El poder de los ciudadanos en la transformación ecológica del Mediterráneo

Jérémie Fosse

Presidente de Eco-union

Varios informes científicos sobre el cambio climático que han salido a la luz últimamente nos han alertado sobre la terrible situación en que se encuentran los ecosistemas terrestres, así como las soluciones drásticas que se imponen, y que requerirán esfuerzos sin precedentes. El aumento de temperatura global, el uso de combustibles fósiles y, en general, la economía basada en el sistema de producir‒usar‒tirar están destruyendo los ecosistemas terrestres a gran velocidad. El Mediterráneo es una zona especialmente vulnerable a este proceso de destrucción que, en general, se niegan a admitir las élites político económicas y las empresas industriales tradicionales. Por suerte, la sociedad civil mediterránea está tomando iniciativas que, en algunos casos, no temen enfrentarse a los gobiernos y las empresas de turno para buscar soluciones colectivas a estos retos globales y crear una sociedad más sostenible, justa e inclusiva. 

En los últimos meses han salido a la luz dos informes científicos internacionales que han esbozado un futuro desolador para el planeta y sus habitantes. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés), anunció que las consecuencias y los costes del calentamiento global serán mucho peores de lo esperado. El objetivo de limitar a menos de 2ºC el aumento de temperatura desde el área preindustrial, aprobado en el Acuerdo de París de 2015, podría fracasar en solo once años si no reducimos de manera drástica las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Y aunque se llevaran a cabo esas reducciones de inmediato, eso solo retrasaría ‒no evitaría‒ el calentamiento global. Las soluciones requerirán unos esfuerzos sin precedentes para reducir en un 50% el uso de combustibles fósiles en quince años y eliminarlo por completo en treinta años. 

Por si todo ello no resultara ya inquietante, otro informe de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, en sus siglas en inglés), nos anuncia la sexta extinción masiva de especies, a una velocidad jamás vista en la historia del planeta. Más de un millón de animales o plantas están a punto de desaparecer de la superficie del globo debido a la acción humana, el cambio de usos de suelo, la contaminación o la sobreexplotación de los recursos naturales. El mismo funcionamiento de los ecosistemas naturales está en peligro, lo cual amenaza todos aquellos mecanismos que nos proporcionan agua, alimentación y aire, tan esenciales para la vida humana y la salud del planeta. El riesgo para nuestra sociedad es máximo, ya que estas pérdidas de especies son a menudo irreversibles, afectan a nuestra capacidad de innovación –muchos medicamentos tienen su origen en la biodiversidad terrestre o marina– y reducen nuestro potencial de adaptación y resiliencia ante los riesgos naturales, que aumentan debido al cambio climático. 

En ambos casos, las zonas y poblaciones más pobres de nuestro entorno son las más vulnerables a la pérdida de calidad medioambiental de nuestro planeta, sobre todo los países en desarrollo, ya que tienen poca capacidad de anticipación y adaptación a estos cambios tan bruscos. Los científicos predicen ya un aumento de la mortalidad por razones climáticas, una reducción del PIB debido al descenso de la productividad y la posibilidad de llegar a un colapso sistémico terrestre si se generan bucles de retroalimentación y sobrepasamos un punto de inflexión tan temido como desconocido.

Estos desafíos globales adquieren una perspectiva más concreta en la región del Mediterráneo, que está considerada una de las principales zonas críticas del cambio climático y la biodiversidad a escala mundial. Este ecosistema único, repartido alrededor del mar Mediterráneo, alberga una diversidad ambiental, humana y cultural de una riqueza excepcional. Por desgracia, la región está sufriendo un proceso acelerado de desertificación, acompañado de una creciente escasez de agua y una serie de eventos climáticos cada vez más frecuentes y dañinos. La concentración de la población y las actividades económicas en las zonas costeras incrementa su vulnerabilidad frente a la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, las sequías, las inundaciones o los incendios. Estas alteraciones del sistema climático ya están provocando una reducción de la productividad agrícola, a la vez que aceleran las migraciones desde el Sur hacia el Norte y hacen menos atractivos y competitivos sus destinos turísticos.

El cumplimento del Acuerdo de Paris y de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 requiere un cambio radical en nuestro modelo de vida, sobre todo en los países industrializados. En menos de treinta años, debemos eliminar el uso de gas o petróleo para calentarnos; sustituir los coches de gasolina por vehículos eléctricos; cerrar todas las centrales térmicas de carbón y gas; convertir la petroquímica en industria verde; abandonar el uso de los pesticidas en la agricultura; emplear fuentes de energía sin carbono para la industria pesada de acero o aluminio, etc. El reto es ingente e implica un cambio radical en nuestra forma de producir y consumir. Nuestra economía productivista y lineal, basada en el trinomio fabricar‒usar‒tirar, debe inspirarse en los fundamentos de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se recicla. En una economía circular, los ciclos biológicos y técnicos de los productos que utilizamos se cierran y se repiten indefinidamente. De este modo, los principios de eficiencia y suficiencia se aplican a nuestra vida diaria y se comparten con racionalidad y solidaridad nuestros escasos bienes comunes, como el agua, la tierra, el mar o el aire.

La amplitud de esta transformación requiere un compromiso político urgente, con visión a largo plazo y acciones a corto plazo. No obstante, muchos gobiernos actuales no tienen bastante capacidad ‒o interés‒ para implementar las medidas necesarias que requiere este cambio de modelo. En los estados modernos, los procesos de decisión son lentos, burocráticos y, con frecuencia, ineficientes. Los gobiernos siguen aplicando las mismas recetas productivas que nos han llevado al fracaso, sin responder de manera eficaz a estos desafíos globales, que necesitan coordinación entre actores muy diversos tanto a nivel local como global. Las élites político económicas y las empresas industriales tradicionales tampoco han sido capaces de entender y acompañar la transición ecológica. Ambos suelen tener más interés en mantener el statu quo –facilitado por una energía fósil barata que produce dinero fácil– que en promover una economía y un mercado más sostenibles y responsables. Sus órganos de influencia (es decir, los grupos o lobbies ubicados en los centros de decisión) han negado muchas veces la importancia del cambio climático y la necesidad de adoptar prácticas más verdes. También los ciudadanos, a menudo, se han transformado en puros consumidores, sumisos ante el bombardeo constante de publicidad y productos baratos.

No obstante, fuera de los grandes medios de comunicación se están levantando vientos de cambio y nuevas voces que se hacen oír. La joven activista noruega Greta Thunberg está apelando a nuestra ética, responsabilidad individual e inteligencia colectiva para cambiar radicalmente nuestro modo de producir y consumir. Mediante las huelgas convocadas todos los viernes (Fridays for future) o el movimiento activista Rebelión contra la Extinción, los jóvenes y estudiantes de todo del mundo están expresando en voz alta y clara un sentimiento de indignación por la inacción de nuestros actuales representantes políticos, sociales y empresariales. Nada puede seguir como antes y la sociedad civil, diversa y activa en el Mediterráneo, está tomando el relevo. A través de su conocimiento del terreno y su capacidad de movilización, miles de asociaciones consiguen sensibilizar, capacitar y empoderar a los ciudadanos acerca de la importancia de reciclar, ahorrar energía, consumir productos ecológicos o disminuir el uso del avión o el coche. 

En los países europeos, los ciudadanos se agrupan en colectivos para consumir de manera más sostenible y responsable. Las cooperativas Som Energia, en España, o Enercoop, en Francia, representan a decenas de miles de individuos que desean consumir una electricidad producida mediante fuentes de energías renovables por y para los ciudadanos, alejada de las multinacionales energéticas que basan su negocio en la energía fósil y el uso de recursos naturales a través monopolios u oligopolios. En el campo de la alimentación, centenares de cooperativas –como las Asociaciones para la Conservación de la Agricultura Campesina (AMAP, en sus siglas en francés)‒ agrupan a miles de familias que compran directamente sus frutas y verduras a los productores cercanos, los cuales garantizan productos de temporada, locales, sin pesticidas y sin intermediarios, y a un precio justo y equilibrado. Gracias a las nuevas tecnologías, existen nuevas generaciones de ecoemprendedores que lanzan aplicaciones digitales que permiten compartir servicios –como Blablacar, para viajar– o intercambiar productos –como Wallapop,para objetos usados. 

En el sur del Mediterráneo también existe una creciente comunidad de ecoemprendedores que desarrolla empresas más sostenibles y productos más responsables en el campo del turismo (es el caso de Jabalna Ecolodge, en Líbano), el reciclaje de plástico (Zero Zbel, en Marruecos), la ecoconstrucción (Ecosahara, en Argelia) o la agricultura ecológica (Sabra, en Jordania). La empresa SEKEM, ubicada en Egipto, consiguió recuperar tierras desérticas y transformarlas en un terreno fértil de alimentación ecológica de altísima calidad, que a día de hoy se exporta a todo el Mediterráneo.  

Más allá de las iniciativas individuales, muchos ciudadanos de diversos países se están uniendo para buscar soluciones colectivas a estos retos globales y, para ello, si es necesario, no dudan en enfrentarse a los gobiernos y las empresas. Los diversos juicios climáticos son probablemente el ejemplo más ambicioso y prometedor de estas iniciativas. En 2015, un fallo histórico confirmado en 2018 por el Tribunal de Apelación de La Haya, Urgenda, una fundación medioambiental que actuó en nombre de 900 ciudadanos holandeses, consiguió obligar al Estado holandés a reducir un 25% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. En Francia, varias asociaciones apoyadas por dos millones de franceses han llevado al Estado francés a los tribunales, en el llamado «juicio del siglo», para exigir un plan de acción a la altura de los retos climáticos. A escala global, varias organizaciones de la sociedad civil y numerosos intelectuales abogan por el desarrollo de un marco legal internacional que prevenga y castigue los famosos «ecocidios», que se definen como las pérdidas, los daños o las destrucciones del ecosistema natural de un territorio.

A través de la federación Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ESCDE), más de cien asociaciones y fundaciones medioambientales ubicadas en todos los países mediterráneos han unido sus fuerzas para convertirse en motor de progreso e influencia en la integración de la sostenibilidad ambiental en las políticas públicas nacionales, locales o regionales. Actualmente, MIO-ESCDE promueve un programa regional para la educación por el desarrollo sostenible. La asociación ciudadana medioambiental Eco-union también ha lanzado la iniciativa Turismo Azul, que fomenta el desarrollo de actividades de economía verde y azul sostenible entre empresas turísticas, agentes públicos y ciudadanos.

Frente a la magnitud de los desafíos ambientales y el fracaso de los habituales actores políticos, la sociedad civil de ambas orillas del Mediterráneo está asumiendo el liderazgo en este proceso irreversible y urgente de transformación ecológica de nuestra sociedad y nuestra economía. El despertar democrático de los países del norte africano acelera también la posibilidad –y la necesidad‒ de integrar a los ciudadanos en la toma de decisiones para un desarrollo más sostenible y responsable. La pregunta ya no es si tenemos que transformar nuestro modelo hacia otro más sostenible, sino más bien cuándo estableceremos por fin una sociedad mediterránea más justa, sostenible e inclusiva.