En el Magreb, las asociaciones de la sociedad civil constituyen uno de los actores principales de la diversidad y el pluralismo. A pesar de que en Túnez, Marruecos y Argelia hay regímenes políticos muy diferentes, es posible observar que, desde 2012, tras los movimientos de protesta de la Primavera árabe, existe una tendencia convergente hacia la restauración del control gubernamental sobre el tejido asociativo. Los gobiernos de estos países intentan, en efecto, impedir la actividad y la visibilidad internacional de estas asociaciones que promueven la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas. Para ello utilizan artimañas bastante similares, como la imposición de trabas burocráticas o la denuncia de injerencias internacionales en la financiación de estas asociaciones. Esta situación constituye un buen indicador de las dificultades que encuentran las aspiraciones democráticas y pluralistas de las sociedades magrebíes ante las autoridades gubernamentales. 

En el Magreb, las asociaciones voluntarias son uno de los principales actores sociales con vocación de representar la heterogeneidad y el pluralismo de la sociedad civil¹. Según los sectores en los que intervienen, las causas que defienden y la autonomía de acción de la que gozan, son portadoras, implícita o explícitamente, de un relato que contrarresta a menudo la hegemonía de los relatos oficiales de los gobernantes. Desde 2012, una vez pasadas las movilizaciones de la Primavera árabe, y a pesar de la existencia de tres regímenes políticos distintos en cada uno de los países implicados –joven democracia en proceso de institucionalización en Túnez, monarquía autoritaria con dispositivos democráticos subalternos en Marruecos y República gerontocrática, presidencialista, pretoriana y corporativista en Argelia‒, se observa una tendencia convergente hacia la restauración del control sobre el tejido asociativo. Esta tendencia se plasma en las nuevas leyes que lo regulan (es el caso de Argelia, en 2012), o en los discursos que anuncian la reforma de estas últimas (caso de Marruecos, en 2013, y Túnez, en 2017). En este sentido, la gestión del movimiento asociativo y, en particular, de los sectores que promueven la movilización de la población en pro de la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y la sociedad abierta, se ha convertido en un indicador valioso para entender tanto las aspiraciones democráticas de las sociedades como los reflejos autoritarios de los regímenes políticos magrebíes. 

Túnez: del boom asociativo a la amenaza del retorno del control 

En Túnez, el auge del fenómeno asociativo desde la Revolución de 2011 es un fenómeno inédito en la historia del país (Al-Farshishi, 2016). La liberalización del derecho asociativo ha sido una de las prioridades de la Alta instancia para la realización de los objetivos de la revolución, la reforma política y la transición democrática que fue establecida tras la huida del autócrata Zine El Abidine Ben Ali. La proclamación del decreto 88-2011 del 24 de septiembre de 2011 es fundamentalmente liberal (Pérez Beltrán y García Marín, 2015). Si bien mantiene la obligación de declarar que se constituye la asociación ante las autoridades, esta es un mero trámite, una notificación que puede hacerse según distintas vías y que, una vez cumplimentada, provee garantías legales a la asociación. Cada asociación que se constituye debe enviar una carta a la Secretaria general del gobierno, que actúa en sustitución del Ministerio del Interior con respecto al régimen anterior. Este envío marca la fecha de inicio de la existencia legal de la asociación, que se ve ratificada tras la recepción del certificado de aprobación de los estatus en un plazo de tiempo inferior a treinta días. En caso de silencio administrativo, se considera que los estatutos han sido aceptados y que los fundadores pueden publicar en la prensa y luego en el Boletín Oficial del Estado la legalización de su organización. Con este último trámite se hace definitivamente efectiva la existencia legal de la asociación. Estas facilidades para regularizar la constitución de las asociaciones han contribuido al crecimiento exponencial del número de organizaciones registradas, que se ha duplicado en un poco más de cinco años, pasando de 9.000 en 2011 a más de 20.000 en 2017.  

El interés por la fórmula asociativa que muestran los ciudadanos tunecinos y, en particular, los jóvenes, se plasma en la diversidad de ámbitos en los que desarrollan sus actividades. Además de las actividades relacionadas con los derechos humanos, las mujeres o los diplomados en paro, llama la atención la promoción y defensa de nuevas causas que eran inexistentes bajo el régimen de Ben Ali, o no tenían cobertura legal, como las asociaciones que se dedican al seguimiento y la vigilancia de las instituciones democráticas y las políticas públicas, la promoción de la cultura amazigh, la defensa de los derechos LGTB, los inmigrantes, el patrimonio, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción o la justicia transicional. Asimismo, es un hecho destacable es la aparición de múltiples organizaciones dirigidas por jóvenes y la amplia proporción de jóvenes que participan en ellas (Desrues y Velasco, 2015). Este auge asociativo se ha beneficiado del interés de la cooperación internacional, especialmente de las agencias para el desarrollo de Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos, que han movilizado unos fondos consecuentes para fomentar y consolidar el tejido asociativo tunecino al considerarlo como un actor fundamental para el éxito de la transición democrática. Los fondos movilizados han llevado el gobierno tunecino a adoptar el Decreto 51-83-2013 de 18 de noviembre de 2013, que fija los criterios, procedimientos y condiciones de concesión de la financiación pública, así como de las modalidades prácticas de apoyo del Estado a las acciones de la sociedad civil (Pérez Beltrán y García Marín, 2015). Asimismo, las asociaciones deben hacer públicas las ayudas recibidas de las subvenciones extranjeras e informar de ello a la Secretaría general del gobierno. No obstante, a pesar de las ayudas recibidas, los informes y diagnósticos sobre el tejido asociativo destacan sus debilidades, especialmente la reproducción de los desequilibrios que afectan al desarrollo infraestructural y económico del país. Así, observan la concentración en la capital de organizaciones muy profesionalizadas, conectadas con redes internacionales de asociaciones, fundaciones y organizaciones de cooperación y financiación. En contraste, las asociaciones de las ciudades del interior del país, a pesar de beneficiarse también de las ayudas provenientes de los poderes públicos y las agencias de cooperación internacional instaladas en el país, no tienen el mismo nivel de acceso que las primeras a los centros de poder y las oportunidades de financiación. Por ello, siguen siendo más atomizadas, menos profesionalizadas y más dependientes de los proyectos y la asistencia técnica de sus socios o financiadores. 

Junto al sector asociativo llamado «progresista» que hemos presentado brevemente, existen otras iniciativas, entre las que destacan aquellas cercanas al partido islamista Ennahda, que formó parte del gobierno de 2012 a 2014, o afines a las redes de las distintas corrientes salafistas, que actúan en el sector caritativo, educativo o religioso. Si bien en el entorno de Ennahda están surgiendo una serie de organizaciones que abarcan toda una gama de actividades de defensa de los intereses sectoriales y de desarrollo social y económico, lo cierto es que este partido islamista, cuando estaba en el gobierno, actuó de forma benevolente con una serie de organizaciones y grupos informales que, en nombre de la Revolución, perseguían a los antiguos caciques del régimen de Ben Ali y se habían erigido en guardianes de la moral y promotores de la sharía en los barrios que controlaban. Con este proceder sustituían al Estado en muchos ámbitos cuyos servicios habían desaparecido. Estos grupos, que a menudo eran miembros de los comités locales de la Liga de defensa de los objetivos de la Revolución, han sido acusados en distintos lugares y ocasiones de agresiones contra militantes del partido Nidaa Túnez, de formaciones políticas de izquierda o del sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) y contra miembros de las fuerzas del orden. Ante la polarización ideológica creciente entre Ennahda y Nidaa Túnez, la restauración autoritaria en Egipto y la amenaza del terrorismo yihadista, la Liga se disolvió en mayo de 2014. En ese año, con Nidaa Túnez en el gobierno, el control de los fondos procedentes de países del Golfo Pérsico para financiar a las organizaciones afines a los sectores que promueven la reislamización de la sociedad se ha convertido en un objetivo. El argumento para justificarlo es que parte de estos fondos sirven para financiar el terrorismo. Cabe decir, pues, que este desarrollo dualista del sector asociativo reproduce otra línea de fractura que ya institucionalizó el régimen de Ben Ali entre progresistas e islamistas, y que pesa mucho sobre la regeneración democrática de las instituciones. 

Ante tal crecimiento numérico e interés por parte de agencias internacionales, gobiernos y fundaciones privadas que cooperan en el país, el gobierno tunecino empezó a preocuparse por el desconocimiento que tenía de la realidad del sector asociativo. Así, a las pocas semanas de su nominación en 2016, Mehdi Ben Garbia, ministro encargado de las relaciones con las instancias constitucionales, la sociedad civil y los derechos humanos, planteó la cuestión de la reforma del decreto ley de septiembre de 2011 utilizando dos argumentos: el primero, responder a la exigencia del artículo 65 del texto de la nueva Constitución de establecer una ley orgánica propia para las asociaciones y su financiación. El segundo, la lucha contra el terrorismo o el posible blanqueo de dinero a través de los fondos que reciben determinadas asociaciones, cuyo uso podría servir para financiar empresas terroristas. El informe de la Comisión Tunecina de Asuntos Financieros de 2017 ante el Grupo de Acción Financiera, la instancia internacional de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, insistía en la preocupación en torno a la financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro, en particular las caritativas de índole religiosa. Lógicamente, el Grupo de Acción Financiera ha subrayado en su informe la necesidad de reformar la legislación de 2011, lo cual deja la puerta abierta a una vuelta atrás en materia de constitución, funcionamiento, financiación y sanción de las asociaciones. La obligación de declarar ante las autoridades la situación financiera de las asociaciones y, en particular, su procedencia, es una de las medidas preconizadas e incluye la posibilidad de disolución para las que no cumplan este requisito. En realidad, en opinión de parte de los actores de la sociedad civil, un sector del gobierno quiere aprovechar el requisito constitucional de una ley orgánica para regir las asociaciones e introducir un mayor control del poder político sobre el tejido asociativo más allá de las corrientes que predican la reislamización de la sociedad, con los riesgos de involución que ello podría significar en términos de derechos y libertades.  

Marruecos: la sombra de la tutela del Estado en nombre de la amenaza terrorista 

En Marruecos, la reforma del texto constitucional de 2011 dedica varios artículos a las asociaciones, un sector en auge que ha duplicado el número de organizaciones entre 2007 y 2011, pasando de 47.000 a más de 100.000 registradas. La constitución presenta el sector como un actor de la democracia participativa y considera que debe contribuir a la elaboración, puesta en marcha y evaluación de las políticas promovidas por las instituciones elegidas y la administración pública (artículo 12). Para cumplir con esta misión, se prevé la creación de un Consejo de la juventud y la acción asociativa. En enero de 2012, tras el fin de las movilizaciones del Movimiento del 20 de Febrero (M20F), la versión marroquí de la Primavera árabe, el nuevo gobierno, encabezado por primera vez por un islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo, crea un Ministerio de las Relaciones entre el Parlamento y la sociedad civil. En mayo de 2014, el rey anuncia la instauración del 13 de marzo como Día nacional de la sociedad civil. No cabe duda de que las asociaciones interesan a los poderes públicos, que ven en ellas un actor complementario a la acción del Estado en el desarrollo y la provisión de servicios a la población. Así lo demuestra, por ejemplo, el lanzamiento de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano en 2005, que canaliza la mayor parte de las actividades de desarrollo local y atención a la población. No obstante, preocupa en Palacio y entre los ministerios de soberanía la autonomía que pueden adquirir determinadas organizaciones que promueven un discurso crítico. La posición de estas asociaciones se utiliza por parte de los ministros del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que están en el gobierno desde 2012, según sus detractores, por un lado, para reforzar el sector asociativo islamista o afín a sus ideas, que subvenciona con fondos públicos y, por otro, para limitar el desarrollo del sector asociativo «progresista». 

Los ministros de soberanía y el acoso a las organizaciones críticas 

A los ministros de soberanía (carteras de Interior, Secretaría general del gobierno, Asuntos Exteriores, Asuntos Religiosos y Justicia) les molestan las actitudes críticas de las organizaciones próximas a la oposición de izquierda que luchan por defensa de derechos humanos, contra la corrupción o por la promoción de las libertades públicas. Estas organizaciones tuvieron cierto protagonismo en el seno del Movimiento del 20 de Febrero en 2011 y reciben el respaldo simbólico, financiero, técnico o humano de organizaciones internacionales. En nombre de la lucha contra el terrorismo, primero, y del nihilismo, después, se ataca a las organizaciones que reciben financiación internacional para desarrollar unas actividades que, según el ministerio, responden únicamente a la agenda de países extranjeros. Asimismo, estas mismas actividades afectarían negativamente a la imagen del país y a la lucha antiterrorista, de modo que el gobierno pasa a la ofensiva contra la sociedad civil. 

Al margen de las organizaciones sospechosas de ser próximas al Frente Polisario o a la islamista Justicia y Espiritualidad, en el punto de mira están desde hace algunos años la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), las secciones locales de Transparency Marruecos y Amnistía Internacional, la Asociación por el Periodismo de Investigación, Attac Maroc, Freedom Now, Human Rights Watch o Abogados sin Fronteras, entre otras. El caso de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos es emblemático. Se trata de una asociación de utilidad pública desde el año 2000 que, desde 2014, ha recibido amenazas de disolución o retirada de su estatuto de utilidad pública en distintas ocasiones por parte del ministro del Interior y el Secretario general del gobierno. Con la denuncia de acusaciones infundadas del uso de la tortura por parte de los servicios de seguridad del Estado, el ministro del Interior aludía a un informe reciente de la AMDH que, en la senda de Amnistía Internacional, denunciaba la existencia de esta práctica. Este tema es sensible en la medida en la que los casos de torturas se llevan ante el Comité internacional de lucha contra la tortura de la ONU. Las autoridades marroquíes temen que estas denuncias favorezcan a los países partidarios de una ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) en el Sahara para la protección de los derechos humanos. Desde entonces, las actividades públicas de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos se han enfrentado a diversos obstáculos por parte de las autoridades, sobre todo mediante el rechazo a proporcionar salas de reuniones en edificios públicos, la presión sobre los operadores privados para que no cedan espacios de reunión y la negación a aceptar la entrega del dossier de depósito de los estatutos o el recibo que certifique dicha entrega, en el caso de la creación de nuevas secciones o de la renovación de los burós. En la senda del Ministerio del Interior, el Secretario general del gobierno ha amenazado en varias ocasiones a la AMDH con la disolución y, para ello, como medida de retorsión ante la actitud de la asociación, se fundamenta en que esta no ha presentado un informe financiero anual. La organización de defensa de derechos humanos responde que no tiene que informar al gobierno al respecto, puesto que solo utiliza fondos extranjeros y, según la legislación, si bien se arriesga a perder su estatuto de utilidad pública, no hay motivo legal para su disolución. Por último, en 2017, el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha sumado a los demás departamentos en esta actitud y ha anunciado su intención de controlar los fondos internacionales que reciben las asociaciones. En nombre de la lucha contra el terrorismo ha solicitado a todas las delegaciones diplomáticas y representaciones internacionales presentes en el país que le informen de los proyectos susceptibles de recibir financiación. La ayuda financiera internacional es vital para la mayor parte de las asociaciones, ya que los fondos propios son muy limitados (CESE, 2016). Así, después del rechazo ante la petición de registro de las asociaciones y los obstáculos al desarrollo de sus actividades, el tercer medio utilizado es el control del acceso a la financiación extranjera. A pesar de que la justicia administrativa anula sistemáticamente las decisiones de la autoridad administrativa local cuando esta rechaza la entrega del recibo provisional y reitera que la suspensión o disolución de una asociación depende únicamente del poder judicial, y a pesar de que el Ministerio del Interior haya sido condenado por la ilegalidad de la prohibición de celebrar una conferencia pública en la Biblioteca Nacional de Rabat en 2014, las autoridades mantienen la presión sobre el sector asociativo crítico y lo elevan a la condición de una verdadera oposición política. 

La actitud selectiva del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) ante la sociedad civil  

El primer líder del gobierno islamista, Abdelilah Benkirane (Presidente del Gobierno entre 2012 y 2016), no ha mostrado gran sensibilidad hacia los atropellos en contra de las libertades públicas, más allá de los casos que afectaban a organizaciones afines a su tendencia ideológica. Se le ha señalado por la conflictiva relación que ha mantenido con los sectores asociativos feministas, mientras que los ministros de Comunicación y Justicia se han limitado a aconsejar a las asociaciones víctimas de las decisiones de la Secretaría general del gobierno o del Ministerio del Interior que hagan valer sus derechos ante la justicia y a recordar que los autores de denuncias falsas de torturas podían ser perseguidos por la justicia (Desrues, 2015).  

Por su parte, el titular del Ministerio de Relaciones con el Parlamento y la sociedad civil lanzó en 2013 el Diálogo Nacional sobre la Sociedad Civil y las nuevas prerrogativas constitucionales y reunió en sus audiciones, según sus datos, a unas 9.000 asociaciones (Desrues, 2015). No obstante, se le ha reprochado el uso partidista de su cargo para promover organizaciones de la órbita islamista y estigmatizar a aquellas asociaciones que defienden causas o ideologías que no comparte con la excusa de que estas perciben los fondos de fuentes de financiación extranjera. Entre los ejemplos de estas últimas tenemos la Asociación de Lucha Contra el Sida (ALCS), la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el Foro Marroquí de Alternativas Sociales (FMAS) o Bayt Al Hikma.  No sorprende, por tanto, que el sector asociativo «progresista» rechazase participar en el Diálogo Nacional sobre la Sociedad Civil e impulsara el Appel de Rabat, una iniciativa alternativa firmada por 500 asociaciones para instaurar un diálogo nacional fuera de la tutela del gobierno. Este sector teme una alianza entre los conservadores del gobierno, ya sean ministros del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) o ministros de soberanía, para promover una legislación restrictiva que frene aún más el desarrollo de una sociedad civil democrática y plural que comparte los valores de los derechos humanos universalmente reconocidos. El proyecto de ley n°89 – 15, relativo al Consejo Consultativo de la Juventud y de la Acción Asociativa, adoptado en junio de 2016 por el Consejo de Gobierno, ratifica los temores del Appel de Rabat, ya que propone la instauración de una instancia bajo el control del rey y el gobierno, con una función meramente consultativa y sin capacidad de iniciativa propia. 

Dentro del contexto político marroquí, las organizaciones de defensa de derechos y promoción de la democracia y las libertades públicas se han convertido en el último reducto crítico con audiencia internacional tras la domesticación de la mayor parte de los partidos políticos (Desrues, 2018).  En este sentido, la actitud de los ministros del PJD es ilustrativa del conformismo de la clase política con las directrices de los ministerios de soberanía. La repercusión internacional del activismo que desarrollan algunas asociaciones molesta a los poderes públicos, que presentan su acción dentro del respeto de los derechos humanos y el marco de la «opción democrática» reiterada por el rey en sus discursos.  

Argelia: reformar la ley para retomar el control 

En 2011, Argelia contaba con algo más de 93.000 asociaciones registradas, según datos del Ministerio del Interior. Si bien la mayor parte son de ámbito local (Izarouken, 2012), un núcleo reducido de organizaciones del ámbito de los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos culturales y lingüísticos de los amazighes preocupan al gobierno argelino. En el contexto de la ola de protestas de la Primavera árabe, para impedir un efecto de contagio que amenazaba al país, sometido a una serie de disturbios en distintas localidades por el incremento de los precios de productos de consumo básicos, durante el mes de enero de 2011, el Presidente de la República Abdelaziz Buteflika adoptó una serie de medidas para comprar la paz social que se financió con las rentas proporcionadas por la exportación de hidrocarburos. En junio del mismo año, convocó los Estados generales de la sociedad civil, cuyas recomendaciones preconizaron la liberalización del derecho asociativo. Sin embargo, la ley 12-06 del 12 de enero de 2012, que derogaba la ley de 1990, introduce disposiciones restrictivas tanto para la creación de nuevas asociaciones como para aquellas que existían previamente, al someterlas a un régimen de autorización que reemplaza el régimen declarativo con valor de notificación vigente hasta la fecha. Esta modificación legislativa permite un mayor control de las autoridades sobre el tejido asociativo y deja en una situación vulnerable a las múltiples asociaciones creadas dentro del marco de la ley de n° 90-31 del 4 de diciembre de 1990, las cuales funcionaron durante años con una simple declaración, pero sin recibir una confirmación claramente estipulada por la administración, ya que el silencio administrativo actuaba a modo de autorización (Human Rights Watch, 2014). La nueva legislación viene a confirmar lo que anunciaban las declaraciones de los dirigentes cuando, a mediados de la década de 2000, retomaron la idea de reformar la ley de asociación (Benramdanne, 2015). Por entonces, el gobierno argelino formulaba dos tipos de críticas hacia el mundo asociativo: la injerencia de potencias extranjeras a través de la introducción de agendas de actividades y financiación externos, por un lado, y la inutilidad social o económica de las asociaciones cuya inmensa mayoría era, según decía, o inactiva o con apenas impacto sobre la sociedad a pesar de las subvenciones públicas recibidas, por otro (Benramdanne, 2015). Paradójicamente, en nombre de la reactivación de la vida asociativa, para que cumpla su rol de animador de la ciudadanía y proveedor de respuestas a las demandas sociales, se adopta esta nueva legislación, que ofrece la ventaja para el gobierno de facilitar la neutralización de las asociaciones críticas y el apoyo a las asociaciones que sirven los intereses de la Presidencia de la República. En otras palabras, se persigue conformar una sociedad civil que prolongue el sistema clientelar tradicional. Con la nueva legislación, se estima que dos tercios de las asociaciones existentes no habían renovado su autorización en 2015, lo que puede significar la existencia de dos situaciones: que han desaparecido o que se encuentran en una situación activa de alegalidad y, por tanto, bajo la amenaza de ser perseguidas por la justicia. Otro fenómeno que frena el desarrollo asociativo está relacionado con la actitud de la policía y la gendarmería, las cuales siguen investigando a los miembros fundadores de las asociaciones que solicitan la autorización, a pesar de que la ley no contemple este punto. Tampoco las autoridades entregan siempre el recibo de depósito de registro de los estatutos o contestan a las demandas de autorización que, sin embargo, la legislación exige cumplir. Las organizaciones afectadas por la obstaculización de las fuerzas del orden o la administración pública actúan generalmente en el ámbito de la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. El pluralismo asociativo se ve limitado también con el argumento de impedir la intromisión de intereses extranjeros en el país. Cualquier cooperación o financiación extranjera tiene que ser señalada a la administración argelina que, antes de decidir su autorización, valorará si contraviene o no los valores nacionales (artículo 22). Aparte de la autorización y el acceso a la financiación pública, desde 2014 el control del Ministerio del Interior se efectúa también a la hora de solicitar la celebración de reuniones públicas para determinadas organizaciones (Driss-Aït Hamadouche, 2017).

Las autoridades son adeptas al clonaje de asociaciones y están utilizando también los conflictos internos que atraviesan numerosas asociaciones para instrumentalizar las escisiones o contribuir a ellas. La tendencia a resolver los conflictos mediante escisiones contribuye al debilitamiento de las asociaciones y la multiplicación de organizaciones con ámbitos y objetivos de actuación similares, como ocurrió con la Liga Argelina de Defensa de Derechos Humanos (Human Rights Watch, 2014). La polarización ideológica entre islamistas y progresistas es otro resorte que los gobiernos sucesivos han utilizado para justificar su intromisión sin tener que recurrir a la represión (Dris y Dris-Aït Hamadouche, 2012).  

En suma, a pesar del crecimiento exponencial del número de asociaciones, lo cierto es que la sociedad civil argelina se ve debilitada e incapaz de cumplir la función de mediadora entre la sociedad y el Estado, lo cual explica en parte la multiplicación de las movilizaciones sociales de protesta en todo el territorio, las cuales suelen concluir en disturbios que activan respuestas populistas o clientelares, o bien con la represión policial.  

Conclusiones 

El derecho a la libertad de asociación se reconoce en los tres países magrebíes. No obstante, solo Túnez tiene una legislación que se acerca al pleno ejercicio de este derecho. Ahora bien, se oyen voces desde el gobierno que expresan la intención de reformar la legislación en nombre de la transparencia de la gestión interna de las asociaciones, del control de fondos procedentes del extranjero y de la lucha contra la injerencia internacional o el terrorismo. Estos argumentos recuerdan a los que se utilizan en los países vecinos, Argelia y Marruecos, para sesgar la libertad asociativa y asentar el control de los poderes públicos sobre las organizaciones críticas con sus respectivas políticas. En este sentido, llama la atención la tendencia convergente entre Argelia y Marruecos a utilizar las mismas artimañas: rechazo a registrar la solicitud de autorización o a entregar el recibo de depósito de dicha solicitud, obstaculización de la celebración de actividades públicas, control de la cooperación con organizaciones internacionales y del acceso a la financiación internacional, etc. Estas medidas, tomadas en nombre de la lucha contra el radicalismo y el terrorismo, apuntan siempre a las organizaciones de fomento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Esta situación es un buen indicador de las dificultades que encuentran las aspiraciones democráticas y pluralistas de las sociedades magrebíes ante la permanencia del síndrome autoritario entre los círculos dirigentes de sus respectivos países.