Cada vez más estudios científicos alertan de la frágil situación del mar Mediterráneo. Algunos, incluso, consideran que podríamos estar llegando a un punto de no retorno. Muchas poblaciones de peces están en declive y, aunque no hay duda que el mar Mediterráneo sufre numerosas presiones, debido a su impacto sobre el medio marino la pesca es un factor clave. Sin embargo, aunque las numerosas normativas existentes podrían solventar esta situación, la falta de implementación, sumada al modelo del Crecimiento Azul impulsado por la Unión Europea, podrían dificultar aún más la consecución del buen estado ambiental en el Mediterráneo.
Los ecosistemas marinos son extremadamente importantes en términos de seguridad alimentaria y proporcionan servicios ecosistémicos críticos para la humanidad. Los océanos juegan un rol esencial como reguladores de la temperatura de la Tierra, proporcionan casi la mitad del oxígeno de la atmósfera, son también los mayores sumideros de carbono y tienen un papel capital en los principales ciclos de nutrientes del planeta (Globe, 2010). Además, no son tan solo una masa de agua salada, sino que están llenos de vida.
Concretamente, el Mediterráneo se considera uno de los mayores reservorios de biodiversidad, puesto que alberga del 4% al 18% de todas las especies marinas identificadas, lo cual es considerable dado que el Mediterráneo sólo representa el 0,82% de la superficie oceánica global (Coll et al., 2010). La cuenca mediterránea también se caracteriza por tener hábitats únicos y sensibles como las praderas de posidonia, afloramientos coralígenos y fondos de maërl que, debido a su extensión, biodiversidad y producción, se encuentran entre los hábitats más importantes del mar Mediterráneo (Stergiou et al., 2016).
Pero estos ecosistemas y los recursos marinos que albergan están fuertemente influidos por las actividades humanas que ejercen múltiples impactos sobre ellos. Estos impactos están actualmente impulsados por el crecimiento demográfico y económico, así como por la diversificación e intensificación de las actividades costeras y marítimas (SoMFi, 2016). La sobrepesca, la pesca ilegal, la degradación de hábitats, la eutrofización y el aumento de las especies invasoras representan amenazas no solo para los ecosistemas marinos, sino también para la economía y el bienestar de millones de personas. Presiones a las que se debe añadir el cambio climático, impacto que en los próximos años irá tomando cada vez más protagonismo y cuyos efectos ya se están percibiendo en nuestras aguas, tal y como señalan diversos estudios.
Con los datos disponibles hasta la fecha, no hay duda de que la biodiversidad marina y las poblaciones de peces en el Mediterráneo están disminuyendo rápidamente y que, debido a su impacto sobre el medio marino, la pesca es uno de los factores clave de este declive (Coll et al., 2010; Piroddi et al., 2017) . Sin embargo, aunque en los últimos años se han destinado millones de euros en subsidios públicos para tratar de mejorar esta situación, las medidas tomadas hasta la fecha no han permitido frenar la crisis del sector pesquero, ni recuperar las poblaciones de peces a niveles sostenibles, ni detener la degradación ambiental.
Durante décadas, las decisiones a corto plazo y el crecimiento económico han primado sobre la conservación de los recursos, el principio de precaución y la gestión ecosistémica han tenido escasa consideración, el asesoramiento científico ha sido frecuentemente ignorado y, entre otros factores, no ha existido incentivo alguno para las prácticas pesqueras más selectivas y que consumen menos combustible (Ecologistas en Acción, 2013).
Por todo ello, y a pesar de algunas historias exitosas recientes como la recuperación del atún rojo, en el Mediterráneo la gran mayoría de las poblaciones de peces están ampliamente sobreexplotadas y, aunque desde tiempos remotos los habitantes del Mediterráneo han explotado los recursos marinos, los niveles de presión actuales superan con creces los de cualquier época anterior.
Estado de las poblaciones de peces
Mientras que algunas poblaciones de peces en aguas del Atlántico Nororiental ya comienzan a mostrar signos de recuperación (como respuesta a la disminución de la presión pesquera durante la última década), las evaluaciones científicas disponibles para el Mediterráneo muestran en cambio la tendencia contraria. Según el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF por sus siglas en inglés), cerca del 40% de las poblaciones de peces evaluadas en el Atlántico Nororiental están sujetas a sobrepesca (STECF, 2017). Con respecto al Mediterráneo, el estado ambiental de los recursos marinos es alarmante, más del 95% de las poblaciones sufren sobrepesca (STECF, 2016) y algunas poblaciones están incluso en riesgo de colapso (DG Mare, 2016).
Centrándonos exclusivamente en las especies de interés comercial analizadas por el STECF, algunas de las poblaciones que sufren sobrepesca en el Mediterráneo occidental son: la merluza, la bacaladilla, la anchoa, la sardina, el besugo, el lenguado, el rodaballo, el salmonete de roca y de fango, el rape negro, el capellán, así como la gamba roja, la gamba blanca y la cigala. Con respecto a la merluza capturada en el Mediterráneo, con los datos disponibles actualmente se puede confirmar que se trata de una de las especies que mayor sobreexplotación pesquera sufre de toda Europa, puesto que su captura en el Golfo de León es hasta quince veces superior a los niveles sostenibles (DG Mare, 2016). Datos que dibujan un panorama muy preocupante para la especie en la región.
De hecho, según los resultados de un estudio publicado recientemente, el riesgo de sobrepesca en el Mediterráneo podría alcanzar un «punto de no retorno» (Piroddi et al., 2017). Según esta investigación, entre 10.000 y 12.000 especies marinas habitan el mar Mediterráneo, una biodiversidad que está en grave peligro por tres amenazas, la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático. El artículo indica, además, que en los últimos 50 años el número de grandes depredadores (como tiburones, atunes y peces espada) ha decrecido en un 41%; ha habido un descenso del 34% en peces comerciales y no comerciales; y se ha registrado un aumento significativo de las capturas de juveniles. Este mismo estudio indica que se prevé que el cambio climático y la presión pesquera se intensifiquen en el mar Mediterráneo, por lo que se estaríanlimitando seriamente los servicios ecosistémicos disponibles para las generaciones futuras.
Más de tres décadas abogando por la «pesca sostenible»
Estas cifras ponen de relieve que, durante muchos años, ni los recursos pesqueros ni el conjunto de los ecosistemas marinos han sido gestionados de forma responsable. De hecho, en 2008, la propia Comisión Europea ya avisaba que las políticas fallidas y la falta de voluntad política provocarían «una mala eficiencia económica, un alto impacto medioambiental, un alto consumo de combustible y una baja aportación de las pesquerías europeas a la cadena alimentaria». Pero el marco normativo actual, así como el conocimiento científico disponible, proporcionan una oportunidad única para revertir esta situación antes de 2020, más concretamente, desde que entró en vigor en 2014 la reforma de la política pesquera común.
La política pesquera común (PPC) es muy clara sobre los objetivos de gestión y los plazos para alcanzar una pesca sostenible. Concretamente establece la obligación de lograr una «explotación de los recursos biológicos marinos que restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2015, pudiéndose aplazar este proceso solo en casos excepcionales y justificados, y nunca más tarde de 2020» (artículo 2 de la PPC).
Cabe destacar que la consecución de la pesca sostenible (y concretamente el objetivo de alcanzar el RMS) ya estaba en la agenda política desde 1982 cuando se incorporó al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Así como en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002, cuando los estados miembros de la ONU se comprometieron a mantener o restaurar las poblaciones de peces a un nivel que puedan producir el RMS a más tardar en 2015, plazo obviamente ya superado. De nuevo, este compromiso se repitió en los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas de 2012 sobre el Desarrollo Sostenible (RIO+20), así como en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en 2015, donde los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre los cuales el objetivo 14 consiste en «Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible».
El ODS14 incluye los objetivos de alcanzar una pesca sostenible, luchar contra la pesca ilegal, así como prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina. Entre otras medidas relevantes para gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos, también incorpora «la prohibición de ciertas formas de subvenciones que contribuyan a la sobrecapacidad y a la sobreexplotación pesquera». De esta forma, se pretende dejar de subvencionar con dinero público medidas que no vayan encaminadas a fomentar la pesca sostenible.
En cualquier caso, tras más de treinta y cinco años de declaraciones abogando por la consecución de una pesca sostenible, a escasos años para alcanzar la fecha límite (pospuesta de 2015 a 2020), la gran mayoría de las poblaciones en el Mediterráneo continúan altamente explotadas, por lo que es necesario que se redoblen los esfuerzos para detener el declive ambiental y se utilicen todas las herramientas disponibles para asegurar un cambio de rumbo real en la gestión pesquera y marítima. De no ser así, la progresiva pérdida del sector pesquero, especialmente en el Mediterráneo, será imparable.
Otras medidas de la PPC: los planes de gestión y la reducción de los descartes
Una de las mejores vías para alcanzar una pesca sostenible es mediante el establecimiento de límites de captura en línea con las recomendaciones científicas, así como la creación de planes plurianuales de gestión. Estos últimos son el marco establecido por la PPC para poner en marcha las medidas de gestión adecuadas en cada pesquería para garantizar su sostenibilidad ambiental y, en consecuencia, la sostenibilidad socioeconómica del sector pesquero. Se trata de sistemas de gestión a largo plazo que tienen el propósito de reducir la toma de decisiones basada en intereses a corto plazo y de maximizar las prácticas pesqueras sostenibles (Chaparro y Martínez, 2016).
El primer plan de gestión plurianual elaborado bajo el paraguas de la PPC ha sido el Plan del mar Báltico. Ahora está siendo el turno del Plan plurianual para las pesquerías demersales (especies que viven en el fondo marino) del mar del Norte, plan que será aprobado en los próximos meses, y posteriormente será el turno del Plan para la pesca demersal de las aguas occidentales de la UE (al oeste de Escocia e Irlanda). En el Mediterráneo, por ahora, están previstos el Plan de pequeños pelágicos del Mar Adriático y el Plan para las especies demersales en el Mediterráneo noroccidental. Este último resulta de gran trascendencia para las pesquerías españolas y francesas.
Ahora bien, aparte de estos planes plurianuales enmarcados dentro de la PPC, en los últimos años también se han ido desarrollando otros planes de gestión de gran trascendencia, no por su extensión geográfica sino por el proceso de colaboración que entrañan. Este es el caso del Plan de cogestión del lanzón (sonso) de Cataluña, cuyo comité está integrado por asociaciones de pescadores, administraciones públicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, y donde las decisiones se aprueban por consenso (Lleonart et al., 2014). Se trata de uno de los primeros casos pioneros de cogestión pesquera en Europa y, en esta misma línea, la Generalitat de Cataluña está impulsando un nuevo modelo de gobernanza pesquera que tendrá como pieza básica la corresponsabilidad de todos los actores implicados y la gestión bioeconómica de la actividad pesquera.
Así pues, en los próximos años, no solo por la obligación legal de restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles, sino por los nuevos sistemas de gobernanza cada vez más participativos, es previsible (y deseable) que a lo largo de la costa se vayan desarrollando nuevos planes de gestión con fin de garantizar una pesca responsable, ampliar la corresponsabilidad de los actores implicados, y fomentar así la cultura del cumplimiento.
Paralelamente, los estados miembros deberán tener en cuenta y aplicar, a su vez, muchos otros aspectos que también están recogidos en la PPC, entre ellos la aplicación del artículo 17 que obliga a los estados miembros a utilizar «criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico» a la hora de asignar las posibilidades de pesca. De esta forma, el reto de alcanzar unas pesquerías sostenibles y unos ecosistemas marinos saludables podría hacerse protegiendo a la parte de la flota más sostenible.
Por otro lado, otro de los principales objetivos de la PPC es evitar y reducir al máximo las capturas no deseadas y las prácticas de desperdicio (es decir, los descartes), mediante la introducción gradual de la obligación de desembarque. Concretamente, el artículo 15 establece «la obligación de desembarcar todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas, y en el Mediterráneo, también las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas». Para facilitar la adaptación de esta normativa, la obligación se irá introduciendo paulatinamente, entre 2015 y 2019. En el caso del Mediterráneo, el reglamento establece que a partir del 1 de enero de 2019 todas las pesquerías deberán desembarcar todas sus capturas (aunque con ciertas excepciones).
Si bien cuantificar las tasas de descartes no es tarea fácil, debido a la dificultad para hacer un seguimiento y por la falta de información existente sobre muchas pesquerías, se estima que en el caladero nacional del Cantábrico-Noroeste la flota de arrastre y enmalle descartan de media un 40% del pescado que cae en sus redes (Valeiras et al., 2014). Con respecto al Mediterráneo, se considera que se descarta hasta el 18% del total de las capturas (es decir, se rechaza anualmente alrededor de unas 230.000 toneladas), siendo las flotas de arrastre las responsables del 15 al 65% de los descartes generados (Soriano-Redondo et al., 2016). Además del desperdicio que generan estas flotas, la captura y descarte de peces e invertebrados, así como la captura de forma accidental de otras especies vulnerables como aves y mamíferos, que no son objetivo de la actividad pesquera, afecta también negativamente a la biodiversidad (Soriano-Redondo et al., 2016).
Por todo esto, y teniendo en cuenta que los descartes, además de ser un despilfarro de recursos, también generan un elevado impacto sobre el medio marino y la propia actividad pesquera, es lógico que la UE haya querido legislar parapotenciar la selectividad de las pesquerías, reducir la mortalidad por pesca y, por consiguiente, impulsar la recuperación de las poblaciones de peces. Ahora bien, teniendo en cuenta la complejidad de esta normativa, es esencial que se garantice, en primer lugar, una reducción real de las capturas no deseadas (para evitar posibles efectos adversos que podrían generar una mala aplicación de esta normativa) y, a su vez, es necesario que se garanticen un control y un seguimiento exhaustivos.
En este sentido, resulta también esencial que en paralelo a las medidas anteriormente mencionadas se establezcan programas de mejoras técnicas y otras medidas que controlen cómo, dónde y cuándo se pesca; se implanten restricciones espacio-temporales en pesquerías y zonas biológicamente sensibles; se aumente considerablemente el conocimiento científico y la recolección de datos; se amplíe la colaboración y participación y, no menos importante, se mejore la comercialización y la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.
Todas estas medidas, que deberían disponer de financiación suficiente a través del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, permitirían avanzar decididamente hacia una pesca de menor impacto ambiental. Por el contrario, sin las salvaguardias ni la aplicación de las medidas necesarias, la obligación de desembarque podría aumentar la extracción de biomasa con consecuencias nefastas para el ecosistema (Sardà et al., 2015).
Pescar menos y mejor sale a cuenta
Alcanzar la pesca sostenible permitiría la recuperación de las poblaciones de peces a niveles saludables, ayudaría a frenar la pérdida de biodiversidad y generaría cuantiosos beneficios, tal y como señala un estudio realizado por la New Economics Foundation basado en modelos bioeconómicos. Esta investigaciónestima que la recuperación de las poblaciones de peces europeas a niveles sostenibles podría proporcionar hasta 2 millones de toneladas extras de pescado (suficiente para satisfacer la demanda anual de la UE), más de 800 millones de euros adicionales y más de 20.000 puestos de trabajo ligados al sector pesquero (NEF, 2015). De hecho, esta investigación pone de relieve que la mala gestión de los recursos pesqueros europeos está reduciendo los puestos de trabajo y los beneficiarios del sector.
Otro estudio científico encargado por Oceana señala mayores beneficios aún. Según este estudio, una gestión eficiente las capturas en aguas europeas podrían ofrecer hasta 5 millones de toneladas extras de pescado, es decir, un aumento del 57%. Para algunas zonas concretas del Mediterráneo la investigación demuestra que con una gestión sostenible de la pesca las capturas podrían aumentar hasta un 200% (Froese et al., 2016).
A escala más global, según otro informe del Banco Mundial, pescar menos y de mejor manerapodría generarhasta83 mil millones de dólares adicionales cada año para el sector pesquero (World Bank, 2017). Este informe indica asimismo que se mejoraría la seguridad alimentaria mundial. Un hecho de gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta que más del 50% de las importaciones de pescado y marisco a la Unión Europea provienen de países en desarrollo, por lo que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad a la hora de asegurarnos de que solo nos proveemos de productos provenientes de fuentes sostenibles y responsables (WWF, 2015).
Conservación versus Crecimiento Azul
Con el objetivo de revertir el declive del Mediterráneo, la Comisión Europa ha impulsado la Declaración ministerial de Malta MedFish4Ever. Se trata de un plan de acción de todos los países miembros costeros –que también ha sido suscrito por Albania, Montenegro, Marruecos, Turquía y Túnez–, para la cooperación y el desarrollo de la pesca sostenible durante los próximos diez años, con el objetivo de salvar las poblaciones de peces y proteger la riqueza ecológica y económica de la región.
La Declaración MedFish4Ever es sin duda un gran paso para garantizar el futuro del mar Mediterráneo, sobre todo teniendo en cuenta el declive de numerosas especies. Así mismo, la declaración reconoce que el Mediterráneo está afectado por toda una serie de impactos, entre ellos la sobrepesca y las prácticas pesqueras insostenibles, las prospecciones, el transporte, la urbanización costera, la agricultura y la contaminación industrial, el cambio climático y las especies invasoras. Por todo esto, es importante señalar que los estados miembros deberían también avanzar decididamente en el cumplimiento de numerosas otras normativas y directivas en vigor -como por ejemplo la Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva 2008/56/CE), la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE), así como la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE), puesto que son instrumentos jurídicos sólidos que deberían garantizar la salud de los océanos mediante el logro o el mantenimiento del «Buen Estado Ambiental» de los mares a más tardar en 2020.
Por otro lado, si se pretende conservar el Mediterráneo, debería asimismo garantizarse el cumplimiento del artículo 192 de la Convención de 1982 de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que indica que «Los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino», así como la implementación del Convenio de Biodiversidad Biológica y sus Metas de Aichi. Estas últimas están integradas en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 que incluye, entre otros objetivos, que «al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de la UE sean designadas áreas marinas protegidas para 2020». Con voluntad política todavía se estaría a tiempo de cumplir esta última meta en particular, pero cabe resaltar que actualmente muchas zonas protegidas carecen de una correcta gestión y vigilancia, por lo que los objetivos acordados en este convenio, que incluye que se establezcan «medidas de conservación eficaces», se ven diluidos al no garantizarse una gestión efectiva en numerosas zonas que ya gozan de alguna figura de protección.
Entre otros instrumentos importantes, además de la ya mencionada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cabe destacar también el Convenio de Barcelona, la Política Marítima Integrada, así como la Directiva marco para la ordenación del espacio marítimo (Directiva 2014/89/UE). Esta última directiva, aprobada en 2014, pretende constituir un importante avance hacia la coordinación de las actividades humanas en las zonas costeras y marinas, y alienta a los estados miembros a contribuir al desarrollo del transporte marítimo, la pesca, la acuicultura, el turismo sostenible y la extracción de materias primas, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente de manera participativa. Dicha directiva está acompañada por la Estrategia de Crecimiento Azul de la UE.
En los últimos años este Crecimiento Azul ha experimentado un gran impulso y se ha posicionado como un tema central en las políticas de la Comisión Europea, que pretende impulsar nuevas oportunidades económicas y de empleo en el sector marítimo (Delacámara et al., 2015). En definitiva, busca propulsar aún más el crecimiento de sectores como el turismo, el transporte o la minería, sectores no exentos de impactos y que en las últimas décadas se han desarrollado en detrimento de las actividades económicas menos intensivas y, en particular, en detrimento de la conservación.
Por todo esto, y tras constatarse el frágil estado ambiental en el que se encuentra el mar Mediterráneo, surgen dudas sobre el avance real por parte de los estados miembros en la consecución de sus obligaciones en los asuntos ambientales anteriormente mencionados y, sobre todo, surgen dudas sobre si la estrategia impulsada por la UE ayudará realmente a ordenar y a ofrecer un «crecimiento sostenible» de los sectores de la economía azul o si, por el contrario, añadirá todavía más presiones sobre el medio marino, retrasando aún más la tan necesaria consecución del Buen Estado Ambiental.
Teniendo en cuenta que las raíces de los problemas que debe afrontar el mar Mediterráneo (y los océanos en general) están directamente ligados al paradigma de crecimiento económico, así como a nuestro propio estilo de vida, la solución debería radicar en una transición global hacia sistemas de consumo y producción mucho más responsables y sostenibles; apostar únicamente por una economía azul que no añada más presiones a unos ecosistemas marinos ya muy debilitados por las actividades humanas; y establecer una gobernanza marítima que asegure una correcta coordinación y gestión a largo plazo.