El periodo que vivimos hoy en Túnez representa ante todo un ajuste institucional que transfiere a los ciudadanos una soberanía antaño confiscada por el jefe de Estado y su entorno. Pero esta situación resulta muy difícil de manejar en la medida en que estos ciudadanos todavía no se han expresado a través de las urnas. Mientras esperan las elecciones por las que se nombrará una Asamblea Constituyente, se conforman con reiterar su voluntad de romper con el pasado. Durante este periodo de transición, se supone que el poder pasará de una instancia de dominación a una instancia de legitimidad.

Sin embargo, este cambio no solo es institucional, sino que también es simbólico. Los tunecinos que han llevado a cabo la revolución están convencidos de que poseen la soberanía y piensan que el poder no puede ejercerse sin su beneplácito. Esta es la representación de la democracia que predomina hoy en día. Los ciudadanos unidos que se movilizaron para obligar a un dictador a marcharse se convierten en sujetos y actores de la vida política.

En el caso tunecino, el éxito de la revolución no lo encarna ni un líder, ni un partido, ni tampoco una categoría social, profesional o incluso racial. Es, en cierta medida, una “masa flotante” cuyos elementos consideran que tienen legitimidad para actuar, para expresarse, para juzgar y para condenar. Durante este periodo de transición se ha abierto un espacio para que una gran pluralidad de actores se expresen: más de un centenar de partidos políticos, una prensa que ha adoptado rápidamente las ideas y los valores de la revolución, cadenas de televisión que dedican un gran espacio a los debates, sindicatos, numerosas asociaciones, think tanks y blogs individuales.

Esta expresión se realiza de forma plural y con frecuencia surgen conflictos, sobre lo legítimo y lo ilegítimo sobre los derechos adquiridos del pasado que habría que conservar y relacionar con los derechos adquiridos de la revolución. Naturalmente, estos conflictos son inherentes a la apertura del espacio público y a la democracia, aunque ésta se encuentre en construcción, pero en medio de esta euforia, las iniciativas de los grupos y de las personas hacen que se tambalee constantemente la autoridad de las estructuras creadas para acompañar la transición y conducir al país a las elecciones. La legitimidad de esta o aquella institución, la validez de tal medida…, todo se cuestiona regularmente y contribuye a distorsionar la información. Unas noticias contradictorias y a veces descabelladas circulan alegremente por las redes sociales, sembrando la duda y en alguna ocasión la inquietud.

La capacidad de esas redes para hacer que circulen los rumores, con fotos para confirmarlos, constituye un factor de distorsión importante. Esas mismas redes sociales que contribuyeron en gran medida a la caída del antiguo régimen, pueden ralentizar considerablemente, e incluso paralizar, el proceso de transición que está en marcha. Frente a esto, las autoridades políticas, debido a su carácter provisional, se enfrentan a un doble desafío: el de reformar los instrumentos del poder deshaciéndose de las normas vigentes en el pasado, y el de disponer de los instrumentos operativos necesarios para mantener el orden y garantizar la integridad territorial del país.

Por tanto, en este contexto de efervescencia y de democracia por inventar, la transferencia de la soberanía a la que se hace referencia plantea tres cuestiones: la del ciudadano que surge y que debe existir como actor del espacio público; la del funcionamiento del poder; y, por último, la legitimidad que emanará de las urnas y que habrá que respetar, ya que la legitimidad es, sobre todo, una cuestión de reconocimiento.

Revolución, reforma y transición

Desde enero de 2011, fecha en la que tuvo lugar la revolución tunecina, la transición que debe conducir al país a las elecciones ha cambiado de rumbo. Se trataba inicialmente de unas elecciones presidenciales que debían organizarse pronto, antes incluso de revisar la Constitución. Los defensores de esta línea, que se considera que poseen la legitimidad constitucional, otorgaban preferencia a la estabilidad y a la continuidad con el pasado frente a la aparición de un vacío institucional y político.

También pensaban que la Constitución podía revisarse y que podían eliminarse las desviaciones que los dos jefes de Estado del Túnez independiente habían introducido en ella. Pero los que poseen la legitimidad revolucionaria acabaron con esta opción. Al seguir una lógica de ruptura absoluta del marco constitucional, han exigido la disolución de las instituciones heredadas del antiguo régimen como la Cámara de Representantes, el Senado y el Consejo Superior de la Magistratura.

Como partidarios de las movilizaciones populares contra el primer gobierno provisional dirigido por el primer ministro en el cargo antes de la marcha de Zine el Abidine Ben Ali, han pedido unas elecciones a la Asamblea Constituyente en un plazo máximo de un año. Dentro de este contexto, el gobierno de Mohamed Ghanuchi creó tres comisiones ya desde mediados de enero: la Comisión Superior para la Reforma Política, la Comisión sobre las Exacciones y la Represión y la Comisión sobre las Malversaciones Financieras. Están compuestas por expertos, se declaran abiertas a la sociedad civil y también muestran una voluntad de no tomar decisiones importantes antes de las elecciones.

Estas comisiones están presididas simbólicamente por personalidades importantes y figuras reconocidas que fueron marginadas por el antiguo régimen. El jurista, Yadh Ben Achour, preside la Comisión de las Reformas, que cambió de nombre para convertirse en la Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución y de la Reforma Política y de la Transición Democrática. Fue decano de la facultad de Derecho de Túnez y dimitió del Consejo Constitucional en 1992. De hecho, el cambio de nombre de esta institución es muy simbólico. La nueva denominación combina tres términos claves: revolución, reforma y transición. Asimismo, pone de manifiesto el final de la dicotomía entre la lógica revolucionaria y la lógica legalista.

Pero este cambio también implicaba una ampliación de la institución y una modificación de sus objetivos. En el momento de su creación, la Comisión de las reformas, que contaba con 72 miembros, tenía un carácter técnico, que consistía en organizar unas elecciones en un plazo razonable. Posteriormente, esta Comisión recibió quejas de sus propios miembros sobre la forma de ser nombrados y sobre la falta de representación de los jóvenes y de las provincias. Su ampliación se consideraba una necesidad. El 7 de abril, el Consejo de la institución superior se amplía hasta 155 personas que representan a 12 partidos políticos y 18 organizaciones sindicales y asociativas, así como con personalidades nacionales, representantes de las regiones, de las provincias y de las familias de los mártires de la revolución, además de un representante de la inmigración en Francia.

La transformación también afecta a la propia función de la Alta Instancia. Aunque no tiene poder de decisión, se convierte en el verdadero piloto de la transición al definir la ley electoral, organizar las elecciones, con la definición de las circunscripciones incluida, y crear las listas electorales. Funciona en dos planos distintos: un Consejo de los expertos de la institución, compuesto por juristas, y un Consejo compuesto por fuerzas sindicales, políticas y asociativas y por personalidades morales, el cual examina, ratifica o rechaza los textos que le somete el Consejo de los expertos.

Los textos que el Consejo del órgano superior acepta y vota por mayoría se reenvían a continuación al gobierno provisional y luego al presidente de la República. Así, el poder ejecutivo sigue estando en manos del gobierno y de la presidencia de la República. Al redactar los textos, la Alta Instancia hace las funciones de poder legislativo provisional y, en cierta medida, de Parlamento. El 12 de abril, la Alta Instancia aprobaba por unanimidad una nueva ley electoral que establece unas elecciones por sistema proporcional del resto mayor y que respeta la igualdad entre hombres y mujeres. Este sistema favorece a los partidos pequeños ya que impide que las grandes formaciones dominen la Asamblea.

Esta Alta Instancia, cuya configuración ha evolucionado al compás de la “eclosión de esta primera experiencia democrática” en el país, constituye en realidad el lugar preciso en el que se instaura el debate democrático. Por la función que se le ha encomendado, que es la de debatir los temas fundamentales y pronunciarse sobre ellos, y por la composición de sus miembros, se ha convertido, durante unos meses, en el Ágora de este Túnez en transición que se abre y que a la vez se inicia en la vida democrática. La importancia de su función la expone a críticas encendidas. Hay quien le reprocha su falta de representatividad, alegando que no reúne todas las sensibilidades. También se cuestiona su legitimidad, en la medida en que sus miembros son nombrados y no elegidos. Además, según algunos partidos políticos, este órgano se ha convertido en Parlamento y usurpa los poderes de la Asamblea Constituyente.

El Pacto republicano

Por otra parte, la Alta Instancia ha aprobado un Pacto republicano que podría servir de base para la futura Constitución. A diferencia de otras revoluciones, la tunecina se produjo sin líderes y sin que ningún equipo dirigiera este movimiento. Es probablemente la razón por la cual los actores políticos de la sociedad civil experimentaron la necesidad de ponerse de acuerdo sobre las bases de la República que desean construir. Entre los principios fundamentales de este Pacto se encuentra la separación entre los ámbitos religioso y político, la independencia personal de cada ciudadano en sus creencias y su derecho a practicar los ritos religiosos.

Por medio de este Pacto, que los miembros de la Alta Instancia han votado por mayoría, los tunecinos pretenden también preservar los derechos adquiridos de la mujer y la separación de poderes. El Pacto también menciona la exclusión de los antiguos miembros del partido dominante (el Reagrupamiento Constitucional Democrático). Según esta mención, los tunecinos que hayan ejercido responsabilidades en el seno de este partido en los 10 últimos años no podrán presentarse a las elecciones a la Asamblea Constituyente. En realidad, las dificultades con las que se encuentran los responsables de la Alta Instancia ponen de manifiesto los desafíos y las paradojas que se pueden observar en la escena pública tunecina en este periodo transitorio.

A pesar de sus propias disfunciones internas, esta Comisión debe colaborar con unas instituciones que también experimentan dificultades para implantarse. Por ejemplo, debe trabajar con un gobierno provisional que no puede eliminar o prescindir de administraciones o servicios sin condenarse a sí mismo. Al mismo tiempo, debe proporcionar constantemente pruebas de lealtad y de compromiso con los “valores” de la revolución. Esta dificultad para aunar el pasado y el presente surge en varios ámbitos. ¿Qué derechos adquiridos del pasado hay que conservar y cómo se pueden armonizar con las ideas que dieron lugar a la revolución? A este desafío se le añaden unas divisiones en el seno de la sociedad y se traducen en los partidos políticos.

Para algunos, este periodo revolucionario es la ocasión para que el país corrija sus desviaciones, especialmente en la relación con el islam. Para ellos, el modelo burguibiano “laicizante” debería corregirse de forma que Túnez pueda reencontrarse con “su identidad y su autenticidad”. Para otros, la revolución en ningún caso debe hacer que los tunecinos pierdan los derechos adquiridos de un periodo en el que se otorgaron numerosos derechos a las mujeres, se replanteó la relación entre lo religioso y lo político, y que izó al país por encima del resto de la región.

De hecho, estamos ante dos modelos filosóficos que ninguna autoridad política o intelectual está hoy en día en disposición de conciliar, y de ahí la dificultad para que los miembros de la Alta Instancia se pongan de acuerdo sobre esa “base republicana” que constituye el Pacto. Por tanto, las divergencias se ponen de manifiesto de forma diferente. Por ejemplo, los representantes del partido islamista Ennahda querían que el Pacto republicano incluyera el rechazo rotundo a “cualquier forma de normalización con el Estado sionista” y el apoyo a la causa palestina.

Para otras formaciones, esta condena del Estado de Israel a largo plazo no resulta aceptable en la medida en que Túnez puede llegar a tener que normalizar sus relaciones con un país propenso a cambiar, especialmente en sus relaciones con los palestinos. Los partidos políticos, más de 100 formaciones, difieren más sobre ese debate de ideas, a partir del cual realizan su campaña, que sobre sus programas. Las grandes tendencias que se perfilan en torno a los partidos sociales liberales, a los partidos de centroizquierda, a los islamistas y al polo democrático modernista realmente no facilitan información sobre la oferta política o sobre las futuras alianzas. Este ámbito político renovado no proporciona necesariamente las respuestas que solicitan los tunecinos, que tienen la sensación de estar perdiendo sus referencias.

El 52% de personas inscritas en las listas electorales muestra que quizás los ciudadanos no han entendido el sentido de la campaña electoral que incita a votar para elegir una Asamblea y no un presidente de la República. El empeoramiento de su condición social aumenta su angustia y les empuja a cuestionar el sentido de una revolución que no ha modificado su nivel de vida, que no ha juzgado a los responsables y cuyos perfiles no se dibujan claramente. Pero aunque no entiendan con exactitud la finalidad de las elecciones, por la falta de claridad del ámbito político, están convencidos de que en el Túnez político que se está construyendo, el Príncipe ya no será nunca más el amo, y menos todavía el amo absoluto.

También saben que el ejercicio del poder deberá considerarse en función de su relación con la libertad y que la conquista fundamental de la revolución de enero de 2011 consiste en la capacidad de los ciudadanos para expresar públicamente sus posturas.