Políticas de la historia: los cronistas de Aragón entre lógicas institucionales y dinámicas imperiales
Aunque las crónicas y relatos históricos del reino de Aragón han sido objeto de numerosos estudios, el rol del cronista oficial, en sus diversas facetas a lo largo del tiempo (1547-1711), desde el primero de ellos, Jerónimo Zurita, hasta Pedro Miguel Samper, quien ocupó el cargo en el momento de su abolición durante la era de la Nueva Planta, ha recibido escasa atención. Este cambio de perspectiva, que involucra la consideración de la posición institucional del cronista, sus redes, los sistemas de censura y el trabajo intelectual en su vertiente más práctica (consulta de archivos, toma de notas, etc.), permite revelar cómo estas prácticas intelectuales son reflejo de dinámicas de poder, las cuales el cronista intenta conciliar en el ámbito de la monarquía, y que producen intercambios con los distintos reinos hasta el punto de afectar todas las formas de escribir la historia. Se trata también de evidenciar cómo la elaboración de narrativas sobre un pasado compartido contribuye a articular territorios y comunidades a partir de sus singularidades.
Los mecanismos de escritura de la historia oficial a escala de un reino
El oficio de cronista del reino de Aragón fue creado en las Cortes Generales de Monzón en 1547. Su titular, originario de Aragón, es nombrado vitaliciamente por los diputados para «escribir, recopilar y ordenar todos los hechos notables de Aragón, pasados y presentes». Considerado como el guardián de la memoria de Aragón, el cronista se dedica principalmente a escribir los anales del reino desde la Reconquista hasta el presente inmediato, retomando el hilo donde lo dejó su antecesor. El objetivo de tal historia era ilustrar la grandeza oculta de los aragoneses a fin de restaurar su fama y mostrar la gloria de este reino al rey, a los otros reinos de la monarquía e incluso más allá, a las otras potencias.
El cronista del reino, con acceso exclusivo a archivos restringidos, utiliza documentos como fuente de autoridad, legitimando su relato en un contexto en el que la verdad histórica se convierte en un instrumento de Estado. En efecto, bajo el reinado de Felipe II, se fomenta el uso de la historia como justificación de las acciones del príncipe y del conocimiento gubernamental. El acceso a los documentos oficiales, empezando por los papeles conservados en la Diputación, no solo proporciona la base para una historia política vinculada a la verdad, sino que también refuerza el papel del cronista como un «ministro público», dotando sus escritos de una autoridad incontestable respaldada por la veracidad documental. Así que los Anales se convierten en una referencia con validez jurídica y patrimonial, citada en relaciones de mérito y procesos legales.
La imposibilidad de un relato autárquico: política global de la historia y lógicas institucionales
Sin embargo, los cronistas de Aragón no producían relatos aislados, sino historias que reflejaban la posición del reino dentro de la estructura política más amplia de la monarquía. Para la época medieval, los anales rastrean la constitución del conglomerado de la Corona de Aragón (reino de Aragón, reino de Valencia, principado de Cataluña, Sicilia, Cerdeña y reino de Nápoles) a partir de una matriz aragonesa y en sus interacciones con los demás reinos de la monarquía, en particular Castilla. Posteriormente, se detienen en la figura de Fernando de Aragón que aparece como el verdadero constructor de la monarquía. En definitiva, documentan la participación del reino en los grandes acontecimientos de la historia de la monarquía de Carlos V.
Al hacerlo, las historias oficiales aragonesas alimentaban una visión particularista de la historia y competían con las historias generales de los cronistas reales, más bien castellano-céntricas y enmarcadas en una estructura genealógica centrada en los reyes, en la que los reinos eran otros tantos escenarios para la representación de la grandeza de la monarquía. Desde los Reyes Católicos, los soberanos esperaban que sus cronistas crearan una visión unificada del pasado de España que favoreciera los intereses políticos de la Corona. El advenimiento de Carlos V y la necesidad de mantener la cohesión de una monarquía planetaria que agregaba reinos heterogéneos reforzaba estas expectativas. En este contexto, estas historias aragonesas podían representar una amenaza en la medida en que fueron escritas a partir de documentos inaccesibles al rey, como los archivos de la Diputación, lo que las hizo incontrolables más allá de territorio aragonés y las dotaba del sello de veracidad documental del mismo modo que los relatos de los cronistas del rey con los papeles de los consejos de la monarquía. En momentos de tensión, los mecanismos de censura real podrían resultar insuficientes para contener historias disonantes.
La coexistencia de una historia regnícola de alcance general y una historia regia se prolongó a lo largo de varias etapas que condujeron a una articulación institucional entre cronistas reales y aragoneses. El primer momento lo constituye la famosa controversia entre el cosmógrafo mayor Alonso de Santa Cruz y Ambrosio de Morales, que defendía la crónica del primer cronista del reino, Jerónimo Zurita, que había solicitado un privilegio de venta para Castilla. El episodio no solo refleja las tensiones entre los intereses castellanos y aragoneses sino la lucha por la legitimidad y la autoridad historiográfica. La maniobra de Santa Cruz, que no solo quiso prohibir la publicación de los Anales de Zurita, sino que exigió la prohibición preventiva de sus futuros escritos, pretendía reducirlo a un cronista de segunda categoría e introducir una jerarquía entre los cronistas del rey y los cronistas regnícolas, cuyos escritos no podrían circular fuera de su reino ni tratar de lo que no fuera su reino. La intervención de cronistas reales contra las acusaciones de parcialidad de Santa Cruz muestra cómo se negociaban las jerarquías y la aceptación de las crónicas aragonesas en el canon historiográfico más amplio de España. Con ello, Zurita ganó legitimidad entre los cronistas oficiales de la corte, que intentaban mantener el monopolio de las historias generales y se vieron obligados a admitir que los escritos de los aragoneses tenían su lugar en estas. Así, los cronistas reales que escribieron historias generales de España como Garibay o Prudencio de Sandoval citan a Zurita y a sus sucesores, distanciándose a veces de ellos, lo que, en todo caso, revela la dimensión matricial de las crónicas aragonesas.
Pero la estructura compuesta de la monarquía no solo acabó conformando el contenido de los relatos sino el oficio mismo de cronista regnícola, forzando otra articulación entre los cronistas del rey y del reino de Aragón. En 1599, Felipe III creó el cargo de «cronista de la Corona de Aragón», válido para los reinos de Aragón y Valencia y el Principado de Cataluña, y destinado a un cortesano originario de uno de estos territorios. Era una herramienta de control de la escritura de la historia aragonesa según dos modalidades: primero, mediante la redacción de una historia de los acontecimientos aragoneses subrayando los servicios prestados por los regnícolas al rey y las preeminencias reales en Aragón; segundo, mediante la «supervisión» que el cronista real de la Corona de Aragón ejercía sobre los demás cronistas de los reinos de esta Corona, con la misión de expurgar las crónicas para armonizar la reputación del soberano y la de los reinos.
La emergencia de este doble factor, que podría haber resultado en una fagocitación del cronista regnícola, enriqueció sus modalidades de acción creando al mismo tiempo un vínculo de doble lealtad exclusiva. El golpe de efecto de los diputados fue nombrar cronista del reino al cronista de la Corona de Aragón –en posesión del título desde 1599– Lupercio de Argensola, que gravitaba en el entorno de Felipe III pero con fuertes vínculos en Aragón. En este marco, la misión del cronista consistía en establecer consensos a escala del reino y la monarquía, en armonizar imperativos a veces contradictorios y en estrechar lazos con el rey defendiendo las particularidades jurídicas del reino.
Hasta 1631, los cronistas aragoneses combinaron los dos oficios, lo que les otorgó un poder de censura incluso sobre los relatos de otros cronistas reales que perjudicaban los intereses aragoneses, como Luis Cabrera de Córdoba. Cuando el cargo de cronista de la Corona de Aragón acabó escapándose a los cronistas del reino en 1640, consiguieron el título honorífico de «cronista del rey para el reino de Aragón», con el apoyo de la Diputación, conservando las ventajas permitidas por la combinación de los dos oficios. Esto fortaleció la lealtad dual a la corona y al reino y los cronistas aragoneses ganaron prestigio y visibilidad.
Juegos de escala e inclusión: polifonía de las políticas de la historia
Esta configuración institucional, que otorgaba acceso a archivos regnícolas y reales, así como un poder de censura fuera de Aragón, afectó la escritura del pasado de otros reinos, particularmente los de la Corona de Aragón y Navarra. Los anales aragoneses no solo proporcionan una historia matricial para estos reinos, ofreciendo un rico material para citar y discutir, sino que llenan un vacío editorial relativo. Para el catalán Esteve Corbera, tal situación resultabade la falta de una estructura institucional operativa, capaz de garantizar la autoridad, el coste y la continuidad de la redacción de las crónicas. Cataluña y Valencia habían reaccionado a la publicación de Zurita creando cargos de historiógrafo siguiendo a los aragoneses, pero con escaso éxito por las diferencias estructurales en el nombramiento y la relación con el rey. La situación de Aragón, que gozaba de mayor autonomía en la elección de su cronista gracias a los votos de los diputados, contrastaba con la de Valencia o Cataluña, donde las tensiones políticas complicaban la designación de un cronista oficial bajo el control del soberano. En Navarra, la huella que dejaron los Anales de Aragón no propició la creación de un oficio de historiador hasta 1654 para contrarrestar, en igualdad de condiciones, el relato de los orígenes ofrecido por los aragoneses, demostrando que las historias de estos dos reinos no podían escribirse la una sin la otra.
Así, los Anales aragoneses irrigan la historia de los distintos reinos de la monarquía, con una doble polarización para los de la Corona de Aragón y Navarra y la franja pirenaica. Este monopolio de hecho frustra a los no aragoneses por la falta de control sobre su propia historia y convierte los anales del cronista de Aragón en la referencia oficial para historiadores y juristas de otros reinos. Sin embargo, ya sean recuperaciones o escrituras de contra relatos, tales circulaciones tuvieron un poder agregativo para cada uno de los reinos, detectable a finales del siglo XVII.
Las controversias del siglo XVII entre Aragón y Navarra lo demuestran. Estas pasan por el dispositivo de censura que erige los consejos de Madrid en tribunal al que cada parte intenta persuadir mediante una argumentación en la que la lealtad al rey constituye la piedra de toque, de modo que las historias regnícolas se remodelan conjuntamente para resaltar el vínculo inquebrantable que une a cada uno con el soberano en detrimento del otro, pero también integrando las respuestas dadas al adversario, lo que crea una historia más coherente cuyo eje es el rey.De esta manera, las historias cada vez más consolidadas al hilo de las polémicas proponen relatos inclusivos e intricados de los reinos, donde la monarquía aparece como unidad indivisible de la que cada uno pretende ser la cuna en una guerra de precedencia en la cual los particularismos jurídicos e históricos garantizan privilegios.
Dentro de estos procesos agregativos, es necesario tener en cuenta los actos de apropiación de estos escritos que se inscriben en prácticas cotidianas que dan acceso, a través de casos singulares, a la manera en que los individuos se proyectan en el pasado. Para entender estas operaciones, hay que mencionar que además del uso de los archivos de la Diputación, los cronistas lanzaron campañas de cartas circulares dirigidas a las instituciones del reino y a los particulares, para recopilar documentación. Junto a las respuestas de quienes recibían las solicitudes, aquel recibió misivas espontáneas de individuos que deseaban incluir la memoria de su linaje en esta historia oficial o incluso de personas insatisfechas con el tratamiento reservado a sus antepasados o a su reino. Así, la publicación del primer volumen de los Anales, pero también el anuncio de la próxima aparición de los siguientes, crearon una coyuntura propicia para un diálogo epistolar entre Zurita y unos lectores que quieren modificar el relato antes de su publicación incluso ofreciendo documentación inédita. Tales apropiaciones pudieron llegar a alimentar un proyecto de reescritura de los Anales, como el del conde de Guimerà con un centro de gravedad catalán, o a intentar sobornar al cronista para que se haga cargo de la historia de Cataluña en pie de igualdad con la de Aragón, como intentaron hacer, en vano, los representantes del brazo de los cavallers con Zurita durante su estancia en Barcelona.
Estas dinámicas permiten concebir las crónicas aragonesas como objetos de circulación en el entorno de toda la monarquía y soportes tanto de una escritura colaborativa como de discusiones dentro de amplios círculos. El análisis de tales interacciones abre el camino a una historia de la estructuración de los conjuntos políticos, atenta a las dinámicas de intercambios culturales y a los usos sociopolíticos de la historia que arrojan luz sobre la relación de los individuos con el pasado en sus mediaciones institucionales y en su dimensión antropológica.
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