Sáhara Occidental: no ignorar a los saharauis

Mientras se resuelve el conflicto, son necesarias medidas humanitarias para fomentar la confianza de la población saharaui y ampliar el diálogo entre las dos partes.

Charles Dunbar

El 10 de febrero de 2010, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, y el presidente del Parlamento de la República Saharaui, Mahfud Ali Beiba, del Frente Polisario, se reunieron en Armonk, a las afueras de Nueva York, para otra ronda de conversaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental. El ex embajador de Estados Unidos, Christopher Ross, enviado personal para el Sáhara Occidental del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo a los periodistas, y cito sus palabras, que “ambas partes me han dicho que están dispuestas a acudir a esta ronda con actitud productiva y seria, y espero que lo hagan”. Estaba previsto que las conversaciones durasen dos días.

El embajador Ross hizo bien en hablar con cautela. Dependiendo de quién hable, el Sáhara Occidental se describe como “la última colonia de África” o “las provincias meridionales de Marruecos”; su futuro ha sido motivo de disputas entre el gobierno marroquí y el Frente Polisario desde 1975, cuando las fuerzas armadas marroquíes ocuparon el entonces Sáhara español después de que España diera su consentimiento para que Marruecos y Mauritania se repartiesen la colonia.

A continuación vinieron 15 años de guerra caliente y fría en los que Mauritania fue rápidamente derrotada y Marruecos venció poco a poco la decidida resistencia militar del Frente Polisario y consolidó su ocupación de la mayor parte de la antigua colonia. Por su parte, el Polisario, con el respaldo absoluto de Argelia, proclamó la creación de la República Democrática Árabe Saharaui y organizó un gobierno en el exilio para las decenas de miles de refugiados que habían huido de la invasión marroquí hacia la región de Tinduf, al oeste de Argelia. En uno u otro momento, 83 gobiernos, la mayoría de Asia, África y Latinoamérica, han reconocido la República Saharaui.

En la actualidad, sólo unos 50 tienen relaciones diplomáticas permanentes con el gobierno saharaui en el exilio, pero la República Saharaui ha conservado su condición de miembro de la Organización de la Unión Africana (ahora Unión Africana) que obtuvo en 1984. En 1991, tras 10 años de negociaciones, Marruecos y el Polisario dieron finalmente su consentimiento para que se pusiese en marcha la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que trató sin éxito de organizar el referéndum. Entre 1997 y 2004, el ex secretario de Estado de EE UU, James Baker, fue el primero de los tres enviados personales del secretario general de la ONU.

Cuando los acuerdos que negoció con ambas partes no lograron poner fin al punto muerto en relación con el referéndum, trató sin éxito de que aceptaran que el Sáhara Occidental se convirtiese en una región autónoma dentro de Marruecos y se celebrase un referéndum al cabo de unos años. Su sucesor, el holandés Peter van Walsum, presidió una serie de cuatro reuniones no concluyentes en Manhasset, cerca de Nueva York, para discutir el futuro del Sáhara antes de dimitir en 2008. El embajador Ross fue nombrado para sucederle en enero de 2009. Varias razones respaldan la creencia generalizada de que el problema del Sáhara Occidental seguirá siendo uno de los conflictos sin resolver más duraderos del mundo.

Tras haber llegado aparentemente a la conclusión de que no podía estar seguro de ganar el referéndum, el gobierno marroquí parece decidido a no ofrecer nada más respecto al Sáhara Occidental que una propuesta de autonomía permanente que se negociaría dentro del marco de un plan para una mayor descentralización de todo Marruecos. A falta de una opción militar creíble y en la creencia de que podría ganar un referéndum organizado de forma transparente, el Polisario prefiere la situación actual que renunciar a la posibilidad de la independencia.

Por otra parte, el gobierno argelino, a la vez que deja claro a todos los implicados que no permitirá que el Polisario desestabilice la situación de estancamiento, no está dispuesto a consentir que Marruecos tenga éxito en su lucha de 34 años por obtener el control legal del Sáhara. Entre otras partes interesadas, EE UU y España se han unido a Francia para apoyar el plan de autonomía de Marruecos como un paso positivo, mientras que han hecho caso omiso de la contrapropuesta del Polisario que defiende la autonomía seguida de un decreto de autodeterminación. La poca disposición de la administración americana a presionar con dureza a fin de solucionar el problema se debe a un interés primordial en mantener y desarrollar su cooperación con Argelia, así como con Marruecos, Túnez y Mauritania (en la lucha contra Al Qaeda en el Magreb Islámico).

Por último, el problema del Sáhara Occidental es difícil de abordar precisamente porque es un atolladero cuyo coste humano resulta casi insignificante comparado con el de los conflictos de Congo y Sudán, donde la ONU también interviene. La precaria situación de los refugiados saharauis y la a menudo durísima represión a la que se enfrentan quienes viven en el Sáhara Occidental son objeto de la atención del Consejo de Seguridad cada año, cuando la resolución que acepta la recomendación del secretario general de que el mandato de la MINURSO se amplíe un año más se adopta al parecer sin discusión. Ante un volumen creciente de asuntos más apremiantes, el Consejo de Seguridad elige de manera rutinaria el camino de la mínima resistencia en el Sáhara Occidental. Teniendo en cuenta lo anterior, la comunidad internacional tiene que admitir dos hechos.

El primero es que, a menos que en Marruecos haya una crisis como la que llevó a Indonesia a permitir el referéndum de 1998 sobre la independencia de Timor Oriental, el gobierno marroquí no renunciará a su control sobre el Sáhara Occidental. El think tank, International Crisis Group (ICG), con sede en Bruselas, ha propuesto que, como parte de un entendimiento que incluya el reconocimiento de la comunidad internacional de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, Marruecos concrete acuerdos con Argelia y el Polisario. En cuanto a Argelia, el gobierno marroquí tendría que garantizar a los argelinos que respeta el principio de inviolabilidad de las fronteras coloniales y que no tiene más ambiciones territoriales.

Podría respaldar esas palabras con hechos alcanzando un acuerdo definitivo con Argelia respecto a la frontera marroquí- argelina y rechazando la visión nacionalista marroquí de un Estado que incluya gran parte de Mauritania y el oeste de Argelia. Como estímulo adicional para que Argelia abandone sus exigencias de independencia del Sáhara Occidental y suavice su apoyo a la causa del Polisario, el gobierno marroquí debería ofrecer al Polisario no sólo una autonomía significativa sino también la condición de partido político con un programa abiertamente nacionalista, como el del Partido Nacional Escocés en Reino Unido. El ICG probablemente esté en lo cierto al sostener que sólo un cambio de paradigma como el que ha propuesto podría poner fin al punto muerto del Sáhara Occidental.

La profunda hostilidad y desconfianza entre las partes en conflicto y el muy pequeño coste que tiene para la comunidad internacional el permitir el status quo hacen dudar, en el mejor de los casos, que dicho cambio vaya a producirse en un futuro inmediato. Lo que está fuera de toda duda es que la comunidad internacional debería dejar de insistir en los asuntos de alta política del Sáhara Occidental y centrarse en las preocupaciones más materiales de los saharauis que viven en los campos de refugiados y en “el Territorio”, como se denomina al Sáhara Occidental en la ONU. Para los aproximadamente 100.000 saharauis de los campos (la cifra es objeto de discusión), el clima es muy duro y a menudo pone en peligro su vida, como ocurrió durante las inundaciones de 2006.

El que las necesidades humanas básicas de alimento y refugio estén cubiertas es cuestionable, y la perspectiva de vivir una vida plena es mínima. Para quienes viven en el Sáhara Occidental, la represión política es un hecho cotidiano, y una economía orientada hacia la “madre patria” y la población de colonizadores marroquíes, niega a los saharauis, salvo a algunos empresarios de orientación marroquí, la oportunidad de beneficiarse de la considerable inversión del gobierno en el Territorio. Hace mucho que, al menos los agentes externos reconocen la necesidad humanitaria y la conveniencia política de hacer más por los saharauis.

Por lo menos desde 1998, la MINURSO y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) propusieron al gobierno de Marruecos que autorizase medidas para fomentar la confianza en forma de visitas a los campos de refugiados por parte de los saharauis que viven en el Territorio y viceversa. Posteriormente, ACNUR propuso que hubiese un servicio telefónico entre los campos y el Territorio. Ambas partes sentían y siguen sintiendo recelos de que esos contactos sean explotados con fines políticos por sus adversarios, pero ya en 2004, ACNUR había alcanzado cierto éxito en la negociación con las partes implicadas de un programa de cuatro puntos de medidas para fomentar la confianza.

Ese año se inició una serie de visitas de cinco días a los campos y al Territorio organizadas por ACNUR y respaldadas logísticamente por la MINURSO. A finales de 2009, unos 8.000 visitantes se habían beneficiado del programa, y a finales de 2008, más de 27.000, muchos más de los que ACNUR puede acomodar a corto plazo, habían incluido sus nombres en una lista de espera para participar. También se han creado centros telefónicos en los campos, que los refugiados pueden utilizar para hacer llamadas gratuitas al Territorio; este último servicio ha quedado obsoleto, al menos en parte, por la disponibilidad cada vez mayor de servicios de telefonía móvil.

A finales de 2009, las otras dos propuestas de ACNUR –organizar seminarios en los que los saharauis de los campos y del Territorio puedan debatir asuntos no políticos y la creación de un servicio postal entre ambas zonas– todavía no se habían hecho realidad. Una iniciativa de mucha más envergadura consistente en crear rutas terrestres para los visitantes fue anunciada por el Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, durante su visita a los campos en septiembre de 2009. ACNUR y la ONU han aprendido dos lecciones de su experiencia con las medidas para fomentar la confianza. Primera, que pocos saharauis han optado por ejercer su derecho a permanecer en los campos o el Territorio tras finalizar su estancia de cinco días.

Esto podría parecer sorprendente en el caso de los refugiados que dejan su aislamiento para visitar El Aaiún, la bulliciosa capital de tamaño medio del Sáhara Occidental, o las otras tres ciudades del Territorio. Todo indica que la idea de la nación saharaui sigue muy presente en los campos, y podría ser que la naturaleza represiva y las tácticas de los servicios de seguridad marroquíes hagan del Territorio un lugar menos atractivo de lo que podría parecerles a los observadores externos. Un ejemplo ilustrativo es la huelga de hambre de la activista de los derechos humanos saharaui, Aminatu Haidar, que empezó en diciembre de 2009. Haidar había estado en EE UU para recibir un premio de Amnistía Internacional e inició su ayuno cuando el gobierno marroquí se negó a permitirle regresar al Sáhara Occidental.

Bajo la presión de diversas autoridades mundiales, entre otras la secretaria de Estado americana, Hillary Clinton, las autoridades marroquíes cedieron pero pusieron a Haidar bajo arresto domiciliario tras su regreso. En segundo lugar, ACNUR ha aprendido a lo largo de los años cuáles son los límites de su programa de medidas para fomentar la confianza. De los 65 puntos mencionados en un plan de acción que la Comisión negoció hace algunos años con los gobiernos marroquí y argelino y el Polisario, sólo las visitas familiares y la conexión telefónica se han hecho realidad.

La negociación del acceso terrestre con el fin de realizar visitas es probable que resulte difícil puesto que conlleva cruzar la franja que separa la parte marroquí del Territorio de la controlada por el Polisario. ACNUR también ha descubierto que la buena voluntad generada por las visitas familiares no se traduce en una mayor confianza en asuntos políticos. A corto o medio plazo no se espera ningún avance en este frente.

Algunas propuestas humanitarias

Estas limitaciones no deberían impedir que ACNUR, respaldado por las Naciones Unidas y la comunidad internacional, siga adelante con las medidas para fomentar la confianza. Si pueden negociarse, las visitas por tierra al menos cambiarán la relevancia del programa de visitas y quizás conduzcan en última instancia a una ampliación del alcance del diálogo entre ambos lados de la franja. También debería estudiarse un aumento del número de visitas hasta alcanzar una frecuencia de más de una por semana, al menos hasta que se reduzca la lista de espera de personas que han solicitado hacer el viaje.

Además de apoyar la labor de ACNUR, la comunidad internacional debería aumentar el número de becas de educación superior que se ofrecen a los saharauis, especialmente a los de los campos de refugiados, aunque también a los del Territorio. El Polisario ha hecho un buen trabajo y ha logrado que la tasa de alfabetización aumente considerablemente en los campos; las becas para estudiar en universidades europeas, americanas y de otros lugares ampliarían los horizontes de los jóvenes refugiados y harían que los saharauis del Territorio fuesen más competitivos a la hora de obtener trabajo allí y en Marruecos.

Dadas las necesidades y aptitudes lingüísticas de los saharauis, España, los países árabes, los francófonos y los latinoamericanos serían especialmente apropiados. Por último, y en un tono más político, los gobiernos que tengan buenas relaciones con Marruecos deberían animar al gobierno marroquí a desarrollar una estrategia para administrar el Territorio que se base menos en la represión y más en ofrecer mejores oportunidades para que los saharauis vivan y trabajen en pie de igualdad con los colonos marroquíes. En 2003, un destacado desertor del Polisario que había ocupado cargos importantes en el Ministerio del Interior marroquí le comentaba al autor de estas líneas su frustración por ser incapaz de convencer a sus superiores en el Ministerio de que a los saharauis se les debía dejar claro que en el Territorio disponían de un trabajo, una casa y servicios sociales.

Una forma de hacer esto sería poner fin a la discriminación que se ha demostrado que se ejerce contra los saharauis del Territorio que optan a puestos de trabajo allí. Las medidas antes descritas para mejorar el destino de los saharauis son, por supuesto, humanitarias ante todo y, consideradas por separado, es poco probable que cambien las dinámicas políticas que oculta el problema del Sáhara Occidental que el ICG tiene la esperanza de resolver. Tomadas en conjunto y contando con la presión firme de la comunidad internacional, son medidas que merece la pena poner a prueba en el terreno humanitario y que podrían producir cambios positivos en la mentalidad de los saharauis que, con el tiempo, se traducirán en beneficios políticos. Por esa razón se deberían probar.