La construcción de la frontera vertical. El caso de Marruecos
Desde que comenzó el siglo XX, la gobernanza de la Unión Europea (UE) está protagonizando, en lo que a tránsito de sujetos se refiere, una política de cierre fronterizo sin precedentes. Pero paradójicamente no sucede lo mismo con el tránsito de mercancías, bienes y capitales, donde nunca se había producido con tanta inmediatez la libre circulación de estos recursos a nivel planetario. Y si esto era una realidad antes de la crisis que estamos viviendo, actualmente, consecuencia de la pandemia provocada por la COVID19, se agudiza e incluso se incrementan las explicaciones que legitiman esta realidad. Esta práctica se realiza bajo el argumento de que, en atención al mandato de la ciudadanía europea, se debe gobernar asegurando que la vida cotidiana se produzca en condiciones de seguridad jurídica, económica , personal, y ahora sanitaria.
Pero los europeos que más valoran la seguridad en su vida cotidiana, son los que mayor preocupación muestran por la inmigración. Diferentes encuestas de opinión (Dennison y Dražanová, 2018) muestran cómo la ciudadanía de la UE está preocupada por el efecto de la inmigración en su seguridad y en la sostenibilidad de los presupuestos gubernamentales, dada la supuesta transformación demográfica que implica. Según la encuesta del Eurobarómetro de junio de 2019, la inmigración fue el quinto tema que más influyó en las decisiones de voto de los ciudadanos que participaron en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019. Pero los datos contradicen esta visión de la realidad. La distribución porcentual de la población extranjera residente en los Estados miembros de la UE apenas se ha incrementado en los últimos años. El número de cruces fronterizos irregular es a través de las principales rutas migratorias ha disminuido un tercio con respecto a 2016, según Frontex (2019).
El discurso de securitización de la Unión Europea, junto con la promoción de la Inversión Extranjera Directa (IED) que realizan los países del Magreb, otros países del centro de África y los países del Medio Oriente (M ENA) (favorecida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) ha provocado la emergencia de una frontera vertical, que se extiende desde la Unión Europea hacia el sur de África, y que está cristalizando en un discurso cada vez más contrario a la migración en la UE.
Para estudiar esta frontera partimos de la conceptualización que realiza Arriaga (2012:85). La frontera es un espacio definido por “las relaciones sociales de producción que lo organizan, por las acciones de dominación y de poder que en él tienen lugar, y por las representaciones que de este tienen, tanto los sujetos que los viven, como los grupos que tienen el poder político y económico para transformarlo”.
Desde 2011 la gestión fronteriza en la UE se encuentra vinculada a la Primavera Árabe. Los procesos políticos que se iniciaron en los países que protagonizaron las protestas árabes de 2010-2012 (con orígenes y resultados diferentes) han supuesto un fuerte cambio en la movilidad: migración, solicitudes de asilo, refugio, trata de personas… Pero la movilidad hacia Europa se ha convertido en una empresa altamente compleja. En muchas ocasiones el resultado del viaje termina, bien con la muerte, bien con la frustración de no poder alcanzar la tierra prometida dada la situación de cierre fronterizo. La política migratoria de la UE está muy focalizada en el control migratorio, lo que no deja de ser una política pública estéril, al ignorar los efectos que a largo plazo implica construir la inmigración como amenaza.
Pero el control ha dejado de hacerse exclusivamente en los puntos de cruce fronterizo. Se ha extendido la vigilancia a través de las rutas migratorias (Finotelli y Sciortino, 2013), penetrando verticalmente los territorios nacionales y dando origen al concepto de fronteras verticales, las cuales ocasionan que un gran número de población quede atrapada en el camino, haciendo coincidir ruta y frontera. La frontera vertical hace referencia tanto “al aparato de control migratorio que los Estados desarrollan a lo largo de su territorio a través de operativos, retenes y detenciones, como la practicada por aquellos grupos que establecen una relación de dependencia con los migrantes, no sólo económica, laboral o de servicios, sino también corporal” (Soriano, 2017:54). Esta idea se encuentra íntimamente conectada con la industria migratoria que López Sala (2020:59) utiliza para dar “cuenta de la multiplicidad de fórmulas de colaboración existentes entre el Estado y las empresas privadas tecnológicas y de seguridad”.
Un claro ejemplo de este tipo de colaboración es el contrato que el Ministerio del Interior español adjudicó a la UTE Evelop Airlines y Air Nostrum, por valor de 9,9 millones de euros, por los vuelos de deportación de extranjeros (BOE de 23 de diciembre de 2019). En 2018, el concurso fue adjudicado al grupo Air Europa, Aeronova y Swiftair. En la misma línea Rodríguez y Fanjul (2017) explican cómo unas 350 empresas, 943 contratos públicos y un volumen de no menos de 610 millones de euros entre 2002 y 2017 conforman las grandes cifras de un mercado de control migratorio sobre el que hay poca información. Todo ello permite identificar 3 hubs migratorios fruto de la interconexión entre flujos, rutas migratorias tradicionales y empresas trasnacionales manufactureras dedicadas a la exportación de su producción al norte global (Trinidad, Soriano, Solis y Kopinak, 2019) y que ayudan a consolidar la frontera vertical.
En África, han coexistido tres rutas migratorias que atraviesan el Sahara: Atlántica (conecta a Senegal con Marruecos); la Central (siendo Mali el punto de partida, llegando a Marruecos y Túnez, por una parte, y a Libia y Lampedusa, por otra); y la Oriental que enlaza a Somalia con Libia (Nin y Shmite, 2016). Pero la frontera vertical no solo acaba en África. También se hace visible en aquellos lugares donde se concentran los refugiados en la UE junto con Serbia, Bosnia, Macedonia, Turquía y Siria. En todos estos espacios se construyen realidades socioeconómicas, donde se externalizan, se objetivizan y se internalizan nuevos hábitos y significados (Berger y Luckmann, 1967) que es necesario analizar y visibilizar.
Estas rutas revelan una paradoja de orden estructural. Por un lado, se busca consolidar las vías de comunicación terrestres para facilitar la movilidad de bienes y capitales. Pero al mismo tiempo, se establecen mecanismos para limitar la movilidad humana, a través de diferentes sistemas de vigilancia y retenes migratorios. Este proceso origina nuevos espacios glocalizados, donde habitan y transitan los sujetos que quedan atrapados a lo largo de un vasto territorio que puede atravesar más de un país. Con de esta práctica se logra invisibilizar el sur a través de acuerdos con terceros países y de contratos y convocatorias con organismos del sector privado que han llevado a cabo los gobiernos y la UE. Uno de los acuerdos más polémicos y conocidos fue la Declaración UE-Turquía, que se firmó en marzo de 2016. Su finalidad era evitar las salidas en embarcaciones y abrir campos de refugiados en su territorio, y no en Europa. Una de sus consecuencias ha sido el incremento de las muertes en el mediterráneo, provocando rutas cada vez más peligrosas. Según la OIM, 8.500 personas han perdido la vida en el Mediterráneo entre 2016 y 2019. Garcés (2020) afirma que cuatro años después los ataques xenófobos en Lesbos y los disparos de la policía griega contra inmigrantes en Edirne, forman parte de la realidad cotidiana.
En marzo de 2020, la UE buscaba sustituir al Acuerdo de Cotonú por un Pacto entre la UE y la Unión Africana basada en cinco puntos: transición verde, digitalización, crecimiento sostenible, empleo, paz y gobernanza, e inmigración. Diferentes líderes de África han sido bastante críticos con los dos últimos. Pero la ciudadanía europea suele situarse al margen de la evaluación emocional con el continente africano. Sirva de ejemplo cómo la situación del continente no supone un problema social relevante para la opinión pública de los países miembros de la UE. El concepto adiáfora [1] (Bauman y Donskis, 2015) resulta clarividente para analizar esta realidad. “La UE no ataja el problema social desde la raíz, porque su foco de atención radica en invisibilizar todo aquello (incluidos los sujetos), que considera residual para la pervivencia del norte global” (Soriano-Miras y col., 2016a) contribuyendo al proceso de ceguera moral en el que se encuentra inmersa la ciudadanía.
Independientemente de este proceso de invisibilización, la realidad es que la situación socioeconómica de los países del continente africano es altamente compleja, al moverse en una geopolítica asimétrica muy inestable. En los últimos cincuenta años la dinámica del globalismo ha llevado a los Estados a buscar su sitio en la economía global siguiendo la lógica de las cadenas globales de valor. Si no lo hubieran hecho correrían el gran riesgo de ser contingente para el sistema económico global, con todas las consecuencias macro que de ello se derivan: disminución del crecimiento económico, huida de las empresas trasnacionales a lugares más atractivos para sus intereses, escaso protagonismo en la gobernanza, pérdida de empleo y capital social. En 2013, según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), alrededor del 80% del comercio mundial se encontraba vinculado con la red de producción internacional de empresas transnacionales. Centramos la atención en Marruecos.
El país está sumido en un complejo proceso económico a dos velocidades. Las cifras macroeconómicas antes de la pandemia indicaban que el crecimiento del PIB real debería alcanzar el 3,7 % en 2020. Desde 2013, el impulso de diversificación de las exportaciones en las cadenas de valor se ha consolidado (+13% para la industria automovilística, +8,2% para el sector agroalimentario, +10,1% para industria aeroespacial y +6% para la industria electrónica). El país ha firmado 66 tratados bilaterales de inversión, desplegando esfuerzos para posicionarse como país atractivo para la industria de exportación. La UE fue el destino del 65% del total de exportaciones marroquíes en 2018.
Pero según los indicadores internacionales de Desarrollo Humano, la desigualdad social sigue estando muy presente. Aunque el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha mejorado en los últimos años, se percibe un serio problema principalmente en materia sanitaria y educativa (PNUD, 2019). En la situación de pandemia actual, el periodo 2010-2018 muestra que hay 7 médicos, 11 personal sanitario y 11 camas de hospital por cada 10.000 personas. El gasto en salud representa el 5,8% del PIB. La media de años de escolaridad en 2017 apenas alcanzó los 5,5 años. Tan sólo 4 de cada 100 personas tiene una suscripción de banda ancha digital, aunque el número de líneas de teléfono móvil se eleva a un 129,7% lo que resulta un claro indicador de la movilidad de la población. Por tanto, si una de las consecuencias de haberse incorporado a las cadenas globales de valor ha sido la atracción de mano de obra poco cualificada, los efectos sociales que ha provocado son negativos.
Una de las enseñanzas que nos deja este análisis es que la globalización suele poner el foco en procesos macrosociológicos, descuidando los niveles micro, es decir, olvidando 4 a los sujetos que representan la otra cara de la globalización. La precariedad en la vivienda, los problemas educativos y sanitarios, están generando situaciones desigualitarias y de desesperanza social que favorecen el planteamiento de estrategias de procesos migratorios internacionales por motivos laborales.
Para conseguir un mayor bienestar social en el país sería necesario disminuir la desigualdad social, lo que paradójicamente rompería con uno de los mayores atractivos que para las empresas tiene deslocalizar su producción en un país como Marruecos, el coste laboral. Por tanto, el margen de maniobra de la ciudadanía es escaso: o asume estas condiciones o emprende una migración hacia el norte, pero entonces se encontrará con una frontera cerrada que pone el acento en la seguridad (actualmente sanitaria), impidiendo el paso, y consolidando aún más la frontera vertical.
Un breve apunte sobre la etapa post-COVID-19 en la frontera vertical
Naciones Unidas en un reciente informe avisa de que la situación actual va a tener un fuerte impacto. La parte positiva es que está permitiendo monitorizar el papel de la especie humana en el cambio climático. La parte negativa, subrayando en primer lugar cada una de las pérdidas humanas, es el detrimento de la salud comunitaria, el incremento de las desigualdades y su impacto en el bienestar. En una reciente entrevista en la BBC, Jeremy Rifkin afirmaba: “La vida animal y la humana se acercan cada día más como consecuencia de la emergencia climática y, por ello, sus virus viajan juntos” (Zafra, 2020). Por tanto, en el estudio de la consolidación de la frontera vertical se hace necesario prestar atención, entre otras, a las siguientes realidades:
• El impacto económico se va a producir de forma más intensa en los colectivos más vulnerables.
• El lavado frecuente de manos y el distanciamiento social son acciones imposibles de llevar a cabo (MSF, 2020) para cerca de 71 millones de personas desplazadas en el mundo. La coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Grecia denuncia que en el campo de refugiados de Moria solo hay un grifo de agua por cada 1.300 personas y no hay jabón disponible.
• Quienes se encuentran en zonas de conflicto corren mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras y de iniciar una migración que no podrán consolidar como consecuencia del cierre fronterizo que supondrá un agravamiento de la situación en la frontera vertical.
• La población que vive en barrios marginales y lugares fronterizos se enfrenta a un mayor riesgo de exposición debido a la alta densidad poblacional y las malas condiciones de saneamiento. Hay que prestar una especial atención a la situación de los menores, las mujeres y los mayores.
• Los migrantes en situación administrativa irregular son de los más castigados por esta crisis sanitaria. Hay que ser extremadamente cautelosos con que los Estados estén instrumentalizando medidas de control de la pandemia para justificar violaciones del derecho 5 internacional y principios humanitarios, dejando a los más vulnerables en una situación de abandono en la frontera con Europa.
• Con los mecanismos de reasentamiento, reubicación y repatriación suspendidos, no hay alternativa para refugiados y migrantes.
• Es necesario reconfigurar la geometría asimétrica existente entre el Norte y el Sur Global, fomentando la investigación, el encuentro y las iniciativas que surgen en el interior de los países de África. Como dijo Susan Sontag (1989) “que una enfermedad sea mortal no basta para provocar terror. Las enfermedades más aterradoras son las que parecen no solo letales sino deshumanizadoras”. Por eso es prioritario sentar las bases que ayuden a construir un mundo más justo, solidario y empático.
Notas
[1] La acción de situar ciertos actos o categorías de los seres humanos fuera del universo de evaluaciones y obligaciones morales.
Referencias
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