La reconstrucción de Líbano tras la guerra entre Hezbolá e Israel en el verano de 2006 ocupa un lugar central en las relaciones de cooperación entre Beirut y la UE. Prueba de ello es que más del 40% de los recursos que la UE tiene previsto destinar a Líbano durante el periodo 2007- 2010 está dirigido a la reconstrucción y recuperación de zonas y sectores afectados durante el conflicto. El Programa Indicativo Nacional (PIN) 2007-2010, instrumento que establece la distribución de los recursos en el marco de la política europea de vecindad (PEV), contempla 187 millones de euros, de los cuales 79 millones se orientarán a financiar estas labores de recuperación.

La ejecución del PIN se encuadra en el marco del Documento de Estrategia de País 2007-2013, en el que la Comisión Europea fija tres objetivos: reforma política en las áreas de democracia, derechos humanos, gobernabilidad, seguridad y justicia; reforma económica y social, que incluye la energía y la administración fiscal; y apoyo a la reconstrucción, el desarrollo local y la recuperación social y económica, así como las labores de desminado. Según los cálculos de la Comisión Europea se preveía que la reconstrucción de Líbano absorbiera el 80% de los fondos durante 2007 y casi dos tercios de los recursos de 2008. La ayuda europea para la reconstrucción se centrará en tres prioridades. La primera se refiere a la financiación de proyectos de infraestructura en municipios y comunidades afectadas por la guerra. El objetivo no es solo reconstruir sino además aplicar una visión de desarrollo a más largo plazo que facilite la captación de inversores.

Para este objetivo se prevén 36 millones de euros. Recuperar el sector privado, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, es la segunda prioridad. Para ello se prevé una ayuda indirecta para facilitar el acceso de los empresarios a la financiación, ofrecer apoyo para la reconstrucción y la aplicación de tasas de interés subsidiadas. Los fondos previstos para estas acciones alcanzan los 29 millones de euros. La tercera prioridad son las tareas de desminado y desactivación de otros explosivos, especialmente en la región sur. Los explosivos son un problema grave de Líbano desde la ocupación francesa, agravado durante la guerra civil. Desde entonces, Líbano cuenta con una Oficina Nacional de Desminado. El PIN prevé 14 millones de euros para apoyar los trabajos de desminado.

Reforma económica

Entre los tres grandes objetivos previstos en el PIN 2007-2010, el apoyo a la reforma económica y social es el que recibe una mayor financiación al concentrar casi la mitad de los fondos (45,99%). Uno de los sectores prioritarios es la energía, para impulsar su progresiva apertura y la creación de un ente regulatorio. Además se contempla la promoción de la eficiencia energética y el uso de energías renovables. En cuanto al comercio, se apoyará la modernización de las aduanas y el aumento de la convergencia de la legislación comercial con las normas internacionales y europeas. Por lo que se refiere a la reforma social, se incidirá en la mejora de los sistemas de protección social, la racionalización del gasto en educación, salud y otros asuntos sociales. En cuanto a distribución presupuestaria, el PIN contempla destinar 86 millones de euros para las tareas de reforma económica y social, de los cuales 24 millones se destinarán al programa de asistencia técnica para la aplicación de las prioridades previstas en el Plan de Acción de Líbano, y 62 millones para respaldar las reformas sectoriales.

Derechos humanos

En el marco de las reformas políticas, el PIN 2007-2010 se centra en aspectos vinculados con la protección y promoción de los derechos humanos. Así, una parte sustancial de la cooperación se destinará a apoyar la protección de los derechos de las minorías, las poblaciones marginadas, los trabajadores inmigrados, los solicitantes de asilo y los refugiados palestinos. Otras áreas de interés se refieren a la ampliación del papel de la sociedad civil en aspectos como el proceso de diálogo político actualmente en marcha y la prevención de conflictos.

También se financiarán programas para la mejora del buen gobierno y las medidas que ayuden a combatir la corrupción e incrementar la transparencia de la administración. La mejora del sistema judicial y la modernización del sistema penitenciario, para garantizar unas condiciones de confinamiento y una gestión carcelaria acorde con los estándares internacionales es otro punto de interés.

Por último, hay que señalar que el gobierno libanés ha expresado su voluntad de obtener apoyo para mejorar la situación de seguridad y garantizar el Estado de Derecho. En ese sentido, se prevén actividades de formación de los cuerpos policiales y de seguridad, asesorías para la reforma del sector de seguridad y proyectos sobre gestión de fronteras. Esta cooperación para la reforma política cuenta con un apoyo financiero de 22 millones de euros.