En 2017, la Unión por el Mediterráneo adoptó la Declaración Ministerial de El Cairo para reforzar el papel de las mujeres en la sociedad. Desde entonces, la UpM no ha dejado de trabajar para llevar a cabo los objetivos de la declaración, en un entorno muy complicado que, además, se ha visto agravado por crisis como la pandemia de Covid-19, el cambio climático o la guerra de Ucrania. El próximo 26 de octubre de 2022, la UpM espera adoptar una nueva declaración basada en tres temáticas fundamentales: el empoderamiento económico de las mujeres en contextos de crisis regional, la igualdad de género y el cambio climático, y la violencia contra las mujeres y las niñas. Los gobiernos de los estados miembros de la UpM, así como los actores y las asociaciones de la sociedad civil, son, todos ellos, piezas clave para seguir trabajando juntos en esa línea y hacer frente a los retos de la región.

Desde que la Unión por el Mediterráneo lanzó el Proceso regional de diálogo sobre el empoderamiento de las mujeres en 2015, se han hecho progresos importantes en torno a la igualdad de género en la región euromediterránea. Los marcos legales se han afianzado en muchos países (equilibrio y transparencia salarial para atajar la brecha de género en cuestiones retributivas, equilibrio de género en los cuerpos que se ocupan de la toma de decisiones y prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica), y se han implantado nuevos programas y políticas con el objetivo primordial de aumentar la participación efectiva y significativa de las mujeres en las esferas políticas, económicas y sociales, así como de proteger a las mujeres de toda forma de discriminación y violencia de género (Informe sobre los progresos en igualdad de género de la Unión por el Mediterráneo, 2022). Este informe es el resultado del firme compromiso de los miembros de la Plataforma de Diálogo Regional de la UpM, que, en 2021, llevó a cabo un primer ejercicio de evaluación de los indicadores adoptados por los cuarenta y dos estados miembros de la UpM en 2020.

Aun así, la persistencia de los estereotipos de género, las normas sociales negativas y las prácticas y leyes discriminatorias, especialmente con respecto a las mujeres en situaciones más vulnerables, así como las distintas percepciones sobre problemas relacionados con las desigualdades de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, por no hablar de la divergencia de prioridades en este terreno, siguen atascando los avances de las mujeres en todos los terrenos de la vida civil, económica y política.

Además, la época en que vivimos actualmente nos procura una serie de retos enormes, entre los cuales destacan el cambio climático, la guerra de Ucrania y el escenario posterior a la pandemia de Covid-19. El impacto de todas esas crisis en las mujeres es multidimensional, como lo son los retos para enfrentarnos a él. En el seno del contexto des crito, las mujeres y niñas son más proclives a sufrir pobreza económica y violencia de género.

Con ese escenario en mente, cinco años después de la Declaración Ministerial adoptada en noviembre de 2017 en El Cairo, los cuatro pilares de esta siguen siendo esenciales para reforzar el papel de las mujeres en la sociedad, y la Secretaría de la UpM ha trabajado de forma incansable con la co-presidencia de la UpM en torno a la preparación de la quinta Declaración Ministerial.

Los miembros de la Plataforma de Diálogo Regional de la UpM han reconocido los progresos registrados desde esa última declaración de El Cairo, pero todos ellos, a su vez, están de acuerdo en la urgente necesidad de abordar nuevos retos en este nuevo contexto. Los retos globales, ya sean el cambio climático, los desastres naturales o causados por el ser humano, la digitalización o el desarrollo humano y económico, entre otros, han conducido, en algunos casos, a exacerbar la situación. Estos retos tienen una dimensión de género innegable, como ya se demostró durante la pandemia de Covid-19, cuando las mujeres sufrieron las consecuencias más negativas de una manera desproporcionada. Además, hay otras barreras que deben superarse, como las normas sociales que actúan como obstáculo al empoderamiento de las mujeres. El objetivo consiste en hallar soluciones que garanticen el compromiso y la dedicación completos de las mujeres en cuanto que actores económicos, función que las leyes y normas deben proteger para que las mujeres puedan explotar al máximo sus capacidades.

La Declaración Ministerial, que espera adoptarse el 26 de octubre de 2022, está basada en tres dominios temáticos, a saber: el empoderamiento económico de las mujeres en contextos de crisis regional; la igualdad de género y el cambio climático; y la violencia de género.

Los marcos de referencia, en su conjunto, incluirán la Nueva Agenda para el Mediterráneo y su Plan Económico y de Inversión, así como los compromisos adquiridos por la Comisión Europea en el marco del Plan de Acción de Género de la Unión Europea en sus relaciones exteriores (GAP III),[1] que vio la luz en 2020.

Las tres áreas temáticas de la nueva Declaración Ministerial de la UpM

Si nos centramos en la primera de las tres áreas temáticas, es decir, el empoderamiento económico de las mujeres en contextos de crisis regional, los miembros de la Plataforma de Diálogo Regional reconocieron que, en una economía justa y sostenible, todas las personas tienen derecho a disfrutar de un estatus apropiado, los trabajadores comparten las ganancias de su trabajo, invertido en puestos de trabajo que regeneran, y no degradan, el entorno natural, y las condiciones laborales dignas y los salarios ofrecen a las mujeres independencia económica y autonomía. Para trasladar esta perspectiva a la realidad, los gobiernos, inevitablemente, deben priorizar la lucha contra las desigualdades y abrazar una vía rápida hacia la recuperación y la transformación económicas. Esto resulta especialmente importante en un contexto en el que, ya antes de la pandemia, la degradación medioambiental, los cambios tecnológicos y la automatización, así como los cambios demográficos, estaban transformando el trabajo y los medios de vida, con un impacto desproporcionadamente negativo en las mujeres, que ya se enfrentaban a notables desventajas socioeconómicas.

Fomentar el acceso de las mujeres al mercado laboral y cerrar las brechas de género en el mundo del trabajo, siempre muy variable, son objetivos fundamentales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El empoderamiento económico de las mujeres estimula la productividad y aumenta la diversificación económica y la igualdad de ingresos, además de proporcionar otros hitos muy positivos para el desarrollo. Para una inclusión económica efectiva, los compromisos de los países deben promover la transición al empleo formal de las trabajadoras informales, reforzando la provisión de infraestructuras y servicios de cuidados adecuados y accesibles, y apoyar e incentivar el emprendimiento de las mujeres.

La mayor dependencia y el acceso desigual de las mujeres a los recursos naturales, así como a los servicios y las infraestructuras públicos, supone que se vean afectadas de manera desproporcionada por la degradación ambiental y el cambio climático, lo cual nos lleva a la segunda área temática de la Declaración Ministerial: la igualdad de género y el cambio climático. Los análisis específicos en este contexto demuestran que las desigualdades de género actuales aumentan la vulnerabilidad de las mujeres en relación con el medio ambiente y el cambio climático, por lo cual necesitamos, con urgencia, priorizar la participación significativa de las mujeres en el diseño de políticas y en la toma de decisiones para poder superar las actuales barreras.

Como ya hemos señalado más arriba, la pandemia de Covid-19 solo ha exacerbado los retos de las mujeres y las niñas, pero también de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las víctimas de la violencia de género. A este respecto, cabe mencionar la necesidad de trascender el enfoque centrado en la víctima para poder preparar una respuesta basada en la gestión y el liderazgo de la crisis.

Sigue siendo de vital importancia crear lazos entre los actores de la sociedad civil que tratan con las víctimas de la violencia de género y las organizaciones de la sociedad civil activas en este terreno, asegurando así que el intercambio entre pares y la cooperación entre la sociedad civil y los sectores públicos sea una prioridad. Las personas que trabajan con víctimas de la violencia de género necesitan conocer muy bien la red de apoyo a las mujeres y niñas creada por las organizaciones de la sociedad civil. Además, deben recibir formación para poder aunar fuerzas con dichas organizaciones para no dejar a una sola víctima sin apoyo, y reforzar, asimismo, la respuesta transversal contra los actos de violencia dirigidos a las mujeres y las niñas.

Pero las organizaciones regionales también pueden desempeñar un papel muy positivo a la hora de proteger y avanzar en la implantación de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Sigue siendo crucial que las experiencias respectivas y las buenas prácticas en el ámbito nacional, regional e internacional se compartan e intercambien, con vistas a obtener una mayor respuesta internacional a los problemas con los que lidiamos.

Así como las barreras a la igualdad de género son multidimensionales, también lo son las herramientas y los mecanismos que necesitamos para superarlas. Por una parte, muchas barreras, como las normas sociales negativas, los estereotipos de género y las prácticas y leyes discriminatorias firmemente asentadas en la sociedad, han detenido su avance desde el lanzamiento del Proceso regional de diálogo sobre el empoderamiento de las mujeres de 2015. Por otra, hay barreras de otra clase, como las crisis impredecibles arriba mencionadas, que no han hecho sino exacerbar los retos ya existentes. Por esta razón, necesitamos abordar con más fuerza el desarrollo de la recuperación y las acciones transformadoras y resilientes. De todo ello se desprende claramente que el aumento de la participación de las mujeres en la vida pública, sobre todo en los países que aún restringen el acceso y la participación de las mujeres en los liderazgos económicos, sigue siendo un punto fundamental.

En el proceso de redacción de la Declaración Ministerial, todas las partes involucradas destacaron la urgente necesidad de producir y emplear datos y estadísticas disponibles, fiables y comparables diferenciados por sexos. Estos datos son esenciales para las políticas y reformas basadas en evidencias y específicas del contexto dirigidas a permitir cambios estructurales y sostenibles. Al tiempo, deben implantarse procesos y mecanismos nacionales de seguimiento, con vistas a evaluar dicho análisis político. Desde este punto de vista, la Plataforma Regional de la UpM sobre el empoderamiento de las mujeres compondrá y activará la implementación de una hoja de ruta para las acciones 2023-2025, a la vez que mejorará el actual seguimiento, prestando especial atención a los valores que puedan aportar información sobre los indicadores seleccionados.

Sea como sea, la cohesión de los estados miembros de la UpM y los actores regionales e internacionales (como el IEMed, la Fundación Anna Lindh, los Estados Árabes de ONU Mujeres, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Iniciativa Feminista Euromed, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la Liga de los Estados Árabes, entre otros) en la sensibilización en torno a las barreras existentes, junto con su compromiso para superarlas, sigue siendo el camino a seguir para fortalecer el empoderamiento económico y político de las mujeres, y para acabar con la violencia de género en la región euromediterránea. Al abordar esta tarea, los gobiernos regionales y locales tienen el potencial de ser los catalizadores del cambio con respecto a la igualdad de género y el empoderamiento femenino en sus áreas de trabajo respectivas. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo actores clave en ese proceso, tal y como muestran los ejemplos citados anteriormente.