El encuentro colonial y la herencia del colonialismo en África y el Mediterráneo

Gustavo Gozzi

Universidad de Bolonia

Este trabajo explora el colonialismo en el siglo xix, con especial referencia al colonialismo francés y la influencia de la herencia colonial en las actuales relaciones en los ámbitos africano y euromediterráneo. El tema se analiza desde la perspectiva del derecho colonial; en el marco de este último es importante examinar la legislación económica para entender la continuidad de la organización económica de las colonias con las asimétricas relaciones contemporáneas entre la Unión Europea, por una parte, y los países africanos y de la orilla sur del Mediterráneo, por otra. En particular, el trabajo analiza el proyecto de la denominada «Euráfrica», es decir, la idea de la complementariedad de Europa y África desde una perspectiva colonial.

Asimilación y asociación en la política colonial francesa

Las colonias francesas se caracterizaron inicialmente por la doctrina de la asimilación, y más tarde por el concepto de asociación. Desde una perspectiva institucional, la doctrina de la asimilación tiene sus raíces en la tradición francesa del centralismo administrativo, mientras que ideológicamente deriva del principio de igualdad proclamado en la Declaración de 1789. No obstante, a finales del siglo xix la doctrina de la asimilación se vio gradualmente superada por la extensión que alcanzó el imperio colonial francés y la difusión de las nuevas ciencias, a saber, la sociología y la psicología social. Quienes se oponían a la asimilación apelaban a la base científica proporcionada por el darwinismo social para proclamar que todos los pueblos se desarrollan según sus propias leyes, en su propio entorno y según sus propias características (Le Cour Grandmaison, 2010; p. 23).

La expansión del imperio colonial impuso la necesidad de considerar las diferentes características institucionales, étnicas, culturales y medioambientales de las poblaciones sometidas y llevó al abandono de la idea universalista de asimilación. Esta noción se vio reemplazada por el concepto de asociación que emanaba de la idea de la evolución, en la que se podían identificar los diferentes niveles que habían alcanzado los pueblos bajo el dominio colonial. Como resultado, se abandonó el concepto universalista de igualdad, que sería reemplazado por la idea de cooperación y confianza, pero entre socios «superiores» e «inferiores». La asociación se expresaba en un cierto grado de flexibilidad y autonomía de las administraciones coloniales, ejercida en gran parte a través de las instituciones ya existentes en las poblaciones autóctonas.

A fin de clarificar la doctrina de la asociación, René Maunier utilizó el concepto de cooperación jerárquica (Maunier, 1949; pp. 297 ss.), una expresión contradictoria puesto que una estructura jerárquica no permite la colaboración entre iguales. Raymond F. Betts sostiene que hay que diferenciar la política de asociación de la de asimilación, dado que la primera «buscaba la mejora de la condición de los autóctonos sin alterar seriamente su forma de vida, mientras que la segunda aspiraba a la reorganización de la sociedad autóctona a la luz de la civilización francesa» (Betts, 2005; p. 123).

Mohammad Shahabuddin, profesor de derecho en la Universidad de Keele, ha analizado la idea de la asimilación y la posterior adopción de la doctrina de la asociación en el marco de una confrontación entre la perspectiva del colonialismo liberal francés y la del colonialismo etnonacionalista alemán. La concepción francesa, guiada por los ideales de la Revolución, había emprendido inicialmente una «misión civilizadora» en el marco de una posible asimilación igualitaria, pasando a optar luego por una asociación ya no fundamentada en la idea de igualdad, sino sobre la base de la cooperación entre un «superior» y un «inferior». En cambio, la concepción alemana del colonialismo había excluido toda posibilidad de asimilación, aspirando solo a la materialización del poder y la explotación coloniales.

Shahabuddin analiza el colonialismo en relación con sus raíces nacionalistas, es decir, con los diferentes conceptos de nación proclamados en las metrópolis. Al relacionar el colonialismo con la representación del ser nacional aparecen los diferentes conceptos de etnicidad, esto es, la pertenencia étnica de la población autóctona de las colonias, que podían considerarse desde la perspectiva monogénico-asimilacionista del liberalismo o desde la perspectiva poligénico-excluyente del nacionalismo étnico alemán (Shahabuddin, 2016; pp. 62 ss.).

Los elementos que alimentaron el colonialismo alemán fueron el nacionalismo, los intereses comerciales y la instrumentalización de la expansión colonial en función de la dinámica política interna. Por último, este paradigma halló su legitimación en una doctrina evolucionista que justificaba la superioridad racial germánica y la eliminación de los débiles a manos de los fuertes (Shahabuddin, 2016; p. 70). Sin embargo, también es necesario deconstruir el paradigma del liberalismo para poder identificar sus profundas ambivalencias, algo que resulta evidente si tenemos en cuenta los aspectos económicos de la colonización.

Principios de la colonización y de la legislación colonial. Conceptos económicos

En su trascendental obra Principes de colonisation et de legislation coloniale (1930), Arthur Girault analizaba todos los ámbitos de la explotación de los recursos coloniales. Para empezar, consideraba el estado de la agricultura colonial, mostrando un especial reconocimiento a la descripción que hiciera Joseph Chailley-Bert de las colonias francesas, que para él todavía estaban en la edad de la agricultura (Chailley-Bert, 1896; pp. 20 ss.). El origen de esta tesis residía sin duda en la teoría del desarrollo de las sociedades a través de sucesivas etapas basadas en las diferentes formas en las que la población se ganaba el sustento (Meek, 1976). Los países atrasados debían seguir la misma evolución económica que las naciones europeas: normalmente el desarrollo de la agricultura había de preceder al del comercio.

A la población autóctona de las colonias no le faltaba el deseo de comprar los productos de la industria europea; le faltaban los medios para hacerlo. Los productos se intercambiaban por otros ‒declaraba Girault‒ según la famosa fórmula de Jean-Baptiste Say: para comprar algo era necesario disponer de dinero; para obtener el dinero era importante tener algo que vender; y para tener algo que vender había que empezar por producirlo. Así, desarrollar la agricultura en las colonias era la forma más segura de acrecentar la importancia del mercado que estas podían ofrecer a los productos metropolitanos. Desde esta perspectiva, las colonias se hallaban en la edad de la agricultura, y solo tenían que desarrollar esa etapa para ser operativas de cara a la creación de un mercado para los productos de la metrópoli.

Las consideraciones relativas al comercio colonial también estaban orientadas a incrementar el beneficio obtenido por el comercio de la metrópoli. Girault sugería la creación de empresas comerciales localizadas tanto en las colonias como en la metrópoli a fin de controlar las condiciones de venta de los productos importados. Además, consideraba necesario crear marcas registradas para garantizar la calidad de los productos frente a un posible fraude por parte de la población autóctona (!). Es fácil entender que esta perspectiva se basa simplemente en las ventajas comerciales para las empresas metropolitanas, sin considerar una posible mejora de las condiciones de la población autóctona.

Por último, las consideraciones sobre la cuestión de la industria en las colonias resultaban bastante complejas. Camille Guy, director del Service Géographique et des Missions del Ministerio de Colonias, se preguntaba si no resultaba inútil y peligroso crear industrias florecientes en estas últimas (Guy, 1900; p. 315). De hecho, los adversarios de la industria colonial declaraban que las colonias habían sido conquistadas precisamente para garantizar un mercado a los productos de las industrias metropolitanas; en consecuencia, habría sido contradictorio permitir el desarrollo de las industrias coloniales en contra de los intereses de la metrópoli.

Frente a esta postura, Girault esgrimía el principio de la libertad de trabajo y de la igualdad de todos los franceses ante la ley (Girault, 1930; p. 61). Sin embargo, las colonias francesas eran básicamente naciones agrícolas y, por esa razón, la posibilidad de desarrollo industrial no afectaba a países como Madagascar, el Congo o el África Occidental Francesa, sino únicamente a las colonias de Asia como, por ejemplo, Indochina.

En caso de que se dieran todas las condiciones favorables para el crecimiento de una industria colonial, nada había de impedir al genio de la raza francesa (!) ‒escribía Girault‒ recrear a orillas del Pacífico las maravillas de la industria metropolitana. Obviamente, esos resultados solo hacían referencia a los posibles éxitos industriales de los colonizadores franceses, sin aportar ninguna ventaja a las poblaciones autóctonas y sin considerar para nada su desarrollo industrial.

La edad de la agricultura. Teoría de las etapas del desarrollo

Según la bibliografía económica colonial, todas las civilizaciones se desarrollaban según varias etapas sucesivas: un periodo inicial de cría de ovejas (o agrícola, si las condiciones de un país no permitían la primera actividad), seguido de uno de comercio y, por último, de uno de industria. Las colonias todavía habían de emprender el camino hacia la civilización; por lo tanto, se podía intentar reducir la duración de ese período pero, desde luego, no era posible ni suprimir una etapa ni pensar en invertir su sucesión. En consecuencia, la explotación ideal de las colonias debía empezar por la agricultura, escogiendo aquellas que resultaban apropiadas para dicho proyecto. Además de Argelia, que se consideraba la más avanzada de las colonias, Chailley-Bert había señalado Túnez (protectorado francés desde 1881), Nueva Caledonia y Tonkín.

En un libro publicado a comienzos de la década de 1920, Albert Sarraut, ministro de Colonias francés, declaró que, tras las ruinas de la Primera Guerra Mundial, hacía falta un plan general para incrementar el valor de las colonias basado en una relación de complementariedad entre la riqueza de estas y la de la metrópoli. El principal problema, no obstante, era la limitada capacidad de consumo de las poblaciones de las colonias. Había «cientos de millones de seres humanos ‒escribía Sarraut‒ que se ven reducidos a unas condiciones de vida insuficientes […] que no consumen ninguno de los productos con que la vida civil abastece cada día a las necesidades de los países desarrollados» (Sarraut, 1923; p. 152). En consecuencia, había que aumentar la capacidad de consumo de las poblaciones autóctonas de las colonias. «¡Qué formidable reserva de futuros consumidores de productos alimenticios o artículos manufacturados que la obra del creador arrojará al mercado del futuro! ‒declaraba Sarraut, que concluía triunfalmente‒: ¡Dichosos y sabios quienes no esperen hasta el último momento para aprestarse a responder a la llamada del consumidor universal!» (Sarraut, 1923; p. 153). Tal era la perspectiva del imperio colonial: convertir a los autóctonos en consumidores universales.

A continuación esa perspectiva se ampliaba a nivel internacional, puesto que Sarraut también consideraba la cuestión de una distribución equitativa de las materias primas entre los países pertenecientes a la Sociedad de Naciones, recordando los debates celebrados en 1920 en el Consejo de dicho organismo. El artículo 23 del Pacto de la Sociedad de Naciones prometía un trato económico justo a todos sus miembros, una condición que chocaba abiertamente con las actitudes proteccionistas y el régimen de monopolio practicado por las naciones poseedoras de materias primas. Este debate reflejaba la cuestión de la organización de las relaciones internacionales y el derecho internacional que unos años después el abogado internacionalista George Scelle expresaría mediante el «principio federativo» que debía sustentar la administración de los recursos de las colonias en nombre de la solidaridad internacional (Scelle, 1932; p. 143).

La Unión Francesa y la Comunidad Francesa

Las anteriores consideraciones sobre la economía de las colonias y la subsiguiente cuestión de un nuevo orden internacional fueron vinculándose cada vez más al problema de la descolonización y el intento de las potencias coloniales de oponerse a los movimientos de independencia a través de transformaciones institucionales. En ese contexto, puede resultar útil señalar algunos aspectos de las transformaciones constitucionales del ámbito francés desde la Unión hasta la Comunidad Francesa para clarificar el intento del poder galo de controlar el proceso de descolonización.

La Constitución de la República Francesa del 27 de octubre de 1946, en su artículo 60, título VIII, proclamaba el establecimiento de la Unión Francesa (Union Française), integrada, por una parte, por «la República francesa, que comprende la Francia metropolitana, los departamentos y los territorios de ultramar [y], por otra, los territorios y estados asociados». El artículo 81 también establecía la ciudadanía de la Unión Francesa, que tenía como finalidad política expresar la unidad del imperio mediante la creación de un vínculo común para todos los miembros de la Unión dentro del marco de autoridad de dicha institución (Gonidec, 1959; p. 376).

Sin embargo, durante la década de 1950 África siguió avanzando y, tras la independencia de Vietnam, Laos y Camboya en 1954, la condición de estado asociado a la Unión Francesa dejó de ser atractiva para cualquier país. Debido a ello, la ley constitucional del 3 de junio de 1958 atribuyó al gobierno la tarea de elaborar el borrador de una nueva Constitución. Mediante un complejo procedimiento constitucional (Bidegaray, 1992; p. 196), finalmente el texto de la nueva Constitución fue sometido a referéndum y, una vez aprobado, entró en vigor el 5 de octubre de 1958. La Constitución proclamaba en su primer artículo la creación de la Comunidad Francesa (Communauté Française), que se propuso como alternativa a los territorios de ultramar que querían convertirse en estados sin hacerse independientes a corto plazo (Luchaire, 1959; p. 116). No obstante, si un estado se hacía independiente ya no podría pertenecer a la Comunidad (art. 86). Asimismo, la Comunidad se abría a la asociación de otros estados que quisieran «desarrollar su civilización» (art. 88); unas palabras que traslucían la antigua «misión civilizadora» de Francia.Las relaciones entre los pueblos de la Comunidad se expresaban en el primer artículo de la Constitución, que proclamaba la «solidaridad de los pueblos» que se incorporaran a aquella. Dicha solidaridad implicaba la disponibilidad de recursos para garantizar el desarrollo económico y social.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la iniciativa francesa produjo principalmente proyectos de planificación que, en base a la ley del 30 de abril de 1946, se situaban por encima de todos los planes de desarrollo decenales. La ayuda francesa, básicamente concentrada en los territorios previamente administrados por Francia como colonias, consistió, en su mayor parte, en donaciones en gran medida restringidas, puesto que solo las empresas francesas o pertenecientes a los países beneficiarios podían llevar a cabo actividades financiadas por el denominado Fonds d’Aide et de Coopération (FAC). Asimismo, los materiales y suministros que se adquirieran gracias a dicho fondo debían ser franceses. En suma: se utilizaban los mercados de los países pertenecientes a la Comunidad para la venta de productos franceses. Resulta evidente la continuidad con el anterior dominio colonial, primero en el marco de la Unión Francesa, pero también posteriormente reconocible en la Comunidad, aunque en diferentes formas.La misma perspectiva emerge de un análisis de la estructura organizativa de la CEE.

De ahí que revista especial importancia examinar las complejas relaciones existentes entre la asociación de los territorios de ultramar en la Constitución francesa de 1946, y posteriormente en la de 1958, y las formas asociativas creadas en el marco de las nacientes instituciones europeas.

Fue el proyecto de una Europa económica el que sirvió para generar el debate en torno a la cuestión de los territorios de ultramar en el marco de la doctrina de Euráfrica. Francia no quería participar en el mercado único europeo asumiendo ella sola la carga de las inversiones públicas en los territorios de ultramar. Los representantes de Francia consideraban que el esfuerzo en favor de los territorios de ultramar debía corresponderse con la perspectiva de ayudar a los países subdesarrollados; si esto no se daba, Europa no sería capaz de mantener a dichos países en la esfera occidental (Avit, 2005; p. 22). Al final, los socios europeos aceptaron aquel argumento, y el contexto internacional ‒la nacionalización del Canal de Suez por parte de Nasser y el inicio del conflicto argelino‒ también favoreció la postura de Francia. Así, en las negociaciones del Tratado de Roma se admitió el principio de asociación, y la Parte IV del Tratado pasaría a regular la asociación de los países y territorios de ultramar. La doctrina de Euráfrica acompañó, pues, al nacimiento de la CEE.

Euráfrica y la geopolítica

El proyecto de Euráfrica se creó en un contexto geopolítico específico. Tenía un claro significado económico, político y militar, con el objetivo de confirmar los vínculos de Francia con el continente africano y asegurar su papel como gran potencia (Papa y Samir, 2004; p. 96). La complejidad del proyecto era fruto de las relaciones de los países africanos asociados a Francia con la naciente Comunidad Económica Europea y la irreprimible tendencia independentista de dichos países.

La idea de Euráfrica la desarrolló en la década de 1930 el politólogo francés Eugène Guernier sobre la base de la teoría de la complementariedad de Europa y África, que a su vez se fundamentaba en la riqueza africana de materias primas y recursos hidroeléctricos (Guernier, 1933). Después de la Segunda Guerra Mundial surgió la conciencia de que Europa, arrollada entre las dos superpotencias, podía postularse como un «factor válido» (Guernier, 1957; p. 22) capaz de ejercer el papel de árbitro y elemento de equilibrio entre ellas. Sin embargo, la cuestión de la complementariedad entre Europa y África, proclamada como la base de unos intereses compartidos, era en realidad una ideología que aspiraba a asegurar los intereses de la potencia colonial. Para justificar este juicio, debemos analizar no solo los aspectos económicos de la cuestión, sino también los factores militares y políticos.

Desde una perspectiva militar, Euráfrica se concibió como una respuesta a la «amenaza» comunista y a las maniobras estadounidenses que apoyaban los movimientos de emancipación de los países africanos. El proyecto de Euráfrica consideraba África la retaguardia de la metrópolis en caso de conflicto con el Ejército Rojo; África debería haber sido la Siberia de Europa, y el Atlas, sus Urales (Labonne, 1948; p. 40).

Varias revistas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial ‒Eurafrique, Défense Nationale y otras‒ publicaron ensayos de oficiales militares que examinaban en profundidad los aspectos estratégicos del proyecto eurafricano. En 1958, el general Meynier, redactor jefe de la revista Eurafrique, publicó un libro donde analizaba la estrategia de la Unión Soviética tras la Conferencia de Bandung de 1955. Según su análisis, la Unión Soviética aspiraba a explotar las tendencias antioccidentales de los países del Tercer Mundo. Por otra parte, tras el descubrimiento de reservas de petróleo en Oriente Próximo y la crisis de Suez de 1956, la Unión Soviética había logrado realizar un objetivo fundamental de su política exterior, a saber, el acceso al Mediterráneo. De hecho, los rusos habían ofrecido suministros de armamento a Siria y otros países de la Liga Árabe, y habían obtenido autorización para utilizar el puerto de Latakia. A esto había que añadir las intervenciones rusas en favor de las tendencias independentistas de los pueblos del norte de África, concretamente de los «rebeldes» argelinos, como los llamaba el general Meynier.

De ese modo se revelaba la extrema urgencia (Meynier, 1958; p. 21) de comprender que Euráfrica podía crear sólidas relaciones con el norte de África frente a las estrategias del panarabismo y el comunismo. En este contexto estratégico también hay que considerar la cuestión de la independencia de los países africanos. Los nacionalismos africanos se concibieron no solo a consecuencia del retraso en la apropiada valorización de las colonias, sino también como resultado de las ideologías anticolonialistas sustentadas por las dos superpotencias. Sin embargo, por parte de Francia estas consideraciones no se tradujeron en la aceptación de las tendencias independentistas, sino en la hipótesis de una nueva colonización que pudiera resultar ventajosa tanto para Europa como para África.

Los movimientos nacionalistas se consideraban una amenaza para la presencia europea. Muchas de las intervenciones de los ideólogos del proyecto eurafricano criticaban fuertemente a los movimientos nacionalistas y sus líderes, como el Neo-Destour tunecino liderado por Burguiba (Fabre-Luce, 1952; pp. 24 ss.), el Istiqlal marroquí y el movimiento de Nasser en Egipto. En suma, pues, el proyecto de Euráfrica representaba la negación y el rechazo de los movimientos nacionalistas; era un intento de garantizar el statu quo, y, en contra de todas las hipótesis de la descolonización, implicaba «un retorno nostálgico a la época colonial» (Papa y Samir, 2004; p. 111).

Todos los proyectos de industrialización de los países africanos, junto con la creación de puestos militares estratégicos, se hicieron en nombre de un proyecto neocolonial. En este escenario geopolítico ‒pérdida del estatus de gran potencia de Francia, movimientos de independencia en los países colonizados, y políticas neocoloniales‒ surgió la cuestión de las relaciones del proyecto eurafricano con la nueva Comunidad Económica Europea.

El problema era adaptar las soluciones constitucionales introducidas en la Constitución francesa de 1946, y luego en la de 1958, a la realidad institucional de la Comunidad. La idea de Francia era promover la cooperación europea con el objetivo de combatir las revueltas independentistas, pero asegurar al mismo tiempo la influencia francesa en África (Schreuers, 1998; p. 85). Así, durante la Cumbre de Venecia de los días 29 y 30 de mayo de 1956, el ministro de Exteriores francés, Christian Pineau, declaró que Francia quería que sus países africanos fueran miembros asociados de la CEE (Schreuers, 1998; p. 84). La transformación económica de la Unión Francesa mediante la asociación de los países africanos con la CEE era la condición indispensable para la continuidad del poder francés. En suma: gracias a sus socios europeos Francia pretendía financiar el mantenimiento de su soberanía en África, lo cual resultaba posible porque las instituciones políticas francesas mediaban en las relaciones de los estados miembros de la CEE con los países de ultramar (Papa y Samir, 2004; p. 110).

Sin embargo, la Comunidad, introducida por la Constitución francesa de 1958, no podía oponer el principio de asociación a los crecientes movimientos de independencia de los pueblos africanos, pese a la ley constitucional aprobada el 4 de junio de 1960, que revisaba la Constitución para permitir la compatibilidad de la independencia de un estado con su pertenencia a dicho organismo (Duverger, 1989; pp. 319-320).

Esto hacía necesaria una estrategia política distinta para introducir las políticas de cooperación con los nuevos estados africanos independientes. El contenido de dichas políticas de cooperación, promovidas por el general De Gaulle, se expresaba en un documento fundamental conocido como Informe Jeanneney y titulado La politique de coopération avec les pays en voie de développement, que exponía la doctrina francesa en relación con los objetivos de las políticas de cooperación (Basso, 1992; p. 261). El documento señalaba que «para fortalecer la independencia económica de un país, es necesario ser claramente conscientes de las causas de su dependencia» (Jeanneney, 1964, p. 84). Esta declaración expresaba abiertamente la doctrina de la «independencia en la dependencia» (Papa y Samir, 2004; p. 112) subyacente a las políticas de cooperación francesas.

De hecho, los acuerdos de cooperación forjados en el período inmediatamente posterior a la independencia «eran formalmente respetuosos con las soberanías existentes… [aunque] en realidad ‒como escribía Jean Touscoz‒ se basaban en el mantenimiento de las relaciones políticas, económicas y culturales desigualitarias que se habían heredado del colonialismo. Eran la expresión de la política gaullista relativa al Tercer Mundo en general y al África francófona en particular» (Tuscoz, 1974; p. 209). En suma: la independencia de los estados africanos se concibió como la ocasión para materializar unas nuevas relaciones neocoloniales, enmascaradas bajo la ideología de las políticas de cooperación, asistencia técnica y ayuda financiera.

Desde que los países africanos se independizaron, esta ha sido de hecho la transformación del proyecto eurafricano con el objetivo de mantener los intereses coloniales, en particular los de Francia, y garantizar la explotación de los recursos de los países subsaharianos y del norte de África también en la era poscolonial.

La CEE y el proyecto neocolonial de Euráfrica

En cualquier caso, habría que subrayar claramente que los intereses coloniales todavía desempeñaron un papel fundamental en la creación de la CEE en 1957 (Hansen y Jonsson, 2014; p. xiv). Cuando se creó, la Comunidad Económica Europea no solo estaba integrada por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania Occidental, sino también por todas las posesiones coloniales de los estados miembros. Estas últimas, denominadas Países y Territorios de Ultramar, incluían el Congo Belga, el África Occidental y el África Ecuatorial Francesas, la Somalia bajo administración fiduciaria italiana, Nueva Guinea Neerlandesa y muchos otros (como Madagascar, la Somalia Francesa o el Camerún bajo administración fiduciaria francesa). En esa época Argelia formaba parte de la Francia metropolitana y estaba formalmente integrada en la CEE.

En el debate político europeo, África se consideraba una solución en términos de territorios y recursos que podía materializarse si todas las naciones colonizadoras se unían para fusionar sus posesiones coloniales en aras del beneficio común. Como afirman Hansen y Jonsson, la Unión Europea (o mejor dicho la CEE) «no habría llegado a existir […] si no se hubiera concebido como una empresa eurafricana en la que se europeizó el colonialismo» (Hansen y Jonsson, 2014; p. 13).

Para los estados africanos que obtuvieron la independencia, el proyecto de Euráfrica permitió a las élites políticas llegar a una solución de compromiso con sus antiguos dominadores coloniales, pero a costa de las mayorías de dichos pueblos, para las que la descolonización parecía no haber ocurrido. Por su parte, el estado poscolonial siguió realizando sus actividades económicas y comerciando según los viejos patrones. Tal fue la función de los acuerdos de asociación de la CEE (Hansen y Jonsson, 2014; p. 15): a través de dichos acuerdos, Europa seguiría manteniendo el control de los recursos del continente africano.

Hacia mediados de la década de 1960, el concepto de Euráfrica desapareció de la agenda política y fue reemplazado por los proyectos de cooperación, desarrollo y asesoramiento diplomático. En 1963, cuando 18 estados africanos independientes decidieron mantener su asociación con la CEE en el marco de la Convención de Yaundé, el temor de que los estados africanos pudieran abandonar dicha organización se desvaneció definitivamente. Así, la asociación africana con la CEE se mantuvo con la aprobación de dicha Convención, aunque con estados nominalmente independientes. Posteriormente, estos estados africanos optaron por asociarse a la CEE a través de la Convención de Lomé (1975-2000) y más tarde a través del Acuerdo de Cotonú (2000). Aun así, el espíritu de la asociación con la CEE se mantenía en el marco de los viejos paradigmas coloniales.

Desde la década de 1950, la economía europea necesitaba los mercados y los recursos de África a través de una relación de complementariedad geopolítica; el proyecto de Euráfrica representaba una alternativa a la perspectiva del panafricanismo. Según Nkrumah, el primer presidente de la Ghana independiente, el Tratado de Roma podía considerarse un equivalente al Tratado del Congreso de Berlín de 1885 (Hansen y Jonsson, 2014; p. 270), e implicó el advenimiento del neocolonialismo en África. Frantz Fanon declaraba que el proyecto de Euráfrica simplemente venía a sustituir el concepto de África como «coto de caza de Francia» por el de «coto de caza de Europa» (Fanon, 2006; p. 126; Hansen y Jonsson, 2014; p. 271). Para Obadiah Mailafiah, la coercitiva asociación de estados africanos independientes a la CEE «se orientaba a la financiación de infraestructuras y tenía un marcado sesgo contrario a la industrialización […] la asociación no señalaba una desviación importante de la pauta histórica de desarrollo colonial» (Mailafiah, 1997; p. 60). Los territorios africanos no habían dejado de ser «apéndices agrícolas de Europa» (Coryell, 1962; p. 13; Hansen y Jonsson, 2014; p. 274).

Los últimos diez años han estado marcados por un renovado interés en África por parte de la Unión Europea. Como se puede leer en la Declaración de Lisboa de diciembre de 2007, el nuevo Partenariado África-UE se presentaba como un «partenariado entre iguales […] destinado a lograr […] el fortalecimiento de la inversión, el crecimiento y la prosperidad». La cumbre celebrada en París en agosto de 2017 puede representar el advenimiento de un nuevo marco de cooperación para un desarrollo real de África. Sin embargo, solo un Plan Marshall para África podrá abordar los grandes retos que afronta el continente africano.

El colonialismo y las políticas euromediterráneas

La herencia colonial resulta claramente reconocible también en las relaciones de Europa con los países de la orilla sur del Mediterráneo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la era de la descolonización, Europa ha persistido como un poder civil decidido a mantener a los pueblos de la orilla sur del Mediterráneo en un estado de dependencia al condicionar su ayuda al desarrollo a la adopción de formas occidentales de gobierno democrático y protección de los derechos humanos.

Cuando se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, Francia ejercía un firme control de sus colonias y protectorados, hasta el punto de llevar a Schuman, ministro francés de Relaciones Exteriores, a predecir que también esos países podían formar parte de la nueva Comunidad Europea. Eso fue lo que ocurrió realmente con los países y territorios de ultramar, que en 1957 se integraron en la Comunidad Económica Europea (CEE) al amparo del artículo 227 del Tratado de Roma, que se firmó en el mismo año y entró en vigor al año siguiente, en 1958 (Isoni, 2013; p. 9). A la luz de la relación complementaria existente entre las antiguas colonias y las metrópolis, el Artículo 3 del Tratado introducía el principio de asociación ‒como ya hemos señalado‒ con el fin de incrementar el comercio y fomentar el desarrollo económico y social; el propósito y contenido de dicha asociación se exponían con mayor detalle en los Artículos 131 a 136. Esta disposición fue solicitada expresamente por Francia como condición para firmar el Tratado fundacional, e iba dirigida a aquellos países y territorios no europeos que estuvieran vinculados a determinados estados miembros en virtud de las denominadas relaciones especiales, un eufemismo con el que el Artículo 131 se refería a ciertas relaciones de dependencia colonial (Martines, 1991; p. 404).

Luego, a partir de 1961, se iniciaron una serie de acuerdos con casi todos los países del Mediterráneo, al amparo de los cuales los miembros de la CEE comprarían materias primas de los países no europeos al tiempo que vendían productos industriales europeos (Isoni, 2013; p. 10). En 1961 y 1963 se establecieron los primeros acuerdos de asociación con Grecia y Turquía respectivamente; les siguió en 1965 un acuerdo mixto ‒tanto de carácter comercial como de cooperación técnica‒ con el Líbano; y en 1969 se firmaron sendos acuerdos comerciales con Túnez y Marruecos.

Fue esta una estrategia diseñada para explotar las economías comercialmente en desarrollo a la vez que se salvaguardaba la economía europea garantizando que los productos agrícolas y otras materias primas y productos manufacturados procedentes de dichas economías no entrarían en la CEE si se hallaban en competencia con los productos y materias primas europeos (Pocar, 1981; pp. 5-17).

Mediante una reconstrucción histórica es posible poner de manifiesto la continuidad del discurso del desarrollo en relación con las políticas coloniales y el modo en que dicha continuidad ha posibilitado que se promovieran ideas relativas a la superioridad occidental, y la diferencia y la desigualdad con respecto a Occidente (Kothari, 2005; p. 63). De hecho, esa perspectiva resulta reconocible asimismo en las denominadas Política Mediterránea Global de 1972 y Política Mediterránea Renovada de la década de 1990, hasta la persistente política de condicionalidad de la UE con respecto a los países de la orilla sur del Mediterráneo. Pero Europa necesita una política distinta basada en la interdependencia, y no en la condicionalidad, si pretende poner en práctica un auténtico partenariado en lugar de mantener relaciones asimétricas con nuestros países vecinos.

Bibliografía


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