Turquía: la lucha permanente por el poder

El intento de cerrar el partido de gobierno AKP muestra la ruptura entre islamistas moderados y laicistas radicales, y tiene consecuencias en sus negociaciones con la UE.

Ildefonso González

El 2007 fue dramático para la política y la sociedad turcas, incluso para los estándares de un país acostumbrado al drama político. Sin embargo, muy poca gente se esperaba que 2008 fuera aún más inestable, y potencialmente catastrófico, para la democracia turca. Así comenzaba un reciente análisis del prestigioso think tank Iniciativa de Estabilidad Europea (ESI, por sus siglas en inglés) sobre la crisis que atraviesa el país euroasiático desde hace varios meses. Efectivamente, la celebración de elecciones legislativas y el nombramiento de un nuevo jefe de Estado en 2007 no tuvieron el efecto deseado de calmar las tensiones internas.

Por el contrario, la concentración de poder en manos del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista moderado) ha potenciado los temores y recelos del establishment laico, un grupo homogéneo que incluye al ejército, el poder judicial, sectores de la administración pública y la burguesía urbana. Por un lado, teme que el AKP ponga en marcha una presunta agenda oculta para tirar por la borda los pilares del Estado secular e instaurar la sharia (ley islámica); y, por otro, se rebela ante la erosión de los privilegios de que venía gozando desde la instauración de la República en 1923.

El intento de cerrar el AKP, mediante una demanda de ilegalización admitida a trámite por el Tribunal Constitucional en marzo, constituye su última maniobra para tratar de recuperar en los tribunales lo que ha perdido democráticamente en las urnas. “Se trata de una continuación de las intervenciones en la política turca que protagonizaron las Fuerzas Armadas en varias ocasiones de nuestra historia [pronunciamientos de 1960, 1971 y 1980]. Ahora, puesto que los militares ya no pueden intervenir directamente en política debido a las circunstancias internacionales cambiantes, la judicatura ha asumido su papel”, declara a AFKAR/IDEAS Fatma Disli, columnista del diario turco Today’s Zaman. Así, son numerosos los políticos y analistas que no han dudado en calificar la denuncia contra el AKP de “golpe de Estado judicial” y “atentado contra la democracia”.

“¿No sería más fácil prohibir la democracia?”, ha llegado a sostener el columnista Taha Akyol en el diario Milliyet. Mientras, desde la Unión Europea (UE), con la que Turquía inició las negociaciones para su adhesión en 2005, se considera inaudito que el partido en el gobierno de un país democrático pueda ser ilegalizado, máxime cuando dispone de 340 de los 550 escaños que componen el Parlamento gracias al apoyo de uno de cada dos ciudadanos cosechado en los comicios generales de hace un año. De hecho, la Comisión Europea ya ha advertido de que la prohibición de la formación del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, pondría en serio peligro la entrada de Turquía en el club comunitario.

La polémica del pañuelo

El proceso de cierre del AKP se venía gestando desde principios de 2007, cuando el fiscal general de Turquía, Abdurrahman Yalçinkaya, advirtió de que acabar con la prohibición de llevar el velo islámico en las universidades públicas “lastimaría el principio de laicidad”. Acto seguido, el ejército turco marcó la pauta a seguir por boca de su general retirado Dogu Silahcioglu: “interponer una demanda contra el AKP, a través del fiscal general del Estado, ante el Tribunal Constitucional por ser un centro de actividades antilaicas y tratar de conseguir su cierre”. Por ello, cuando el Parlamento votó masivamente en febrero a favor de dos enmiendas constitucionales que despenalizaban el uso del pañuelo, la suerte para el AKP ya estaba echada.

En un escrito de 162 páginas, Yalçinkaya solicitaba la prohibición permanente del AKP y la inhabilitación política durante cinco años para 71 de sus dirigentes. Entre ellos figuraba no sólo Erdogan, sino también el presidente de la República, Abdulá Gül. Paralelamente se desató una ola de manifestaciones callejeras en apoyo al laicismo instaurado por Mustafá Kemal Atatürk en los años veinte, así como un enconado choque dialéctico entre los medios de comunicación afines al establishment y los más próximos al islamismo moderado. La controversia sobre el velo islámico, una prenda que es considerada como un símbolo político más que religioso a pesar de que la utilizan habitualmente dos de cada tres mujeres en Turquía, constituía el leitmotiv de la demanda contra el AKP. No obstante, también se introducían numerosas quejas que argumentaban que el partido de Erdogan había tomado el tren de la democracia con el fin último de implantar la sharia.

En este sentido, se acusaba al AKP de nombrar a “personajes islamistas” para altos cargos del Estado, de abrir mezquitas en hospitales y permitir que su personal llevara el pañuelo, de fomentar actividades religiosas para niños de la escuela primaria en mezquitas y cementerios, y de distribuir libros entre los alumnos donde se afirmaba que no llevar velo era pecado. Sin embargo, la demanda judicial presenta una seria contradicción cuando sostiene que, aunque el programa del AKP y sus estatutos no son anticonstitucionales, sus actuaciones y declaraciones van en contra de las leyes y de la Carta Magna, lo cual tampoco significa que constituyan un crimen con el Código Penal en la mano. En este sentido, cita párrafos concretos de discursos pronunciados por Erdogan y Gül en el pasado, como aquél de 1997 en el que el hoy primer ministro y entonces alcalde de Estambul parafraseaba un poema de carácter islamista que le costó 10 meses de cárcel.

“El caso del cierre del AKP no tiene una base legal porque la acusación carece de pruebas concretas y está llena de noticias fabricadas”, mantiene Fatma Disli. Mientras, la ESI valora que “las acusaciones son incoherentes y obviamente políticas”. Al respecto, el ex diplomático turco y experto en la Transición española, Akin Ozcer, declara a AFKAR/IDEAS que el Tribunal Constitucional “está actuando dentro del marco de la Constitución actual [redactada después del golpe militar de 1980], que no cumple con los criterios democráticos universales”. “Cerrar un partido en democracia es absolutamente irracional excepto si dicha formación política hace uso de la violencia, tal y como establece la Comisión de Venecia [del Consejo de Europa], lo cual no ha ocurrido en el caso del AKP”, asegura por su parte Yusuf Ergen, del centro de estudios turco Ekopolitik. Más allá de las opiniones de unos y de otros, encuestas recientes de la Fundación Turca de Estudios Económicos y Sociales (TESEV) revelan que ocho de cada 10 turcos apoyan el fin de la prohibición del velo en las universidades y que tan sólo un 14% de los simpatizantes del AKP defiende la sharia.

El Tribunal Constitucional dispone aún de unos meses, aproximadamente hasta finales de año, para decidir la ilegalización del AKP. Su cierre no es un imposible si se tiene en cuenta que ocho de los 11 jueces que componen la Corte fueron nombrados por el anterior jefe de Estado, Ahmet Necdet Sezer, un ferviente defensor del secularismo que vetó un sinfín de leyes y nombramientos propuestos por el AKP. Además, el Tribunal Constitucional ha prohibido un total de 24 partidos políticos en sus 44 años de historia: desde nacionalistas kurdos a islamistas e incluso ecologistas, aunque las más afectadas han sido las formaciones de izquierda. De todas formas, la mayoría de ellas se han reinventado y han vuelto a aparecer bajo otras siglas. Tal es el caso del propio AKP – producto de una escisión del Partido de la Virtud (FP), heredero a su vez del ilegalizado en 1998 Partido del Bienestar (RP)– o del Partido de la Sociedad Democrática (DTP, pro-kurdo), que también podría ser cerrado próximamente por el Constitucional dados sus presuntos lazos con el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Reforma del artículo 301

Mientras el Alto Tribunal se pronuncia sobre la demanda del fiscal general del Estado, Turquía corre el riesgo de que 2008 se convierta en un año perdido, sobre todo en lo referente al proceso de reformas políticas y económicas puesto en marcha para su ingreso en la UE. En una suerte de contraataque, el gobierno del AKP ha decidido poner toda la carne en el asador. Consciente de que su mejor socio hoy es la UE, el partido de Erdogan consiguió que el Parlamento aprobase en abril la revisión del polémico y criticado artículo 301 del Código Penal.

Dicha ley limitaba gravemente la libertad de expresión y era, junto a la cuestión de la dividida isla de Chipre, el mayor obstáculo de Ankara de cara a su futura integración en la Europa de los Veintisiete. Unas 1.800 personas han sido juzgadas durante los últimos dos años basándose en el “301”, entre ellas el Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk o el desaparecido periodista de origen armenio Hrant Dink. El nuevo texto legal sustituye el concepto vago de “identidad turca” por el de “nación turca”, reduce la pena máxima de prisión de tres a dos años y fija como obligatorio que los fiscales cuenten con el permiso previo del ministro de Justicia para proceder con una acusación. Por otra parte, el AKP observa una batería de medidas para neutralizar su eventual ilegalización.

La primera de ellas pasa por una enmienda constitucional a los artículos 68 y 69 que dificultaría la prohibición de partidos. Sin embargo, el AKP necesita el voto favorable del ultranacionalista Partido de Acción Nacionalista (MHP), que se ha opuesto de entrada a un cambio de tal calado en la Carta Magna. En el caso de que la formación de Erdogan no encontrara aliados en el Parlamento y sacase adelante la enmienda por sí misma, entonces habría que convocar un referéndum. Una opción diferente –“la más valiente, visionaria y constructiva” según la ESI– es “aprobar una nueva Constitución liberal que, simultáneamente, dificulte el cierre de partidos y rompa con el modelo de democracia autoritaria que está en el corazón de la Constitución de 1982 posterior al golpe militar”. Otra salida a la presente crisis consistiría en adelantar las elecciones generales al verano, aunque se correría el riesgo de que el AKP obtuviera un 55% de los votos, tal y como pronostican algunos sondeos, y aún así fuera ilegalizado.

Contra la Unión Europea

Las voces más críticas consideran que el intento de ilegalizar el AKP no es más que una maniobra del establishment laico para derrocar al gobierno y conseguir que el “sueño comunitario” descarrile de una vez por todas, lo que no deja de resultar paradójico si tenemos en cuenta que Atatürk predicó las bondades que supondría la asimilación de los valores europeos por parte de Turquía. Lo cierto es que los sectores militar y burocrático estiman que la adhesión a la UE implica una serie de reformas susceptibles de erigirse en un elemento desestabilizador o perturbador de la seguridad e integridad del Estado, amén de que materializarlas supondría una inaceptable pérdida de su tradicional cuota de poder.

Así por ejemplo, garantizar la libertad religiosa, tal y como le exige la UE a Ankara, podría conducir en último término a la instauración de la sharia; tratar de solucionar el problema kurdo concediendo un cierto grado de autonomía a las provincias del este del país de mayoría kurda podría alimentar el secesionismo; y reducir el protagonismo del ejército sometiéndolo al poder civil podría dejarle las manos libres a un ejecutivo del AKP para que Turquía adopte el modelo iraní. “El laicismo se utiliza como argumento para ocultar el aspecto reaccionario del movimiento contra el AKP, que es también contra la democratización, contra el cambio en general: no a una nueva Constitución, no a las reformas democráticas, no a la UE que pide eso, no a todo y sí al statu quo y al aislamiento’”, denuncia Akin Ozcer.

El reciente desmantelamiento de la banda terrorista Ergenekon, que estaba infiltrada en el Estado, ha puesto de manifiesto además que, para el establishment, el fin justifica siempre los medios. Entre sus miembros habría militares retirados, funcionarios de seguridad, gánsteres, abogados, intelectuales y empresarios. La organización, de corte xenófobo y ultranacionalista, pretendía crear un caos completo en Turquía con objeto de abonar el terreno a un golpe militar en 2009. En este sentido, se le acusa de los asesinatos del sacerdote católico Andrea Santoro y del juez Yücel Özbilgin en 2006, así como de Hrant Dink y tres trabajadores de una editorial cristiana en 2007. Más alarmante incluso es el hecho de que la demanda del fiscal Yalçinkaya apareciese en el disco duro de uno de los detenidos por el caso Ergenekon dos días antes de que ésta se hiciera pública.

Por ello, la pregunta que inexorablemente conviene efectuarse no es cuál de los dos bandos saldrá vencedor, sino en qué estado quedará Turquía después de la lucha encarnizada que islamistas moderados y laicistas radicales vienen manteniendo por el poder desde principios de siglo. Lo que está claro es que ni unos ni otros han encontrado un modus vivendi, lo que redunda en perjuicio del país euroasiático y también de sus vecinos en la escena internacional. La manida frase de que Turquía es la muestra viviente de que Islam y democracia son compatibles corre el peligro de desaparecer de los libros.