Sáhara Occidental, autonomía y credibilidad: de la Guerra Fría a Trump

La resolución 2797 del 31 de octubre de 2025 del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental reconoce por primera vez, para satisfacción de Marruecos, que «una verdadera autonomía podría ser el resultado más factible» para lograr una solución política justa, duradera y aceptable para las partes, basada en la avenencia, con arreglo a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de la libre determinación. Para ello exhorta a las partes, Marruecos y el Frente Polisario, a entablar conversaciones sin condiciones previas tomando como base la propuesta de autonomía que Marruecos presentó en abril de 2007.

Tras esta resolución, un primer encuentro entre las partes ha tenido lugar en Madrid en febrero de 2026 bajo auspicios de la embajada americana. ¿Puede entreverse, al fin, una salida a este largo conflicto?

Una descolonización retardada

El conflicto del Sáhara Occidental nace en plena guerra fría, en un territorio sometido a una ocupación colonial por una dictadura, la española, que se resistió a descolonizar más allá del tiempo de las descolonizaciones en el continente africano. El Sáhara Occidental era un territorio inmenso, con una extensión equivalente a la mitad de la España peninsular, apenas habitado por tribus nómadas, escasamente sedentarizadas en pequeños núcleos en proceso de urbanización y con un subsuelo poco explotado fuera del descubrimiento de yacimientos de fosfatos en 1963.

Aislado voluntariamente por la dictadura franquista de su entorno regional, no contará en los años cincuenta con núcleos politizados organizados, como los que en Marruecos, Argelia o Mauritania reclamaban la independencia. Pero sí había en esos años en la región aspiraciones a liberar el territorio desde el exterior, como se evidenció en la guerra que el Ejército de Liberación Marroquí (ELN) llevó a cabo en Ifni y en la zona sahariana con el apoyo de algunas tribus locales. Una guerra que sectores de la oposición marroquí, alma del ELN, llevaron a cabo para cuestionar las concesiones hechas por el monarca Mohamed V a Francia y España a fin de obtener una independencia que consideraron incompleta.

Francia, en plena guerra con Argelia, intervino con la operación «Ecouvillon» para ayudar a España en este conflicto que se resolvió en un primer acto con la retrocesión a Marruecos de Tarfaya, la zona sur del Protectorado, limítrofe y muy próxima étnica y culturalmente del Sáhara Occidental. España reaccionó provincializando en 1958 los dos territorios de Ifni y el Sáhara, una decisión que, incluso a ojos del Alto Estado Mayor del Ejército español, en su informe «El Sáhara español y los territorios vecinos» de abril de 1960, fue considerada una medida artificial, hecha «de modo unilateral y sin contar con la población indígena que no está asimilada y sin existir asentada una minoría española que pudiera justificarlo». Aunque el informe calificaba de firmes los fundamentos jurídicos de la presencia española en la región, era consciente de la fragilidad de los mismos, dadas las circunstancias internacionales imperantes. Convencido de la peligrosidad de las reivindicaciones marroquíes para España, preconizó lo que había de ser la política establecida en la zona: «una política antimarroquí pero no nacionalista» que alejase a los saharauis del contacto natural con sus vecinos.

Llegado al poder prematuramente por la muerte inesperada de su padre, Hassan II heredó esta cuestión que añadía tensión a su confrontación con la oposición. Temeroso de quedar en minoría en la elección del primer Parlamento de su país, en mayo de 1963 propuso, con el fin de aplacar los reproches de los que calificaba de «demagogos», negociar con España la recuperación de «los territorios del sur» para poder presentarse ante ellos el día de la inauguración de la Cámara como gran estadista y negociador de éxito. La propuesta realizada a través del embajador de España, Manuel Aznar, no recibió el beneplácito del Pardo. Imaginó entonces el monarca aparecer ante el Parlamento como el conquistador de Tinduf, el otro territorio irredento que reclamaba la oposición, pero la operación militar se le volvió en contra, enredándose en la Guerra de las Arenas que le traería para largo la enemistad argelina.

La ONU había empezado a llamar la atención a España por los retrasos en su política descolonizadora. La resolución 2072 de 17 de diciembre de 1965 de la Asamblea General pedía encarecidamente al gobierno español que «adoptase inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los territorios de Ifni y del Sáhara español de la dominación colonial y que, con ese fin, emprendiera negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía presentados por esos territorios».

Un año después, la Asamblea requería acelerar el proceso de descolonización de Ifni negociando con Marruecos el traspaso de poderes. Se invocaban para ello las aspiraciones de la población autóctona. En el caso del Sáhara, se hablaba en cambio de un referéndum para la libre determinación que debía celebrarse «de conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del Sáhara Español y en consulta con los gobiernos de Marruecos y de Mauritania y con cualquier otra parte interesada».

La política de bilateralización emprendida con España por Hassan II había encontrado nuevos obstáculos. Mauritania, cuestionada en su independencia por Marruecos, había expresado por su parte su reivindicación del Río de Oro, lo que hizo más compleja la tarea descolonizadora.

España, por entonces, se debatía entre las piruetas diplomáticas de Fernando María Castiella contemporizadoras con la ONU y la instrumentalización por el equipo de Luis Carrero Blanco de los jefes de tribu saharauis para mostrar a las Naciones Unidas su voluntad de «continuar la secular unión con España». Es en ese contexto, a finales de la década de los sesenta, cuando surge en el Sáhara Occidental una cierta conciencia libertadora que mostrará el divorcio entre las nuevas generaciones de saharauis que aspiraban a la liberación y los chiujs enredados en las maniobras urdidas por España. El movimiento será cortado de raíz por la represión brutal de una manifestación de protesta en Jatarrambla en 1970, con la desaparición forzosa de su promotor, Mohamed Basiri, que ni la dictadura ni la España democrática nunca se molestaron en aclarar.

El comienzo de los años setenta fue una etapa en la que los países limítrofes del Sáhara intentaron coordinarse en la búsqueda de una salida descolonizadora beneficiosa para todos. En Nuadibou, Tremecén, Casablanca, Agadir, se produjeron encuentros en la cumbre que no culminaron en una solución común. Las maniobras de España diciendo aceptar la representatividad de la Yemaa, reconocer al pueblo saharaui como el propietario de sus riquezas y recursos naturales y prometiendo un referéndum cuando los saharauis lo estimasen, acelerarán los contactos intermagrebíes, pero también los choques entre ellos.
Finalmente, ante el temor de la celebración por España de un referéndum «controlado», Hassan II decidirá proponer a España y a la ONU recurrir ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para dirimir los títulos de las distintas partes concernidas.

El Frente Polisario y la autodeterminación

De aquel ensayo libertador emprendido por Basiri quedó, en el contexto de la ya languideciente guerra fría y el no menos moribundo nacionalismo árabe, la semilla que plasmó en un movimiento de liberación tardío, el Frente Polisario, en cuya creación en 1973 se fundieron elementos autóctonos herederos de Basiri, jóvenes estudiantes saharauis en Canarias, algún progresista mauritano y un núcleo surgido del movimiento izquierdista marroquí en ruptura con las formaciones políticas de la izquierda tradicional.

En este último grupo destacaba el que habría de ser su primer secretario general, El Uali Mustafa Sayed. Militante inicial en los rangos del PCM, frustrado por su política que consideraba chovinista sobre el Sáhara, publicó en la revista izquierdista marroquí Anfàs, en diciembre de 1971, el artículo «Nueva Palestina en tierra del Sáhara», en el que reivindicaba la liberación del territorio a través de la lucha armada en el marco de la liberación de los pueblos vecinos. Contrario al posicionamiento de las fuerzas políticas marroquíes que reclamaban la integración a Marruecos del Sáhara, dejaba claro su rechazo a hacerlo «en las condiciones políticas e históricas actuales», es decir, en las de un Marruecos sometido a estado de excepción y en el que la represión sobre las fuerzas progresistas era norma. Buena prueba de ello fue la prohibición de la revista y la persecución y exilio de los integrantes de este grupo.

Amparado primero en Mauritania, más tarde por la Libia de Muamar Gadafi y finalmente por la Argelia de Huari Bumedian, el Frente Polisario se constituirá en portavoz de los saharauis, en concurrencia con un partido fantoche creado por la colonia, el PUNS (Partido de la Unidad Nacional Saharaui). Se hará presente en la zona con acciones armadas y logrará una visibilidad y representatividad notoria con motivo de la visita de la misión que la ONU enviará en mayo de 1975.

El dictamen negativo a Marruecos del Tribunal de La Haya moverá a Hassan II a organizar la Marcha Verde como medio para presionar a España, en el momento frágil del régimen español por la agonía de su dictador, y lograr así el reparto del territorio entre Marruecos y Mauritania.

Desde entonces, un contencioso que desembocó en conflicto armado, opuso a Marruecos y al Frente Polisario que, reagrupando una parte de la población del Sáhara en campamentos en Tinduf, en el sur argelino, proclamó la constitución de una República Árabe Saharaui Democrática (RASD), apadrinada por una Argelia enfrentada a Marruecos desde la Guerra de las Arenas. La RASD, con el apoyo argelino, logró el reconocimiento de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y de numerosos países.

Cinco años de conflicto bélico decidieron a Hassan II, tras la dimisión mauritana de la zona sur, a encerrar el Sáhara tras un muro que dividía el territorio, para acabar aceptando en 1981, en la cumbre de la OUA en Nairobi, un referéndum «controlado» que, aunque le costó choques con una oposición interior que le acusó de poner en cuestión la integridad territorial, le permitió seguir aplazando la solución del problema.
El restablecimiento de relaciones de Marruecos con una Argelia en crisis por los bajos precios del petróleo facilitó que, tras un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario, en septiembre de 1988 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptase la resolución 621 relanzando el referéndum auspiciado conjuntamente por las Naciones Unidas y la OUA. Una delegación saharaui se entrevistó con Hassan II en vísperas de la creación de la Unión del Magreb Árabe en 1989.

El fracaso de los Planes de Arreglo

Se llegó así al Plan de Arreglo de 1991, al nombramiento de un representante especial para el Sáhara y al establecimiento de la MINURSO, encargada de vigilar la organización del referéndum. Surgirán entonces dificultades para la identificación de los votantes, con obstáculos múltiples interpuestos por Marruecos que buscará abultar un censo que le evitase riesgos. Sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad darán cuenta de dificultades y retrasos en el Plan de Arreglo, que en 1996 llegará a un bloqueo. Con el nombramiento de James Baker III como representante personal de Kofi Anan, el proceso de identificación cobrará impulso a pesar de la falta de confianza entre los oponentes.

Hassan II fallece en julio de 1999 y su hijo, Mohamed VI, hereda un Sáhara en ebullición. Entre sus primeras medidas estará la destitución del ministro del Interior, Driss Basri, responsable del dosier sahariano.

El informe del secretario general al Consejo de Seguridad del 19 de agosto de 2000 constataba el bloqueo del Plan de Arreglo: «Ninguna de las partes ha demostrado disposición alguna de abandonar la mentalidad de ‘el ganador se lo lleva todo’, ni parece dispuesto a examinar ninguna solución política en que cada parte obtendría algo, pero no todo, de lo deseado y permitiría a la contraparte lograr otro tanto». Tres meses más tarde, un nuevo informe arrojaba la pelota del lado marroquí: «Nuevas reuniones de las partes para buscar una solución política no tendrán éxito, a menos que el gobierno de Marruecos, como Potencia administradora del Sáhara Occidental, esté dispuesto a ofrecer o apoyar alguna restitución de autoridad gubernamental, para todos los habitantes y exhabitantes del Territorio, que sea auténtica, sustancial y en armonía con las normas internacionales».

Aparece entonces la idea de la tercera vía, de una autonomía bajo soberanía marroquí, en el Acuerdo marco que presentó el secretario general en su informe del 20 de junio de 2001. En sustancia, dicho acuerdo era una propuesta de estatuto para el Sáhara que empoderaba a su población a través de órganos ejecutivo, legislativo y judicial con competencia exclusiva en la administración de muy amplias materias locales, tributarias, sociales, educativas, materias primas, infraestructuras, dejando en manos de Marruecos la competencia exclusiva en seguridad nacional y política y defensa exteriores. Bandera y moneda serían las del Reino de Marruecos.

Los saharauis identificados por la MINURSO elegirían un ejecutivo para cuatro años que se encargaría de las competencias definidas. El poder legislativo sería ejercido por una Asamblea, elegida por quienes hubieren residido en el territorio desde el 31 de octubre de 1998 o perteneciesen a una lista de repatriados posteriormente.

El estatuto final del Sáhara Occidental debería someterse a un referéndum dentro del plazo de cinco años para el que estarían habilitados para votar los electores que hubieran residido continuamente en el Sáhara Occidental durante el año anterior. Los gobiernos de Francia y Estados Unidos se prestaban a ser garantes de este acuerdo marco.

Mohamed VI llegó a creer por entonces que el problema estaba resuelto. El 4 de septiembre de 2001 hizo unas declaraciones a Le Figaro en las que consideraba arreglado el contencioso y minimizaba el posible rechazo argelino, esperando que el tiempo hiciera madurar las condiciones para un cambio de actitud.
Argelia rechazó este plan, en efecto, por alejarse considerablemente de lo previsto –la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental–, pues el documento privilegiaba un solo criterio, la integración en el Reino de Marruecos, impidiendo una solución mutuamente aceptable. El Polisario, por su parte, se mantuvo en la idea de que la única solución al conflicto estribaba en la aplicación al pie de la letra del Plan de Arreglo.

James Baker persistió en encontrar una nueva fórmula. Después de que en 2002 se barajase, sin éxito, la proposición argelina y del Polisario de partición salomónica del territorio, propuso un «Plan de paz para la libre determinación de los habitantes del Sáhara Occidental», presentado en enero de 2003: el Plan Baker II.
Con respecto a la propuesta de 2001, en los primeros cuatro años tanto el ejecutivo como el legislativo deberían ser elegidos por los inscritos por la MINURSO en elecciones controladas por Naciones Unidas. Los militares de ambas partes deberían ser acantonados, salvo los necesarios para la defensa exterior. Y el referéndum definitivo, antes de cinco años, competería además de los identificados por la MINURSO, a quienes hubieran residido de forma continuada en el Sáhara Occidental desde el 30 de diciembre de 1999.
Argelia y el Polisario estuvieron de acuerdo con la propuesta. En esta ocasión fue Marruecos el que estuvo en contra por considerar que su soberanía estaba en peligro. Perdió una ocasión de oro para zanjar definitivamente la cuestión a su favor.

Se esperaron cuatro años más hasta que en abril de 2007 ambos contendientes depositaron en Naciones Unidas nuevas propuestas. La del Polisario señalaba las pautas del posreferendum: cómo entenderse entre vecinos tras la independencia. La iniciativa de autonomía planteada por Marruecos ofrecía una base a negociar desarrollando el acuerdo marco, sin cuestionar la soberanía marroquí.

En los casi 20 años transcurridos desde entonces, no se ha sabido avanzar un milímetro. Ni autonomía ni referéndum. Ello no obsta para que en la veintena de resoluciones del Consejo de Seguridad posteriores se expresara un adulador aunque retórico «beneplácito por los serios y fidedignos esfuerzos» realizados por Marruecos. Invisibles, sin embargo, salvo una política exterior marroquí cada vez más asertiva, centrada en la marroquinidad del Sáhara.

Todo cambió cuando en diciembre de 2020, a un mes de su salida de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump decidió reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara; como contrapartida, el reconocimiento por Marruecos de Israel. Desde entonces, la subordinación de la acción exterior marroquí a lo que considera su causa sagrada alcanzó límites insospechados, provocando crisis con Alemania, España y Francia para forzarles a hacer declaraciones halagadoras de su iniciativa autonómica («base más seria, creíble y realista para la resolución de este conflicto» escribió Pedro Sánchez a Mohamed VI) y presionar para salvar una vez más su Acuerdo de Asociación con la UE, en entredicho por el Tribunal de Justicia Europeo apoyando las reclamaciones del Polisario. Pero la credibilidad de una autonomía resulta imposible sin un Estado de derecho, que desmiente una política jacobina y restrictiva de libertades, enmascarada por una política de inversiones e infraestructuras en el Sáhara.

Se llega así a la resolución 2797 del 31 de octubre de 2025 del Consejo de Seguridad. Tiene algo de trágala esta resolución, por la evidencia de su padrino americano. El Polisario ha expresado su malestar por ello. Recibió 11 votos a favor, logrados con lobbies interminables, que no pueden interpretarse todos como avales incondicionales a Marruecos; tres abstenciones significativas, China, Rusia y Pakistán; y la sorprendente ausencia de Argelia de la votación.

¿Qué significado dar a la ausencia argelina? ¿Rechazo a la resolución o miedo a decir no ante las consecuencias de los dictados de la era Trump? El Marruecos oficial, eufórico, tomó buena nota y se apuntó en Davos 2026 al pelotón de la Junta de la paz del presidente americano.

Entre tanto, alrededor de 100.000 saharauis siguen malviviendo desde hace 50 años en los campamentos de la hamada argelina y más de 600.000, saharauis y neosaharianos, en las llamadas por Marruecos provincias del sur. Estos últimos, pese al discurso oficial de las inversiones y las infraestructuras, sufren, según la Iniciativa saharaui por el Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos, asociación reciente de saharauis oriundos del territorio, de «importantes deficiencias en infraestructuras básicas y servicios públicos esenciales, como la salud, la educación, el acceso al agua potable, vivienda digna, centros de reinserción y el empleo». Todos ellos, a un lado y otro del muro, esperan que la solución a este viejo problema sea en su beneficio y no de cuantos entienden el Sáhara como inversión o negocio.

Pues, más allá del problema de fondo, autonomía o independencia, lo fundamental es cómo asegurar, en cualquiera de los casos, una vida digna para todos ellos en su tierra y en libertad. Este debería ser el objetivo prioritario de las conversaciones entre las dos partes del conflicto reemprendidas en Madrid en febrero. Hay un documento técnico que amplía la iniciativa marroquí de 2007 como base para los encuentros. Con un articulado detallado. Pero las claves del documento se encierran en unos apartados imprecisos, sobre el mecanismo de nombramiento del ejecutivo, la política de reconciliación, el retorno de los saharauis de Tinduf y los mecanismos de transición. ¿Está Marruecos dispuesto, como reclamaba el secretario general de la ONU en el año 2000, a ofrecer alguna restitución de autoridad gubernamental, para todos los habitantes y exhabitantes del territorio, que sea auténtica, sustancial y en armonía con las normas internacionales? ¿Podrá Marruecos ofrecer esa vida digna y en libertad para todos los saharauis? «This is the question!»./