Apartir de la década de los sesenta han surgido varias corrientes ecológicas a raíz de la constatación probada del deterioro de la naturaleza a causa de las actividades humanas, sobre todo las de origen industrial. Estas corrientes, que tienen por objetivo la preservación del medio ambiente, se han manifestado presionando sobre todo a las empresas industriales para reducir las externalidades negativas generadas por sus actividades contaminantes. Estas presiones, que tienen, entre otras cosas, varios orígenes e intensidades distintas, se han producido de formas muy variadas: demandas judiciales, exigencia de un informe de impacto medioambiental antes de financiar cualquier proyecto, un lobby ecológico que ejerce presiones sobre el legislador para desincentivar a posteriori las actividades económicas posiblemente contaminantes, el principio de quien contamina paga, etcétera.

Para sortear estas presiones, algunas empresas han realizado de facto inversiones de tipo ecológico o verdes (por ejemplo, las ecoetiquetas o los ecocertificados en el sector agrícola) para reducir al máximo cualquier efecto indeseable que pueda afectar al frágil equilibrio de la biodiversidad. Más concretamente, el calentamiento climático es, por definición, un problema a la vez económico y político. Los economistas consideran la atmósfera un bien público mundial. De hecho, cuando un individuo emite “X” toneladas de dióxido de carbono, no tiene en cuenta el impacto de estas emisiones en el bienestar de los otros ciudadanos del mundo y de las generaciones futuras.

Adopta, por tanto, un comportamiento oportunista y cuenta con los demás para reducir sus propias emisiones, lo que por supuesto no harán por falta de incentivos (Tirole, 2009). La reacción institucional ante el desafío climático no ha estado hasta hoy a la altura de las circunstancias, a pesar de los numerosos esfuerzos concertados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su siglas en inglés), y de la cantidad nada despreciable de informes alarmistas sobre este tema, desde el famoso informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, que data de principios de la década de los setenta. Sin embargo, la falta de reacción institucional no significa que exista una ausencia absoluta de conciencia del fenómeno.

Así, esta toma de conciencia, es verdad que tardía, por parte de la comunidad internacional en cuanto a la gravedad del cambio climático, ha puesto en entredicho la visión optimista de un progreso continuo, y la pertinencia del modelo productivista y contaminante en el que se basaba la economía mundial. No solo nos hemos dado cuenta de que los recursos del planeta no permitirían, a la larga, satisfacer la demanda de la población mundial, sino que, al mismo tiempo, la concienciación respecto a los considerables riesgos potenciales debidos al cambio climático para la economía y el deterioro de los recursos naturales es cada vez más unánime entre la comunidad científica, y también en el ámbito político-económico.

Por consiguiente, para garantizar la compatibilidad del crecimiento económico y el desarrollo con la estabilización del clima y una huella ecológica sostenible, se ha dado un giro radical en favor de una economía ecológica. Para ello tendrá que llevarse a cabo una nueva gran transformación de la economía y de la sociedad, de una magnitud tan importante como la primera transformación que provocó la revolución industrial hacia finales del siglo XVIII.

Túnez debe adoptar el nuevo paradigma de la economía verde

El paso a la economía ecológica se hace, por tanto, cada vez más inevitable para Túnez y, sobre todo, para la continuidad de su economía. En efecto, varios estudios, en concreto el del Banco Mundial (2003) y el de Requier-Desjardins (2010), muestran cuál podría ser el coste del deterioro del medio ambiente para el sector agrícola tunecino, que representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El estudio del caso tunecino relativo a las repercusiones del cambio climático en la agricultura y el medio ambiente se ha realizado en colaboración con el Organismo alemán para la cooperación (GIZ, antes GTZ).

El interés de este estudio consiste en que se ha basado en un modelo regionalizado. Los resultados han permitido identificar, entre otras cosas, ciertas diferencias entre las regiones del norte, del centro y del sur de Túnez. En efecto, estas tres regiones tienen características geofísicas y socioeconómicas diferentes. El sur es una zona que se caracteriza por un clima semiárido y árido en la franja del desierto, en la que los cultivos anuales de cereales solo producen uno de cada dos años, e incluso de cada tres, debido a las limitaciones pluviométricas. En cuanto al norte, este comprende la zona litoral, compuesta por las llanuras más fértiles del país y que más lluvia reciben. Estas regiones ofrecen, además de ecosistemas (y por tanto una biodiversidad) diferentes, unos modos de explotación de las tierras a menudo distintos (el caso de los oasis en el sur).

También según el estudio de Requier- Desjardins (2010), los resultados de las proyecciones climáticas muestran que las dos regiones del centro y del sur conocerán las situaciones climáticas más estresantes para sus ecosistemas y sus agriculturas, es decir, unas variaciones de temperatura y de precipitaciones cada vez más desfavorables según el gradiante norte-sur, así como un aumento de la frecuencia de las sequías con respecto al periodo de referencia. Para estudiar el efecto conjunto de los dos tipos de riesgos, climático y económico, el modelo empleado analiza las diferentes hipótesis de apertura de la economía tunecina, inmersa en un proceso de liberalización de la agricultura.

Esta opción permite comprobar si las previsiones realizadas para 2016 por el planificador podrán cumplirse teniendo en cuenta los impactos esperados de los cambios climáticos. Los resultados, independientemente de cuál sea el escenario de apertura económica, muestran primero que los descensos esperados de la producción no permitirán alcanzar el crecimiento previsto para 2016. Estos descensos de la producción afectarán sobre todo al centro y al sur del país. Hacia 2030 y 2050, la producción oleícola va a disminuir un 50% en el centro y el sur tras varios años de sequía y va aumentar un 20% en los años favorables. La caída de la producción vendrá acompañada de una reducción del 50% de las superficies cultivables.

Tras varios años de sequía, el número de cabezas de ganado sufrirá un descenso que podrá alcanzar el 80% en el sur y el centro, y el 20% en el norte. El aumento de la productividad esperada en los años favorables será del 10%. Por último, la sucesión de años de sequía dará lugar a una disminución de las superficies cerealistas en el sur y en el centro, del orden del 16% en 2016 y del 20% en 2030; además, este mismo modelo indica que las inundaciones venideras provocarán descensos en la producción en los cultivos de cereales de regadío del orden del 13% en estos dos horizontes futuros. Así, basándonos en el escenario revelado por este modelo, podríamos vaticinar, con cierta dosis de prudencia, que algunas actividades agrícolas, e incluso algunas explotaciones que actualmente todavía son competitivas, podrían dejar de resistir en un futuro los impactos del cambio climático.

Un resultado lleno de riesgos para la economía agrícola y, por sus repercusiones, para el equilibrio social del país. Desde un punto de vista espacial, las regiones más implicadas en la contribución al valor añadido agrícola nacional serán, lógicamente, las que más tengan que perder en lo que se refiere al impacto del cambio climático desde el punto de vista de la disminución de su producto agrícola. También están, a diferencia de las regiones más secas, menos acostumbradas a gestionar la variabilidad de las temperaturas y de las precipitaciones (prácticas agrícolas, variedades de cultivo, etcétera).

Evidentemente, este razonamiento económico que prolonga los resultados agroeconómicos no tiene en cuenta el problema de las poblaciones rurales, ni el futuro de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, especialmente en las regiones áridas y de agricultura pluvial, es decir, los aspectos sociales de la agricultura de las zonas áridas. Por último, tampoco se aborda en este estudio la cuestión de los fenómenos extremos ni la del impacto medioambiental relacionado con los cambios climáticos. Los resultados de este estudio, que pueden parecer bastante alarmistas, no hacen más que apoyar la necesaria reconversión, incluso progresiva, de las actividades agrícolas e industriales, basadas en un esquema productivista y contaminante, hacia la senda de la economía ecológica.

Esta concienciación se aprecia ya en todos los análisis de la OCDE, que ha proporcionado recientemente unas orientaciones concretas dirigidas a los países miembros y a los países asociados que progresan en la elaboración y en la puesta en marcha de estrategias en este ámbito. El crecimiento ecológico también se tendrá en cuenta en las actividades multilaterales de seguimiento de las políticas de la OCDE, dentro del interés por mantener una coherencia con el proyecto Objetivo crecimiento. Para ello habrá que desarrollar y unir los indicadores de las políticas y los resultados medioambientales mediante un análisis empírico. Las posibilidades de integración del aspecto ecológico en el proyecto Objetivo crecimiento se examinarán a lo largo de 2012. De cara a Río+20, que tendrá lugar en junio de 2012, se están realizando trabajos para estudiar la manera de poner en marcha unas estrategias de crecimiento ecológico en los países en desarrollo.

Para ello conviene evaluar las relaciones entre el crecimiento ecológico y la lucha contra la pobreza e identificar los cambios que deben introducirse mediante estudios sectoriales, especialmente en ámbitos como la agricultura y las infraestructuras, para que estos sectores contribuyan más a un crecimiento ecológico que favorezca a los más pobres. Según la OCDE, se realizarán otros análisis sobre la manera en que las políticas de crecimiento ecológico en los países miembros pueden afectar a las economías de los países en desarrollo al modificar la estructura de los intercambios y de la inversión, así como los términos de la competencia para los medios de existencia.

Consecuencias de la adopción de un esquema de crecimiento ecológico en materia de desarrollo regional

La finalidad del enfoque del crecimiento ecológico es participar en la creación de una conciliación profunda entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Las actividades para la protección del patrimonio natural de un país son una fuente potencial de desarrollo de recursos, de puestos de trabajo y de contribución a la riqueza nacional. De hecho, este enfoque de la economía positiva, es decir, una economía que genera crecimiento y restablece a su vez el capital ecológico, contribuye de facto a un círculo virtuoso del crecimiento ecológico.

La revisión de los sistemas de producción en numerosos sectores de la economía tunecina puede ofrecer ventajas muy claras en materia de rentabilidad económica, pero también en el ámbito de la protección del medio ambiente y el uso racional y sostenible de los recursos naturales. En efecto, la inversión en las tecnologías innovadoras para reducir la contaminación y mejorar el uso racional de los recursos naturales puede proporcionar ventajas económicas a la comunidad manteniendo, e incluso aumentando, el crecimiento económico, la creación de empleo y la disminución de la pobreza, especialmente en las regiones más desfavorecidas, sobre todo las del centro y el sur.

Los sectores que presentan las mejores posibilidades de contribuir a la construcción de una economía ecológica son el de las tecnologías limpias, con las que los riesgos de contaminación son menores, las fuentes de energía renovables (energía solar, eólica e hidráulica), los servicios relacionados con el agua, los transportes, el turismo, la gestión de los residuos y las construcciones ecológicas, así como la agricultura y la explotación forestal sostenibles. La economía ecológica será inevitablemente un requisito sine qua non para la prosperidad económica de Túnez. De hecho, sus características geofísicas constituyen una ventaja para iniciar un desarrollo sostenible, cuyos costes de producción siguen siendo muy poco significativos.

De ahí el interés estratégico de las autoridades públicas en obtener un beneficio de la ventaja comparativa de la que dispone Túnez, como el número de días de sol en el centro y el sur del país, las corrientes marinas cercanas a la región de Cap Bon que pueden proporcionar una energía hidráulica bastante importante, y las regiones ventosas del norte, que suministrarán electricidad a las poblaciones vecinas gracias a la energía eólica. Túnez podrá incluso exportar una parte de su producción eléctrica (obtenida gracias a la energía solar, hidráulica y eólica) si se realizan inversiones para desarrollar infraestructuras dirigidas a la producción de estas energías limpias y renovables, y eso tendrá consecuencias positivas para el empleo, especialmente en las regiones desfavorecidas del sur y del centro, que algunas proyecciones calculan en más de 500.000 puestos de trabajo de aquí a 2020.