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Un problema ha surgido años después de la Marcha Verde, lanzada al Sáhara Occidental en 1975: se trata de reivindicaciones socioeconómicas, además de cuestiones políticas. Al mismo tiempo se cierne sobre la zona una nueva fuente de preocupación por la actividad de Al Qaeda. Marruecos vuelve a enrocarse una y otra vez ante el proceso de paz auspiciado por la ONU sin lograr satisfacer, por otro lado, las demandas de la población. El desalojo por fuerzas policiales marroquíes del campamento saharaui de Gdaim Izik, junto a El Aaiún, el 8 de noviembre, prueba la violencia latente en la región. La disputa Argelia-Marruecos, con su frontera cerrada, está detrás. Las dos partes enfrentadas, Marruecos y el Polisario, hablan de la responsabilidad española, francesa, de la ayuda posible de Estados Unidos. Pero se olvida el apoyo reiterado de la administración americana, véase la última ronda de conversaciones entre marroquíes y saharauis de esos días, en el estado de Nueva York.

Una de las voces, próxima a Argelia y al Polisario, ha adelantado la posibilidad de una zona de unos 10.000 km2, reconocida como saharaui: próxima al Atlántico pero sin costa. Dotada sin embargo de suficientes capas freáticas que garantizarían el desarrollo agrícola. Hay decenas de etnias en los 2.000 kilómetros de costa entre el norte de Marruecos y Mauritania. Habrá que recorrer luego 800 kilómetros hasta Senegal. Marruecos mantiene que el paso incesante de sus caravanas por esa costa fue un modo de poblar el territorio. Desde el siglo XIX, Marruecos trata de absorber el antiguo Sáhara español. Tras la guerra hispano-marroquí de 1860, España había conseguido la inclusión en el tratado de paz de un artículo que permitiría cubrir la espalda del archipiélago canario: sobre un primer despliegue en los años 1880, volvieron después de 1930 nuevas fuerzas españolas, esta vez para quedarse. Cuatro décadas más tarde, España se retiraba.

La agonía del general Franco, pacientemente esperada por Hassan II, aceleró la salida española. Así nació, en 1975, la Marcha Verde. En medio de su apertura a la democracia, España prefirió evitar un conflicto territorial, difícil de justificar ante la ONU. Quizá España errara al abandonar unilateralmente el Sáhara, quizá acertara al pactar con Marruecos su retirada. La declaración del 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte de Franco, formalizaba la salida española aunque no la dotara de legitimidad. Marruecos administra de facto casi todo el territorio útil de la antigua colonia. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) no ha sido reconocida por la ONU ni por ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Tampoco la ONU ni Estado alguno han reconocido la soberanía marroquí.

La RASD ha sido reconocida por 81 Estados; la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental cuenta con el apoyo oscilante de la Liga Árabe y de 25 Estados. Hoy el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo. Los esfuerzos de James Baker, enviado de la ONU en 1997, no llegaron a buen término. Baker logró un censo válido de la antigua colonia, que Marruecos no reconoció. Marruecos trata de conseguir que su plan de autonomía dote de legitimidad jurídica lo que el duro lenguaje de los hechos avala ya, el dominio del 80% del territorio, 200.000 km2 que incluyen toda la costa. El origen del último enfrentamiento de El Aaiún está, en parte, en el diferente trato económico recibido por los saharauis fieles y los saharauis ajenos a Marruecos, nómadas entre Tinduf y la zona sureña de Adrar Sutuf. Las antiguas consignaciones abonadas por Marruecos a los saharauis nómadas se cortaron de pronto. Muchos de esos saharauis, lejanos al Polisario, reclamaron.

El poblado levantado como protesta junto a El Aaiún negoció durante semanas con las autoridades marroquíes, hasta la ruptura el 6 de noviembre. Marruecos ha explicado que el desalojo llevado a cabo sin armas de fuego por sus fuerzas policiales se saldó con la muerte de 11 gendarmes y dos saharauis. Human Rights Watch ha denunciado las restricciones a la información. El Parlamento Europeo ha pedido en una resolución el seguimiento de la situación de los derechos humanos en el territorio. Más allá de las dudas, se requiere de las partes un impulso a las negociaciones para lograr una resolución justa al conflicto.