Presidencia española de la UE: peticiones del Sur

La UE debería redefinir el ámbito de su intervención, dividida entre la gestión de las políticas heredadas de Barcelona y los efectos del anuncio de una UpM que aún no está operativa.

Hassan Abouyoub

España acogerá la presidencia de la Unión Europea (UE) en un entorno internacional y regional complejo y lleno de incertidumbres. Al asumir esta responsabilidad en el contexto de la aplicación del tratado de Lisboa, España tendrá que afrontar muchos retos:

– La gestión de la salida de la crisis económica y social, no sólo en el plano interno sino en el plano de la UE en su conjunto. La dimensión internacional de este asunto y el imperativo de un enfoque global y de una responsabilidad compartida para su resolución, complican la tarea en un momento en que el paro entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sigue empeorando, sin que haya perspectivas creíbles de soluciones estructurales. (En 2010 la situación del mercado de trabajo será mucho más delicada en España que en 2009).

– El seguimiento de la Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague, que no parece que vaya a hacer milagros, pero que pondrá a la UE en una posición delicada.

– El relanzamiento de las negociaciones de Doha, después de la conferencia ministerial de finales de noviembre. También aquí asumirá la UE una gran responsabilidad en el desenlace de la crisis de las negociaciones comerciales multilaterales. ¿Estará en condiciones de dar el paso, junto con las demás potencias comerciales, para que la comunidad internacional vea la luz al final del túnel de Doha y crea en la reactivación de los intercambios internacionales como solución definitiva a los daños causados por la crisis financiera de 2007 y 2008?

– Poner fin al deterioro de la situación en Oriente Próximo, obligando a Israel a congelar la construcción de nuevas colonias en los territorios palestinos, especialmente en Jerusalén Este, y a crear el clima propicio para que se reanuden las negociaciones dirigidas a poner en práctica la solución de dos Estados. Aquí se plantea la cuestión de saber si después de la entrada en vigor del tratado de Lisboa y del nombramiento de Herman Van Rompuy como presidente de la Unión y de Catherine Ashton como jefa de la “diplomacia europea”, la UE está en condiciones de ganarse la confianza de la partes beligerantes, de apartarse de su función de gestora de una paz evanescente y de sellar una auténtica asociación con Estados Unidos para un compromiso político real en el terreno de la negociación.

– Los otros focos de tensión y de inestabilidad en los que la UE está comprometida por varias razones (Irán, Afganistán, Irak) no serán un paseo para la diplomacia española.

– La inmigración, las políticas de desarrollo o la energía no son de menor importancia, habida cuenta del lugar que ocupan en el debate político interno en España y, de manera más general, en Europa.

Los países de la orilla sur del Mediterráneo valoran, en toda su plenitud, la delicada tarea de la presidencia española. La diplomacia española siempre se ha beneficiado de un prejuicio favorable, especialmente en el mundo árabe. El papel desempeñado por Miguel Ángel Moratinos como mediador en el conflicto palestino-israelí, la Conferencia de Madrid y la cumbre de Barcelona de 1995 siempre jugarán a favor de España. Por otra parte, la diplomacia española es conocida por su eficacia en el seno de los mecanismos institucionales de la UE y por su voluntarismo, coronado por innegables éxitos que no hace falta recordar a estas alturas.

Sin embargo, sus vecinos de Europa se preguntan si España será capaz de salir victoriosa de un juego en el que el proceso de negociación y decisión dentro de la UE ha evolucionado profundamente aprovechando las últimas adhesiones. Este juego se complica más con la aplicación de una arquitectura institucional que hay que establecer y hacer que funcione en el marco del tratado de Lisboa.

El Sur también se cuestiona el margen de maniobra que tiene España para desbloquear la Unión por el Mediterráneo (UpM) y garantizar el éxito de su segunda cumbre, lo que aportaría la credibilidad y la transparencia requeridas para la unión de proyectos. En este sentido, será determinante el contenido del programa de actuación que se adopte.

Si bien el Sur parece compartir las mismas sensaciones respecto al ambiente general que prevalecerá durante el primer semestre de 2010, por el contrario, las posturas acerca de las formas de aplicación de las decisiones de la Cumbre de París siguen teniendo muchos matices.

La elección de los proyectos prioritarios, el modo de estructuración del secretariado de la UpM y los intentos de forjar posturas comunes sobre las cuestiones que interesan a la UE, siguen creando dificultades para los socios del Sur. Por otra parte, tarda en concretarse la integración de los Balcanes en este proceso de negociación Norte-Sur.

Memorándum de propuestas

Ante la dificultad de traducir en una postura común y homogénea las peticiones que plantearan los países del sur a la presidencia española, he optado por hacer un ejercicio de política-ficción. Tiene la ventaja de que supera las contingencias que enturbian las relaciones Sur-Sur: a este respecto, sirve de ejemplo el último partido de fútbol Argelia-Egipto y sus repercusiones diplomáticas. Al abordar los retos reales de la región, esta ficción permite sobrepasar las distintas complejidades y coartadas que impiden funcionar al proyecto mediterráneo. El cariz utópico de algunos objetivos es deliberado.

En previsión de la segunda Cumbre de la UpM, el Consejo de Coordinación de los países ribereños del sur del Mediterráneo, que reunió a los ministros de Asuntos Exteriores en Beirut a mediados de noviembre, aprobó un memorándum destinado a la presidencia española. Elaborado a partir de un informe presentado conjuntamente por el secretariado general de la Unión del Magreb Árabe (UMA) y por el secretariado del Consejo de Coordinación con sede en Ammán, este memorándum se compone de:

– Un apartado político y de seguridad, centrado esencialmente en el proceso de paz en Oriente Próximo. Se han presentado propuestas muy elaboradas relativas al diálogo con la OTAN, a la seguridad en el Sahel, al uso pacífico de la energía nuclear y, especialmente, a la desnuclearización del Mediterráneo. El apaciguamiento de las relaciones bilaterales con la reapertura de la frontera argelino-marroquí, la reanudación de las negociaciones entre Turquía y Chipre y entre palestinos e israelíes han permitido realizar avances considerables y elevar las esperanzas comunes hasta alturas insospechadas. Se ha hecho constar formalmente la propuesta de dedicar el primer día de la segunda Cumbre de la UpM a impulsar una Conferencia para la Paz y la Seguridad en el Mediterráneo, inspirada en parte en la anterior de Helsinki. También se ha planteado a la parte europea un compromiso con la idea de alcanzar una postura común respecto a la reforma de la ONU y el nuevo Consejo de Seguridad.

– Un apartado social, construido en torno a un conjunto de principios y de disciplinas que deberían constituir el armazón principal de un acuerdo sobre la regulación de los flujos migratorios y la protección de los emigrantes, que se rematará al margen de la cumbre. Este documento constituye una respuesta a las propuestas presentadas en nombre de la UE por la presidencia sueca. Parece que se perfila un consenso acerca de la libertad de circulación de los protagonistas del Partenariado Euromediterráneo, y de algunas categorías de personas, como estudiantes y deportistas. La oferta presentada a la parte europea respecto al movimiento de personas en el marco del intercambio de servicios exigirá más flexibilidad que la postura actual que defiende Bruselas.

– El apartado de la “economía del conocimiento”, formación, investigación y desarrollo, contiene propuestas extremadamente ambiciosas sobre la creación de un espacio euromediterráneo del conocimiento. Además del reconocimiento mutuo de los títulos, de la libre circulación de estudiantes e investigadores y de la interrelación de los mecanismos de evaluación de la enseñanza, se plantean propuestas concretas sobre:

– La sede y el estatus de la universidad virtual del Mediterráneo, incluida la contribución de la orilla sur a su presupuesto ordinario y a la financiación del anillo de fibra óptica de alto rendimiento que debería conectar a todos los países miembros de la UpM.

– Los programas prioritarios en lo que se refiere a la estrategia para emprender actuaciones conjuntas en el campo de la investigación: en lugar preferente figuran las energías renovables, la agricultura en el medio semiárido y la haliéutica [estudio del comportamiento de los peces pelágicos –sardina, anchoa, jurel– y su impacto en su explotación y captura].

– El apartado económico es el que ocupa ciertamente el espacio más importante del memorándum. Basado en una mirada prospectiva hacia 2030 que evalúa en profundidad los retos socioeconómicos y de desarrollo sostenible de la región euromediterránea, este apartado aporta una mayor amplitud a las decisiones de la Cumbre de París a través de un enfoque holístico, una asociación más voluntarista del sector privado. La creación de empleo, la lucha contra el calentamiento climático, los Objetivos del Milenio, las infraestructuras logísticas para la interconexión de redes, el OpenSky, la seguridad alimentaria y la energía renovable son las prioridades estratégicas sugeridas para que se añadan a los megaproyectos aprobados en julio de 2008. Estas prioridades se combinan con medidas de acompañamiento que refuerzan el Estado de Derecho en el mundo de los negocios, la protección de las inversiones y la simplificación de los trámites. El apartado comercial conlleva el compromiso de ultimar la puesta en marcha de la zona de libre comercio el 1 de enero de 2012. Las negociaciones para completar el apartado agrícola y el de los servicios de los Acuerdos de Libre Comercio se iniciarán con vistas a su finalización en 2013. De manera más concreta, el memorándum propone:

– La creación del Banco Euromediterráneo para el Comercio y el Desarrollo. Los países del Sur participarán de forma paritaria en su capital. La apertura a la participación de otros socios (Estados del Golfo, Estados Unidos…) debe estar prevista desde el principio. Además de su misión tradicional de banco de desarrollo, el Consejo de Administración, que estará compuesto por los ministros de Economía y Hacienda de los miembros de la UpM, tendrá una función parecida a la del Ecofin, y armonizará las políticas macroeconómicas, coordinará las políticas monetarias y supervisará la aplicación de las normas y disciplinas comunes. Se prestará una atención especial a las medidas para reforzar la competitividad en la región euromed.

– La creación de una agencia de protección y garantía de la inversión, con un papel de mediador en la solución de los desacuerdos comerciales.

– La organización de un foro anual de inversores de la zona euromed. El primero, que se organizará en 2010, se dedicará al proyecto solar mediterráneo. En esta ocasión, la UpM presentará los componentes de este proyecto, la financiación movilizada o que se puede movilizar y las medidas de estímulo.

– En el plano institucional, el memorándum es especialmente audaz. En efecto, propone medidas originales e incluso iconoclastas:

– Organización de un debate sobre las propuestas que se presentarán en la próxima cumbre, en los Parlamentos nacionales de cada uno de los Estados miembro de la UpM y, el mismo día, en el Parlamento Europeo. Se sugiere la fecha del 1 de junio de 2010.

– Revisión de las decisiones de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Marsella relativas al secretariado de la UpM, en el sentido de reducir el número de secretarios generales adjuntos a uno solo, procedente de la orilla norte. De este modo, el secretariado tendrá una vocación técnica más que política, lo que garantizará la eficacia y la celeridad. Los concursos técnicos sectoriales se adjudicarán basándose en la convocatoria de candidaturas según criterios de competencia profesional, con independencia de la nacionalidad. El secretario general someterá un esquema de organización y un organigrama a la aprobación de los Estados miembros. Tendrá en cuenta las prioridades del Plan de Acción y obedecerá a estrictos objetivos de limitación de los costes de funcionamiento del secretariado.

– Creación de un comité ad hoc que represente paritariamente a los miembros de las dos orillas para la fusión de los mecanismos de negociación, de los instrumentos de financiación de la UpM y del Proceso de Barcelona y las políticas de vecindad. Esta fusión no es una yuxtaposición de los órganos que ya existen sino la construcción de una nueva arquitectura institucional que debe anticipar lo que será, a la larga, el Espacio Económico Euromediterráneo. Los mecanismos bilaterales y multilaterales se concebirán para evitar las redundancias, simplificar el funcionamiento de la UpM, organizar su control parlamentario y aumentar la transparencia de la Unión ante la opinión pública.

– Creación de un Tribunal de Justicia euromed, para resolver los desacuerdos entre Estados en cualquier materia concerniente a la aplicación de los objetivos de la UpM. Este tribunal podría tener competencia para los asuntos de derechos humanos y los desacuerdos de naturaleza económica entre los Estados y las empresas.

Por medio de este memorándum, los países de la orilla sur llevarán a cabo un gran gesto político que despertará el interés de la UE. Ésta deberá posicionarse en relación con las audaces propuestas que se ponen sobre la mesa. Es necesario que la UE ponga orden, aclarando los compromisos de cada Estado miembro con relación al Mediterráneo y redefiniendo el ámbito de intervención de la Comisión Europea, dividida entre la gestión de instrumentos, políticas y programas heredados de Barcelona y los efectos del anuncio de una UpM sin consistencia orgánica, presupuestaria o, simplemente, operativa.