En 2006, la violencia contra las mujeres cobró un nuevo significado gracias al movimiento Me Too, que convirtió las violencias sexuales en una verdadera cuestión social y adquirió un gran impacto internacional. Años antes, en 1993, la ONU había lanzado la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que sentó un precedente en la lucha legal contra estas violencias e inspiró a muchos países a la hora de adoptar marcos legales y definidos para combatirlas. La Convención de Estambul, firmada por numerosos países en 2020, ha encontrado últimamente una clara oposición, e incluso una voluntad de retroceder en los compromisos adoptados, fruto de los regímenes conservadores y totalitarios de países como Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Hungría o Turquía. En los países del Magreb, aunque se han hecho esfuerzos para establecer marcos legales que atajen las violencias contra las mujeres, aún queda mucho por hacer para que las leyes se cumplan de forma efectiva, pues muchas mujeres siguen sufriendo estas violencias de familiares y extraños. En este sentido, la movilización de la sociedad civil es esencial, y debe implicar un trabajo de prevención, sensibilización y presión a la policía y los jueces.
Tanto en el ámbito internacional como en el Mediterráneo, las mujeres sufren violencias vinculadas a los conflictos, el auge de la pobreza o el tráfico de personas. A partir de los quince años, una de cada tres mujeres sufre violencia física y/o sexual, una de cada cinco se ve acosada o amenazada, y una de cada dos conoce alguna forma de acoso sexual; casi todas, pues, han sufrido acoso sexista. En 2006, Tarana Burke, una trabajadora social originaria de Harlem, lanza la fórmula Me Too en apoyo a las víctimas de agresiones sexuales en los barrios desfavorecidos. Su movimiento adquiere un alcance internacional, sobre todo en las redes sociales, con motivo del caso Harvey Weinstein, productor de cine estadounidense acusado de agresión sexual por casi ochenta mujeres. Dos años después, la actriz Adèle Haenel relanza el #MeToo para acusar al director de su primera película, Chris Ruggia, de «tocamientos» y de «acoso sexual» cuando ella tenía entre doce y quince años. #MeToo ha hecho de la violencia sexual una verdadera cuestión social, ha tenido un gran impacto en la denuncia de todas las formas de violencia sobre las mujeres (sexual, conyugal, física y moral), y ha reforzado la solidaridad. Sobre todo, ha dado visibilidad a la violencia sexual.
Si bien la movilización de la sociedad frente al sexismo y la violencia que este desencadena ha aumentado, el sexismo sigue cobrándose víctimas, y las mujeres que se salvan son, realmente, una pequeña minoría.
Dichas violencias constituyen una de las violaciones de los derechos humanos más extendida en el mundo, y la manifestación más aguda de la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Sin embargo, durante unos dos mil años, esas mismas violencias nunca se consideraron un problema social, sino un asunto relegado al espacio privado.
Desde 1993, gracias a las movilizaciones de las mujeres en todo el mundo, la Asamblea general de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que define como «todos aquellos actos de violencia dirigidos contra el sexo femenino, que causan o pueden causar un perjuicio a las mujeres, así como sufrimiento físicos, sexuales o psicológicos, incluida la amenaza de tales actos, la opresión o la privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada». Esas violencias pueden adquirir formas muy diversas: violencias domésticas, acoso o agresiones sexuales, ciberacoso, matrimonio precoz y forzado, mutilación genital femenina o tráfico de seres humanos. Sin embargo, tanto las instituciones como la sociedad civil tardaron mucho tiempo en considerar esta declaración tan valiente.
El Consejo de Europa también se unió a esta corriente y propuso a sus estados miembros firmar la Convención sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, adoptado por el Comité de ministros el 7 de abril de 2011 en Estambul. La ratificación se abrió el 11 de mayo de 2011 y entró en vigor el 1 de agosto de 2014, con la ratificación de los diez primeros estados. En octubre de 2020, todos los estados miembros del Consejo de Europa, al igual que la Unión Europea, firmaron esta convención, con excepción de Azerbaiyán y la Federación Rusa, y 34 estados miembros del Consejo de Europa la ratificaron. Cabe señalar que esta convención, que fuerza a tomar medidas y resulta pionera en el ámbito internacional, tiene una vocación universal.
El proceso de ratificación de la Convención de Estambul sigue vigente, pero, en cambio, su puesta en marcha se ha suspendido y se enfrenta a una fuerte oposición e incluso a una voluntad de retirada en países cada vez más numerosos como Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Rumanía, Hungría y Turquía. Puede constatarse que, en esos países, gobiernan una serie de regímenes conservadores aliados de las fuerzas religiones más tradicionales, que mezclan a su conveniencia la realidad jurídica de las disposiciones de la Convención de Estambul con su voluntad de poner freno a la emancipación de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres y la libre orientación sexual de los ciudadanos. Estos estados miembro crean un clima de suspicacia y rechazo a la convención en el seno de la sociedad civil, la cual, sin embargo, es una pieza clave a la hora de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Algunos estados están bloqueando el proceso de ratificación de la Unión Europea a la Convención de Estambul.
La Convención de Estambul señala la importancia de adoptar una perspectiva global de componentes diversos como son la prevención, la protección, el seguimiento o las políticas integradas para garantizar la eliminación de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Dicha Convención exige a los estados que aporten una respuesta global para luchar contra todas esas violencias. Existen diferencias importantes en la respuesta legislativa que han aportado los estados europeos. En Europa, España tomó la iniciativa de votar, en 2004, una ley marco que tenía en cuenta todos los aspectos de las dificultades sufridas por las mujeres (Ley Integral 2004), y, de los 3.500 juzgados del país, se destinaron 107 exclusivamente a la violencia de género.
Esta ley permitió un descenso de los feminicidios de más del 24%. Además, la ley marco está en permanente evolución; en 2015, España transcribió la Convención de Estambul en su código de derecho, primer tratado internacional que obliga a tomar medidas contra la violencia de género. En 2017, un pacto de Estado viene a reforzar esas medidas, garantizando un fondo de mil millones de euros en cinco años para implantarlas, suma que reivindican, a día de hoy, las asociaciones feministas españolas. En cuanto a las órdenes de protección y alejamiento de los agresores, en 2020 se cursaron más de 25.000 en España, frente a las 3.000 de Francia. En diciembre de ese mismo año, Francia se inspiró en España para poner en marcha un sistema de vigilancia electrónica, y se distribuyeron varios centenares de pulseras anti acercamiento en 2021, mientras que, al sur de los Pirineos, esa cifra se multiplicaba por cien.
En los países magrebíes, se han votado leyes de protección en los últimos cinco años, pero ninguna de ellas ha conseguido aportar respuestas globales a las víctimas. En Túnez, el Parlamento adoptó, en 2007, una ley sobre la eliminación de la violencia de género que fue muy aplaudida, pues es única en su condición en el mundo árabe, y figura entre las únicas diecinueve leyes mundiales sobre violencia de género. Esta ley prevé medidas muy importantes, entre las que destaca, por ejemplo, la obligación del Estado (artículo 6) de tomar todas las medidas necesarias para luchar contra los actos y las actitudes discriminatorios contra las mujeres, ofrecer asistencia jurídica, social, médica y psicológica a las víctimas, crear espacios autónomos en los juzgados reservados a los delitos y crímenes violentos, etc. La ley define las medidas que deben tomarse para proteger a las mujeres víctimas de violencia: asistencia en caso de daño físico, psicológico, moral o sexual, acogida de la víctima de violencia y sus hijos, etc. No obstante, en el día a día, las mujeres siguen topándose con grandes dificultades para obtener justicia y mantener, al mismo tiempo, su seguridad personal.
En Marruecos, las cifras proporcionadas el 25 de noviembre de 2021 por la red Iddf-Injad contra la violencia de género y la Federación de Ligas de los Derechos de las Mujeres son alarmantes. Las activistas feministas lamentan la «ineficacia» de la ley 103-13 en la lucha contra la violencia de género. El texto legal existe, pero no consigue cambiar la triste experiencia de las mujeres que sufren violencia. Miles de mujeres sufren diversas formas de violencia a diario, perpetradas por hombres cercanos o extraños. Así, el informe del período de enero de 2019 a junio de 2021 da cuenta de 41.435 casos declarados, de los cuales 19.550 son de violencia física, 10.505 de violencia económica y social, 6.354 de violencia psíquica, 2.814 casos de violencia sexual y 2.202 casos de violencia legislativa. Más allá de la violencia física y sus repercusiones en el bienestar y la seguridad de las mujeres, el informe pone el foco en la violencia económica, otra vía más de someter y presionar a las mujeres: «En efecto, 10.505 mujeres la sufren. Privadas de todo ingreso financiero, estas tienen muchas dificultades para alimentarse y alimentar a sus hijos. No tienen acceso a la educación, la escuela o la sanidad. A veces, también se ven privadas de sus salarios, su parte del dinero tras un divorcio, sus herencias o sus derechos sobre tierras colectivas», afirma la presidenta de la federación. Se trata, pues, de una forma de violencia que las expone a la pobreza y la vulnerabilidad.
La movilización de la sociedad civil es esencial para que esta violencia decrezca a través de la prevención, la sensibilización y la presión a la policía y los jueces. Numerosas iniciativas han surgido en este sentido, como la campaña de veinte actrices argelinas contra la violencia de género, que apela al respeto de los hombres por aquellas a quienes deben la vida, sin enseñarles a soportarlo todo para que las tachen de recatadas y buenas.1 La resistencia de las mujeres a los golpes, los insultos y el acoso es muy fuerte. Con el apoyo de las asociaciones europeas de mujeres y la Fundación de Mujeres del Euromediterráneo, las mujeres exigen que los estados pongan en marcha todas las medidas de protección enunciadas en las convenciones internacionales, presionan a los países que ultrajan los derechos de las mujeres e idean acciones generadoras de fondos y microempresas para dar a las mujeres víctimas de abusos una asignación económica. En esta misma línea, la Fundación de Mujeres del Euromediterráneo sugiere unas recomendaciones que, aunque no son nuevas, sí resultan esenciales para que la violencia, por fin, retroceda en el espacio mediterráneo:
• Poner en marcha acciones de sensibilización y lucha contra los prejuicios sexistas, los estereotipos y los discursos tóxicos, incluidas las redes sociales, donde los abusos se multiplican;
• Formar a policías, militares, trabajadores sociales, abogados y jueces para que las denuncias se presenten correctamente y cursen las vías necesarias, y los agresores sean condenados, no liberados;
• Ofrecer números de teléfono gratuitos que funcionen las veinticuatro horas a cargo de responsables del mundo asociativo, distribuir teléfonos de llamadas urgentes y pulseras electrónicas;
• Crear centros de acogida en cantidad suficiente para albergar a mujeres en peligro;
• Sostener económicamente a las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres para que respondan mejor a las demandas y necesidades de las mujeres en peligro. Sabemos con certeza que estas medidas permitirán el retroceso de la brecha que existe entre las intenciones que los gobiernos plasman por escrito y la realidad cotidiana que viven las mujeres.