En la mayoría de conflictos, las mujeres son quienes sufren las consecuencias más devastadoras, sobre todo si son migrantes y jóvenes, como ha ocurrido con los últimos acontecimientos vividos en todo el mundo con la pandemia del Covid-19. En este contexto, que tan claramente ha demostrado la necesidad de un cambio social hacia la igualdad de género y la transición verde, los gobiernos han revelado una carencia más o menos flagrante de políticas capaces de enfrentarse a los nuevos retos y, en concreto, a ese techo de cristal que define las desigualdades entre hombres y mujeres, incluso en los países más desarrollados. La brecha de género es un reto para toda la región euromediterránea, por lo que es necesario establecer una serie de recomendaciones para trabajar por la inclusión y el empoderamiento de las mujeres. Así, hay que asegurar el acceso de estas a los ámbitos del liderazgo y la toma de decisiones, protegerlas contra la violencia y la vulnerabilidad y empoderarlas para que puedan contribuir a las transformaciones económicas que la región necesita.

La última década ha planteado desafíos importantes en las sociedades bañadas por la cuenca mediterránea. Entre todos ellos, la justicia social y la inclusión son dos de los aspectos que han ganado más terreno en los debates en todos los ámbitos sociales. El auge de los extremismos religiosos y políticos en sus formas más diversas, la crisis del Covid-19, las repercusiones políticas y socioeconómicas de las Primaveras árabes y, más recientemente, la guerra de Ucrania en la región, nos llevan a considerar un importante denominador común en ambas orillas mediterráneas: la resiliencia y la recuperación pasan por lograr la inclusión y el empoderamiento de todos. En la mayoría de crisis y conflictos, las mujeres son quienes pagan el precio más alto, y aún más si son migrantes, refugiadas y/o jóvenes. Aunque las mujeres siguen siendo muy vulnerables en la mayoría de las sociedades, también componen una sólida fuerza de resiliencia, tal y como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, señaló en el discurso de celebración del Día Internacional de la Mujer de 2021 ante el pleno del Parlamento Europeo:[1] «Miremos a esas mujeres que han sobrellevado doce meses de pandemia: las médicas y enfermeras que han trabajado a doble turno durante semanas y meses enteros. A las mujeres empresarias que han luchado, han reinventado su negocio y han hecho todo lo posible para salvar a sus empleados. A las madres confinadas con sus hijos que han aprendido el más duro y maravilloso oficio del mundo sin apoyo ninguno del mundo exterior».

Las diversas tareas asumidas por las mujeres —ya sean madres, profesionales, activistas, políticas y gestoras, etc.— han sido y, sin duda, serán la clave a la hora de construir sociedades más prósperas, justas y cohesionadas. Sin embargo, el famoso «techo de cristal» sigue siendo una realidad en ambas orillas del Mediterráneo, y las mujeres suelen permanecer en los márgenes de muchas esferas sociales, a menudo sometidas a varios tipos de violencia.

Nuevos avances… ¿hacia una mayor vulnerabilidad?

Frente a los nuevos y transnacionales desafíos de hoy en día, como el terrorismo internacional, el auge de los autoritarismos, el calentamiento global o la inseguridad energética y alimentaria, los gobiernos y las instituciones internacionales están haciendo constantes esfuerzos para hallar soluciones, a menudo con la ayuda de activistas y, en general, del sector no lucrativo. Los debates que surgen en este nuevo contexto ponen sobre la mesa el interés y la atracción que suscitan los nuevos modelos de sociedad y desarrollo y, por tanto, animan a las reflexiones sobre el papel de la mujer y su posición en el seno de las sociedades. Sin embargo, la lucha por la igualdad de género es, de hecho, una parte de un replanteamiento intersectorial e integral mucho más amplio de los medios de producción y los modelos de consumo y estilo de vida, donde destacan las barreras que aún quedan en pie para el avance de la participación e inclusión de las mujeres.

A este respecto, la llamada «transición verde» ocupa un lugar central en la agenda de cooperación euromediterránea, sobre todo porque la Unión Europea está tratando de difundir su «reto verde». Con un ambicioso enfoque centrado en establecer estándares de protección ambiental en sus relaciones con los países vecinos —entre ellos, los países mediterráneos—, la Unión Europea trata de marcar la pauta e invitar a todos los países de la cuenca a diseñar políticas, en todos los ámbitos, en sintonía con los objetivos de la nueva sostenibilidad. Aun así, el éxito de las políticas climáticas está muy condicionado por los aspectos de justicia social y gobernanza democrática,[2] de modo que la transición verde —o la transición de los medios de producción y el estilo de vida hacia modelos más sostenibles— puede beneficiar a los países mediterráneos de muchas maneras. A medida que los mercados se transforman buscando energías, industrias y servicios limpios, la demanda de las llamadas «capacidades verdes» se incrementará,[3] y los sectores de la economía verde pueden aportar soluciones al problema de desempleo galopante tan característico de la juventud mediterránea, que incide especialmente en las mujeres jóvenes,[4] proporcionando «oportunidades de formación y desarrollo profesional a medio y largo plazo»,[5] además de fomentar la creación de puestos de trabajo con mayor salario. Sin embargo, eso también puede aumentar las desigualdades de género ya existentes en la sociedad y el mercado de trabajo, ya que las mujeres, actualmente, se encuentran entre las más precarizadas.

La transición digital, hermana gemela de la transición verde, tal y como la ha definido la UE, también ha adquirido una importancia significativa después del inicio de la pandemia de Covid-19 y las consecuentes medidas de confinamiento. Como las escuelas y muchas empresas tuvieron que adaptarse al trabajo a distancia, todas las generaciones han debido adaptarse a la situación y emplear herramientas digitales para mantener la educación y las actividades profesionales con el fin de asegurar el sustento de sus hogares. Aunque los países con economías digitales desarrolladas han logrado absorber los impactos de la rápida reorganización del trabajo, en los países en desarrollo se ha visto claramente la brecha que existe al respecto. En efecto, en muchos de estos países de la región mediterránea, este cambio hacia los recursos digitales con economías que aún no estaban preparadas para ello ha desembocado en un aumento del desempleo que ha afectado a las mujeres en mayor medida que a los hombres. En los países árabes, los índices de empleo entre las mujeres cayeron en un 4,1% entre 2019 y 2020, frente al 1,8% de los hombres.[6] Las aspiraciones profesionales de las mujeres quedaron muy afectadas por las medidas de la pandemia, pues en muchísimos casos se vieron obligadas a confinarse con sus hijos, mientras las escuelas estaban cerradas, y renunciar así a sus puestos de trabajo. Además, las mujeres aún se enfrentan a barreras muy significativas que les impiden obtener el capital financiero y humano necesario para lanzarse a fundar una empresa o abrir un negocio,[7] especialmente si este es digital. Así, las mujeres han tenido muchos problemas en la transición del trabajo presencial al trabajo digital debido a esas barreras preexistentes, que les han impedido desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar la resiliencia en una economía cada vez más digitalizada.

Así, la transición en paralelo, especialmente en este contexto post Covid-19, pone el foco en las barreras aún existentes a la plena inclusión de las mujeres en el espacio económico de los países mediterráneos. Las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por la pérdida de puestos de trabajo por causas directas de la pandemia, que se incrementan si se trata de puestos informales, sin contrato. Asimismo, según un informe reciente sobre igualdad de género publicado por la Unión por el Mediterráneo (UpM), la región de Europa, Oriente Medio y el Norte de África (MENA) está muy rezagada en lo tocante a la emprendeduría femenina. En efecto, en 2019, los índices de mujeres emprendedoras que tenían su propio negocio eran del 5,3% y 4,5% respectivamente, por debajo del índice global del 6,2%. En cuanto a las empresas recientes propiedad de mujeres, estas regiones también necesitan un aumento de las cifras, puesto que solo se sitúan en un 3,4% y un 4,1% respectivamente, por debajo del índice global del 5,5%.[8]

Otro fenómeno significativo que ha suscitado un gran interés en la última década, y aún más tras el estallido de la pandemia de Covid-19 y el deplorable aumento de la violencia doméstica, es la conciencia social creada en torno a la violencia contra las mujeres. Por una parte, las sociedades se han dado cuenta de la violencia generalizada contra las mujeres y de la violencia de género, y los gobiernos han implantado políticas para atajar este problema al tiempo que mantenían las tradiciones patriarcales en ambas orillas del Mediterráneo. Por otra parte, la cantidad de denuncias presentadas y la insatisfactoria respuesta judicial, denunciada en las redes sociales, muestra la necesidad de ser más ambiciosos y estar más comprometidos con el problema de la violencia contra las mujeres. Como ya se ha visto en Egipto y Marruecos, los esfuerzos para combatirla están fragmentados y sujetos a disputas políticas.[9]

Por tanto, las sociedades se han transformado y, hasta cierto punto, la igualdad entre hombres y mujeres se contempla, cada vez más, como una condición sine qua non para garantizar el desarrollo justo y sostenible en la región, como nos recuerda la UpM: «La igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades para mujeres y hombres en todas las esferas no solo es un derecho humano, sino también una condición necesaria para crear instituciones más fuertes, reforzar el bienestar económico y social y erradicar visiones estereotipadas sobre las mujeres».[10]

Sin embargo, las mujeres siguen estando, con demasiada frecuencia, en los márgenes de esos avances, y aún no se benefician completamente de la igualdad de oportunidades en este nuevo contexto. La brecha de género en el espacio euromediterráneo y las asimetrías resultantes pueden, a medio y largo plazo, poner contra las cuerdas las políticas transformadoras de la UE y de muchos países de la cuenca mediterránea, que están haciendo grandes inversiones al respecto. Además, si dichas asimetrías persisten, las perspectivas de mejorar la cohesión social, la prosperidad y la estabilidad en toda la región seguirán siendo, con toda probabilidad, muy escasas. Con estas nuevas transformaciones vienen las responsabilidades, las oportunidades y los riesgos, que los responsables políticos y del sector privado, entre otros actores, deben tener muy en cuenta.

Recomendaciones para una mayor inclusión y empoderamiento de las mujeres en el Mediterráneo

Como ya se ha demostrado, aún son necesarios muchos esfuerzos para lograr la inclusión y el empoderamiento de las mujeres a lo largo y ancho de la región mediterránea, así como en otros lugares del mundo. La inclusión de las mujeres es un objetivo fundamental para lograr beneficios a largo plazo en las sociedades, y hay que enfocarla de una manera muy amplia para que pueda:

Garantizar el acceso de las mujeres al liderazgo y los ámbitos de toma de decisiones:

• Las relaciones entre países euromediterráneos muchas veces están enmarcadas en programas y fondos de cooperación surgidos de la UE y sus agencias, pero también de los gobiernos estatales, y, a menudo, están destinados al desarrollo de capacidades en órganos de gobierno de terceros países. Esos programas deben contribuir a difundir la concienciación sobre igualdad de género entre los funcionarios públicos (ya sea el personal de las fuerzas públicas, el personal judicial o el sanitario, entre otros).

• Garantizar que el espacio público es un espacio seguro para que las mujeres trabajen y desarrollen sus carreras profesionales con normas claras y tolerancia cero al acoso y la discriminación.

• Incluir la igualdad de género en las auditorías y los procesos de monitoreo de las administraciones públicas para asegurar que la inclusión de las mujeres se valore de forma transversal a la hora de evaluar los avances en el ámbito público.

Proteger a las mujeres contra la violencia y la vulnerabilidad:

• Impartir formación específica al personal policial y judicial para garantizar un manejo efectivo de las denuncias relacionadas con el acoso y con todo tipo de violencia contra las mujeres. La formación también debe extenderse al personal de las escuelas para aumentar su preparación frente a conductas sexistas o violentas por parte de los niños y adolescentes.

• Armonizar el aparato legal en todo el Mediterráneo para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género de una forma amplia y acorde con los compromisos internacionales de los estados.

• Crear una red efectiva para establecer conexiones entre las mujeres, las poblaciones en general, la sociedad civil y las autoridades (ya sean locales, regionales, nacionales o supranacionales).

Empoderar a las mujeres para que contribuyan a las transformaciones económicas:

• Impartir formación para mejorar la capacidad de las mujeres a la hora de usar las nuevas herramientas digitales y buscar inversores de negocio. Sin embargo, la mejora de las capacidades digitales y financieras de las mujeres[11] debe complementarse con una serie de mejoras en el aparato legal y las infraestructuras, para lograr el acceso de las mujeres a esas herramientas digitales y de financiación. Esas iniciativas deberán contribuir a la expansión de la emprendeduría femenina por toda la región.

• Establecer estrategias para limitar el impacto negativo del empleo informal, que despoja a las mujeres de toda protección social y de perspectivas laborales a largo plazo y, por ello, perpetúa la vulnerabilidad y las inseguridades. La legislación laboral debe proporcionar a las mujeres igualdad de condiciones con respecto a los hombres.

• Establecer condiciones de género para la asignación de fondos públicos a empresas privadas, con resultados demostrados en igualdad de género. Debería animarse a los bancos y otros organismos financieros privados a adoptar esa misma dinámica para establecer las condiciones de los préstamos.