Actualmente se está produciendo un deterioro y una destrucción cada vez mayores del patrimonio cultural a raíz de los conflictos armados en Irak, Siria, Egipto, Libia y Mali, entre otros lugares. Podríamos hablar de crímenes contra los bienes culturales en épocas de guerra, si bien hoy el concepto de conflicto armado abarca desde las fases que lo preceden a las que lo siguen, y ha cambiado de simétrico a asimétrico. La protección de los bienes culturales (PBC) es un fenómeno complejo que forma parte del conflicto.

Las medidas prácticas de refuerzo de la PBC son vitales, e incluyen la investigación científica vinculada a las tesis académicas sobre el patrimonio. En 2009, Estados Unidos ratificó la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que le obliga, así como a los cerca de 115 gobiernos que también la han ratificado, a proteger los bienes culturales, incluyendo medidas de prevención en tiempos de paz. Dichas obligaciones son válidas también para sus fuerzas armadas. En general se puede afirmar que la puesta en práctica internacional de la Convención de La Haya de 1954 es insuficiente. Las organizaciones responsables no otorgan la protección adecuada, a pesar de que el deber legal sigue vigente.

Las cuestiones que aquí se abordan constituyen únicamente una serie de indicaciones que es de esperar sirvan de estímulo para un compromiso activo con la protección de los bienes culturales mientras se intercambian conocimientos con los depositarios de los mismos. Entre las cuestiones de orden general que impiden una protección básica durante el conflicto se encuentran la falta de financiación, los planteamientos burocráticos o dirigidos a evitar riesgos por parte de organizaciones e individuos que obstaculizan las soluciones fáciles, y la politización del patrimonio principalmente a causa de su relación con la identidad.

La PBC se ha convertido en una materia multidisciplinar con diferentes partes, intereses, culturas y competencias. Los depositarios plantean disyuntivas (por ejemplo, los criterios de selección de los objetos a proteger) y no se comunican fácilmente. Esto dificulta la adopción de medidas, tales como el seguimiento sobre el terreno, de cara a posteriores acciones legales. Por otra parte, muchos interesados no se dan cuenta de que no es posible hacer efectiva la protección de los bienes culturales sin contar con el ejército. Esto no significa que se descarten las convicciones éticas de algunos profesionales del patrimonio. Se trata tan solo de un hecho previo a un deseado sistema de protección más amplio y despolitizado.

La mayoría de los ejércitos no tienen un interés espontáneo en proteger los bienes culturales a pesar de su obligación legal; involucrarlos exige un enfoque estratégico y el conocimiento de las organizaciones y las culturas militares. El debate académico y teórico sobre el patrimonio cultural también es importante, aunque abstracto si se compara con la polémica acerca de los aspectos militares de la protección de los bienes culturales.

El patrimonio cultural y los conflictos actuales

Los conflictos armados modernos muestran, según Sigvrid van Awera, un “predominio de Estados débiles y dictatoriales” en los que intervienen múltiples actores, religiones y bienes culturales. También predominan los países fuente de bienes arqueológicos (por ejemplo, Irak, Siria, Egipto), que a menudo están en desarrollo y necesitan centrarse en la economía, por lo cual carecen de recursos para administrar convenientemente el patrimonio cultural.

La gestión inadecuada del patrimonio puede estar motivada asimismo por causas políticas. Por ejemplo, Libia no era pobre, pero para el presidente Muamar Gadafi la arqueología era una actividad colonial sin relevancia. En consecuencia, aunque no dañó los bienes culturales durante los enfrentamientos, los dejó en estado de abandono. Los países ricos que se interesan por la arqueología, a menudo en virtud de antiguos lazos coloniales, desarrollan actividades en los países fuente, si bien interpretando el patrimonio del anfitrión desde una perspectiva diferente (occidental). Aquí entramos en el terreno de las situaciones delicadas que exigen una reflexión profesional y ética.

Actualmente el patrimonio está sufriendo daños en Malí, con la destrucción deliberada de santuarios y mezquitas sufíes; en Libia, donde se trafica ilegalmente con los bienes culturales y se arrasan santuarios y mezquitas; en Egipto, con el continuo saqueo debido sobre todo a la falta de protección de los yacimientos; y en Afganistán, donde se saquea y se trafica. La situación más grave es la de Siria, donde las destrucciones, el expolio y el tráfico son cotidianos. Tenemos noticias del daño causado por los bombardeos, la ocupación militar, el pillaje y la demolición incontrolada.

Se han visto afectados lugares Patrimonio de la Humanidad en el norte de Siria, en Alepo y en Palmira, entre otros. Yacimientos iraquíes que ya sufrieron daños durante la invasión de 2003, como Nínive y otros en los alrededores de Mosul, se encuentran actualmente bajo el control del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL). Mientras escribía estas líneas, el Museo de Mosul estaba ocupado por yihadistas, con el consiguiente riesgo de acciones iconoclastas por motivos religiosos (ha sido destruida la tumba del Profeta Jonas) y del tráfico movido por el interés económico. Se sabe que el EIIL ha vendido antigüedades procedentes de excavaciones. Jordania y Líbano están en peligro (todavía), y en la región entre Mali y Siria se observa un renacer de la iconoclasia. Por ejemplo, en Tombuctú, el grupo extremista Ansar al Din ha destruido mezquitas y tumbas sufíes (inscritas en la lista de patrimonio de la humanidad en peligro) por considerarlas idolátricas, como sucedió también en Libia. La iconoclasia moderna se asemeja a la forma clásica impulsada por motivaciones religiosas que conocemos en la historia europea.

La iconoclasia volvió a estar de actualidad en 2001 con la destrucción de los budas de Bamiyán por parte de los talibanes, que los juzgaban idolátricos. Los denominadores comunes de la iconoclasia son la idolatría y la representación de figuras humanas. A lo largo de la historia hay hechos que demuestran que las potencias conquistadoras han intentado suprimir de la memoria la identidad de sus adversarios destruyendo objetos y partes enteras de ciudades (urbicidios). Un factor que añade complejidad es la naturaleza expansiva y la condición cambiante del patrimonio cultural. Aparecen corrientes como los paisajes culturales, la forma en que el pasado se fija en el recuerdo en lugares dedicados a la memoria, en paisajes traumáticos (como por ejemplo la Zona Cero), y en el patrimonio inmaterial que comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados.

Los cambios en las clasificaciones influyen en la sensibilidad hacia los bienes culturales en lo que se refiere a los medios y a la comunicación (estratégica). Un ejemplo es la información sobre el saqueo del Museo de Bagdad aportada por los medios de comunicación, que hizo que el ya escaso apoyo internacional a la guerra de Irak desapareciese casi por completo. Hoy las redes sociales desempeñan un papel decisivo, ya que pueden provocar reacciones (inter)nacionales negativas o desencadenar una cobertura informativa positiva, la cual puede generar multiplicadores de las fuerzas militares, como por ejemplo incrementar la aceptación local de las fuerzas de las coaliciones. Los lugares culturales también pueden tener categoría de patrimonio natural.

Es el caso de los paisajes naturales (por ejemplo, Ayers Rock, en Australia). No siempre es fácil distinguir el patrimonio cultural del patrimonio natural, como demuestra la evolución de la interpretación de la legislación en este terreno. Este solapamiento tiene efectos positivos que pueden contribuir a instaurar en el ejército capacidades para la protección de los bienes culturales en consonancia con las obligaciones legales y las normativas militares, nacionales e internacionales. Hay que hacer especial referencia a la cada vez más frecuente (re)utilización de lugares culturales localizados estratégicamente con fines militares. Cabe citar las fortificaciones históricas como ciudadelas, torres y castillos, o las torres de las iglesias y los alminares, como Samarra en Irak y la fortaleza del Crac de los Caballeros en Siria.

La protección de estos lugares debería ser una de las principales prioridades en los planes de preparación para situaciones de riesgo a la hora de valorar la implicación militar. El saqueo tiene paralelos militares. En general, a los soldados mercenarios les estaba permitido el pillaje como una forma de salario. Hoy en día el expolio y el contrabando obedecen a intereses mercantiles y se fundamentan en una creciente demanda de antigüedades. Los objetos culturales sacados ilegalmente de las zonas de conflicto acaban en los mercados de anticuarios de los países occidentales. Las ganancias animan a las partes beligerantes a seguir robando y saqueando para generar fondos para armamento, prolongando así el conflicto.

En este contexto, la protección de los bienes culturales es un instrumento para privar de recursos al adversario y, en consecuencia, alcanzar antes el objetivo de una operación militar al crear un multiplicador de fuerzas. Los motivos para el expolio y el saqueo son diversos. Los términos “saqueo” y “saqueadores” son considerados despectivos por aquellos que juzgan sus actividades justificables y legítimas. Algunos no tienen trabajo y necesitan mantener a sus familias; otros justifican el pillaje como una expresión de la indignación (vandalizando objetos). Un ejemplo es la toma de la residencia de Gadafi en Trípoli por los rebeldes. Los objetos, entre ellos una máscara de oro del coronel, fueron destruidos por ira y venganza. El saqueo también puede ser organizado por un gobierno como pretexto para responder violentamente a la oposición.

Posibles sanciones

A continuación se examinan dos instrumentos legales para salvaguardar los bienes culturales en caso de conflicto armado: la Convención de La Haya de 1954 y sus dos protocolos (de 1954 y 1999), y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. La Convención de La Haya de 1954 se inscribe en el contexto de la Segunda Guerra mundial, y en consecuencia funciona a la perfección en los conflictos simétricos, al contrario que en los modernos conflictos asimétricos.

En los conflictos actuales pueden presentarse problemas cuando los beligerantes no son firmantes de la Convención o no forman parte oficialmente del enfrentamiento armado (como los insurrectos o rebeldes). Sin embargo, en el caso de conflictos no internacionales es posible atribuir la responsabilidad de crímenes (contra el patrimonio) a actores no oficiales. El Segundo Protocolo de La Haya de 1954 hace referencia a la responsabilidad penal individual. Esta no es aplicable en el caso de la ocupación de Malí, al no ser firmante del Segundo Protocolo y los yihadistas criminales no eran parte oficial del tratado. En tales casos, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencias para juzgar crímenes cometidos por individuos, como las destrucciones deliberadas de bienes culturales y Malí firmó el Estatuto de Roma de 1998 que constituyó la CPI. El Estatuto, no obstante, complementa las legislaciones nacionales de las partes. Si no es posible garantizar el cumplimiento de las leyes penales nacionales, las disposiciones del Estatuto pueden funcionar como sustituto.

El Estatuto de Roma es un tratado que marca un hito en materia de responsabilidad individual referida a crímenes internacionales, al incluir disposiciones relativas a crímenes contra los bienes culturales. El artículo 8 detalla que los edificios religiosos y los monumentos culturales no pueden ser atacados deliberadamente a no ser que se hayan convertido en objetivos militares. Las mezquitas y las tumbas de Tombuctú entraban en ambas categorías. Los que emprendieron intencionadamente acciones violentas son culpables de la comisión de crímenes de guerra. El Estatuto funciona como un complemento, aunque un país en el que hayan tenido lugar crímenes contra los bienes culturales debería haber aplicado ya la legislación nacional para investigarlos y juzgarlos.

El ejército como depositario de la protección de los bienes culturales

El ejército está involucrado en todos los aspectos de los conflictos armados, incluida la protección de los bienes culturales o, en un sentido negativo, en su destrucción. A menudo los militares son los primeros en llegar a una zona en conflicto y disponen de los recursos logísticos para actuar en situaciones de emergencia (cultural). De hecho, la protección de los bienes culturales es una responsabilidad militar que persigue limitar los daños y que debería ser aplicada antes de empezar las operaciones armadas sobre el terreno.

La falta de una planificación de la protección del patrimonio puede agravar el desorden social, anular las identidades nacionales, étnicas y religiosas, suscitar la condena internacional y prolongar el conflicto. Por su parte, la protección de los bienes culturales tiene la capacidad de garantizar la estabilidad y la buena disposición nacional e internacional. El ejército puede beneficiarse de la PBC que se puso en práctica al final de la Segunda Guerra mundial (Monuments Men) y que cayó en el olvido hasta que hubo que volver a inventarla a raíz de la devastación cultural en la antigua Yugoslavia y en Afganistán.

Las primeras estrategias de protección de los bienes culturales se basaban en una anticuada idea simétrica e interestatal de la guerra. Los problemas actuales, como la manera de emplear y desplegar a los expertos militares, deben ser resueltos y debatidos (de nuevo) después de analizar los desafíos asimétricos. Los ejércitos modernos se mueven en escenarios complejos y tienen que adaptarse a situaciones nuevas y a condiciones desafiantes sobre todo para las unidades de asuntos civiles y de coordinación civil-militar que intentan trabajar con las poblaciones locales.

La necesidad militar

La necesidad militar origina un conflicto de intereses clásico entre la protección de los bienes culturales y los fines militares. Se trata de un concepto jurídico utilizado en Derecho Internacional Humanitario como justificación legal para los ataques a objetivos militares legítimos con potenciales consecuencias adversas para las personas y los objetos civiles.

Supone que en la planificación de las acciones militares se está autorizado a tener en cuenta en todo momento las exigencias prácticas de una situación militar y los imperativos de la victoria. “Nada puede oponerse al argumento de la necesidad militar, si bien en ocasiones la expresión se utiliza cuando sería más honesto hablar de conveniencia militar, o incluso personal”, como dijo no un anarquista, sino un célebre militar, el general Eisenhower en 1943. Actualmente, la necesidad militar se considera una herramienta, del mismo modo que la PBC, para alcanzar el objetivo de una misión. El Segundo Protocolo de La Haya de 1954 pretende disminuir la necesidad militar anticipándose a la realidad cambiante de la guerra y el conflicto armado.

Mejoras del Derecho Penal Internacional

Los instrumentos legales para proteger los bienes culturales y sancionar los abusos durante los conflictos armados son limitados. La Convención de La Haya de 1954 se basa en antiguos tipos de guerra asimétrica entre combatientes oficiales. Las sanciones penales no son aplicables en caso de combatientes no oficiales, si bien hay mejoras que afectan a instrumentos que proporciona el Derecho Penal Internacional para juzgar a individuos que han cometido crímenes (de guerra) contra los bienes culturales.

Relación entre bienes culturales e identidad

La violencia contra los objetos y los lugares culturales en el contexto de conflictos armados es cada vez más frecuente. Es evidente que existe una tendencia que afecta a los sitios y a los objetos vinculados con la identidad, sean o no religiosos. Esto explica las motivaciones religiosas iconoclastas que mueven a determinadas fuerzas de oposición e insurrección. ¿Qué se entiende actualmente por identidad? Por ejemplo, las identidades nacionales son algo relativamente nuevo.

A finales del siglo XX, la identidad empezó a centrar su atención en el individuo (liberación de la mujer, Black Power, etc). Este énfasis en la peculiaridad y la singularidad dio un impulso adicional a las reclamaciones de bienes culturales relacionadas con la identidad, algunas de ellas derivadas de un afán individualista. En conexión con la nueva sociedad de la información, las inquietudes empezaron a extenderse al uso y la propiedad de los bienes culturales.

Por su propia naturaleza, los objetos que representan una identidad suelen ser el soporte de una reconstrucción (idealizada) del pasado en el presente influida por las cambiantes circunstancias sociopolíticas. Las identidades colectivas se solapan con las identidades sociales y personales, son construidas (no determinadas biológicamente) y se encargan de construir significados referentes a objetos y lugares (culturales). En términos generales, los bienes culturales son propensos a ser manipulados. Por ejemplo, un método ha sido tomar piezas que representan una identidad cultural y añadirlas al propio grupo, como en el caso de los cuadros de Rembrandt que los nazis calificaban de “nórdicos y germánicos”.

La faceta del patrimonio cultural relacionada con la identidad es un elemento clave en las tesis académicas sobre el patrimonio centradas en la identidad, la autenticidad y la singularidad. Estas tesis también pretenden teorizar el vínculo entre lugares históricos y patrimonio natural, como ilustran los paisajes culturales. Puesto que el espectro del patrimonio abarca la guerra y el crimen, Bevan ha analizado en The Destruction of Memory las conexiones del patrimonio con la identidad y el conflicto y su potencial para ser usado estratégicamente por los contendientes, por ejemplo, para negar el pasado, así como el futuro, de un pueblo.

La destrucción en 1993 del puente de Mostar en Bosnia demuestra que los intereses militares pueden llevar a exterminar al enemigo obliterando su cultura. El alcance puede ser relativamente grande si la amenaza a objetos comunes, como los edificios, es considerada una amenaza a la identidad y a la memoria colectiva que sostienen la conciencia de grupo.

Disyuntivas y limitaciones: algunos ejemplos

La protección de los bienes culturales es una cuestión compleja que afecta a un amplio abanico de intereses y antecedentes culturales diversos, conocimientos especializados y aspectos semánticos. A título de ejemplo, los sustantivos “bienes” y “patrimonio” combinados con el adjetivo “cultural” pueden dan lugar a disputas sobre la propiedad.

El problema financiero también sale a relucir cuando algunas organizaciones militares argumentan que solo pueden poner en práctica la protección de los bienes culturales cuando reciben orden directa de los políticos, sabiendo que estos tienen igualmente limitaciones financieras. Además, el patrimonio cultural y la protección de los bienes culturales son asuntos profundamente politizados que pueden ser obstaculizados por organizaciones y países que reclaman determinadas cuotas de mercado.

La interpretación de las disposiciones legales se ve limitada por la falta de investigación y diálogo. Por ejemplo, los expertos culturales tendrían que tener conocimientos de estrategia y táctica militares y sobre la cadena de mando, ya que deberían contribuir a introducir el deber de protección de los bienes culturales en el planeamiento de las operaciones militares.

Y al revés, los expertos militares necesitan formación en materia de patrimonio cultural para ser capaces de integrar la PBC en la planificación e instrucción (por ejemplo, los Sistemas de Información Geográfica). Existe una gran demanda por parte de los estudiantes para licenciarse en la multidisciplinar materia de la protección de los bienes culturales, pero actualmente no hay ninguna universidad con un departamento de protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

Estrategias conjuntas y cooperación internacional

Para proteger los bienes culturales, es necesaria la cooperación militar internacional. Los recursos son insuficientes para lograr soluciones individuales de amplio alcance. La unión de fuerzas da como resultado una preparación eficiente en cuanto a costes, la sinergia entre instituciones, una investigación y educación combinadas, evaluaciones sobre el terreno y cumplimientos puntuales. Es esencial crear un organismo militar que evalúe las emergencias culturales con el fin de vigilar y aminorar la destrucción cultural durante los conflictos armados. La existencia de un paraguas institucional y de su equivalente civil que reemplacen al ejército tan pronto las situaciones lo permitan es esencial.