Egipto: transición y cambio en el sistema político
Las protestas desencadenadas el 25 de enero pasado contra el régimen egipcio y el conjunto de sus prácticas y políticas desembocaron el 11 de febrero en la caída del presidente Hosni Mubarak después de 30 años de ejercicio de un poder cada día más autoritario, represivo, corrupto, y, económica y socialmente, injusto. Iniciadas y organizadas por grupos de jóvenes de capas de la clase media, con la adhesión de millones de egipcios de todas las clases sociales y tendencias políticas, las protestas pronto se transformaron en un movimiento revolucionario. Los objetivos del movimiento pueden ser sintetizados en el establecimiento de un sistema político verdaderamente representativo que obre para los intereses de la mayoría y permita la emergencia de una sociedad justa y harmoniosa.
El ejército había solemnemente declarado que no arremetería sobre los ciudadanos que pacíficamente manifestaban su rechazo del régimen y sus anhelos de libertad, de cambio, de dignidad y de justicia social. Al asumir el poder que le transmitió el presidente derrocado, el ejército, representado por un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), aseguraba que no se substituiría a la legitimidad que el pueblo establecería. Añadía que solo aseguraría la transición hacia un sistema pluralista en un periodo que no sobrepasaría los seis meses.
Las primeras medidas del CSFA fueron la creación de un comité encargado de proponer enmiendas a un número reducido de artículos de la constitución que permita eliminar algunas de sus disposiciones más antidemocráticas. El CSFA también confirmaba en su cargo al primer ministro nombrado por Mubarak dos semanas antes y a la mayoría de los ministros que habían trabajado con él durante los años de autoritarismo, represión y corrupción así como a aquellos que habían entrado en el gobierno el 2 de febrero para salvar su régimen. El plan de los militares era de conducir la transición sobre la base de la constitución enmendada: las enmiendas sugeridas serian sometidas a referéndum, y seguirían elecciones legislativas y luego presidenciales. El CSFA le transferiría el poder al nuevo presidente y pondría fin a su periodo al frente del estado. Mientras tanto, el gobierno confirmado se ocuparía de los asuntos corrientes del país. Este plan no ha funcionado exactamente como se planeaba.
Los grupos de jóvenes, conciencia del movimiento revolucionario, con ideas claras y razonamiento impecable, así como las diferentes fuerzas políticas rechazaron el mantenimiento del primer ministro designado por el ex presidente así como algunos ministros expresamente nombrados, inclusive en particular el de asuntos exteriores. Una nueva convocatoria de manifestación millonaria fue anunciada para el viernes 4 de marzo para exigir la dimisión del gobierno. El jueves 3 de marzo, los militares aceptaban la dimisión del primer ministro y evitaban así la presión de la calle. Más aun, pedían a uno de los dos candidatos de los grupos de jóvenes de formar el nuevo gobierno. Más que una victoria de los grupos de jóvenes o de las fuerzas políticas marginalizadas o mantenidas en la ilegalidad por el régimen, éste es sin duda alguna un triunfo de la política. Durante muchas décadas, los conflictos y divergencias eran tratados verticalmente en el marco de una jerarquía rígida que adoptaba las instrucciones como modo de funcionamiento del sistema político. La aceptación por los militares de las exigencias de los portavoces de la población y de sus sugerencias es una rehabilitación de la negociación como esencia de la política. Ésta es una conquista considerable.
Las enmiendas constitucionales, anunciadas una semana antes, alcanzaron ocho artículos. El artículo que le otorga al presidente poderes desproporcionados para combatir el terrorismo quedaba abrogado en las propuestas del comité. Algunas de las nuevas disposiciones sugeridas han sido largamente debatidas y declaradas inaceptables por numerosos constitucionalistas y políticos. La sumisión al pueblo de todas las nuevas disposiciones como paquete a aceptar o rechazar también es desaprobada por una gran parte de la opinión pública. Pero las diferencias de apreciación con los militares sobre el periodo de transición van más allá de esto. Los portavoces del movimiento popular subrayan que en los 18 días fatídicos de enero y febrero los manifestantes habían pedido el fin del régimen y no simplemente el del presidente Mubarak. Exigen la libertad de creación de partidos políticos y de sindicatos y el fin del estado de emergencia en vigor desde 30 años. Piden el despido de los responsables de los medios de comunicación del estado, hasta hace unas semanas defensores fogosos de las prácticas y proyectos políticos del régimen y hostigadores sin reservas de sus opositores y del mismo movimiento revolucionario. Hasta el momento, estas exigencias no han sido satisfechas. Los portavoces del movimiento revolucionario también piden la inversión del orden de las elecciones. Para ellos, hay que darles tiempo suficiente a los partidos para que se constituyan y comuniquen con el pueblo antes de convocar elecciones para el parlamento. De no ser así, el parlamento que resultaría de las elecciones no sería auténticamente representativo. Este es el parlamento que tendrá la responsabilidad, según las enmiendas de la constitución, de establecer la asamblea constituyente encargada de redactar la nueva constitución permanente. Cabe señalar que a esta transformación democrática en dos etapas, un tercer grupo prefería un único y más largo periodo de transición conducido por un consejo presidencial compuesto por civiles y un representante militar. El periodo empezaría con la abrogación de la constitución autoritaria, y sin reforma posible, ahora suspendida y la elección de una asamblea constituyente. La transición más larga permitiría una revitalización de la vida política, condición indispensable para la celebración de elecciones significativas. A pesar de la sensatez de sus argumentos, este grupo parece haber perdido la partida.
El cambio de gobierno y en especial la designación del nuevo primer ministro son un buen augurio. En las semanas que vienen, la campaña en torno al referéndum, el resultado de éste y la satisfacción o no de las demandas pendientes del movimiento revolucionario revelarán si el camino hacia la democracia en Egipto está despejado o si todavía oculta obstáculos.
Naturalmente, las complicaciones del proceso de democratización pueden también provenir de los campos económicos y sociales. Las reivindicaciones se multiplican sin que existan cauces para canalizarlos y negociarlos. La actividad económica está seriamente perturbada y la producción en gran medida paralizada. Un plan de transición política negociado y acordado será determinante para la normalización económica y social. El apoyo exterior también puede contribuir de manera significativa a esta normalización. Inversiones, turismo y asistencia financiera serán de gran necesidad en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, cuando el nuevo sistema político representativo y democrático ya esté establecido, una reconsideración de los marcos globales de las políticas económicas aplicadas en los últimos 20 años en Egipto, como por cierto en Túnez y en países tanto industrializados como en desarrollo, será ineludible. Estas políticas neoliberales han generado desempleo, subempleo, pobreza y enormes disparidades sociales. Con el autoritarismo, la represión y la corrupción, han estado al origen del rechazo y del derrocamiento del régimen egipcio y de su equivalente tunecino. Deberán ser abordadas para que se afiance la democracia. Pero esto será cuando el nuevo sistema se pueda ocupar de relaciones internacionales. Entonces, también serán planteadas otras cuestiones de importancia para la impulsión del desarrollo y para la instauración de una paz justa y duradera en el entorno regional de Egipto.
