Túnez vota una nueva Constitución
25 julio 2022 | Corporate news
Hoy lunes 25 de julio, los ciudadanos de Túnez están llamados a votar en referéndum una nueva Constitución promovida por el actual presidente, Kais Saied, y elaborada por una comisión designada por él mismo. La nueva carta magna vira el sistema político del país hacia un régimen presidencial con amplios poderes concentrados en manos de Saied, quién llegó al poder por sorpresa en las elecciones presidenciales de octubre de 2019. El 25 de julio de hace un año, Saied disolvió el parlamento, que finalmente suspendió en diciembre de 2021, y emprendió una serie de reformas encaminadas al modelo de «democracia directa» que defiende.
Analistas como Bernabé López, profesor emérito de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, consideran que Saied está llevando el país de nuevo hacia un modelo autoritario. Lo explica en el siguiente artículo que publica en el IEMed Mediterranean Yearbook 2022 y que avanzamos online aquí en su versión original en español.
Túnez 2021: Anatomía de un golpe anunciado
Túnez empezó el año 2021 presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que ocupó un puesto no permanente durante el bienio 2020-2021. El presidente Kais Saied presidió por videoconferencia, en los primeros días del mes de enero, la sesión del Consejo dedicada a “Los desafíos de mantener la paz y la seguridad internacionales en contextos frágiles”. Aunque la acción de Túnez durante su presencia en el Consejo de Seguridad estuvo centrada en los “contextos frágiles” de Palestina y Libia, el título de la sesión parecía también dedicado a la situación que vivía Túnez en ese momento, poco más de un año después de las elecciones presidenciales que llevaron con un fuerte apoyo popular a Saied al frente del país. La fragilidad de Túnez era manifiesta desde la revolución de 2011 que había acabado con la dictadura de Ben Alí, pero había creado cierta inseguridad entre los inversores y alejado al turismo que era fuente principal de la subsistencia del país. La construcción de un Estado de derecho y el “aprendizaje de la democracia” –por parafrasear el título de un libro de Khadija Mohsen-Finan sobre la década 2011-2021- fue un proceso difícil en este clima de fragilidad, de deterioro del clima social por la falta de trabajo sobre todo entre los jóvenes, aumentado por la irrupción del terrorismo y el difícil entendimiento entre fuerzas políticas y poderosos intereses divergentes.
Un punto de equilibrio pareció lograrse con la aprobación consensuada de la constitución de 2014, pero en los años que siguieron a su puesta en práctica se revelaron las contradicciones inherentes al propio sistema constitucional, fuertemente parlamentario, opuesto al rígido presidencialismo de las dos etapas anteriores desde la independencia del país.
La llegada de Kais Saied a la presidencia tuvo lugar en octubre de 2019 en unas elecciones que evidenciaron el desapego de la población hacia el sistema de partidos imperante en el país. Profesor de derecho constitucional en la universidad tunecina, personalidad ajena al mundo de los partidos contra los que dirigió su campaña electoral centrada en la necesidad de reformar la constitución y en la crítica de las elites, obtuvo el 72,7 % de votos en la segunda vuelta de las presidenciales en las que sólo votó el 55 % del censo. Para él, las elites eran las responsables de haber corrompido al sistema, presentándose como adalid de los jóvenes y portavoz del pueblo –su lema fue Echaab yurid, el pueblo quiere-. A esa legitimidad de las urnas se ha aferrado desde que inició su mandato en una voluntad permanente de imponer un cambio de sistema a pesar de los limitados poderes que le atribuía la constitución de 2014.
Al año de iniciar su presidencia, el libro Kaïs Ier. Président d’un bateau ivre, de Nizar Bahloul, periodista al frente del periódico electrónico Business News, fundado en 2008, trazó su retrato y desveló sus líneas de actuación aun cuando Saied no había revelado claramente su juego. El título con la metáfora tomada de un poema de Rimbaud, describía la fragilidad de la situación de Túnez como un barco a la deriva y sugería la entronización presidencial de Kais Saied como alguien con voluntad de perdurar.
El libro reveló algunos de sus defectos, como mal comunicador, con dificultades para encontrar colaboradores, obsesionado por las conspiraciones y las injerencias extranjeras, conservador pero no islamista, pero lo describió al mismo tiempo dotado de un carácter fuerte que le ha permitido plantar cara a la formación política dominante, el partido islamista Ennahda, que se impuso por su hegemonía en el Parlamento desde su legalización en el momento constituyente de 2011, más tarde en la Asamblea Republicana del Pueblo (ARP) tras la constitución de 2014 y aún tras las elecciones legislativas de 2019 a pesar de haber perdido buena parte de su electorado.
La constitución de 2014 establece un equilibrio de poderes centrado en tres presidencias que requieren de una estrecha colaboración para que el sistema marche: la jefatura del Estado, instalada en el palacio de Cartago; el primer ministerio, que controla de facto el ejecutivo, con su sede en la Kasba; y la presidencia de la ARP, de la que depende la estabilidad del gobierno, con su base en El Bardo. Pero efectivamente este equilibrio salta en pedazos, va a la deriva, cuando no hay armonía entre ellas, hasta el punto de impedir la marcha del país. La presidencia de Kais Saied ha mostrado la peor cara de una tricefalia que se ha revelado como una cohabitación imposible.
Desde el arranque de su mandato, el país ha vivido un duelo permanente del presidente con otra figura fuerte de la escena pública, el líder islamista de Ennahda, Rached Gannuchi, que logró hacerse con la presidencia de la ARP estableciendo una alianza, para algunos contra natura, con el segundo partido más votado, Qalb Tunes, dirigido por el empresario Nabil Karoui, imputado por corrupción y oponente a Saied en la segunda vuelta de las presidenciales. La alianza contaba también con la Coalición Al Karama, considerada islamista radical y vástago de Ennahda. Este tripartito ha controlado la Asamblea y hecho y deshecho gobiernos a su antojo, en claro enfrentamiento con el presidente.
Por su parte, este ha tenido una relación conflictiva con los dos primeros ministros, el primero seleccionado por él mismo de entre una troika designada por los diferentes partidos del arco parlamentario, Elyes Fakhfakh (entre febrero y septiembre de 2020) y el segundo, Hichem Mechichi (hasta el 25 de julio de 2021), escogido por él mismo por su lealtad al frente del ministerio del interior durante el gobierno de Fakhfakh. Ambos primeros ministros, que debieron hacer frente durante su mandato a las circunstancias adversas de la pandemia de COVID-19, vieron condicionada su acción por la voluntad de la ARP que acabó quitando la confianza al primero bajo la sospecha de corrupción e invistiendo al segundo el 2 de septiembre de 2020 en una sesión en la que impusieron su criterio Ennahda y Qalb Tunes de manera mayoritaria.
Desde el primer momento el gobierno presidido por Mechichi llevó la impronta de Kais Saied que le quiso imponer un carácter apolítico, tecnocrático, bajo el apelativo de “gobierno de competencias”. Y aquí surgió el roce entre presidencias que llevó al país a una gobernanza en interinidad durante más de medio año, desde que Mechichi decidiera reorganizar su gobierno en enero de 2021 cambiando once ministros a lo que se opuso Saied con su veto, hasta su destitución el 25 de julio en un controvertido golpe de timón operado por el presidente.
Pero, al margen de estas diatribas políticas, el verdadero problema de Túnez era la crisis económica y social denunciada por instituciones como el Banco Central de Túnez que alertaba que la deuda externa superaba ya desde fines de septiembre de 2020 el 100 % del PIB, habiéndose más que doblado en los diez últimos años agravada por la contracción de la economía del 7,2 % en 2020. El país se encontraba en la incapacidad de pagar sus deudas y los salarios de los funcionarios, a menos de recurrir a contratar créditos de 18.500 millones de dinares según declaró el ministro de Finanzas, Ali Kooli, ante el parlamento en abril de 2021.
El gobierno Mechichi , pese a la precariedad de su interinidad, era consciente de la urgencia de emprender reformas de fuelle como las que exigía el FMI en las conversaciones que se iniciaron en mayo en Washington para obtener créditos. Reformas que debían ser consensuadas con las fuerzas políticas que incluían compresión de la masa salarial, reducción de subvenciones a productos de primera necesidad, y un programa de inversión pública para el relanzamiento económico. Reformas difíciles de emprender por el temor de las consecuencias sociales de medidas impopulares.
La búsqueda de un diálogo nacional como el pretendido por la central sindical UGTT desde noviembre de 2020 parecía la única vía de solución. En la crisis vivida por Túnez en 2013 esa había sido la salida bajo la dirección de un cuarteto que incluyó al sindicato junto con la patronal (UTICA), la Liga de Derechos Humanos y el Colegio de Abogados. El éxito de aquella mediación le valió al cuarteto la concesión del Premio Nobel. Pero en 2021 había divergencias profundas en la manera de abordar dicho diálogo nacional. Para el presidente, éste no debería abordarse a la manera tradicional, con las fuerzas políticas y sociales sino incluyendo la participación de los jóvenes, algo difícil de concretar, “quimérico”, según el sindicato. Por otra parte, para Saied, además, el diálogo debía excluir a grupos como el PDL, Qalb Tunes y Al Karama, tachados de connivencias con el antiguo régimen, de corrupción o de cercanía al terrorismo islamista. Para poner trabas a un posible diálogo nacional, Saied irá dejando claro en sus discursos a lo largo del año que dicho diálogo no sería posible con quienes mantienen un patriotismo dudoso o están reclamados por la justicia.
El presidente utilizará la ausencia de una instancia mediadora como el Tribunal Constitucional para erigirse en árbitro y juez de la situación. Según el artículo 148 de la constitución, apartado 5, el Tribunal Constitucional (TC) debía haberse instalado en el plazo de un año desde la fecha de la primera elección legislativa. No fue así por desentendimiento entre los grupos parlamentarios que en 8 intentos no lograron los dos tercios necesarios (145 votos) para nombrar a los 4 miembros que debía aportar la ARP a los 12 del TC. Para intentar resolver esa ausencia, en la actual legislatura el 25 de marzo de 2021 se votó una enmienda al estatuto del TC que rebajaba a 131 votos (60 %) los necesarios, pero el presidente rechazó el 4 de abril dicha enmienda con el pretexto de que el plazo para instituir el TC había vencido y era obligatorio modificar la constitución.
Para entonces, a mediados de marzo de 2021, desde los grupos de la mayoría parlamentaria se empieza a sospechar de un plan del presidente para hacerse con el control de la situación, instrumentalizando a la comisión financiera del parlamento, presidida por un miembro del Grupo Democrático afín a Cartago, para reclamar la instauración del estado de emergencia económica y recurrir al artículo 80 de la constitución que permitiría declarar el estado de excepción y la asunción de poderes extraordinarios por el presidente. Dos meses más tarde, las acusaciones de golpe de estado constitucional saltarán a la opinión pública desde páginas de internet filoislamistas como Middle East Eye, financiado por Qatar, informando de la existencia de un documento de la directora del gabinete de Kais Saied, Nadia Akacha, en el que se habla de recurrir al citado artículo 80 con el pretexto de la pandemia y de la situación financiera del país, permitiendo al presidente asumir el control de la situación mediante el recurso a la neutralización de los presidentes del gobierno y parlamento y el establecimiento del general Khaled Yahyaui, de la guardia personal del presidente, en el ministerio del interior.
Estos rumores, que agitaron la escena política, lejos de ser disipados fueron alimentados por el presidente Saied en una reunión el 26 de mayo con Mechichi, en su calidad de ministro del interior interino, junto con el ministro de Defensa, en el que afirmó que la aplicación del artículo 80 era una prerrogativa constitucional del presidente ante una situación que ya había exigido medidas excepcionales como las adoptadas desde la irrupción de la pandemia. Dicha reunión, el primer encuentro desde enero con Mechichi, sirvió para que Saied recordara su papel de comandante en jefe de todas las fuerzas armadas y de seguridad y para reprochar de paso al parlamento por no levantar la impunidad a más de una veintena de diputados imputados por corrupción. El acercamiento al Ejército, institución que siempre se había mantenido lejos de la política en Túnez, parecía también parte de la estrategia de Saied para controlar la situación. La gravedad de la pandemia en Túnez le ofreció la oportunidad de cumplir un papel ciudadano poniendo en sus manos buena parte de la campaña de vacunación de la población.
El 25 de julio, fiesta de la República, Saied desplegó el guión tal como algunos habían anunciado, cesando al primer ministro, suspendiendo la ARP por 30 días y levantando la impunidad de los parlamentarios, arropado por manifestaciones populares en diversas localidades del país que saludaron la aplicación del artículo 80 en espera de soluciones a la crisis. La medida produjo el rechazo inmediato del partido Ennahda y una actitud expectante para buena parte de la clase política incluidas la UGTT y la UTICA. Pasado el plazo de un mes, Saied prorrogó las medidas excepcionales con la promesa de nombrar un jefe de gobierno y hacer pública una hoja de ruta demandada por instituciones internacionales (Senado americano, Comisión Europea, embajadores del G7) que hicieron saber su inquietud ante la deriva de los acontecimientos.
El 22 de septiembre el presidente fue más lejos aún, promulgando el decreto 2021-117 sobre disposiciones transitorias por el que suspendía las competencias de la ARP y asumía todo el poder legislativo, ejecutivo y judicial, suspendiendo la constitución y atribuyéndose la elaboración de reformas para lograr un “verdadero régimen democrático con el pueblo como fuente de poder” con el fin de realizar los objetivos de la revolución del 17 de diciembre de 2011. Unos meses antes había declarado a France 24 su proyecto de democracia directa como única salida a la crisis considerando al gobierno, los partidos y los lobbies financieros como sus enemigos.
Una semana más tarde nombrará a Najla Bouden jefa del gobierno, que se rodeará de colaboradores próximos a Saied. La preocupación por la situación tunecina se hará sentir en el exterior. La Cámara de Representantes americana dedicará una sesión a la situación tunecina y el Parlamento Europeo votará masivamente el 21 de octubre una resolución que expresaba la “profunda preocupación por la concentración de poderes del presidente”. El FMI por su parte seguirá de cerca la evolución de la situación. Desde Túnez estas advertencias serán denunciadas como injerencias tanto desde círculos oficiales como desde la UGTT que no acababa de definir su posición ante la deriva.
Kais Saied no hizo pública la hoja de ruta hasta el 13 de diciembre que consistió en la suspensión del parlamento, celebración de una consulta popular telemática sobre la reforma entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2022, un referéndum para una nueva constitución el 25 de julio que prepararía una comisión por él designada, elecciones legislativas el 17 de diciembre del año siguiente y una conciliación penal para empresarios con delitos financieros.
Unos meses después la situación mantiene todos los interrogantes. La consulta popular telemática apenas afectó a medio millón de tunecinos que se pronunciaron por un régimen presidencialista y la inseguridad creció en algunos medios políticos con detenciones arbitrarias y un ataque frontal por parte del presidente a la judicatura, que se había manifestado en contra de su pérdida de independencia, que concluyó con la disolución del Consejo Superior de la Magistratura el 12 de febrero de 2022.
Para cerrar el círculo, el 22 de abril de 2022 Kais Saied cambió otra de las reglas del juego, con un decreto presidencial que le permitirá elegir a tres de los miembros de la Instancia de control de las elecciones, el ISIE, entre ellos al presidente. El camino lo tiene allanado en las próximas citas refrendarias y legislativas que tendrán lugar, si nada lo impide, a lo largo de 2022.
(Consulta aquí la versión en inglés)