En Argelia, las mujeres se enfrentan cada día a múltiples violencias que, pese a los programas institucionales existentes contra las discriminaciones de género, vienen reforzadas por el marco legal. Se trata, pues, de una violencia institucionalizada y casi normalizada a la que las mujeres argelinas se enfrentan cada día, mostrando una capacidad de resiliencia, adaptación y solidaridad fuera de lo común. Tanto el Código de la familia como el Código sanitario o el Código penal presentan numerosas grietas que deben corregirse con respecto a los derechos de las mujeres, con el fin de que estas, después de sufrir dolorosas luchas internas, familiares y sociales, no tengan que emprender, entonces, la lucha contra las prácticas legales y legitimadas, tal y como ocurre hoy en día. Eso hace que muchas víctimas acaben por retirar su denuncia, ya que se consideran culpables de la violencia ejercida contra ellas. Pese a todas estas constricciones, cabe destacar el papel de las militantes y activistas del feminismo argelino, que no cejan en su empeño de luchar por la igualdad entre mujeres y hombres.

Cuando ya han pasado treinta años desde el lanzamiento del Proceso de Barcelona, en el que quince miembros de la Unión Europea y doce países del sur —Argelia entre ellos— y del este del Mediterráneo adoptaron la Declaración de Barcelona, que propició un partenariado euromediterráneo muy prometedor que contenía tres vías de cooperación: política y de seguridad, económica y financiera y social y humana, los derechos de las mujeres siguen ultrajados.

Además, en Argelia, las mujeres sufren, hoy en día, violencias que, ya de forma directa o indirecta, están respaldados por textos legales pese a los programas que se han puesto en marcha en el país para luchar contra la discriminación por motivos de género. Estas discriminaciones son institucionales, están prácticamente normalizadas y ponen trabas a la emancipación de las mujeres, consideradas ciudadanas de segunda y menores de edad vitalicias.

Frente a las múltiples discriminaciones y las diversas violencias sociales perpetradas contra las mujeres, que son muy visibles en los usos y costumbres y en las tradiciones, así como en el conjunto de las prácticas retrógradas que fundamentan su legitimidad en un sistema patriarcal profundamente anclado en la sociedad sobre el que se construye la educación en el mismo seno del núcleo familiar, las mujeres argelinas oponen una resistencia a partir del desarrollo de una capacidad de adaptación, organización y solidaridad fuera de lo común.

Hoy en día, en Argelia, las discriminaciones legislativas forman una base donde se asientan y/o se generan las cinco clases de violencia siguientes: físicas, sexuales, psicológicas, económicas e institucionales. Además, esas discriminaciones se extienden por varios dominios como el derecho jurídico, donde podemos señalar, más concretamente, el Código de familia.

El Código de familia

Un repaso a algunas contradicciones institucionales

El Código de familia argelino genera múltiples discriminaciones legitimadas, puesto que pone trabas a todas las formas de igualdad entre sexos. Aunque en 2005 se desacralizó, este código contiene, a día de hoy, artículos de ley que constituyen verdaderas muestras de discriminación institucional. Además, los artículos de ley que conforman el Código de familia están en flagrante contradicción con otros artículos que forman parte de la Constitución argelina, y que rechazan cualquier forma de discriminación.

En el Código de la infamia abundan las violencias ejercidas sobre las mujeres

Sí, han comprendido bien: el Código de familia, conocido también como «Código de la infamia», es un acervo de males donde abundan los tipos de violencia ejercida sobre las mujeres. Pese a todo esto, las mujeres se adaptan a la situación y adoptan estrategias de libertad en situaciones muy determinadas. A este respecto, podemos citar, por ejemplo, el caso de una mujer cuya identidad no desvelaremos por razones de seguridad. Esta mujer pudo hacer frente a la injusticia gracias a la movilización de la asociación feminista argelina Tharwa n’Fadhma n’Soumer. En efecto, hace cinco años, esta asociación se movilizó para que se reconociera por la vía legal a los hijos de una ciudadana argelina que se había ido a vivir a Kenia, donde se había casado con un ciudadano de ese país. El día en que decidió regresar, se encontró en una terrible encrucijada, porque el gobierno argelino no quiso reconocer a sus hijos como fruto de un matrimonio, sino como hijos de madre soltera. Entonces, la Asociación Tharwa n’Fadhma n’Soumer se movilizó para hallar un medio de sortear esas violentas disposiciones y, en esa andadura, tuvo la idea de recurrir a los alcaldes electos del partido político Frente de Fuerzas Socialistas para que lucharan por la demanda de reconocimiento. Ese paso, finalmente, permitió que los hijos de la mujer fueran reconocidos como legítimos, fruto de un matrimonio.

El Código penal

Cuando el indulto es la ley

A finales del año 2015, el Código penal fue objeto de enmienda con el fin de criminalizar las violencias ejercidas sobre las mujeres. Los nuevos textos de ley pueden considerarse un avance, puesto que introducen la noción de acoso sexual y castigan todas las formas de agresión, violencia verbal, psicológica o maltrato sobre las mujeres, sobre todo en caso de reincidencia; sin embargo, en la realidad de los hechos, constituyen un retroceso monumental, puesto que los legisladores añadieron la cláusula del indulto. Para tratar mejor las violencias contra las mujeres, el artículo 8 de la ley nº 140 asegura a las víctimas la posibilidad de recurrir a la justicia cuando sufren un ataque a sus derechos, incluida una forma de discriminación. A ello se añade el artículo 9 de la ley nº 40 de la Constitución argelina, adoptado el 30 de diciembre de 2020, que garantiza a las víctimas de violencias el acceso a las estructuras de acogida.

Las mujeres víctimas confrontadas a un proceso violento

Este esquema contiene, en realidad, un círculo vicioso que encierra a las mujeres en un proceso extremadamente violento. Dicho proceso se inicia cuando se cometen violencias de naturaleza física, sexual o económica. Estas violencias influyen mucho más en la salud mental de las mujeres, en tanto en cuanto se producen, generalmente, en el seno del núcleo familiar. Se trata, pues de una situación extremadamente violenta que, sin embargo, solo llega a su cénit cuando las víctimas buscan el apoyo de los poderes públicos para, así, enfrentarse a las violencias perpetradas por las mismas instituciones que deben proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas. Esas víctimas de las violencias, cuyo número varía mucho según quién haga el recuento, deben, ante todo, entablar un combate contra ellas mismas para poder liberarse de la ley del silencio. Estas víctimas van a contracorriente de una sociedad muy conservadora y deben enfrentarse a la moral reinante y la presión familiar. Con la esperanza de encontrar apoyo, muchas de ellas se dirigen a las asociaciones y se deciden a interponer una denuncia para toparse, finalmente, con la cláusula del indulto. Una vez libradas las luchas interiores, familiares y sociales, comienza la lucha contra las prácticas legales y legítimas. Se inicia entonces la trayectoria de la combatiente, tal y como obliga la práctica, con el agente de policía que intenta disuadir a la víctima de interponer una denuncia contra su verdugo, puesto que se trata de su marido, su padre, su hermano o cualquier otro miembro de la familia, y solo rara vez se trata de un desconocido. Lo mejor, le dicen a la víctima, es intentar arreglar las cosas mediante la sabra, es decir, la paciencia.

Un esquema generador de feminicidios

La mujer víctima se resiste, pese a todo, y consigue interponer la denuncia. Luego llega el turno de las prácticas familiares, que tratan de arreglar la situación de manera amistosa, y luego está la sociedad, con el peso de sus tradiciones y sus usos y costumbres, la moral reinante y, finalmente, «los consejos y la sabiduría del juez», que trata de sensibilizar a la mujer y le pide que perdone a su verdugo «para no estropearle la vida, pues una vez condenado, tendrá dificultades para reintegrarse en la sociedad» y argumentos parecidos. Finalmente, estas mujeres víctimas de la violencia reciben un trato de agresoras y sufren la cláusula del indulto ante el juez. Muchas veces, terminan por retirar la denuncia y considerarse a sí mismas culpables. Conforme a este esquema, podemos afirmar que semejante conducta, adoptada con el beneplácito de todos y todas, constituye una de las prácticas generadoras de feminicidios en Argelia. Las víctimas, abandonadas a sí mismas Las mujeres víctimas de violencias no siempre ceden al paso de la presión y deciden perdonar; y aun así, se encuentran entonces con una dificultad mayor, la de hallar un lugar de acogida. Las asociaciones feministas suelen dirigir a las víctimas al Centro SOS Mujeres en Peligro para que las acojan allí, pero este centro no puede hacer frente a la enorme demanda existente. A menudo, las militantes y activistas feministas ofrecen sus propios domicilios para albergar a las víctimas, lo cual, en numerosos casos, se ha revelado una práctica extremadamente peligrosa. En efecto, estas mujeres no pueden estar protegidas de ese modo, y en esas condiciones, las militantes voluntarias se ven asimismo expuestas a la violencia y corren el riesgo de pagar las consecuencias si el padre, hermano o marido decide obligar a la víctima a regresar al domicilio familiar o conyugal. A este respecto, es preciso señalar que el presente sistema ofrece programas muy prometedores para luchar contra las violencias contra las mujeres, que constituyen una plaga social prácticamente normalizada. Sin embargo, dichos programas no se llevan a cabo de formas concretas. En efecto, los centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia son casi inexistentes. Hace seis años, el gobierno dictaminó el cierre del centro DARNA, lo cual supone una enorme presión para los centros restantes, que se reducen a dos. Cabe señalar también que esos dos centros se presentan más como una prisión carcelaria que como un lugar de seguridad, seguimiento y reinserción socio profesional.

El Código sanitario

Cuando las prácticas obscurantistas suponen un obstáculo a los avances

En Argelia, el Código sanitario garantiza el aborto por razones terapéuticas, también llamado interrupción terapéutica o médica del embarazo y regido por la ley nº 18-11 del 2 de julio de 2018 de salud, según los casos citados por vía reglamentaria. Esta última indica de forma explícita el derecho al aborto terapéutico con vistas a preservar la salud de la madre durante el embarazo. Sin embargo, el procedimiento es tan largo que la mujer pierde su derecho al aborto, puesto que el bebé puede llegar a término, habida cuenta del tiempo que tardan los médicos, jueces e imames para ratificar sus acuerdos ante la demanda.

Violencias suplementarias para las mujeres violentadas

Durante la década del año 2000, numerosas militantes individuales y asociaciones feministas argelinas, siguiendo el ejemplo de la Asociación Tharwa n’Fadhma n’Soumer (TNFS), se movilizaron para implicarse en las protestas contra el caso de varias violaciones a chicas jóvenes cometidas en los montes de Aine Defla, y para pedir que las víctimas pudieran abortar, a lo que el Consejo Supremo Islámico del país se negó. Con el fin de presionar para que el Consejo Supremo reconsiderara su decisión, las militantes argelinas pusieron sobre la mesa el ejemplo de lo ocurrido en Yugoslavia durante el conflicto. El Consejo Supremo Islámico alegó que, en ese caso, el aborto se les había concedido a las mujeres afectadas porque los violadores no eran musulmanes, pero, en Argelia, estos eran de confesión musulmana. Las activistas no se enzarzaron en una pelea con los responsables de esa decisión, sino que se adaptaron a la situación para buscar una solución rápida. Así, procedieron sin ayuda, como siempre, e hicieron varias colectas, se pusieron en contacto con las militantes tunecinas y, de ese modo, las víctimas pudieron acceder al derecho al aborto en las mejores condiciones en el país vecino. Hace poco, en este año 2022, una joven congolesa que había venido a estudiar a Argelia pasó un tiempo sola en la ciudad universitaria de Bey Houcine de Bab Ezzouar y fue violada. Cuando intentó interponer una denuncia, no lo consiguió, porque la policía se negó a aceptarla. Una mujer miembro de la Asociación TNFS tuvo la idea de hacer un llamamiento para una nueva colecta y, gracias a ese fondo común y a las militantes tunecinas, la joven víctima pudo acceder a su derecho al aborto.

Las mujeres víctimas recurren a las redes de abortos clandestinos

Algunos médicos también practican abortos en Argelia, pero a escondidas y a través de contactos con asociaciones. Por desgracia, estos últimos años ha habido muchas detenciones de estos médicos, lo cual ha puesto freno a una práctica que, en casos de urgencia, podía constituir una verdadera solución. En Argelia existen redes que practican el aborto ilegal y, a veces, las mujeres sin recursos y sin elección se ponen en manos de verdaderos carniceros, en condiciones lamentables, sin anestesia y sin ningún tipo de seguimiento médico. En definitiva, los derechos de las mujeres en Argelia son cada vez más frágiles, y los textos legales no pueden ser sino un reflejo de todas las violencias sufridas por las mujeres, a las cuales no aportan ninguna respuesta adecuada. Lamentablemente, estas violencias no hacen más que acentuarse, y no conocen límites en este sistema institucional, bajo el enorme peso de las mentalidades, los usos y costumbres y las tradiciones. Sin embargo, frente a todas esas constricciones, esos frenos y obstáculos que ponen trabas a las libertades más elementales, frente a las discriminaciones legitimadas y las violencias perpetradas, las militantes y activistas comprometidas y las asociaciones feministas no renuncian a la lucha; muy al contrario, siguen y seguirán creciendo en tanto en cuanto no se haya alcanzado la igualdad real entre mujeres y hombres.