que traduce las necesidades militares en proyectos industriales, asociando a socios extranjeros. Irán ha llevado esta lógica más lejos: los Guardianes de la Revolución ejercen una soberanía institucional conjunta en la que poder espiritual, económico y militar se confunden. En todos los casos, la estructura formal se convierte en la medida de la previsibilidad y legitimidad de la influencia: cuanto más controlado está, mayor es la estabilidad política, incluso si la visibilidad del ejército se reduce.

La permanencia de la influencia constituye el tercer pilar de esta lectura. Remite a la continuidad del papel militar a pesar de las transiciones políticas. Egipto ofrece el ejemplo más evidente: las fuerzas armadas siguen siendo, pese a las rupturas institucionales, el pilar del Estado. Argelia comparte esta característica, sustentada en una cultura donde el ejército encarna la unidad nacional. Irán mantiene una soberanía conjunta estable. Turquía ha transformado su papel, pasando del control directo a una influencia normativa a través de la industria y la tecnología. En Marruecos, la creciente profesionalización de las fuerzas armadas garantiza una continuidad discreta pero real, consolidando la coherencia del aparato estatal.

Estas tres dimensiones –autonomía, institucionalización y permanencia– no son excluyentes ni jerárquicas; se combinan según configuraciones propias de cada país. Egipto y Argelia ilustran la permanencia y la autonomía bajo formas distintas: reivindicada en un caso, implícita en el otro. Irán encarna una versión doctrinal en la que la legitimidad religiosa da un alcance ideológico a la acción militar. Turquía representa una mutación: la autonomía política se reduce mientras la institucionalización se refuerza, reflejando el paso de una tutela política a una diplomacia industrial. Marruecos exhibe una influencia medida, inscrita en el tiempo, basada en la estabilidad y la profesionalización. Estas trayectorias muestran que, tanto en el Mediterráneo como en Oriente Medio, la soberanía institucional nunca es producto exclusivo del poder civil: es el resultado, en cierto modo, de una construcción conjunta entre gobiernos y fuerzas armadas.

Así, en este espacio, la soberanía institucional no se impone ni se adquiere de una vez por todas, se negocia permanentemente. Se despliega en un espacio compartido donde la estabilidad descansa en la claridad de las reglas y el reconocimiento mutuo de legitimidades. Es en esta zona de diálogo implícito, hecha de compromisos, símbolos y realidades económicas, donde se construye el núcleo político de la soberanía moderna. En sociedades donde la cultura política privilegia la continuidad sobre la ruptura, este espacio de equilibrio se convierte en un terreno de creatividad institucional y de legitimación recíproca.

Cuándo los ejércitos son también motores económicos

La soberanía militar ya no se mide por la potencia de los arsenales ni por el tamaño de los presupuestos: hoy se evalúa en función de la capacidad de los Estados para transformar el gasto en defensa en valor productivo. En el Mediterráneo y Oriente Medio, las fuerzas armadas han dejado de ser simples consumidoras de recursos públicos, se han convertido en actores económicos, prescriptores de innovación y catalizadores de desarrollo. Aquí es donde se juega la diferencia entre potencia presupuestaria y potencia estructural: la primera depende del volumen, la segunda de la capacidad para convertir el gasto en autonomía estratégica.

Tres lógicas dominantes emergen: la gestión directa de recursos, la prescripción industrial y la integración de socios. No son excluyentes entre sí, pero se suelen entrelazar, dando lugar a formas híbridas donde la frontera entre lógica militar y lógica económica se vuelve permeable.

La gestión directa se da cuando la institución militar administra empresas civiles, controla conglomerados o supervisa directamente presupuestos. Egipto es el ejemplo más logrado: el ejército posee participaciones significativas en los sectores de infraestructuras, energía y agroalimentación, convirtiéndose en un actor económico central. Esta posición garantiza autonomía financiera, pero congela el tejido productivo y limita la competencia privada. Irán sigue un modelo similar a través de las empresas parapúblicas vinculadas a los Guardianes de la Revolución, presentes en sectores como la industria, la construcción y la energía. En ambos casos, la gestión directa proporciona una soberanía inmediata, pero genera una dependencia interna: el Estado se vuelve tributario de su propio aparato militar para sostener el crecimiento.

En contraste, la prescripción industrial marca una etapa de madurez: el ejército deja de producir directamente y pasa a orientar. Define la prioridades tecnológicas, impulsa la investigación y estructura las cadenas de suministro. Israel encarna esta configuración: sus fuerzas armadas establecen las necesidades de innovación, que llegan a universidades, laboratorios y start-ups, con importantes repercusiones civiles en ciberseguridad, drones e inteligencia artificial. Marruecos sigue una trayectoria similar, a otra escala: la Sociedad General de Zonas Industriales de Defensa traduce las necesidades militares en proyectos industriales e incorpora socios internacionales. Esta prescripción no busca militarizar la economía, sino generar un efecto de arrastre: la contratación pública se convierte en motor de innovación y herramienta de soberanía económica. Se evidencia así, en cierto sentido, una evolución del ejército hacia un rol de planificador estratégico, en que la lógica industrial se articula directamente con la política de influencia y la diplomacia económica.

El tercer modelo, el de integración de socios, se basa en una soberanía abierta: el ejército actúa como catalizador de cooperación. Supervisa compromisos de compensación industrial (offsets), negocia transferencias tecnológicas y diseña proyectos conjuntos que aseguren la coherencia de la inversión extranjera. Turquía ilustra este modelo con un ecosistema industrial denso, en el que empresas como Baykar simbolizan la autonomía tecnológica nacional. Emiratos Árabes Unidos, con una lógica similar, diversifica proveedores e integra la transferencia de competencias en sus contratos de armamento. Recientemente, Marruecos ha aplicado esta aproximación mediante acuerdos triangulares en los que la participación extranjera se transforma en palanca de adquisición de capacidades. Estas políticas no traducen una dependencia mayor, sino una gestión estratégica de la dependencia: convierten la interconexión tecnológica en recurso de poder. Revelan, en términos más amplios, una voluntad de recomponer la soberanía económica a través del control de los flujos, no de su rechazo, en línea con la lógica de interdependencia constructiva que caracteriza actualmente a la región.

Estas tres lógicas muestran distintos caminos hacia la soberanía económica. Egipto e Irán encarnan una soberanía basada en la posesión; Israel y Marruecos, una soberanía basada en el estímulo, y Turquía y Emiratos, una soberanía basada en la conexión. Cada vía conlleva fortalezas y límites: la gestión directa asegura autonomía presupuestaria, pero frena la agilidad; la prescripción favorece la innovación, aunque requiere estabilidad y previsibilidad, y la integración acelera la modernización, pero expone a vulnerabilidades globales. La soberanía ya no se mide según el porcentaje del PIB, sino como tasa de transformación del gasto militar en valor duradero. Una dinámica que, en ciertos aspectos, confiere al ejército un papel de emprendedor estratégico.

Las interdependencias, palanca estratégica de resiliencia

La soberanía en el el espacio mediterráneo y Oriente Medio ya no se expresa únicamente dentro de las fronteras: se construye según los Estados gestionan sus interdependencias exteriores. Estas interdependencias adoptan múltiples formas –alianzas industriales, transferencias tecnológicas, seguridad logística y gobernanza de adquisiciones– y los ejércitos actúan como arquitectos: orientan las alianzas, filtran riesgos y aseguran la continuidad de las cadenas de soberanía. La diversificación de socios se ha convertido en un indicador de resiliencia. Cuantos más aliados industriales y militares tenga un país, mejor se protege frente a rupturas de suministro y choques geopolíticos. Turquía encarna esta apertura controlada: exportando drones a Europa, África y Asia, al tiempo que coopera con Catar y Ucrania, ha transformado la dependencia en instrumento de influencia. EAU sigue una lógica comparable, combinando alianzas con Occidente y Asia para equilibrar sus vulnerabilidades y maximizar las transferencias tecnológicas. Marruecos, en fase ascendente, apuesta por acuerdos triangulares con Estados Unidos, Israel y Turquía para consolidar una base industrial de defensa autónoma. Por el contrario, Argelia e Irán, cuyos vínculos están concentrados en pocos socios, permanecen expuestos a dependencias estructurales.

La diversificación se convierte así en una estrategia de autonomía dinámica que permite gestionar las dependencias, no sufrirlas: consagra una soberanía de arbitraje, según la cual las decisiones económicas son actos políticos que comprometen la coherencia del Estado frente a la globalización de las dependencias.

La dependencia de componentes críticos constituye el otro factor de esta ecuación. Israel y Turquía, pese a sus cadenas industriales locales, continúan importando motores, semiconductores y ópticas de precisión. Arabia Saudí y Emiratos, en plena industrialización, siguen siendo dependientes de importaciones para sus programas aeronáuticos y electrónicos. Irán, tratando de sortear las sanciones, compensa parcialmente sus carencias, pero al precio de una dependencia inestable. De hecho, la autonomía total ya no existe: lo que diferencia a las potencias regionales es su capacidad para jerarquizar y organizar sus dependencias, dominar su temporalidad y controlar los puntos de entrada.

La gobernanza de adquisiciones completa este tríptico. Cuando es débil, las compras militares responden a una lógica transaccional; cuando está institucionalizada, se convierten en palancas de integración industrial. Marruecos, mediante la Sociedad General de Zonas Industriales de Defensa, transforma contratos en transferencias de conocimiento. Arabia Saudí sigue la misma lógica con SAMI, su holding de defensa, encargada de localizar la producción y captar los beneficios tecnológicos. Turquía, con sus fundaciones militares, ha construido un ecosistema alineado con sus objetivos de autonomía. En contraste, Egipto y Argelia, donde la gobernanza sigue siendo centralizada, tienen dificultades para transformar los contratos en valor productivo. Irán mantiene circuitos informales que limitan la capacidad de endogeneizar estas adquisiciones.

Estas tres dimensiones —diversificación, dependencia y gobernanza— conforman la matriz de la resiliencia. Turquía combina diversidad, dominio tecnológico y planificación; EAU compensa su vulnerabilidad con una política de apertura; Marruecos emerge como modelo de equilibrio, mientras Argelia e Irán reflejan soberanías condicionadas. Este panorama muestra que la soberanía externa ya no reposa en el aislamiento, sino en la calidad de las interdependencias: ser soberano consiste hoy en elegir y jerarquizar dependencias, no en negarlas.

Conclusión: los ejércitos como arquitectos de soberanía en el horizonte de 2030

El análisis de las trayectorias mediterráneas y de Oriente Medio conduce a una constatación ya evidente: las fuerzas armadas han dejado de limitarse a garantizar la seguridad nacional. Se han convertido en actores estructurantes de la soberanía industrial, institucional y diplomática. A través de sus funciones económicas, de sus alianzas exteriores y de su peso político, contribuyen a redefinir el papel del Estado en un entorno marcado por la competencia tecnológica, la fragmentación geopolítica y la dependencia interdependiente de las economías regionales. De ello se desprenden tres modelos principales que resumen esta recomposición: la autonomización ofensiva, la centralización militarizada y la soberanía flexible.

La autonomización ofensiva, ilustrada por Israel y Turquía, se basa en la innovación y la proyección internacional. Estos ejércitos transforman el gasto en defensa en motor de exportación y herramienta de influencia, combinando investigación, industria y diplomacia. Este modelo favorece una soberanía dinámica, pero sigue expuesto a la dependencia tecnológica mundial. La potencia es real, pero relativa: se desarrolla en un ecosistema que ningún actor controla plenamente.

El modelo de centralización militarizada, característico de Egipto, Argelia e Irán, se basa en el control directo de los recursos por parte de la institución militar, convertida en pilar económico y garante de la estabilidad interna. Esta forma de soberanía asegura una autonomía inmediata, pero conlleva rigidez estructural: frena la innovación privada, limita la diversificación y mantiene un desajuste entre potencia institucional y vitalidad económica. Encierra una soberanía defensiva, eficaz a corto plazo pero vulnerable a largo plazo.

Por último, la soberanía flexible, adoptada por Marruecos, Arabia Saudí y EAU, se basa en la negociación de dependencias. Estos Estados convierten las alianzas en instrumentos de transferencia tecnológica, institucionalizan la gobernanza industrial e integran a las fuerzas armadas en la esfera económica sin convertirlas en un centro de poder autónomo. Esta flexibilidad confiere a sus trayectorias una capacidad de adaptación duradera: ilustra, en cierto modo, una nueva forma de soberanía ya no basada en la independencia absoluta, sino en la gestión del movimiento.

Estos modelos no son ni fijos ni exclusivos. Coexisten, se influyen y se recomponen al ritmo de los ciclos políticos y de los choques externos. Tres escenarios se perfilan en el horizonte de 2030. Un primer escenario vería la aparición de ejércitos plenamente integrados en las políticas de desarrollo, capaces de convertir el gasto militar en palanca de innovación y cohesión regional. El segundo escenario prolongaría las dependencias actuales: presupuestos elevados, escasa rentabilidad industrial y vulnerabilidad creciente ante presiones externas. El tercer escenario, probablemente el más plausible, sería el de una fragmentación gradual, en el que algunas trayectorias consolidarían su autonomía relativa mientras otras permanecerían atrapadas en sus propias estructuras internas.

Así, el futuro de los Estados mediterráneos y de Oriente Medio dependerá menos del aumento de los presupuestos militares que de su capacidad para transformar el gasto en valor productivo e institucional. Lo que diferencia ahora a las potencias regionales no es la cantidad de recursos movilizados, sino la manera en que estos se traducen en coherencia estratégica, innovación y legitimidad política. Los ejércitos se convierten, en este sentido, en arquitectos de la soberanía: estructuran la relación entre Estado, industria y sociedad, contribuyendo a la recomposición de la potencia regional.

La soberanía del futuro no consistirá en evitar las interdependencias, sino en gobernarlas con lucidez. Es en esta aptitud para transformar la presión en recurso, para articular lo político, lo económico y lo militar en una misma coherencia nacional, donde se dibujará, en cierto modo, la verdadera autonomía de los Estados del siglo XXI. Bajo esta óptica, la lucidez podría convertirse en la nueva forma de potencia: no la que impone, sino la que comprende, conecta y orienta./