Bosnia. Cuando el nacionalismo no es suficiente
“Sólo 4 millones tienen la suerte de vivir en Bosnia y Herzegovina. El resto no tienen esa suerte… pero tienen todo lo demás”
Este popular meme que circula en las redes sociales bosnias resume perfectamente 20 años de caótico devenir político desde que el 21 de noviembre de 1995 Warren Christopher afirmara que el compromiso contraído en Dayton suponía “una victoria para todos aquellos que creen en una democracia multiétnica en Bosnia”. Casi veinte años más tarde dicha victoria parece pírrica por cuanto esa democracia multiétnica basa sus dinámicas de funcionamiento institucional más en el obstruccionismo nacionalista que en la cooperación.
Sin embargo, las protestas ciudadanas que se están produciendo en el país, contrastan con este escenario por no tener una base étnica ni nacionalista. Y si bien las protestas se están producido básicamente en la Federación de Bosnia y Herzegovina y no tanto en la más compacta y políticamente controlada República Srpska, entre los manifestantes de Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, Bihac, Prijedor, Gorazde llaman a derrocar a una casta política que ha hecho del nacionalismo exacerbado y del miedo al otro la cortina de humo perfecta para mantenerse en el poder a pesar de su ineficiencia y de sus prácticas generalizadas de corrupción de las que la mediática detención en abril de 2013 y posterior liberación al mes siguiente por falta de evidencias del actual presidente de la Federación de Bosnia y Herzegovina, Zivko Budimir, es una punta de iceberg.
Las raíces de las protestas, las más importantes desde el final de la guerra en 1995, se encuentran precisamente en ese año. Con los Acuerdos de Dayton, la mediación internacional trató de conseguir para Bosnia lo que para Yugoslavia resultó imposible: un sistema blindado de equilibrios de poder y autonomía entre las tres principales comunidades que garantizara bajo una fórmula federal la unidad de la República de Bosnia y Herzegovina. En aras de una unión en la diversidad entre comunidades los Acuerdos sentaron las bases de un complejo y fragmentado sistema compuesto por un Estado federal que comprende dos entidades federadas, una de ellas dividida en 10 cantones, un distrito autónomo y 142 municipalidades: en total 3 presidentes rotatorios de la república; 3 constituciones; 16 cámaras legislativas; 13 gobiernos; 13 primeros ministros; 140 ministros y 613 parlamentarios en un país que no llega a los 4 millones de habitantes. A esta hipertrofia administrativa aún cabe añadir el debate en curso sobre la necesidad de desgajar de la Federación de Bosnia y Herzegovina una nueva entidad propia para los croatas amén de la presencia del Alto Representante de la Comunidad Internacional que merced a la invocación de los Poderes de Bonn, instaurados en diciembre de 1997 bajo aval de Naciones Unidas, necesariamente debe suplir la incapacidad de un Estado central prácticamente sin atribuciones para tomar las decisiones pertinentes para el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento progresivo del Estado bosnio, previstas por los Acuerdos de Dayton.
Tal marasmo de cargos públicos permite comprender por qué la gobernabilidad en Bosnia nunca ha sido ni fácil ni rápida. Cualquier ley debe someterse al beneplácito de tres comunidades cuyas visiones sobre el Estado que comparten son cada vez más divergentes. Así lo establecen las tres constituciones – las de las dos entidades y la federal derivada del Anexo IV de los Acuerdos de Dayton- que por otra parte olvidan los derechos de otras comunidades, como la romaní o la judía, tal y como ilustra el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de diciembre de 2009 por el caso Sejdić-Finci que considera que la tanto las constituciones como la Ley electoral violan el artículo 14 de la Carta de Europea Derechos Humanos al excluir a los miembros de comunidades diferentes a las tres mayoritarias de los procesos de elección presidencial o parlamentaria.
A este respecto, no ha sido hasta inicios de este año que la Comisión Europea ha anunciado algún tímido signo de avance en las negociaciones entre los principales partidos para enmendar los textos constitucionales. Mientras, el Acuerdo de Asociación y Estabilización firmado en junio de 2008 y antesala de un eventual inicio de las negociaciones de adhesión, permanece paralizado porque lógicamente Bosnia no cumple aún con todos los prerrequisitos constitucionales necesarios en la línea de los criterios de Copenhague y que incluyen además de la transposición del fallo sobre el caso Sejdić-Finci, la reforma de los cuerpos de seguridad o la reforma de la ley electoral –de cuyo éxito depende la posibilidad de organizar las próximas elecciones parlamentarias previstas para octubre de 2014-. Todas estas reformas, exigidas por la UE pero también por gran parte de la ciudadanía, se ven permanentemente bloqueadas bien por el veto parlamentario si se considera que unos determinados derechos nacionales podrían verse amenazados, bien por el colapso de alguna coalición en alguno de los niveles de gobierno. De hecho, la formación de coaliciones de precaria estabilidad es la norma en un país con una enorme fragmentación del eje ideológico condicionada, además, por el posicionamiento paralelo de los partidos en el eje dominante, el nacionalista. Es así como la arquitectura institucional diseñada en buena parte por la UE en Dayton constituye el principal obstáculo para el acercamiento de Bosnia a la propia UE.
El uso obstruccionista de las prerrogativas nacionalistas ha venido implicando además que los presupuestos anuales del Estado se adopten tarde y de forma traumática. Así, la coalición gubernamental de seis partidos (SDP, SDA, SNSD, SDS, HDZ BiH y HDZ-1990) surgida en diciembre de 2011 y que dio paso al nombramiento de un nuevo Gobierno en febrero de 2012, dieciséis meses después de haberse celebrado las elecciones parlamentarias de octubre de 2010, se rompía en junio de 2012 tras aprobar los presupuestos generales, por la salida del bosniaco Partido de Acción Democrática (SDA) de la coalición por su desacuerdo con la distribución del presupuesto entre la Administración Federal y las entidades. Más recientemente, el presupuesto federal para 2014 no pudo ser acordado hasta 30 de diciembre de 2013, fuera del plazo fijado por el FMI para el desembolso del tramo de ayudas correspondiente al ejercicio 2014.
La ruptura del Gobierno federal en junio de 2012 tuvo un contagio inmediato sobre la coalición de Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina y de diversos cantones, dado que los mismos partidos se encuentran presentes en diferentes coaliciones. Este escenario de crisis institucional ha seguido vigente hasta la actualidad y constituye uno de los argumentos recurrentes que desde la autonomista –cuando no independentista- República Srpska se esgrimen contra la viabilidad de Bosnia y Herzegovina como Estado y que abogan por la independencia. Irónicamente, gran responsabilidad del desgobierno en Bosnia se debe también a acciones de bloqueo desde Novi Sad. El mejor botón de muestra es la crisis nacional abierta tras la publicación, en mayo de 2011, del fallo del Tribunal Constitucional de Bosnia que ordenaba la interrupción de expediciones del documento nacional de identidad (el JMBG en su acrónimo bosnio) al haber aceptado un recurso de la República Srpska contra el uso no actualizado de toponimia serbobosnia y por supuestas violaciones en la demarcación territorial entre las dos entidades, en los documentos expedidos. A resultas de esta sentencia y ante la imposibilidad del Parlamento federal para aprobar una nueva ley relativa al JMBG, los nacidos a partir de febrero de 2013 carecen de la posibilidad de obtener su documento y consecuentemente de tener acceso ni a un pasaporte ni a una tarjeta sanitaria. Finalmente, en junio de 2013, las protestas ciudadanas se volvieron masivas ante el Parlamento federal, que aún seguía sin alcanzar un acuerdo. Por su parte, la República Srpska forzó un poco más la máquina en abril de 2013, al adoptar las regulaciones necesarias para expedir un documento de identidad propio como respuesta a un impasse político provocado, de hecho, por Novi Sad, en una maniobra vista por muchos como el enésimo intento de minar la viabilidad del Estado federal.
Para 2014 el Estado contará con un presupuesto de unos 918 millones de euros (434 de ellos destinados al pago de deuda externa), la Federación de Bosnia y Herzegovina con más de 1.205 millones de euros y la República Srpska con algo más de 1.000 millones de euros. El sueldo mensual de un parlamentario ronda los 3.500 euros en un país en el para diciembre de 2012 la creciente deuda pública exterior se situaba en un 43,3% del PIB y el paro alcanzó a finales de 2013 el 44,5% -según estudios independientes- o un tampoco nada prometedor 27,5% según cifras oficiales. Es decir, de los 3,8 millones de habitantes de Bosnia, menos de 700.000 trabajan y de éstos casi 180.000 son empleados públicos a lo que hay que añadir que un 50% sólo de la población activa ya recibe algún tipo de prestación pública de tipo económico, que al menos una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de pobreza y que el salario medio mensual no llega a los 400 euros y las pensiones medias son de 150 euros. Es imposible que las cuentas salgan, por lo menos a favor de la ciudadanía -.
Por otra parte, la mal controlada y peor gestionada oleada de privatizaciones iniciada en 1998 ha agravado sobremanera la situación de descontento. De este modo, el cierre oficial el 5 de febrero de 2014, de algunas factorías antaño boyantes de Tuzla -la que fuera una de las joyas de la industria yugoslava- como Dita, Guming, Konjuh y Polihem, previamente privatizadas, han sido la gota que ha colmado el vaso de veinte años de paciencia de una ciudadanía secuestrada por el mantenimiento de los traumas de los conflictos de los años 90 por parte de una clase política ajena a la realidad de la mayor parte de la población. Los bosnios han acabado por entender que la clásica estrategia de dar la culpa al otro, responsable de tantos horrores en la historia de Europa, no funciona. Porque a fin de cuentas, el entramado institucional acordado en Dayton, por complejo que sea, ofrece las garantías necesarias para que las comunidades puedan convivir pero es la responsabilidad de quienes representan a esas comunidades establecer los diálogos necesarios para dar respuesta a necesidades propias del Estado de social de derecho y del Estado del bienestar.
De hecho, lo que acontece en Bosnia no sólo no tiene una base étnica sino que es análogo a lo sucedido en otros países del entorno como Eslovenia o Croacia donde la retórica nacionalista que desahució sin remisión la viabilidad del modelo federal yugoslavo no es ya válida para explicar la mala gestión económica y los elevados índices de corrupción tras la independencia. En el caso de Eslovenia la llamada Primavera de Maribor de 2012 y 2013 que denunciaba la mala situación económica pero también los excesos del alcalde de la ciudad, Franc Kangler, acabó en protestas en todo el país que hicieron caer al Gobierno del primer ministro, Janez Jansa, quien terminó acusado por corrupción por la Justicia eslovena. En Croacia, las protestas contra la mala gestión y la corrupción de la clase política en 2011 ocasionaron la caída del gabinete de Jadranka Kosor. El antecesor de Kosor, Ivo Sanader, también sería condenado a dos años de cárcel en 2012 por cobro de sobornos y el que fuera su viceprimer ministro Damir Polancec, a 10 meses de cárcel por abuso de poder.
Y si entre los dirigentes bosniacos y bosniocoratas el nacionalismo es un arma recurrente, lo es aún más en la República Srpska, desde donde Milorad Dodik lanza un mensaje ya recurrente: que las protestas son un intento de minar la autoridad y la estabilidad de la República Srpska y confirman la inviabilidad de Bosnia como Estado. El argumento de Dodik evidencia una aceptación tácita de que algo no funciona bien, ni en la entidad bosniaco-croata ni en la entidad serbobosnia porque lo que se escucha en las calles no son consignas contra la República Srpska ni contra la comunidad serbia ni ninguna otra. Son consignas que, con las cifras en la mano, se dirigen contra una clase política que en su conjunto e independientemente de su color y de su etnia, ha olvidado que su obligación es hacer que un país funcione y avance.
Hay quien afirma que de haber podido encontrar la fórmula para permanecer unida, Yugoslavia hace tiempo que sería miembro de la UE. También es fácil ver en el conflicto bosnio y en su posterior disfuncionalidad política un reflejo de aquella Yugoslavia que entre todos defuncionaron. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero veinte años después de Dayton, un término, yugonostalgia, sigue en el debate público. Pero no porque sea probable un retorno de Yugoslavia: ni siquiera en los momentos más álgidos del titoísmo el porcentaje de ciudadanos de aquella federación que se consideraban a sí mismos como yugoslavos superó el 10%. La razón de que ese concepto permanezca latente en ese espacio fragmentado pero irremediablemente vinculado que Tim Judah definió como Yugosfera, es el recuerdo de unos tiempos de cierta bonanza en los que las cosas funcionaban. Y es que antes Yugoslavia y ahora Bosnia nos brindan una importante enseñanza: que ni entonces ni ahora el nacionalismo es suficiente.
