El reinado de Mohamed VI arrancó bajo el signo del Sáhara. Pero no sólo porque era la principal hipoteca que le legaba su padre. Convertido en “causa nacional sagrada” que había condicionado toda la política exterior de los últimos 25 años del reinado de Hassan II, así como la interior, a causa de los enormes gastos ocasionados en lo militar y en lo civil, el Sáhara, o mejor, su población, recibió el nuevo reino con unos disturbios, cuya envergadura llevó al nuevo soberano a introducir cambios en la gestión, dominantemente securitaria, del dossier. Fue el primer paso en la privación de poderes del ministro del Interior, Driss Basri, responsable de la política llevada en la zona, y que pocos meses después sería destituido de todos sus cargos.

Aquellos disturbios de fines de septiembre de 1999 motivaron que el rey encargara al ministro de Justicia, Omar Azziman –que pocos días antes había recibido al pie del avión al exiliado por excelencia, Abraham Serfaty– una misión de encuesta en el Sáhara para conocer de cerca la naturaleza de los acontecimientos y la envergadura de la represión. Poco trascendió, sin embargo, de aquella misión, que sin duda abrió la puerta a una cierta liberalización en el territorio cuestionado e inició la normalización –relativa– con el resto del territorio de las que se consideraban “provincias del sur”, reduciendo su condición de tierra de excepción, sometida a estricto control policial.

Un ejemplo: hasta entonces, los teléfonos móviles, extendidos ya por todo Marruecos, no tenían cobertura en el Sáhara. Cundió, sin embargo, en prensa y en los escritos que ciertos analistas sociales marroquíes hacían sobre los disturbios, que no eran éstos expresión de reivindicaciones identitarias o nacionalistas, sino meras revueltas sociales y estudiantiles que reclamaban mejores condiciones de vida y estudio. Esa ha sido la versión dominante de cuantas protestas se han producido en el Sáhara Occidental hasta la fecha, incluyendo uno de los momentos más tensos, mayo de 2005, conocido como la “intifada saharaui”. Versión casi exclusiva en Marruecos donde la sacralización de la integridad territorial nubla el hecho de que Marruecos es un Estado plural, con identidades diversas que requieren un cauce de expresión y reconocimiento.

Una década después de entronizado Mohamed VI, ha vuelto a cobrar actualidad internacional la cuestión saharaui con la huelga de hambre protagonizada por Aminatu Haidar tras ser expulsada arbitrariamente de Marruecos y privada de su nacionalidad marroquí (no se olvide que la activista saharaui nació en Akka, una población del Marruecos desértico en el mismo paralelo que Sidi Ifni, a más de 150 kilómetros de la frontera del Sáhara Occidental). También ahora aparece el nombre de Omar Azziman, embajador en España tras la crisis de Perejil y sus secuelas, para presidir, no una comisión de encuesta, sino una Comisión Consultiva encargada por el soberano de redefinir territorialmente Marruecos.

Encargo, sin duda, ligado a la cuestión del Sáhara pues, como ha señalado su presidente en una entrevista a El Periódico de Catalunya, “Marruecos no puede permanecer con los brazos cruzados mientras se llega a un acuerdo con el Polisario”. El cometido principal de la Comisión consistirá en debatir y proponer un modelo de regionalización para todo el país que permita también dar los primeros pasos en la concreción de lo que podrá ser la autonomía del Sáhara.

Autonomía como tercera vía

La cuestión de la autonomía ha dominado en la cuestión sahariana a lo largo de todo el reinado de Mohamed VI. Ya lo hacía desde unos años atrás en que estuvo en el centro de las conversaciones mantenidas entre el Polisario y Marruecos como en septiembre de 1996, en un encuentro sin resultados entre una delegación saharaui integrada por Bachir Mustafa Sayed, Brahim Ghali y M’hamed Khadad y otra marroquí presidida por el príncipe heredero –hoy rey– y de la que formaba parte el ministro del Interior de la época, Driss Basri. Marruecos, así lo confirmaba el príncipe Mohamed a sus interlocutores que acababan de proponerle “la independencia en la interdependencia”, se encontraba “en una fase de regionalización.

No se sabe a dónde llegará esta regionalización”. Al requerimiento de Bachir Mustafa Sayed sobre el contenido que Marruecos daba a los conceptos de región y autonomía, el príncipe heredero precisó que no se habían fijado aún los criterios, pero que a las palabras “región” y “autonomía” se les podía llenar de contenido. La delegación saharaui dejó claro que “sonaba mejor al oído” la segunda que la primera, pero la parte marroquí no se esforzó en llenar de contenido ninguna de ambas ofertas. Se optó, sin embargo, por la regionalización, concretada en la ley de 1997, que, como se sabe, no llegó a ninguna parte, fuera de dividir al país en 16 regiones administrativas sin prerrogativas de autogobierno.

El Sáhara, por su parte, quedó roto en tres regiones, dos de las cuales imbricadas con provincias ajenas al territorio sometido a conflicto. Era una señal inequívoca de que la regionalización estaba bien lejos del reconocimiento de las identidades étnicas o políticas. La solución del problema, aunque lejana, entró en la vía de las negociaciones y del diálogo entre las partes. En 1997 James Baker ya había sido encargado por el secretario general de las Naciones Unidas de acercar a Marruecos y al Frente Polisario.

Pero mientras el referéndum se percibía como la única salida para este último, Marruecos recelaba de jugárselo todo a una carta. La muerte de Hassan II y la sustitución de Driss Basri al frente del dossier sahariano darán paso a lo que el nuevo monarca denominará la “tercera vía”: una solución negociada. Insta a ello el secretario general de la ONU quien en su informe de octubre de 2000 marca el único camino hacia una solución política: la “restitución” por Marruecos de alguna “autoridad gubernamental” para los habitantes del Sáhara. Se precisa bien: habitantes y ex habitantes del territorio.

Lo que quiere decir que se piensa tener en cuenta –de una u otra forma– no sólo a los saharauis oriundos, sino a los habitantes de la región en cuestión, que Marruecos había ido inyectando por decenas de millares con el pretexto de que fueran identificados para el referéndum. Se sientan así las bases de lo que va a ser el “Acuerdo Marco sobre el estatuto del Sáhara Occidental” presentado en la primavera de 2001 por Baker y que propone por primera vez la creación de un gobierno autónomo para el territorio al que Marruecos hiciera transferencias de ciertos poderes. Marruecos, tal vez sin entrever lo que la propuesta encerraba, aceptará en principio, mientras el Frente Polisario y Argelia se opondrán rotundamente.

En ese punto el rey de Marruecos pecará de optimismo declarando el 4 de septiembre de 2001 a Charles Lambroschini, de Le Figaro, que “he arreglado la cuestión del Sáhara”, haciendo una interpretación de la resolución 1359 a favor de las tesis marroquíes que el líder saharaui Mohamed Abdelaziz consideró tendenciosa. Ante el fracaso del Acuerdo Marco, a principios de 2003, James Baker hará su nueva propuesta de “Plan de paz para la libre determinación de los habitantes del Sáhara Occidental”, matizando y ampliando las competencias que el gobierno autónomo ejercería. En ambos proyectos, tras un periodo provisional de ejercicio del gobierno local por una Autoridad del Sáhara Occidental elegida, se procedería a un referéndum sobre el estatuto definitivo en el que votarían todos los habitantes, saharauis o no, del territorio.

En esta ocasión, Marruecos fue el que dio su negativa al Plan, temeroso del impacto que una propaganda libre de los independentistas durante el periodo provisional daría al traste con el futuro de la soberanía marroquí. Baker se sintió decepcionado por el fracaso de sus esfuerzos y abandonaría el encargo. Sucedió un periodo de estancamiento, roto por nuevos movimientos de protesta protagonizados por estudiantes saharauis en diversas universidades marroquíes, seguidos por lo que el Polisario denominó la citada “intifada saharaui”, en mayo de 2005. Aunque esta vez las reivindicaciones y protestas, así como su represión sistemática, llegaron a la opinión pública gracias a una mayor transparencia en los medios de comunicación y a la difusión a través de Internet de imágenes y vídeos, una vez más se trató de negar por parte oficial la naturaleza política de este movimiento.

La futilidad del CORCAS

Ante el impasse manifiesto de las negociaciones, Marruecos tratará de mover ficha resucitando en marzo de 2006 una institución consultiva creada más de 20 años atrás por Hassan II y reactivada, sin éxito, por Mohamed VI a su llegada al trono: el CORCAS. Al frente de esta Comisión de Asuntos Saharauis se coloca al controvertido Jalihenna Uld Rachid, con un pasado ligado a las últimas maniobras coloniales de España y más tarde a Hassan II, que lo convirtió en el saharaui de servicio por excelencia. Pero lo más importante de este nombramiento es que revelaba hasta qué punto en 30 años de conflicto no se había logrado desarrollar una élite saharaui con personalidad propia, capaz de moldear y reformular con argumentos propios el proyecto marroquí.

Los miembros del CORCAS fueron designados por Palacio perdiendo la oportunidad de instalar un organismo representativo que hiciera creíble el siguiente paso que Marruecos iba a dar en abril de 2007: la presentación en la ONU de la Iniciativa marroquí de un estatuto de autonomía para el Sáhara Occidental. Al fin se concreta el contenido de lo que el término “autonomía” podría significar para Marruecos tras más de una década de uso vacío. La iniciativa se presenta no como un documento cerrado, para tomar o dejar, sino como una propuesta para la negociación de un estatuto de autonomía consensuado entre las partes que pudiera posteriormente ser sometido a referéndum a las poblaciones concernidas.

Pero ofrecía más de lo que el propio sistema constitucional marroquí permitía, lo que brindará la oportunidad al Polisario para deslegitimarlo al no considerarlo creíble. Aún así servirá de base, junto con la proposición que presentará por aquellos días el Polisario al secretario general de la ONU, para una serie de conversaciones, iniciadas en Manhasset (EE UU) en junio de ese año, tendentes a acercar posiciones y en las que se empeñó con cierta fe inicial el nuevo representante del secretario general de la ONU para el Sáhara, Peter van Walsum. Pero tras varias rondas de negociaciones infructuosas, el representante dejó constancia en su informe al secretario general de la inutilidad de las mismas, a consecuencia del encastillamiento de las partes en sus posiciones de partida.

En una entrevista publicada en el diario holandés NRC Handelsblad tras su controvertido informe a Ban Ki–moon, en el que consideraba sin salida al conflicto, propugnaba encontrar una vía “realista” para su solución, y expresaba su negativa a ser cómplice de unas negociaciones en las que nunca pasaba nada, considerando inmoral aceptar que nuevas generaciones de niños tuvieran que crecer en los campamentos de Tinduf por la incapacidad de los dirigentes de ambos lados de encontrar una solución.

Su sugerencia “realista” de explotar el marco que brindaba la iniciativa marroquí para ensanchar las competencias del autogobierno fue entendida por el Frente Polisario como una propuesta de claudicación, por lo que pidió y obtuvo su dimisión, entrando una vez más el conflicto en una vía muerta. Coincidió esto con el fin del mandato del presidente George W. Bush y con un largo compás de espera en no pocos asuntos internacionales. Al fin, en enero de 2009, fue designado un nuevo representante, Christopher Ross quien ha tardado un año en conseguir que las partes se encuentren informalmente en Armonk (EE UU), en febrero de 2010, para preparar una quinta ronda de negociaciones. Encuentro que, una vez más, concluyó sin resultados.

La Comisión para la regionalización avanzada

En la escena marroquí hubo en cambio algunos signos de una actitud diferente en la gestión del dossier sahariano. El nuevo Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) formado por Fuad Alí El Himma, figura central en las conversaciones de Manhasset muy próxima al rey Mohamed VI, designó como secretario general en su congreso de marzo a un saharaui, Mohamed Biadillah, ligado tres décadas atrás al Polisario, pero convertido más tarde en gobernador de Salé y ministro de Sanidad. Era la primera vez que un saharaui alcanzaba un puesto de resonancia nacional, lo que podía ser percibido como un mensaje hacia el exterior de integración de las “provincias saharianas” en el conjunto del país.

Tras las elecciones municipales de junio y las indirectas para la segunda cámara, el éxito del PAM llevó a Biadillah a presidir la Cámara de los Consejeros en octubre de 2009. Pero no fue precisamente esta estratagema la que dio al nuevo partido liderazgo en las municipalidades del Sáhara. Fueron los notables saharauis ligados a las familias tradicionales enriquecidas tras la Marcha Verde, los Uld Rachid, Yumani y Dirham los que, instalados en partidos históricos, y apoyados en la explotación de los lazos tribales, relegaron a un papel secundario al PAM en el Sáhara.

El caso Aminatu Haidar va a cerrar el ciclo de esa primera década del reinado de Mohamed VI marcado por el signo del Sáhara. El nerviosismo en la gestión del tema sahariano manifestado a lo largo de todo 2009, por la intensificación de la rivalidad con Argelia y el estancamiento de las negociaciones marcó el discurso dedicado a la cuestión sahariana en el 34 aniversario de la Marcha Verde: el monarca anunció una “nueva dinámica” que implicaría la reestructuración del CORCAS y de las competencias de la Agencia del desarrollo del Sur, pero sobre todo, “el redoblamiento de vigilancia y movilización para frenar, con la fuerza de la ley, todo atentado a la soberanía de la nación”. Con ataques reiterativos a los “adversarios de la integridad territorial” y poniendo directamente a Argelia ante sus responsabilidades con los saharauis de Tinduf, abrió la veda para el exceso de celo en la interpretación de sus palabras con que se inició el caso Haidar.

Al negarse a reconocer su marroquinidad en tanto que saharaui a su llegada al aeropuerto de El Aaiún, como un desafío a las palabras del rey en su discurso (“no se puede gozar de los derechos de ciudadanía y renegar de ellos en complot con los enemigos de la patria”), Aminatu Haidar fue privada de su nacionalidad y expulsada. El tenso pulso terminó como se sabe. Está por ver si la dimisión del ministro del Interior y el anuncio de la creación de la Comisión Consultiva de la Regionalización (CCR), a cuyo frente se ha instalado a Azziman, a escasos días del retorno de la activista a El Aaiún, guardan relación con una corrección de la “nueva dinámica”. La CCR fue propuesta ya en el discurso real del 6 de noviembre de 2008, con las mismas bases sobre las que ahora se instituye, pero ha tardado más de un año en convertirse en realidad.

Queda la esperanza de que las lecciones del caso Aminatu, que tanto desgaste de la imagen de Marruecos ha producido en el exterior, permitan que la comisión, pese al poco tiempo (seis meses) otorgado para llevar a cabo su tarea, pueda efectuar el examen sobre la identidad múltiple de Marruecos y proponer el esbozo de la redefinición administrativa, política e identitaria de que este país está tan necesitado desde hace tiempo.