Actualmente, las políticas gubernamentales y locales se enfrentan al reto de promover y crear mecanismos y espacios con perspectiva de género que permitan a la ciudadanía de origen diferente contribuir al diálogo social y el debate, así como a la toma de decisiones políticas. Sin embargo, la realidad de hoy en día es que las respuestas eficaces e idóneas a los retos de la diversidad, que a veces se necesitan con urgencia, no llegan, pese a las buenas intenciones de ciertos discursos políticos; y eso suele acabar dañando la imagen de la ciudadanía de origen diferente. Muchas de estas ciudadanas no se sienten identificadas con el activismo político más allá del ámbito de la inmigración, y las pocas que se atreven a participar en la política y la sociedad civil del país donde viven, se ven encasilladas por su origen cultural o religioso. Así, es necesario activar políticas ágiles que permitan la inclusión efectiva e igualitaria, empezando por la reforma de la ley de extranjería. Solo dejando a un lado el miedo podremos hacer frente al discurso totalitario y discriminatorio que avanza en Europa y en España.

Las migraciones y movilidades humanas, tanto masculinas como femeninas, continuarán siendo una tendencia principal del siglo xxi, tal como han sido en otros siglos y tiempos de la historia de la humanidad. Por ello, los municipios y las ciudades del mundo y de nuestro país se seguirán nutriendo de los aportes y las contribuciones de las personas migradas, pero no debemos olvidar que el alcance pleno de esos aportes y contribuciones también viene condicionado por el tipo de políticas de integración social, es decir, la inclusión de las personas migradas, quienes, como seres políticos, sociales y culturales, también necesitan de una equitativa, justa y adecuada dosis de participación social, cultural y política.

La integración y la participación política de las personas migradas, o de los ciudadanos y ciudadanas de origen cultural diverso, están muy condicionadas por el entorno y el clima político y social del país donde viven, pero, hoy en día, y por encima del clima político y social, y de un reconocimiento justo, no se puede negar que la diversidad, en general, es una riqueza material e inmaterial que empieza a exigir con determinación un trato de igualdad, una política de igualdad de oportunidades, sobre todo desde la perspectiva de las ciudadanas de orígenes diversos.

Para responder a los retos que plantea la gestión de la diversidad y facilitar así su adecuada gobernabilidad, se debe avanzar en la promoción de legislaciones que favorezcan la participación política de las personas migradas en general. En este sentido, las políticas gubernamentales y locales tienen el reto de promover, perfeccionar y crear mecanismos y espacios que permitan a la ciudadanía de origen diverso contribuir al diálogo social y el debate, así como a la toma de decisiones políticas.

La gestión de la diversidad y las ciudadanas de diferentes orígenes

Como mujer feminista y ciudadana euromediterránea de origen cultural extranjero, en este artículo he elegido hablar específicamente de la participación de las mujeres migradas o, mejor dicho, de las ciudadanas de orígenes diversos, con el atrevido deseo de poner el foco sobre el hecho de que la diversidad, desde una perspectiva de género, aporta específicamente riqueza social y cultural, un potencial de conocimiento, un nuevo debate social y político sobre los derechos de las mujeres, nuevas reflexiones sobre las diferentes realidades de las mujeres en otros países, un añadido de los valores del Otro a los valores de la sociedad de acogida desde diferentes contextos, y desde las diferentes maneras de ser, hacer y estar. En este sentido, y más específicamente, esto puede aplicarse, por ejemplo, a las relaciones comunitarias, las cuestiones identitarias, la contribución al desarrollo económico femenino, el valor de la solidaridad familiar, el respeto y la consideración hacia la gente mayor, el cuidado y la atención a personas con necesidades específicas… Estos últimos aspectos ya se han visto y demostrado claramente durante la crisis de la pandemia del Covid-19.

Las políticas sociales de cada país deben contar con los medios materiales suficientes, la habilidad y la voluntad real de una mejor gestión de la diversidad, porque, constantemente, esta se convierte en una riqueza que aporta una pluralidad ligada a la inmigración. Cuando existe una mala gestión de dicha diversidad, con ausencia de políticas de igualdad, integración, inclusión y cohesión con perspectiva de género, y, sobre todo, cuando contribuimos a la falta de un proceso de normalización, permitiendo que se visibilicen y destaquen únicamente los problemas y conflictos, las mentes conservadoras populistas que se resisten al cambio social y las políticas de igualdad lo aprovechan. Eso se traduce en la práctica política de la tendencia ligada a la extrema derecha, que cultiva un discurso cargado de prejuicios, estereotipos, incitación al odio y generación de fobias falsas o infundadas. No debemos olvidar que, de hecho, la existencia de retos y conflictos en una sociedad diversa es algo muy común, porque estamos tratando con personas, y las personas son heterogéneas y no perfectas.

Aun así, por encima de la línea conservadora populista o ultraconservadora, nadie puede negar que las diversidades en nuestro país se han convertido en una cuestión de primer orden, vinculadas a una mayor variedad de los códigos sociales que operan en el interior de las sociedades y entre estas. Ante esa variedad de códigos y perspectivas, los políticos y gobernantes de nuestros países no siempre encuentran las respuestas idóneas, que a veces se necesitan con urgencia por las circunstancias y los hechos ocurridos en nuestros barrios en torno a la convivencia intercultural. Así, por supuesto, las políticas de igualdad fracasan y no logran poner las diversidades al servicio del bien común. Se trata de una situación que termina por dañar la imagen de la ciudadanía de origen diferente.

Por todo ello, insisto en que la gestión de las diversidades interpela a las instituciones públicas para analizar si sus políticas sociales, de igualdad e integración social y política se ajustan a las nuevas realidades, que cada vez son más complejas, heterogéneas y diversas.

De hecho, cuando analizo la sociedad en la cual vivo actualmente, observo que hay muchas mujeres preparadas, con un alto nivel de conocimiento y formación, y hay mucho activismo del que forman parte muchas ciudadanas migradas y de otros orígenes, pero dicho activismo, en su mayoría, todavía no alcanza muchos de los aspectos y ámbitos sociales y políticos de la sociedad en que estas viven, y casi siempre se limita al ámbito de la inmigración. Ello demuestra que todavía estamos lejos de la normalización y el ejercicio de una ciudadanía plena.

Recuerdo que hace tiempo, cuando era la responsable del Área de gestión de la diversidad y directora del Departamento de derechos humanos del Centro UNESCO de Catalunya, viajaba por Europa y a otros países internacionales para explicar, en foros y encuentros, las experiencias que desarrollamos desde Cataluña en materia de gestión de la diversidad e igualdad. Eso me permitía observar que se están haciendo muchas cosas desde algunos municipios locales y, sobre todo, en el asociacionismo, ya que uno de los grandes potenciales y motores de la sociedad catalana es el activismo de su sociedad civil, que incluye el activismo feminista. Aun así, este activismo feminista no incluye una participación suficiente de mujeres de diferentes orígenes, aunque no se puede negar que cuente con figuras destacadas.

En otros ámbitos, como el político, encontramos que no se ha apostado por todos los aspectos que hemos venido tratando como debería, y eso no solo concierne a Cataluña, sino que es, de hecho, un problema de todo el Estado español, donde la voz conservadora es, cada vez más, la voz cantante, y amenaza con un retroceso tanto de las políticas de igualdad como del proceso de participación de ciudadanas de diferentes orígenes. Ello supone una amenaza de la diversidad en general, porque la mirada política con perspectiva totalitaria no puede ejecutar una gestión de políticas sociales e igualdad equitativa y justa, pues se basa en el argumento, explícito o implícito, tan utilizado en el ejercicio de la política o en algunos discursos políticos, de «primero los nuestros». Este pensamiento discriminatorio y selectivo se ejerce, a veces, también desde gobiernos progresistas, como se ha visto en la crisis del Covid-19, cuando mucha gente se quedó bloqueada fuera del país y, en primera instancia, se priorizó a los «nativos». También ahora, con la guerra de Ucrania, muchas refugiadas y exiliadas alzaron la voz para decir que nosotras también venimos de países en guerra, y se nos ha complicado el derecho al asilo, contrariamente a lo que ocurre con las refugiadas de Ucrania, a quienes Europa ha ofrecido todos los medios necesarios.

Las políticas selectivas y discriminatorias no ayudan, sino que provocan heridas sociales y reticencias que complican el proceso de inclusión y la plena integración.

La participación política de las ciudadanas de diferentes orígenes

Es importante la participación política de las ciudadanas de diferentes orígenes y que estas tengan conciencia de que su voz cuenta a la hora de votar, porque también nos encontramos con la situación de que hay ciudadanas nacionalizadas que no votan, y consideran que los políticos no las representan o que la política no va con ellas, pero cuando oyen una voz con la cual se sienten identificadas, en seguida se animan. Por eso, el hecho de que las personas de origen diverso formen parte de los diferentes proyectos políticos del país donde viven contribuye a una motivación y una integración globales. Así, las personas sienten que no solo son un instrumento para las urnas, sino que también forman parte de los espacios de toma de decisiones y legislación.

Hay que tener en cuenta que la autoestima y el sentimiento de conocer el entorno social y político favorece la confianza en relación con el sistema político, y las ciudadanas de diferentes orígenes que adquirimos estas cualidades notamos un aumento de la confianza en nuestra capacidad de actuar, reaccionar, dar nuestra opinión y participar plena mente en el entorno, pero sin caer en el idealismo. También hay que destacar que las ciudadanas de orígenes diversos que han dado el paso de participar activamente en la sociedad civil y la política están, de una manera u otra, coaccionadas y encasilladas por el hecho de ser identificadas y definidas desde su origen cultural o religioso.

La normalización, un reto para las administraciones y las políticas locales

La administración en general y, sobre todo, las instituciones públicas, deben ser un reflejo de la sociedad en la que se inscriben, porque resulta muy contradictorio, y me atrevo a decir falso, que se hagan discursos bonitos desde corrientes progresivas y modernas sobre la diversidad y la igualdad de derechos y oportunidades, y después, en la vida cotidiana, no se den esos pasos. Eso queda en evidencia cuando entramos en una administración local, una estancia gubernamental o un parlamento y no vemos ninguna cara, no escuchamos ninguna voz y ningún nombre que represente la diversidad de las ciudadanas de origen diverso.

Además, no basta con poner algunas voces de ciudadanas de diferentes orígenes como rostros pioneros para proclamar que ya tenemos resuelta la diversidad y la igualdad. La diversidad debe empezar por un proceso de normalización, porque cualquier cosa que no se normalice parece superficial, y pasa a ser percibida de una manera negativa en solo un instante. Por ello, hay que profundizar en las políticas de igualdad que nos permitan entrar en la fase de la normalización. Por otra parte, hay muchas ciudadanas de diferentes orígenes cuyos familiares (padres, madres, hijos e hijas) han nacido en Europa, pero las seguimos tratando como extranjeras aunque ya estén nacionalizadas.

Evidentemente, para lograr una mejor gestión de la diversidad, y una mayor participación en la política y la toma de decisiones de las ciudadanas de orígenes diversos, debemos enfrentarnos a muchos retos, entre ellos, las limitaciones económicas para desarrollar políticas reales y efectivas de igualdad que se traduzcan en una plena integración y acomodación ciudadana. La diversidad no es nueva, como se quiere transmitir muchas veces, por lo que hace décadas que habríamos podido iniciar el trabajo, hacer mejor las cosas en relación con este asunto mediante una voluntad política sin miedos ni fobias, empezando por una reforma de la ley de extranjería. Así, primero habría que agilizar el proceso de regularización administrativa y, después, de nacionalización, eliminando, sobre todo, las trabas administrativas, que agotan a las recién llegadas y entran en el marco del racismo institucional.

La extensión de este artículo no me permite entrar a fondo en la materia, pero, de una manera resumida, considero que:

• Es necesario dejar de contribuir a la ausencia de voces de ciudadanas de origen diferente, y no hablar de ellas, sino con ellas, desde su presencia y su representatividad real, a través del fomento de la participación activa y real tanto en el ámbito de las políticas locales como del poder legislativo.

• Debemos poner fin a la participación simbólica que marcaba los tiempos anteriores, y que sigue dándose cuando se quiere dar el paso hacia la inclusión, pero se hace con miedos. Así, la participación se queda estancada en el simbolismo de las palabras vacías y da lugar a ciudadanas frustradas.

• Hay que hacer políticas que faciliten la igualdad de oportunidades, pero con el objetivo de llegar a una igualdad real; y políticas feministas que incluyan de una manera efectiva a las ciudadanas de otros orígenes.

• Deben ponerse a disposición de las políticas locales recursos y buenos profesionales para llevar a cabo políticas de inclusión social.

• Hay que facilitar espacios de diálogo y de trabajo para que las ciudadanas se escuchen mutuamente y aprendan a trabajar en común.

• Es necesario crear opciones para aumentar la tasa de representación de las ciudadanas de diferentes orígenes en cargos de elección popular, por lo que es clave que los partidos políticos hagan esfuerzos sistemáticos por incluirlas en las listas de los procesos de elección popular.

• Hay que ampliar y aprobar medidas que permitan el voto en las elecciones locales a ciudadanas extranjeras residentes como alternativa al complicado y largo proceso de nacionalización.

Para acabar, creo que todavía no se han puesto realmente todos los mecanismos necesarios a disposición de la gestión de la diversidad, y aún hace falta una visión de política preventiva, porque habitualmente no reaccionamos ante un problema hasta que lo tenemos encima. Me refiero a que, desde hace décadas, conocemos la amenaza de la extrema derecha en algunos países de Europa y en España, donde, como consecuencia de los antecedentes franquistas, ha vuelto a emerger muy rápido, pero ni a nivel jurídico ni político se han puesto las medidas necesarias para abordar el asunto y acabar con el discurso racista. Además, hay espacios políticos que, en algunos momentos, para obtener más votos, se han puesto a competir, utilizando un discurso con fondo discriminatorio y xenófobo, lo cual solo favorece a la extrema derecha, que, cuando se ha materializado en un partido, ha encontrado que ya tenía el terreno preparado.

Frente a todos estos retos, la efectiva participación social y política de las ciudadanas de orígenes diferentes es fundamental para frenar los populismos que alientan el machismo y el odio a lo diferente, y para, a su vez, fortalecer los pilares de una sociedad democrática, libre y feminista que trate por igual a sus ciudadanos y ciudadanas.