«En Turquía hay un clima de desconfianza en la justicia»

El 19 de marzo Turquía dio un vuelco con la detención del principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan: Ekrem Imamoglu. Alcalde de Estambul desde 2019 y miembro del principal partido opositor, el socialdemócrata CHP, Imamoglu encabeza algunas encuestas como favorito en la carrera por la presidencia. Su detención despertó acusaciones contra el gobierno, por interferir en la judicatura para reprimir a la oposición y perpetuarse en el poder.

El encarcelamiento de Imamoglu desató las mayores protestas contra el gobierno de la última década, con movilizaciones en todo el país, seguidas de llamadas al boicot contra empresas afiliadas al gobierno. Fueron las mayores manifestaciones desde las de Gezi en 2013, cuando la represión policial contra ecologistas que intentaban proteger el último espacio verde del centro de Estambul, desató grandes movilizaciones contra el creciente autoritarismo del entonces primer ministro, Erdogan.

Las fuerzas de seguridad han respondido a las protestas por Imamoglu de una forma similar, intentando reprimirlas con una gran violencia, con el lanzamiento de gases lacrimógenos y cañones de agua en varias ciudades del país. Las gobernaciones donde se encuentran las principales urbes –en manos del partido del gobierno, el islamista AKP– no dudaron en cerrar el transporte público y decenas de calles para impedir las concentraciones. Más de mil personas han sido detenidas en las protestas o en redadas policiales en sus hogares, por participar en las movilizaciones o apoyarlas desde sus redes sociales. Numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado el creciente autoritarismo del gobierno y la represión de la libertad de manifestación y expresión en el país.

No obstante, algunos analistas apuntan que con la detención de un líder tan carismático como Imamoglu, potencial rival político de Erdogan, se ha cruzado un umbral. Mientras el CHP exige elecciones anticipadas y que Imamoglu sea liberado para que pueda presentarse, el gobierno se niega a adelantar el proceso. Sin embargo, el país atraviesa un momento convulso con el proceso de desarme de la guerrilla PKK, que pondría fin a 40 años de conflicto. Estas negociaciones van de la mano de un posible cambio constitucional, que podría abrir la puerta a una extensión del mandato del presidente Erdogan, en el poder desde 2002.

Las llamadas al boicot contra empresas afiliadas al gobierno siguen, mientras el partido opositor CHP sigue movilizando a miles de ciudadanos en una especie de tour de protestas por todo el país. Durante las movilizaciones, la abogada Duygu Aslan (1993), miembro de la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD) ha pasado semanas entre cuarteles de policía y juzgados en la ciudad de Esmirna, defendiendo a muchos de estos detenidos.

ÇHD ha sido una de las asociaciones de abogados más activas en las recientes protestas. ¿Puede contarnos un poco qué es ÇHD?

La Asociación de Abogados Progresistas fue fundada en 1974. Es una organización de masas democrática que se ha enfrentado a amenazas de cierre durante su historia, según soplaba el clima político de Turquía. Algunos de sus miembros han sido asesinados, otros encarcelados, otros siguen entre rejas, pero siempre ha estado activa. ÇHD es una organización de abogados progresistas que apoya a los oprimidos y a los trabajadores en su lucha por la justicia y la libertad. Concede mucha importancia a la solidaridad internacional. Ofrecemos protección judicial en casos judiciales contra activistas, migrantes, políticos o causas relacionadas con la situación política o con minorías.

Por todos estos motivos, era inevitable que ÇHD estuviera junto a los ciudadanos en las calles, en los hospitales, en las comisarías, en los juzgados y en las cárceles durante unas movilizaciones como las que hemos visto recientemente. Como abogada y miembro del Colegio de Abogados de Izmir y de ÇHD, he estado trabajando todo este tiempo. Claro que no éramos los únicos, también había otras asociaciones de abogados. Intentamos ayudarnos unos a otros en estos momentos.

¿Cómo vivió este proceso? ¿Qué tipo de situaciones se encontró?

Empezando por las calles, enviamos a varios observadores para certificar que no se estaban produciendo irregularidades. Hemos observado constantes actos de violencia policial, intensa y totalmente desproporcionada. Casos de tortura y malos tratos durante el proceso de detención, así como golpes y uso desproporcionado de la autoridad, con gases lacrimógenos y cañones de agua. También se ha privado a los detenidos de ver a sus abogados durante horas. Hay casos de detenciones sin una acusación concreta. Casos de malos tratos en prisión.

Por otro lado, la Constitución protege el derecho de la ciudadanía a manifestarse. Sin embargo, las gobernaciones de muchas provincias, como Estambul, Ankara o Esmirna privaron a los ciudadanos del derecho a manifestarse, prohibiendo cualquier tipo de acto o reunión en la calle durante días, en un intento de impedir las concentraciones.

Hubo estudiantes detenidos, miembros de partidos, sindicatos, por participar en las protestas, pero también por apoyarlas desde sus redes sociales. Algunos fueron detenidos en las calles, otros en redadas policiales. Las acusaciones iban desde violar la prohibición de protestas a insultos al presidente ¿Está clara la línea roja que imponen las autoridades a la ciudadanía? ¿Qué constituye un delito exactamente?

La detención de Imamoglu fue percibida por la ciudadanía como una operación política, por eso las masas salieron a las calles a ejercer su derecho garantizado por la Constitución de manifestarse. Era un cúmulo de gente de diferentes ideologías y edades. Había desde activistas de izquierda a jóvenes de ultraderecha, familias enteras que votan al partido socialdemócrata, estudiantes universitarios, sindicatos laborales… Se enfrentaron a una constante violencia física y detenciones indiscriminadas. La policía lanzaba operaciones a primera hora de la mañana y los iban a buscar a sus casas por participar en marchas pacíficas o compartir publicaciones del tema en redes sociales. Los ciudadanos han organizado boicots económicos por todo el país. Incluso han detenido a actores y artistas por apoyarlo. No hay límites, ni ninguna categoría ni situación que determine cuáles son estas líneas rojas, es totalmente aleatorio, por eso provoca más incertidumbre y presión sobre la población.

¿Considera que la detención de Imamoglu supone un antes y un después en la interferencia del gobierno en el poder judicial? ¿O cree que es un proceso que ya viene desarrollándose desde hace tiempo?

Francamente, creo que la interferencia del gobierno en el poder judicial viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no es la primera vez que nos encontramos con operaciones políticas. Si hoy se celebraran elecciones presidenciales, tres candidatos que probablemente se enfrentarían al presidente en ejercicio estarían en prisión. Y dos de ellos [el prokurdo izquierdista Selahattin Demirtas y el ultranacionalista Ümit Özdag] ya estaban en prisión antes de la detención de Ekrem Imamoglu. Hay también numerosos ejemplos de abogados, periodistas, activistas de derechos humanos, miembros del Parlamento, representantes de partidos políticos y muchos más que fueron arrestados a pesar de que no se cumplían unas condiciones que evidenciaran la necesidad de encarcelarlos. Fueron condenados en casos en los que era imposible castigarlos y había múltiples indicios que apuntaban que la acusación tenía una motivación política.

Además, en los últimos años se han intervenido decenas de alcaldías de la oposición [principalmente del tercer partido parlamentario, el prokurdo izquierdista DEM] y sus alcaldes fueron arrestados. Fideicomisarios cercanos al gobierno fueron asignados para dirigir estos municipios, algunos de millones de habitantes. No es un punto de ruptura, estas intervenciones en el poder judicial se han utilizado durante mucho tiempo. Lo hacen porque pueden, usan la ley como arma para dominar a la sociedad, configurar la política y disciplinar a la oposición.

Aunque entiendo que desde fuera parezca que se ha cruzado un umbral. Mucha gente lo cree porque han detenido al candidato del principal partido de la oposición. Esto ocurre en un momento en el que la gente, especialmente los más jóvenes, es cada vez más pobre debido a la crisis económica que atraviesa el país. No tiene perspectivas de futuro, ni nada que perder. Por eso ha alzado tanto la voz.

Estas interferencias en la judicatura, ¿las nota en su trabajo?

Mucho. La intervención en el poder judicial crea un clima de desconfianza en la justicia entre la población. Una de las consecuencias de esta intervención es que se afiance un clima generalizado de impunidad. Esto provoca problemas sociales, en los que los que tienen poder explotan a otros, obviando sus obligaciones legales porque saben que como tienen poder, no serán castigados. El ejemplo más sencillo es el incendio de un hotel de lujo en el que murieron 78 personas [ocurrido en la provincia de Bolu en enero de 2025]. Los propietarios ni siquiera inspeccionaron los extintores, ni hicieron caso a los múltiples informes de negligencias que alertaban sobre la posibilidad de que un incendio afectara todo el edificio, porque saben que si pasaba algo no iban a ser castigados por ello.

Turquía tiene un grave problema de seguridad laboral. Los accidentes laborales son constantes y nadie asume ninguna responsabilidad. El caso más grave de nuestra historia reciente es el desastre de la mina de Soma [ocurrido en 2014, con 301 trabajadores muertos]. A día de hoy, ninguno de los responsables está en prisión, pero los abogados de las familias de los trabajadores muertos, Selçuk Kozağaçlı y Can Atalay [actual diputado con el partido de izquierda TIP], sí que están en prisión. Esto demuestra por qué en Turquía hay un clima de desconfianza en la justicia y a dónde nos han llevado las políticas de impunidad.

[En abril un tribunal decretó la liberación de Selçuk Kozağaçlı tras pasar ochos años en prisión. Un día después de su liberación, la fiscalía solicitó su arresto e ingresó de nuevo en prisión preventiva].

Desde hace tiempo observamos una forma de actuar de las autoridades en los expedientes y en los juicios. Mientras estamos defendiendo a nuestros clientes, nos damos cuenta de que las decisiones judiciales ya están tomadas. En muchas ocasiones en los documentos de la acusación ni siquiera hay alegaciones claras contra esa persona, o no tienen ningún sentido, forzándonos a defender cosas que son de base absurdas. Las personas son retenidas en prisión durante meses a la espera de juicio. A veces son encarceladas durante años sobre la base de testimonios secretos de dudosa procedencia. A pesar de no tener ninguna prueba en sus investigaciones, a veces se detiene a personas sin ni siquiera una acusación preparada en su contra.

Instituciones de renombre como la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV) o la Organización de Derechos Humanos (IHD) han publicado numerosos informes sobre la tortura y los malos tratos con los detenidos. En estos se detallan acusaciones de registros obligando a los detenidos a desnudarse, privación de acceso a abogados para los detenidos, prolongación sin un motivo aparente de la detención. ¿Ha presenciado casos así?

Nos encontramos constantemente con intentos de normalizar la tortura y los malos tratos contra los que luchamos desde hace años. En las protestas tras la detención de Imamoglu incluso tuvimos que explicar a las fuerzas de seguridad que estar esposado con las manos atadas a la espalda constituye maltrato, incluso se considera tortura. Los golpes en la calle, el registro policial con los detenidos desnudos, etcétera, son constantes. Un detenido tiene que pasar por un examen médico en un hospital antes de ser llevado a comisaría. Pero en esta ocasión había tantísimos detenidos, que ordenaron a los médicos en Esmirna para que fueran a comisaría a examinar allí a los detenidos. Eso es una coacción y es ilegal.

Se trata de una práctica prohibida que es contraria tanto a nuestro derecho interno como al Protocolo de Estambul, del que somos parte como país. La Cámara de Médicos hizo un comunicado señalando que esta instrucción es contraria a la ley y por tanto debían rechazarla. Nuestros amigos abogados que estaban observando las protestas para detectar irregularidades también fueron golpeados.

La intervención del gobierno también se refleja en los colegios de abogados, con ejemplos como la destitución del presidente del Colegio de Abogados de Estambul, İbrahim Özden Kaboğlu, por unos comentarios sobre la muerte de dos periodistas en un bombardeo turco en Siria. ¿Cree que el gobierno intenta interferir o politizar estas instituciones?

No creo que se intente politizar estas instituciones per se, porque estas organizaciones ya son instituciones políticas. Además de ser una organización profesional y de protección de la ciudadanía, los colegios de abogados son también una garantía para el establecimiento del derecho en el país o región donde están ubicados. Por ello, deben posicionarse a favor de los principios jurídicos universales en todos los ámbitos relativos a los derechos y libertades fundamentales y, si es necesario, luchar, porque estas cuestiones son también políticas. La destitución de su presidente no es el único tipo de presión que enfrenta. Constantemente son intervenidas o acosadas porque son instituciones políticas. Intentaron dividir el Colegio de Abogados de Estambul, intentaron crear otro afiliado al gobierno y se han abierto continuas investigaciones contra numerosos colegios de abogados, como el de Esmirna, Ankara o Diyarbakir. Estas intervenciones solo refuerzan este clima de tensión.

En los últimos meses han aumentado las detenciones de activistas y estudiantes mediante allanamientos domiciliarios y, en ocasiones, incluso operaciones en las que participa la policía antiterrorista, allanando el domicilio del sospechoso a primera hora de la mañana. ¿Cree que se trata de una situación nueva o es una práctica común? ¿Por qué cree que se opta por allanar los domicilios en lugar de enviar una orden para que la gente acuda a comisaría?

Los allanamientos en los domicilios particulares son, en realidad, una práctica que hemos venido observando desde hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que el perfil de ciudadanos expuestos a esta práctica se ha diversificado. Lamentablemente, estas redadas se producen aunque no haya sospecha de que la persona investigada vaya a huir. Es simplemente un método para intimidar y dar miedo a la población. A veces incluso si la persona investigada no está en casa, se llevan a quien esté. En las protestas tras la detención de Imamoglu hemos visto casos de madres detenidas cuando la policía buscaba a uno de sus hijos.

En este contexto, cree que las autoridades actúan al margen de la legalidad o se trata de un uso incorrecto del sistema de leyes actual?

No creo que se esté abusando del sistema legal actual. Antes sí que ocurría, se tergiversaban las leyes existentes, en un clima de abuso generalizado del sistema jurídico. Pero hoy actúan como si no existiera la ley. Porque, ahora esto se puede hacer sin necesidad de ocultarlo, nadie rinde cuentas ni asume responsabilidades. Solo hay que ver las cifras de las detenciones tras las protestas para sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, según datos del propio ministerio del Interior, entre el 19 y el 26 de marzo, un total de 1.418 personas fueron detenidas. Varios de estos detenidos eran menores de edad o jóvenes que participaban por primera vez en su vida en una protesta. De éstos, más de 200 ingresaron en prisión preventiva. Durante las vistas del juicio, las acusaciones eran surrealistas, en algunos casos incluso se aportaron imágenes tergiversadas para acusarlos de cosas que no habían hecho. /