Túnez: dos años de perspectiva, un futuro incierto

La UE se enfrenta al reto de distribuir eficientemente sus recursos para apoyar las reformas y huir de la tentación de imponer políticas destinadas a garantizar su seguridad.

Iván Ureta

Durante los primeros compases de las revueltas sociales en el norte de África, la comunidad internacional reaccionó con sorpresa. El Magreb, a pesar de los conocidos problemas relacionados con la emigración ilegal, el terrorismo de matriz islamista, el tráfico de droga, los altos niveles de desempleo asociado a una ineficiente redistribución de la riqueza, la corrupción institucionalizada y las cuestiones asociadas a un débil clima democrático y de respeto de los derechos humanos, parecía estar bajo un controlado equilibrio. El precedente optimismo internacional estaba en parte justificado por los datos e informaciones publicados por diferentes organismos y fuentes internacionales. En 2005 Túnez había sido descrito por el Banco Mundial y el Banco Islámico de Desarrollo como una historia de éxito.

El 3 de noviembre de 2008, The Sunday Times, situó a Túnez “entre los mejores sitios para invertir en estos tiempos de crisis económica”. La misma tendencia fue confirmada en 2010 por la revista Newsweek y por el Informe de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Internacional. En 2010, el informe de desarrollo de las Naciones Unidas señaló la presencia de tres países del Magreb en la lista de los 10 países que habían mejorado más notablemente entre 1970 y 2010. Este sorprendente hallazgo fue definido en el informe como el “milagro norteafricano”. Pocos meses después de todos estos informes y previsiones positivas, el 17 de diciembre de 2010, Mohamed Buazizi, decidió prenderse fuego.

Fuego que se expandió velozmente por todo el país en forma de revueltas sociales, y que terminaría derrocando al aparentemente intocable Zine el Abidin ben Ali, quien el 14 de enero de 2011 tuvo que abandonar Túnez dirigiéndose hacia Arabia Saudí.

Existen muchas interrogantes abiertos y aspectos sobre los que resulta interesante reflexionar. ¿Estos acontecimientos eran imprevisibles? ¿Cómo pueden relacionarse con las precedentes clasificaciones económicas cargadas de un optimismo generalizado? ¿Existía dicho “milagro socioeconómico”? Si sí, ¿cuáles eran sus bases? ¿Hasta qué punto el gobierno tunecino y los socios occidentales eran responsables del mismo? ¿Se podría decir que el verdadero milagro socioeconómico se terminó de completar con el éxito de las revueltas sociales? ¿Cómo de consistente era la imagen de estabilidad que Ben Ali se obsesionó por mostrar a los mercados y a los gobiernos internacionales con el objetivo de atraer inversión directa? ¿Qué recorrido hizo Túnez y cuáles fueron las claves históricas y políticas desde su independencia en 1956 para llegar a esta situación? ¿Qué parte de responsabilidad tienen los gobiernos occidentales? ¿Hasta qué punto las revueltas sociopolíticas y el nuevo gobierno podrán eliminar o reducir las tensiones y dependencias que caracterizaron las décadas pasadas? El primer punto de reflexión se encuentra en la propia historia contemporánea tunecina.

Invirtiendo en el control de Túnez. Primeros errores de cálculo

Desde 1956, Túnez ha seguido una política internacional abierta con el objetivo de atraer inversores y simpatías desde Occidente. Esta amistosa estrategia se ha desarrollado a través de la creación ficticia, casi teatral, de una imagen de estabilidad sociopolítica y de apertura; de una propaganda relativa al respeto de los derechos humanos; la explotación de su situación geoestratégica; la garantía de colaboración con gobiernos occidentales sobre temas sensibles como la seguridad regional, el terrorismo o la emigración ilegal; del incremento del atractivo económico y de las garantías jurídicas para inversores internacionales. Esta estrategia política ha complacido a los socios políticos y económicos internacionales.

Esto ha sido posible gracias a la intervención de varios factores. Quizá uno de los más relevantes está relacionado con la forma en la que Túnez, como el resto de países del Magreb, ha gestionado ideológica y políticamente su historia poscolonial. La historia del Magreb contemporáneo ha sufrido los efectos de un dilema y de una contradicción teórico-práctica que no se ha sabido resolver. A nivel teórico, el deseo de instaurar políticas democráticas y a nivel práctico, la consolidación de gobiernos autoritarios. Túnez empezó a sufrir esta contradicción desde sus primeros pasos como república independiente. Habib Burguiba luchó por la independencia de Túnez desde los años treinta, erradicó la monarquía, y en 1957 accedió a la presidencia. Coincidiendo con Moore, sería posible decir que ya durante sus tres primeros años de presidencia, el gobierno de Burguiba estaría muy cercano a un concepto de “monarquía presidencial”.

Es cierto que tan pronto como Burguiba asumió el control del Estado, comenzó a instaurar importantes reformas sociopolíticas, culturales y económicas. Desde el punto de vista social, el Código de Estatuto Personal que sustituyó la sharía, marcó un hito importante. La secularización del estado era una prioridad. Asociada a estos cambios, la reforma de la educación de 1958 marcó un antes y un después. Esta permaneció un prioridad tanto durante el gobierno de Burguiba como en el de Ben Ali. La hipótesis fue: una sociedad educada constituiría la base de una política desarrollista. Esta hipótesis encerraba un gran error de cálculo. Si se pretendía mantener un tipo de gobierno cercano a la mencionada monarquía presidencial, no se puede lanzar una política educativa de masa sin instaurar elementos democráticos y de creciente participación y representación popular.

La revuelta social estallaría antes o después. Esto ha sido demostrado con éxito por autores como Fuller o Heinshoh cuando describen la youth bulge theory. La política educativa, que ha desempeñado un papel fundamental durante los gobiernos de Burguiba y Ben Ali, ha estado igualmente sometida a una fuerte contradicción. Kroehnert-Othman y Dhouib han estudiado libros de texto árabes (incluidos los tunecinos) y han concluido que estos libros, generalmente, ofrecen una actitud muy positiva hacia los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, al mismo tiempo, países del norte de África y Oriente Próximo creen que son modernos e internacionales por el simple hecho de defender esas ideas a través de libros de texto, no a través de la aplicación cotidiana de dichos principios.

Por tanto, a pesar de este progreso, no se instauraron elementos democráticos fácilmente medibles. Entre 1963 y 1981, el partido Neo-Destur fue la única organización política reconocida y en 1975 Burguiba cometió el error histórico de proclamarse presidente de por vida. El mismo error fue cometido después por Ben Ali. El germen de la revuelta social se comenzó por tanto a consolidar desde los primeros años de la república. Era cuestión de tiempo. El tiempo que el gobierno, ayudado por socios internacionales, consiguiera mantener una ficticia e impuesta –verticalmente– paz social. La imposición vertical de este modelo se consiguió a través de lo que se podría llamar “retórica de la belleza”.

‘La retórica de la belleza’: construyendo un palacio sobre la arena

La mayor parte de los países MENA se enfrentaron a la escasez de divisas desde inicios de los años ochenta. Ese contexto forzó a muchos a adoptar políticas encaminadas a la estabilización y al ajuste estructural de sus economías. Como ha señalado Karshenas, las nuevas estrategias de desarrollo se basaron en una mayor orientación hacia los mercados internacionales, una reducción del control del Estado y a la liberalización del comercio.

Países como Túnez, donde los recursos naturales son escasos, adoptaron estas estrategias para intentar atraer capitales extranjeros que pudieran financiar su particular proceso de desarrollo socioeconómico y consolidar sus aspiraciones de permanencia política. Para conseguir estos dos objetivos, la estrategia más rentable era desarrollar un modelo de comunicación política adecuado. El desarrollo de una “retórica de la belleza” vendería un Túnez moderno, abierto, seguro y colaborador.

Esta hipótesis garantizaría la llegada de las inversiones extranjeras directas y de los créditos procedentes de diferentes instituciones públicas y privadas. Sin embargo, el modelo desarrollista tunecino, asociado a esta política ficticia de embellecimiento del país, así como los impactos de la liberalización del comercio se han distribuido muy desigualmente entre las diferentes regiones. Como ocurre en muchos países menos industrializados, la mayor parte del tejido industrial se encuentra en la capital. La contribución de Túnez al PIB nacional alcanza el 46%, representa el 39,8% del total de las exportaciones nacionales y concentra el 56,5% del total de las inversiones privadas. Esto ha provocado un gran desequilibrio inter y transregional y ha acentuado la pobreza periférica. Cerca del 37,8% y del 26,6% de la pobreza rural se ha concentrado en el centro-oeste y en el sur de país.

El rol occidental, la política del silencio o la sutil diferencia de pasar de colaborador a dictador

Los gobiernos occidentales –a pesar de ser conscientes– no prestaron demasiada atención a las prácticas que Túnez infligía no respetando las disposiciones internacionales sobre derechos humanos, al tiempo que vendía la idea de ser un país abierto, sólido y observador de dichos derechos. Las cifras de IED revelan el “apoyo” indirecto al régimen de Ben Ali.

Por ejemplo el 15 de junio de 2010, cuando Túnez era todavía visto como un socio de confianza, la Cámara de Diputados modificó el artículo 61 bis del Código Penal imponiendo cargos penales a aquellos que “directa o indirectamente tuvieran contactos con agentes u organizaciones de otro país con el objetivo de perjudicar o afectar los intereses vitales de Túnez y de su seguridad económica”. Como informó Human Rights Watch, el ministro tunecino de Derechos Humanos, Lazhar Buuni, aclaró en el Parlamento que afectar a los intereses vitales de Túnez incluiría “incitar a socios extranjeros a no extender créditos a Túnez, a no invertir en el país, a boicotear el turismo o sabotear los esfuerzos de Túnez por obtener el estatuto avanzado con la UE”.

Esta disposición fue aprobada en el momento en el que Túnez y la Unión Europea se encontraban negociando el estatuto avanzado, que enriquecería el acuerdo de asociación UE-Túnez firmado en 1995. Por tanto, cuando estallaron las revueltas, las respuestas de Occidente se hicieron esperar. El silencio inicial y la “prudencia” en la toma de decisiones estaban justificadas por amplios y fuertes intereses económicos, geoestratégicos, financieros y políticos. Pero se denunció que la UE como bloque y países como España o Francia no actuaron condenando las medidas represivas del gobierno de Ben Ali desde el comienzo. En el caso español, y citando el tratado hispano-tunecino de amistad, no era posible ningún tipo de intervención de acuerdo a los principios generales 3 y 4. En definitiva, las inversiones que diversos países occidentales habían colocado en Túnez durante los últimos años para mantener un gobierno que sabían corrupto y dictatorial, debían ser protegidas hasta el último momento.

El silencio inicial fue la respuesta que dieron los gobiernos que habían financiado esta dictadura, como otras, por un interés mutuo, pero el método era válido en nombre de la realpolitik y del mantenimiento de un difícil equilibrio en la zona. Este riesgo seguirá presente en el futuro. El 13 de enero de 2011, la secretaria de Estado Hillary Clinton, declaró que “mientras algunos países han hecho grandes avances en gobernabilidad, en muchos otros, la gente ha crecido cansada de instituciones corruptas y de un orden político estancado”. Cinismo absoluto. Negación de la realidad. Han sido países y regímenes dictatoriales financiados por los socios occidentales.

El 27 de enero de 2011, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoció que “Europa tiene también su parte de responsabilidad, debido a que no fue capaz de condenar la naturaleza del régimen, prefiriendo sacar ventaja de la aparente estabilidad y continuar con sus negocios”. Los derechos humanos o los indicadores reales de desarrollo socio-económico pasaron a un segundo plano. Los países occidentales reconocían la importancia estratégica y comercial del socio magrebí.

¿Qué futuro?

Qué futuro quieren los tunecinos para su propio país? ¿Y los socios internacionales para Túnez? ¿Convergen dichos intereses o están filosófica y prácticamente enfrentados? En caso de que sean divergentes, ¿cómo se pueden armonizar estas fracturas? ¿Hasta qué punto el miedo europeo por el desarrollo del fundamentalismo islámico está justificado? Pasado el momento de euforia posrevuelta, ¿será posible desarrollar políticas consistentes para garantizar resultados en el corto, medio y largo plazo? La transición tunecina hacia fórmulas más o menos europeizadas de democracia marca la agenda y las preocupaciones de los socios del Norte. En este sentido la política europea de vecindad debería reenfocar sus objetivos para enfrentarse a estos retos difíciles de conciliar y acomodar en el corto y medio plazo.

El lanzamiento, en marzo de 2011, de la Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con los Países del Mediterráneo Meridional está precisamente orientada hacia el apoyo de estos cambios de régimen. El apoyo-esfuerzo financiero para reforzar estas transiciones desplegado por esta nueva iniciativa, fue definido en 4.000 millones de euros, más 17 millones adicionales para Túnez, circunstancia que se revela excepcional dada la necesidad también de mantener los fondos de la UE hacia el Este. También Estados Unidos el 29 de marzo de 2012 concedió 100 millones de dólares a Túnez para aliviar la carga fiscal. En este contexto se instaura la filosofía del more for more.

Donde se darán más ayudas financieras cuantas más reformas encaminadas a la instauración de prácticas democráticas se produzcan. More for more es también una excelente excusa para comprar a buen precio la lealtad de los nuevos gobiernos que, de por sí, están fracturados internamente. ¿Qué significa “más por más”? ¿Más ayuda financiera por más alineamiento y obediencia? Este tipo de visión explica también hasta qué punto la UE considera importante esta región. Esto se produce a través de un discurso político idealista y liberal que en sí encierra fuertes dosis de pragmatismo y realismo encaminado hacia un control político de la zona. No en vano, la Comisión Europea ha anunciado recientemente que antes de que finalice 2012 se espera poder entablar negociaciones encaminadas a discutir pactos de libre comercio “profundos y globales” con Jordania y Túnez. Esta práctica de “adquisición de lealtades” encaminadas a la consolidación de un régimen económico neoliberal, se vende como un “esfuerzo por apoyar la consolidación de las reformas democráticas y el desarrollo”.

En el corto plazo, en un ambiente dominado por el entusiasmo posrevolucionario, estas fórmulas financieras podrían funcionar. En el medio y largo plazo existen muchos interrogantes y dudas. Como reconoció la alta representante para la política exterior de la UE, Catherine Ashton, “no es la UE la que debe imponer soluciones, estas revoluciones son de los pueblos de la región. Corresponde a estos mismos pueblos decidir cómo quieren que se les gobierne y qué ayuda necesitan”. Teóricamente este discurso liberal podría funcionar. ¿En la práctica? La UE se enfrenta al menos a dos retos: la capacidad de distribuir eficientemente esos recursos financieros para tratar de apuntalar los objetivos propuestos y, en segundo lugar, huir de la tentación de imponer políticas o reformas encaminadas a garantizar fundamentalmente la seguridad de los socios del Norte, sea a nivel bilateral o multilateral.

La evaluación de cómo estos dos retos se pueden resolver o no, se producirá en el medio y largo plazo. La dificultad relacionada con el primero de ellos está ligada a la existencia de dos velocidades. Una velocidad hace referencia al calendario de “inversión” de dichas ayudas en un espacio temporal determinado, reducido a dos años. La otra velocidad hace referencia al tiempo necesario para establecer de forma consistente reformas estructurales que solo pueden consolidarse en el largo plazo. Esta hipótesis critica el hecho de que por muy elevados que sean los fondos de la UE para apoyar las transiciones democráticas, nada garantiza que se consigan los resultados esperados en el largo plazo, ya que el horizonte temporal planteado es corto con relación a la necesidad de tiempo para consolidar los necesarios cambios estructurales. En segundo lugar, no está claro cómo a niveles bilaterales o multilaterales se evitará el hecho de exigir ciertas recetas a los nuevos gobiernos para encarar su nuevo futuro “democrático”.

De todos modos, la reorientación de las políticas europeas hacia Túnez deberían esquivar la tentación de financiar en el futuro posibles “nuevas” formas de cómodas dictaduras como ha ocurrido en el pasado. Es posible comprar y exigir la lealtad de un socio estratégicamente importante como Túnez, ya que su estructura económica e industrial no le permitiría desarrollarse adecuadamente sin la intervención de capitales extranjeros. En efecto, la inversión extranjera en la primera mitad de 2012 creció un 42,8% con relación al mismo periodo de 2011 en pleno apogeo de las revueltas. Este crecimiento está relacionado con el inicio de actividad de 62 nuevas compañías y la expansión de las actividades de otras 115 que ya existían. Estos movimientos han generado una mejoría relativa del mercado del trabajo del 20% con relación al mismo periodo de 2011 con la creación de 6.125 empleos.

La mejora estructural de una economía que sea capaz de generar puestos de trabajo puede representar una amortiguación de las exigencias populares y desembocar en un incremento de la paz social. El coste político y económico es hipotecar el país a los intereses internacionales, lo que puede provocar episodios de fractura sociopolítica. Para la UE y para los socios occidentales en general, los focos principales de atención, continúan siendo el terrorismo de matriz islamista y la potencial “reislamización” de la política y la sociedad. Una de las principales preocupaciones manifestadas por parte de los países occidentales se produjo cuando el movimiento Ennahda (Partido del Renacimiento) ganó las elecciones con un 41,47% en Túnez.

Para tranquilizar a Occidente el líder del partido, Ghanuchi, dijo que Túnez era para todos y que se respetaría el artículo 1 de la Constitución: “Túnez es un Estado libre, independiente y soberano; el islam es su religión, su lengua el árabe, y la República su régimen”. Sin embargo, los miedos permanecen estables y se demuestra que los intereses nacionales por impactar e interferir en la política tunecina son evidentes.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García- Margallo, pidió expresamente a las autoridades tunecinas no ceder a aquellos grupos que desean instaurar la sharía. Tras intensas discusiones con diversos grupos internos, su homólogo Rafik Ben Abdesalem, anunció, el 26 de marzo de 2012, que no se seguiría luchando por implantar la sharia como principal fuente de derecho. Sin embargo, posiblemente los problemas en Túnez son otros, sobre todo estructurales. Están relacionados con su deficiente estructura económica e industrial, con las altas tasas de desempleo, con la falta de oportunidades para un sector joven bien educado. Están relacionados con la inconsistencia política y la incapacidad de imaginar un futuro propio y autónomo, libre de deudas y dependencias. ¿Hasta qué punto el país está preparado para el cambio? ¿Cuáles son los límites de este Renacimiento? Arte, cultura, sociedad y política han estado imbricados a lo largo de la historia. El Túnez posrevolucionario ha encontrado también en el arte el vehículo para reclamar pero, sobre todo, para testar la consistencia del nuevo gobierno tunecino en materia de progresismo convencido.

La Primavera de las Artes gestada entre mayo y junio de 2012 ha puesto en entredicho las voluntades e intenciones transformadoras del nuevo gobierno. Esto añade desilusión y frustración a la fuerza mobilizadora juvenil que organizó las revueltas. El optimismo y la resaca “posrevolucionaria” se estrellan contra duros muros invisibles formados por estructuras formales e informales impermeables al cambio. No se puede simplemente eliminar el carácter subversivo del arte en un contexto en transformación. A pesar de su fragilidad y fragmentación, el nuevo gobierno tunecino, sin embargo, trata de hacer ver a la comunidad internacional a través de gestos simbólicos un verdadero compromiso político alineado con las preferencias occidentales. El 13 de junio de 2012 un tribunal militar sentenció a cadena perpetua al exiliado expresidente Ben Ali, suponiendo que Arabia Saudí lo extraditara.

En la misma línea, y sin previa coordinación con el presidente tunecino Moncef Marzuki, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Ben Yafar, organizó una reunión extraordinaria en la que se comenzó a discutir la delicada hipótesis de extraditar al exprimer ministro de Libia, Al Bagdadi al Mahmudi. El futuro, como se ha mostrado, está hipotecado. El nuevo gobierno no puede escapar de una fuerza histórica marcada por intereses estratégicos. Los riesgos de caer en el largo plazo en el financiamiento de nuevas formas de disimulada dictadura o control estricto debido a intereses nacionales o internacionales pueden estar presentes en el horizonte. Y así, los procesos democratizadores aquí planteados bajo las hipótesis presentadas podrían estar abocados al fracaso.