La crisis mundial provocada por la pandemia del Covid-19 ha afectado mucho más a las mujeres y ha acrecentado, así, la brecha de género ya existente. En el caso de Túnez, como en muchos otros países, las mujeres son quienes sufren las mayores consecuencias de la precariedad laboral, pues además de contar con trabajos mal pagados y poco reconocidos, suelen hacerse cargo de tareas no remuneradas como el cuidado de las personas necesitadas (niños, mayores) y el trabajo doméstico. Los gobiernos, lejos de combatir esta situación con medidas efectivas, se apoyan en esas tareas no remuneradas para asegurar —y en muchos casos, remplazar— el servicio público, a la vez que limitar el gasto. Para salir de esta crisis, que no es solo sanitaria, sino también económica y social, es necesario que las mujeres accedan a los puestos de gestión y decisión para poder repensar el sistema actual y no volver a la normalidad anterior a la pandemia, que era demasiado injusta, desigual y patriarcal.

La crisis mundial provocada por el Covid-19 afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Como muchas otras precedentes, esta crisis agudiza las desigualdades de género, de clase y de origen étnico, y tiene un mayor impacto entre las personas que viven en condiciones más precarias, es decir, entre las mujeres, que ocupan los primeros puestos de dicha precariedad. Ellas son, en efecto, mayoría en los trabajos de primera línea de riesgo, por lo cual están muy expuestas a la enfermedad. Las medidas de confinamiento que se han puesto en marcha para frenar la propagación del virus han provocado, por otra parte, un gran aumento de los casos de violencia de género, sobre todo con respecto a la violencia doméstica y a la ejercida por la pareja. También se ha reducido el acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva, y se han visto muy afectados los medios de subsistencia y las oportunidades económicas de las mujeres. Sin embargo, la escasa representación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones ha marcado, de forma muy clara, la gestión de la crisis del Covid-19 en la gran mayoría de los países.

Túnez, así como el resto de países del mundo, se ha visto obligado a tomar una serie de medidas para afrontar la pandemia del Covid-19: cierre de las escuelas y suspensión de las actividades de ocio el 12 de marzo de 2020, cierre de los tribunales el 16 de marzo, toque de queda el 18 de marzo y confinamiento general el 21 de marzo de 2020. Estas medidas expeditivas, sumadas a la parálisis de los medios de transporte, la privación de fondos y la dificultad de acceso a los servicios, han abocado al aislamiento de las mujeres y han aumentado la discriminación y las desigualdades de género ya existentes, para poner de nuevo en la palestra las palabras de Simone de Beauvoir: «No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados».

Frente al coronavirus, hay más mujeres que hombres en primera línea

Si enfocamos de una forma puramente psicológica la cuestión, parece ser que el coronavirus afecta menos severamente a las mujeres que a los hombres. Así, según los datos disponibles, estos correrían un mayor riesgo de morir de Covid-19. En efecto, la división de casos confirmados de Covid-19 en función de género señala un número de mujeres afectadas casi igual al de los hombres, pero la tasa de mortalidad en estos se triplica (relación de sexos M/F igual a 3,22). Sin embargo, son las mujeres quienes están en primera línea para afrontar la epidemia, pues componen la parte fundamental del personal de cuidados, que está en contacto directo con los enfermos y, por tanto, corre un gran riesgo de infectarse.

Entre los miles de personas que forman parte del personal público sanitario en Túnez, en torno al 72% son mujeres. El ratio sube hasta el 80% si nos referimos al personal de enfermería, titulados y auxiliares —en cuanto a los médicos, si contamos todas las especialidades tanto en la sanidad pública como en la privada, en hospitales y consultorios particulares, la tasa de mujeres supera el 50%—, y se mantiene en el 72% si hablamos del personal farmacéutico. Así, este sector de cuidados ampliamente feminizado y, en numerosos casos, muy mal pagado, no se ha librado de las medidas destinadas a frenar la propagación del virus, como el cierre de escuelas infantiles, sin que se haya ofrecido ninguna propuesta alternativa institucional. En efecto, el presidente del Gobierno, en su discurso del 13 de marzo de 2020, indicó que los niños podían quedar al cuidado de la familia y los vecinos, lo cual obviaba el hecho de que, en el período de confinamiento y con las recomendaciones de distancia social y protección de las personas mayores, la red de solidaridad social habitual, basada en la ayuda de los abuelos, ya no era una opción.

Las mujeres, pues, están al frente de la lucha y, aunque no están solas, no debemos olvidar que, aún hoy, constituyen la mayoría de quienes asumen la tarea de los cuidados en el seno de nuestra sociedad. Si conseguimos salir de esta crisis sin haber caído como moscas, será —una vez más— gracias a ellas. Ahí está la paradoja: las mujeres están especialmente expuestas a las epidemias porque están muy solicitadas a la hora de cuidar enfermos y sacar adelante a las familias. Sin embargo, están infrarrepresentadas en las instancias que toman las decisiones sobre la gestión de la crisis sanitaria.

Recrudescencia de las violencias ejercidas sobre las mujeres en época de pandemia

Cuando más de tres mil millones de personas estaban confinadas en todo el mundo para evitar la propagación del coronavirus, la cuarentena atrapó a muchísimas mujeres víctimas de violencias conyugales que, como víctimas, estaban condenadas a cohabitar día y noche con sus verdugos. Mientras se agravaban las presiones económicas y se instalaba el miedo general, el mundo entero experimentó un notable crecimiento de la violencia doméstica.

Todos los estudios muestran que, en el ámbito general, las violencias conyugales e intrafamiliares han aumentado con las medidas tomadas para frenar el coronavirus. Ya sean violencias psicológicas, verbales, físicas o sexuales, el confinamiento ha aumentado indefectiblemente los riesgos del paso al acto violento. Para las mujeres y los niños confinados con un cónyuge o padre violento, el peligro no solo estaba fuera de sus hogares.

En Túnez, pese a la adopción de la ley orgánica nº 2017-58 del 11 de agosto de 2017 sobre la lucha contra las violencias ejercidas sobre la mujer, el número de casos de violencias sexistas de todo tipo ha experimentado un incremento alarmante con ocasión del confinamiento. Según la ministra de Mujer, infancia y personas mayores, las agresiones contra las mujeres se multiplicaron por cinco con respecto al mes de marzo de 2019. A fecha de 3 de mayo de 2020, más de siete mil casos de violencia se habían declarado en la línea telefónica gratuita que ese mismo ministerio había puesto a disposición general, mientras que el personal sanitario y la policía se veían desbordados por las incidencias, y los grupos de apoyo local bien estaban paralizados, bien podían ofrecer, únicamente, recursos muy escasos. Algunos centros de acogida de las víctimas tuvieron que cerrar sus puertas, mientras que otros estaban colapsados o resultaban inaccesibles. Durante el período de confinamiento, del 16 de marzo al 30 de abril de 2020, los diversos centros de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD) atendieron 218 nuevos casos de mujeres víctimas de violencias. Las suspensiones e interrupciones de los servicios públicos de primera línea sanitaria — completamente consagrados al Covid-19—, así como el cierre de los tribunales sin garantía de permanencia, acarrearon graves perjuicios en las mujeres, sobre todo en las más vulnerables: ancianas, embarazadas, pacientes y portadoras de enfermedades crónicas, en trámites de divorcio o aisladas y cabezas de familia. Este aumento de los índices de violencia contra las mujeres coincidió con la decisión del Consejo Superior de la Magistratura, el 23 de marzo de 2020, de prorrogar todas las audiencias de asuntos civiles, lo cual frenó el acceso de las mujeres a los servicios de justicia, como los tribunales de asuntos familiares o de violencia contra las mujeres. Todas estas trabas al acceso al derecho constitucional en época de pandemia amenazaron la seguridad física y psicológica de las mujeres víctimas de la violencia conyugal y doméstica. Frente a esta situación, las asociaciones feministas tuvieron que adaptar sus servicios para seguir lo más cerca posible de las mujeres víctimas de la violencia, así como para desplegar nuevas estrategias de intervención a distancia. Es el caso de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, que puso en marcha un sistema de guardias para garantizar la ayuda social, psicológica y jurídica telefónica, y lanzó, asimismo, una campaña de información en las redes sociales para alentar a las mujeres a señalar y verbalizar los casos de violencias conyugales e intrafamiliares.

El mantenimiento del trabajo de proximidad con las víctimas permitió, además, que las asociaciones estuvieran presentes en el frente político, y que identificaran con urgencia las medidas que debían tomar las autoridades y los distintos ministerios, con el objetivo de combatir la multiplicación flagrante del número de violencias ejercidas sobre las mujeres en la época de confinamiento.

Entre las medidas preconizadas, figuraban la orden de alejamiento de los agresores del domicilio conyugal o familiar, la posibilidad de denunciar directamente en el ministerio público sin pasar por las unidades especializadas de la policía, la creación de mecanismos que permitiera a las víctimas y los testigos notificar la agresión directamente ante el procurador de la República a distancia —a causa de las dificultades de desplazamiento de las víctimas de la violencia—, y la aplicación de medidas urgentes y provisionales ante los jueces de familia, como las pensiones alimenticias. A este efecto, el presidente del Consejo Superior de la Magistratura recibió una carta que reclamaba la apertura inmediata de los tribunales a los asuntos familiares. La movilización al respecto obligó al citado consejo a publicar dos notas relativas a la cuestión los días 28 y 29 de abril de 2020, instando a los jueces de familia a tomar todas las medidas necesarias para proteger mejor a las víctimas y garantizar sus derechos de acceso a la justicia. Aunque la ley 2017-58 supone una garantía concebida como protección contra la violencia ejercida sobre las mujeres, es necesario reconocer que, actualmente, existen una serie de graves carencias que menoscaban su puesta en marcha y, por tanto, en realidad no está en vigor. Sobre esta ley pesan una serie de losas que podemos enumerar del siguiente modo:

• El estado de excepción que enturbia la vida constitucional del país;

• El entorno legislativo que reproduce las desigualdades de género y constituye un terreno de violencia con respecto a las mujeres;

• Los derechos asistenciales multisectoriales que funcionan solo como un simulacro;

• Las carencias del marco institucional nacional y regional puesto en marcha;

• Las reticencias judiciales a la puesta en marcha de la ley;

• Las debilidades logísticas y pedagógicas de la policía judicial;

• La ausencia de financiación necesaria para las políticas de lucha contra la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.

La crisis sanitaria también ha agravado las dificultades de acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, puesto que todos los esfuerzos y las prioridades se han orientado a la atención del Covid-19. La confusión general y la ausencia o las carencias de equipos de protección individual, sobre todo durante las primeras semanas de pandemia, abocaron al cierre de varios centros de la Oficina Nacional de Planificación Familiar, así como de centros de atención primaria. Así, el 50% de las mujeres usuarias de métodos contraceptivos que necesitaban una provisión regular tuvieron que hacer frente a numerosas dificultades. La interrupción voluntaria del embarazo tampoco pudo seguir su curso normal, y muchas mujeres no pudieron acceder a estos servicios, según los testimonios recogidos por la Asociación Tawhida Ben Cheikh, que hizo una llamada urgente a las autoridades públicas para poder asegurar la continuidad de los servicios y facilitar el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

Es evidente que la crisis mundial de la pandemia no solo ha sido una crisis sanitaria, sino una crisis humanitaria cuyo alcance y efectos recesivos y regresivos acusan mucho más intensamente las mujeres, sobre todo las más vulnerables.

Las mujeres, prácticamente excluidas de las altas instancias de decisión consagradas a la respuesta al Covid-19

Aunque las mujeres estén en primera línea para afrontar la epidemia, y conformen el núcleo esencial del personal de cuidados, siguen estando muy poco representadas en las instancias de toma de decisiones, así como en las diversas comisiones creadas para luchar contra el Covid-19.

En efecto, aunque en el comité científico del Ministerio de Sanidad, estas representaban de un 30% a un 50% de los miembros, en el Consejo Nacional de Seguridad, encargado de desplegar las estrategias y políticas generales en materia de seguridad, y de tomar las decisiones relativas al toque de queda y el Estado de emergencia, no constituyeron más que dos de cada quince. Lo mismo ocurre con la Instancia Nacional de Lucha contra el Covid-19, cuya misión es coordinar, entre el comité nacional y los comités regionales, la lucha contra las catástrofes naturales, así como el seguimiento de la regularidad y la provisión de productos básicos, o la distribución de ayudas sociales entre las familias necesitadas o con pocos ingresos. En este último caso solo hay una mujer: la ministra de Justicia. Finalmente, solo cinco mujeres, frente a veinte hombres, ocupan un asiento en el gabinete de crisis creado en el Parlamento tunecino con el fin de asegurar el control de la acción gubernamental.

Todo ello muestra, una vez más, la ausencia de todo enfoque de género en la gestión de la crisis, así como a la hora de tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres en época de pandemia, para favorecer las decisiones inclusivas y a largo plazo. La ausencia manifiesta de mujeres en los equipos y planes de intervención sobre el Covid-19 fue duramente criticada por la sociedad civil y las asociaciones feministas, que expresaron sus temores en torno al retroceso de los avances de los últimos años en materia de igualdad de sexos, que se cuestionó mucho durante la pandemia.

Sin una dirección y una participación igualitaria de las mujeres, las respuestas a la crisis del Covid-19 serán mucho menos eficaces, y menos proclives a satisfacer las necesidades de las mujeres y las niñas, lo cual tendrá consecuencias nefastas en el conjunto de la comunidad. Además, esta desigualdad de género ha suscitado la atención de los medios de comunicación y los investigadores, que han demostrado que las mujeres dirigentes, jefes de Estado o bien con otros cargos, obtuvieron mejores logros que sus homólogos masculinos, y consiguieron reducir la transmisión del virus en sus países de forma mucho más eficaz —como indican los casos de Islandia, Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda y otros—.

Economía de los cuidados y reproducción social en época de pandemia

Por otra parte, la crisis sanitaria ha exacerbado la división tradicional de las tareas, la doble jornada de trabajo y el trabajo no remunerado de las mujeres, es decir, todas las tareas domésticas y cotidianas vinculadas a la gestión de la casa, en un contexto de servicios públicos muy degradados. El cierre de las escuelas y las políticas de confinamiento aumentaron la duración de la jornada de trabajo femenino, pues sobre ellas recayeron las tareas del cuidado de los niños, que pasó de la economía salarial (guardería, escuela) a la economía no remunerada. Para muchas de estas mujeres, la conciliación del trabajo remunerado —los trabajos de producción, a distancia (vía internet) o a domicilio (costureras, empleadas domésticas, etc.)— con el trabajo no remunerado exige renovados esfuerzos, sobre todo para aquellas monoparentales o proveedoras únicas. Si las escuelas están cerradas, ¿cómo pueden ganar dinero al tiempo que cuidan de los hijos, las personas discapacitadas o los mayores? Por todo ello, la emergencia de la pandemia nos sitúa, asimismo, frente a la necesidad de reconsiderar el papel del Estado y de la colectividad, y ante la necesidad de repensar la vida en sociedad. Es urgente una redefinición del lugar de los hombres en el mantenimiento de la vida, los lazos afectivos y los cuidados —tareas que, en nuestra sociedad, no se consideran esenciales o positivas, de modo que recaen exclusivamente sobre las mujeres—. También nos sitúa frente a la necesidad de abrir un debate sobre la economía de los cuidados, afín de identificar nuevas soluciones para que las mujeres se beneficien de la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo.

Estos servicios se dispensan en diversos contextos de la economía formal e informal, y algunos vienen asegurados por el sector de la sanidad, a menudo en un marco público y formal. La economía de los cuidados atañe, además, otros dominios como los servicios públicos de guardería, educación de la primera infancia, invalidez y cuidados de larga duración, así como los cuidados a las personas mayores. Un número creciente de las mujeres que entran a formar parte del mercado laboral se enfrenta al desafío que representa la prestación de servicios a las personas, en la medida en que deben asumir sus responsabilidades profesionales criando a las generaciones futuras y asegurando su educación, y los gobiernos cuentan con el trabajo no remunerado de las mujeres y las hijas, o bien con la contribución de las trabajadoras domésticas mal pagadas para asegurar —e incluso remplazar— el servicio público y limitar el gasto. Las asociaciones feministas deben, pues, ampliar su campo de interés para incluir esta cuestión y contribuir a la emergencia de una sociología económica feminista en la cual el trabajo fuera del mercado, es decir, la economía de los cuidados, ocupe un lugar legítimo. Es necesario un gran esfuerzo para sacar las actividades de los cuidados de su marginalidad económica, y para establecer un significado económico fundamental al respecto. La necesidad de la remuneración de los trabajos de cuidados y el tipo de sistema de pago que debe emplearse son, asimismo, dos puntos clave en el asunto.

Covid-19, crisis económica y Estado social

Precarización, inestabilidad en el seno de la pobreza, desempleo… Las mujeres acusan más duramente que los hombres los golpes de la crisis económica generada por el Covid-19, puesto que ejercen con mayor asiduidad trabajos precarios, provisionales y parciales, con sueldos extremadamente bajos. Estas situaciones se agravaron durante y después del confinamiento, ya en el caso de las mujeres sin empleo, ya en el caso de aquellas con sueldos muy reducidos. El impacto socioeconómico sobre las mujeres es tanto más acusado cuanto que muchas de ellas pertenecen a los sectores más informales y precarios (empleo doméstico, comercio informal, ar- tesanía no declarada…), y el gobierno no ha tomado medidas específicas en el asunto, como la instauración de ayudas para hacer frente a la pandemia. Es cierto que se habla mucho de teletrabajo, pero, en realidad, ese aspecto solo concierne a una minoría femenina. ¿Qué hay de los miles de trabajadoras informales que venden u ofrecen servicios para obtener unos mínimos ingresos para llegar a fin de mes, de la semana o incluso del día? ¿Cómo pueden sobrevivir al desempleo masivo y la parálisis de las actividades económicas cuando ocupan los puestos peor remunerados del mercado de trabajo?

De un modo más general, la crisis económica provocada por la pandemia muestra lo instauradas que están la pobreza y la inseguridad en nuestra sociedad, en general. Esta realidad se refleja en las colas de espera de las ayudas alimentarias de emergencia que hemos podido ver en todas las regiones y comunas del país. Quienes hacían cola no solo eran trabajadores en paro, sino también miembros de la clase obrera y la clase media que nunca se habían visto en una situación semejante.

Tal y como demuestra la recurrencia de los movimientos de protesta en todo el país, los tunecinos esperan, por parte de los poderes públicos, una serie de nuevas orientaciones que permitan dar respuesta al ideal de justicia social al que aspiran. Entre los interrogantes sobre el futuro, tienen mucho peso las cuestiones económicas y sociales. En ese contexto, sería ingenuo pensar que, una vez finalizada la emergencia sanitaria, los países o el mundo seguirán como antes. La ira, la amargura y la injusticia hallarán, sin duda, nuevas posibilidades de afianzarse.

¿Cómo contemplamos, nosotras las feministas, el mundo posterior al coronavirus? La pandemia del Covid-19 nos incita, a intelectuales y militantes asociativas y políticas, a extraer lecciones de todo ello y reconsiderar el sistema económico actual, basado en el crecimiento económico, la discriminación y el libre comercio globalizado. Es necesario examinar con todo detalle, y con toda urgencia, los conceptos de Estado social y desarrollo, así como nuestra organización social, nuestro sistema político y nuestras estructuras administrativas, religiosas y de la sociedad civil para poder renovarlos. La crisis del Covid-19 amenaza con prolongarse mucho más tiempo de lo previsto, e incluso de volver a estallar en distintas formas. No debemos esperar a medir el alcance de la catástrofe económica y social para instaurar una reflexión colectiva, pues esta es urgente ahora mismo, ya que, como apuntaron las feministas italianas que no pudieron asistir a las manifestaciones del 8 de marzo, no queremos volver a la «normalidad», puesto que esta ya era demasiado injusta, desigual y patriarcal.