Estados y autoritarismos en el mundo árabe

El mundo árabe, desde la perspectiva de sus regímenes políticos, está marcado por el arraigo del autoritarismo, un rasgo de larga duración en la región en comparación con África, Asia, América Latina e incluso Europa del Este, zonas geográficas en las que se han afianzado, tras la Guerra Fría, una serie de procesos de democratización, o al menos ciertas premisas de apertura política. Es cierto que, en general, estos se debilitaron a mediados de la década de 2000, con el aumento de la «autocratización» de los regímenes políticos, lo cual supuso un refuerzo de los rasgos autoritarios –según el Democracy Report 2022: Autocratization Changing Nature? publicado por el V-Dem Institute–, así como un retroceso de las perspectivas de democratización, pero sin llegar a borrarlas y eliminarlas del todo. El contexto es muy distinto en el mundo árabe donde el autoritarismo parece perdurar, con importantes matices ocurridos en la década de 2010.

UNA PROFUNDA CONVULSIÓN DE LOS REGÍMENES AUTORITARIOS

El autoritarismo en el mundo árabe se medía por el afianzamiento, en lo que a longevidad respecta –lo cual no debe confundirse con la estabilidad, sea del tipo que sea–, de una serie de regímenes políticos que controlaban los Estados, desviando las instituciones hacia una perpetuación de estrechas camarillas que dirigían las palancas esenciales de dichos Estados, vaciándolos de su sustancia, controlando los aparatos militares y de seguridad, pletóricos e incluso expansivos en términos de actividades económicas en los ámbitos civiles, y cultivando la debilidad de las sociedades –civiles– revigorizadas durante la década de 2000 –aunque solo fuera por las redes sociales–, pero aún incapaces de ejercer su capacidad de contrapoderes. Estos regímenes habían vaciado los juegos políticos de toda sustancia y, más aún, de toda posibilidad de asegurar una alternancia. El sistema regional específico aseguraba por su parte, y a modo de complemento, una forma de connivencia entre dichos autoritarismos o, en todo caso, no impedía su legitimación y su estabilización interna; en particular, el conflicto palestino-israelí antes del 7 de octubre permanecía en los marcos de la política regional. Además, el sistema internacional validaba esta situación, independientemente de los discursos sobre el orden liberal internacional en expansión o la promoción de la democracia en una región considerada específica en cuanto que estratégica –por sus flujos de petróleo y gas, así como por la presencia de Israel.

Sin embargo, el mundo árabe también ha sido una fuente de «sorpresas» que se manifestaron durante la década de 2010, mostrando las dificultades de los sistemas autoritarios a la hora de imponer su reino exclusivo a las sociedades. Es cierto que dichas manifestaciones no llegaron a «triunfar» –esto es, a democratizar–, pero su reiteración ha sido una señal del persistente malestar. Las revueltas se asientan en el levantamiento de múltiples y amplios sectores sociales –y no solo algunos–, así como en la congregación masiva de protestatarios en los espacios urbanos más céntricos. Empezaron con las «revueltas» árabes de 2011 en Túnez, Egipto, Baréin, Libia, Yemen y Siria, mientras que otros Estados percibieron los primeros signos de amplios movimientos de protesta, pero lograron atajarlos. Estas revueltas provocaron la caída de varios presidentes que llevaban décadas aferrados al poder, como Zine el Abidine Ben Alí, Hosni Mubarak, Muamar Gadafi o Alí Abdallah Saleh.

Aunque, con los años, esos «triunfos» no llegaron a colmar las esperanzas de las sociedades, movimientos «revolucionarios» (thawriyya) del mismo tipo y basados en los mismos factores se reprodujeron, entre 2019 y 2020, en Líbano, Irak, Argelia y Sudán. En los dos últimos casos, ocasionaron la caída de autócratas como Omar al Bachir o el inamovible presidente Abdelaziz Buteflika. A todas estas revueltas podríamos sumar el movimiento «Mujer, Vida y Libertad» (zan, zendegi, azadi) a finales de 2022 en Irán, que apuntaba la revuelta de amplias capas sociales contra el régimen de la República Islámica, por primera vez de forma abierta. En diciembre de 2024, la caída brutal de Bashar al Assad recordó la fragilidad de los regímenes, por mucho que las apariencias muestren lo contrario. Un movimiento sordo de protesta recorre las sociedades del mundo árabe, aunque sus perspectivas políticas son inciertas.

REAFIRMACIONES AUTORITARIAS POR LA ACCIÓN DE LOS APARATOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

El autoritarismo, sujeto a graves sacudidas, no ha sucumbido pese a todo, sino que ha ido trazando lo que, en el mundo árabe, se ha llamado oleada contrarrevolucionaria a partir de 2012-2013, que se ha prolongado hasta 2020-2021 e incluso 2022 –en el caso de Irán. Esta reafirmación tras los sobresaltos «revolucionarios» viene marcada por la restructuración de los regímenes, o de lo que queda de ellos tras las revueltas, por parte de redes militares o de seguridad. Los ejércitos, en concreto, han desempeñado un papel fundamental en ello, al mantener la cohesión tras las convulsiones de los diversos regímenes, puesto que, en cuanto que actores institucionales, han servido de columna vertebral a la hora de reconstruir los regímenes más restrictivos y cerrados, a imagen y semejanza del papel del general Abdelfatah al Sisi en Egipto, el jefe del Estado Mayor de Argelia o el alto mando del ejército sudanés –y del crecimiento excesivo de los cuerpos de seguridad del antiguo régimen, las Fuerzas de Apoyo Rápido. Algunos de estos aparatos militares y de seguridad dieron golpes de Estado contra unos inicios de transición civil –como los de Egipto en 2013 o Sudán en 2021– para imponer a las sociedades marcos autoritarios y renovados en nombre de la estabilidad (istiqrar). Dichas maniobras se reforzaron con una fuerte violencia ejercida por las fuerzas de seguridad –en Egipto, en Sudán y no tanto en Argelia en 2019, donde el Estado Mayor impuso una fachada civil con grandes dificultades, pero más rápido– para detener la movilización de las sociedades. En todos los casos, esa violencia también venía acompañada de la expansión de un aparato represor y de vigilancia destinado a reprimir no solo los movimientos políticos organizados, sino, in fine, toda veleidad de movilización surgida de la sociedad.

Los sectores «de la seguridad» que retomaron el control en los diversos Estados también se aprovecharon de la fragilidad de las sociedades civiles, cuyas capacidades de movilización eran innegables y se repitieron como una oleada en otros países. No obstante, las movilizaciones «contra» el autoritarismo se toparon con dificultades para construir alternativas o para bloquear las reafirmaciones autoritarias desde las sociedades civiles movilizadas, ya fuera en forma de «comités de resistencia» –en Sudán–, de «coordinación» –tansiqiyyat en Siria– o diversas juntas de movilización construidas a partir de ecos en las redes sociales. Dichas movilizaciones perdieron fuerza política cuando se organizaron elecciones abiertas, al menos durante un tiempo, frente a actores políticos mejor organizados en partidos como los islamistas –Hermanos Musulmanes– o sus rivales en el uso de un repertorio religioso, los salafistas. En otros casos, como en Siria, fueron destruidas por el régimen de Al Assad que aniquiló de forma sistemática el surgimiento de toda alternativa; o bien se vieron bloqueadas por la llegada de actores no estatales armados –esto es, milicias. Costó mucho recuperar escenarios políticos que, en la mayor parte de los casos, estaban o escindidos o polarizados, sobre todo entre islamistas y no islamistas o «secularistas». Así, las redes militares y de seguridad pudieron aprovechar para imponerse ante el miedo de numerosos sectores de la sociedad, sobre todo los trabajadores de la pletórica burocracia estatal, a las transiciones caóticas.

EL HUNDIMIENTO DE LOS ESTADOS Y EL CAOS DE SEGURIDAD DEL FRACASO

Los choques ocasionados por las revueltas sociales a los que, de forma cada vez más numerosa, se vieron sometidos los poderes autoritarios suscitaron el hundimiento de los Estados, lo cual fue aún peor. Los fenómenos «revolucionarios» de movilizaciones sociales provocaron inestabilidades y sacudidas en unos Estados ya muy debilitados institucionalmente o bien «fallidos» tras décadas de autoritarismos.

El síntoma de todo ello fue el ascenso al poder no solo de las sociedades civiles, sino de varios grupos armados no estatales o milicias, a menudo surgidos de la fragmentación o implosión de sectores de seguridad o militares de los antiguos regímenes. En 2012-2013, tras la guerra civil que condujo a la caída de Gadafi en Libia –con una intervención internacional franco-británica– y tras una reconstrucción a cargo de los libios que suscitó grandes esperanzas, el país cayó en manos de las milicias (katibat). En este caso, lograron introducirse en el seno del Estado, o lo que quedaba de él (Banco Central, compañía nacional petrolífera, fondos soberanos…), para saquearlo, no sin volver a provocar una guerra civil en 2014 y otra en 2019. Así, el país se fracturó en varios gobiernos entre el Este y el Oeste, aunque cada zona distaba mucho de ser homogénea y no constituía más que un agrupamiento de milicias, como el llamado Ejército Nacional Libio del general mariscal Haftar en el Este; por su parte Trípoli sigue controlada a día de hoy por varias milicias del Oeste.

Yemen, también sujeto a un fuerte intervencionismo regional (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos), y después de unos prometedores inicios en torno a un «diálogo nacional» cívico, se sumió en la descomposición estatal y la guerra civil a partir de 2015. Las élites periféricas (secesionistas) del antiguo Yemen del Sur han vuelto a cobrar fuerza, al igual que un movimiento revivalista zaydí liderado por una familia del extremo norte, los hutíes, que derrocó al –frágil– gobierno de transición para alzarse con el poder en Saná en 2014.

En todos los casos, la descomposición institucional y la fragmentación o ausencia de seguridad han entorpecido toda reconstrucción política real. Cuando nos detenemos a observar, vemos que lo que domina el país no es la reafirmación autoritaria, sino más bien el hundimiento y la guerra civil, una fragmentación en la que ningún grupo –armado– consigue tomar el mando de la situación, cualesquiera que sean sus veleidades autoritarias. A este grupo de países se añadió Sudán en abril de 2023, cuando los dos principales componentes de su sector de seguridad, el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, se enzarzaron en un conflicto fratricida por el poder entre sus respectivos jefes, el general Al Burhan y el general Hemedti, que dominaron la transición del antiguo régimen de Al Bashir a partir de 2019. El país se fracturó y el conflicto se generalizó con epicentro en la capital, Jartum, tomada por unos o por otros, y arrasada en una terrible crisis humanitaria.

Siria es un caso intermedio entre las trayectorias estatales descritas en esta última parte y las del caso anterior, a partir de la victoria autoproclamada del régimen de Al Assad en 2018, que recuperó el control de lo que él llamaba la «Siria útil» con la ayuda crucial de Rusia, Irán y Hezbolá. El régimen eliminó o marginalizó a los principales grupos rebeldes y los restos de auto organización de la sociedad civil siria, que se había alzado de forma pacífica en 2011. Sin embargo, lejos de reconstruir y luego fortalecer su poder político e incluso su ejército –tal y como intentó Rusia– y su política regional, sobre todo con Turquía, país vecino y muy intervencionista en Siria –tal y como aconsejaba Teherán–, entre 2018 y 2024 el régimen se transformó en una máquina de saqueo sistemático del Estado en beneficio de la camarilla en el poder que rodeaba a Al Assad. Este solo se mantuvo porque la sociedad siria estaba demasiado agotada por la guerra, las privaciones y las enormes dificultades económicas (moneda, abastecimiento, electricidad) como para poder organizarse en protestas; además, parte de ella se había visto forzada a emigrar.

Este poder «al desnudo» se hundió de un solo golpe en apenas dos días, con la toma de Alepo en primer lugar bajo el efecto de la ofensiva del grupo rebelde Hayat Tahrir al Sham (HTS), surgido de una de las últimas zonas no recuperadas por el régimen en el noroeste.

MONARQUÍAS Y UN CONTEXTO REGIONAL REMODELADO FAVORABLE A LA REAFIRMACIÓN AUTORITARIA

Entre los regímenes políticos autoritarios árabes empieza a persistir una «excepción» monárquica más que una excepción árabe. Las monarquías eran actores políticos, percibidos como condenados a desaparecer en las décadas de 1950-1960 tras golpes de Estado que debían conducir a repúblicas, primero, y como actores políticos marginales en comparación con pesos pesados como Egipto, Siria o Irak, después. Estos estereotipos ya no son válidos. Las monarquías del Golfo, salvo Baréin –un Estado muy próximo a Arabia Saudí, lo cual explica la intervención de este país y de Emiratos Árabes Unidos para enseñar músculo y sostener el régimen de los Al Jalifa– e incluso Marruecos y Jordania, se han visto menos afectadas por los levantamientos de principios de la década de 2010. O, en todo caso, si las premisas de la movilización se han hecho oír, los regímenes monárquicos han sabido reaccionar para absorber las protestas, menoscabándolas mediante inversiones masivas de miles de millones de dólares, ofreciendo esperanzas de desarrollo a través de sus «Visiones 2030» y jugando con la legitimidad de sus sistemas políticos, menos desacreditados que los derrocados ya citados.

Los principales dirigentes de la región, sobre todo Mohamed bin Zayed en EAU y, a partir de 2015, Mohamed bin Salmán en Arabia Saudí, analizaron los disturbios que afectaban a los otros regímenes políticos autoritarios árabes no como acontecimientos a los que ellos habían escapado en buena medida, sino como fenómenos estructurales –modificaciones de las relaciones entre regímenes y sociedades– que necesitaban reformas y restructuraciones autoritarias, también en sus respectivos territorios. Así, cabe constatar, desde EAU hasta Arabia Saudí y desde Marruecos hasta Jordania, un endurecimiento de estos regímenes a base de represión tradicional y de un nuevo refuerzo en la vigilancia generalizada de las sociedades, sobre todo mediante un amplio uso de técnicas al estilo chino.

Además, las monarquías del Golfo, con Arabia Saudí y EAU a la cabeza, no sin divergencias significativas entre ellos, han proyectado su influencia regional y desarrollado mecanismos de apoyo financiero masivo a otros autoritarismos en dificultades en la región, desplegados, sobre todo en Egipto, con vistas a reforzar el régimen de Al Sisi a partir de 2013 y luego en Sudán, en 2020. El objetivo consiste en preservar la «estabilidad» de los regímenes, asegurar la «seguridad» y luchar contra el «terrorismo» – un término muy amplio que acaba por incluir a toda clase de oponentes–, empezando por los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo. Catar, por su parte, ha optado por una política más demostrativa de apoyo a los cambios que lo ha llevado en dos ocasiones –en 2014 y 2017– a una serie de violentas disputas con Arabia Saudí y EAU. Estos dos países también han adoptado políticas de intervencionismo muy oportunistas en ciertos Estados debilitados como Yemen, Libia o Sudán –a partir de 2023, sobre todo en el caso de EAU.

UNA REGIÓN POCO FAVORABLE A LA DEMOCRATIZACIÓN

En general, aunque los autoritarismos hayan sufrido grandes convulsiones en el mundo árabe, el panorama no llama al optimismo, por mucho que las sociedades sigan en actitud reivindicativa e incluso de movilización, como muestran los casos de Irán en 2022 o la caída del régimen de Al Assad en 2024. Los «sondeos», por ejemplo el del Arab Barometer, con todas las reservas en torno a este tipo de ejercicio en una situación autoritaria, muestran que la democracia sigue valorada, en términos absolutos, pero es objeto de críticas como solución práctica y, en todo caso, como respuesta efectiva a los enormes problemas económicos de la región, además de alimentar numerosos desencantos.

La democracia promovida desde el exterior por intervención militar, como en Irak en 2003, ya había recibido muestras de descrédito a causa, por un lado, del hundimiento del Estado iraquí en varias ocasiones (2005-2006, 2014), y, por otro, de la incapacidad estadounidense de estabilizar un país que, tras el choque de Estado Islámico, cayó en manos de actores políticos confesionales en forma de milicias e influencias regionales, sobre todo iraníes. En octubre de 2019, Irak se vio sacudido por el movimiento Tichrin, una revuelta de un amplio sector de la sociedad, con los jóvenes a la cabeza, que denunciaba la distribución confesional del poder, proclamando: «Queremos un país» (‘enrid watan), la cual se reprimió casi por completo. En paralelo, otra revuelta denunciaba el confesionalismo del sistema político en Líbano, que, al menos sobre el papel, es una democracia.

Más grave aún, Túnez, considerada desde 2012- 2013 como la única excepción democrática, ha visto surgir una serie de ataques contra la democracia en nombre del populismo que han desdibujado los límites entre democracia y autoritarismo tras el golpe de Estado «contra la Constitución» del presidente Kais Said en julio de 2021 y la subsiguiente represión. La apertura real de Túnez en 2011, que se complicó entre 2011 y 2014 –con la entrada en vigor de la Constitución– y luego se estancó, sin que se haya producido más reforma que un reparto de poder entre islamistas (Enahda) y «secularistas» –a falta de una palabra mejor– o antiguos miembros del régimen de Ben Alí, ha suscitado un profundo descontento que ha aprovechado Said, un líder populista con pretensiones de continuador de la «revolución» traicionada por las élites, lo cual le ha permitido hacerse con un poder ilimitado. El autoritarismo prospera, además, gracias al debilitamiento de su antagonista, la democracia, sobre todo porque el contexto internacional no está dominado por las democracias y sus políticas de promoción democrática –muy enmendadas ya, por razones estratégicas, en Oriente Medio–, sino por el resurgimiento de las potencias (China, Rusia) y los modelos autoritarios convergentes./