Oportunidad histórica para la justicia y la dignidad

Los asuntos que afronta la justicia transicional –verdad, memoria, responsabilidad, indemnizaciones y reforma institucional– son elementos clave del proceso de transición.

David Tolbert

Las sociedades de Oriente Medio y el norte de África están siendo testigo de acontecimientos sísmicos, con la erosión y el desmoronamiento de largos regímenes dictatoriales, tras la oleada de clamor popular de miles de personas pidiendo dignidad y justicia. Los asuntos que afronta la justicia transicional –responsabilidad, verdad, memoria, reforma institucional e indemnizaciones para las víctimas– son un elemento clave de este proceso y están férreamente ligados entre sí y a otros elementos de la transición como la seguridad, el desarrollo y la democracia. La auto-inmolación de Mohamed Buazizi está considerada el detonante de la Primavera árabe. Desde ese histórico 17 de diciembre de 2010 en Sidi Buzid hemos presenciado la caída de Zine el Abidine ben Ali y las elecciones libres en Túnez, primer y crucial paso hacia la transición a una sociedad estable y democrática.

El nuevo gobierno, enfrentado a la difícil tarea de abordar el legado de abusos y corrupción del régimen de Ben Ali, tiene la oportunidad de realizar el cambio crucial hacia el Estado de derecho exigido por los cientos de miles de protagonistas de esta victoria. La mecha revolucionaria se propagó rápidamente de Túnez a Egipto, donde la revolución que convirtió la plaza Tahrir en un símbolo mundial de la lucha por la dignidad, logró lo inimaginable: expulsar a Hosni Mubarak y a su círculo de colaboradores del poder.

Este fue llevado a juicio junto con algunos miembros de su régimen, acusados de corrupción y violencia durante enero y febrero contra los manifestantes. Sin embargo, en los meses transcurridos desde la caída de Mubarak, los militares que intervinieron para dirigir supuestamente el país hacia una nueva Constitución y unas elecciones libres, pusieron en marcha una campaña de represión contra activistas de derechos humanos. Muchos de los triunfos iniciales se han invertido hasta el punto de que algunas de las voces más importantes de los líderes revolucionarios se refieren a lo sucedido como “el sueño de febrero de la democracia”. Hemos sido testigos de escenas que recuerdan a las de la lucha contra Mubarak, en las que los manifestantes desarmados han sido asesinados por las balas y vehículos blindados del ejército. Sin embargo, los continuos cambios pueden abrir la puerta a un nuevo gobierno y a una verdadera reforma.

Es importante abordar los abusos cometidos en el pasado, no solo para Egipto, sino también para otros países de la zona, dada su importancia en la región. La piedra angular de esta transición sería el ajuste de cuentas con el pasado, incluyendo la verdad sobre los abusos de derechos humanos, la compensación a las víctimas, la responsabilidad de los torturadores y la reforma institucional. En Libia, Muamar Gadafi, tras 42 años de régimen dictatorial, fue asesinado por su propio pueblo tras el levantamiento y los meses de conflicto. Su muerte ha supuesto una oportunidad perdida para Libia, ya que juzgarle por sus crímenes frente a un tribunal de justicia hubiera supuesto una importante confrontación con el pasado.

Sin embargo, la justicia transicional será fundamental para la exitosa reconstrucción de la sociedad fracturada de este país, ahora profundamente marcada no solo por el legado del régimen gadafista, sino por el sangriento conflicto de los últimos meses que ha concluido con denuncias de asesinatos y torturas cometidos por ambos bandos. En Siria, más de 3.500 personas han muerto durante la brutal represión de Bashar al Assad que sucedió a las manifestaciones que demandaban justicia y democracia. Las cifras ascienden a más de 15.000 heridos y 30.000 encarcelados y los enfrentamientos han ido adquiriendo cotas de guerra civil.

Las peticiones de dimisión de Assad y su posible procesamiento son cada vez más potentes tanto en Siria como a nivel internacional. Por desgracia, el fracaso para juzgar los abusos cometidos por el régimen de Hafez, el padre de Bashar, que dejó unos 15.000 desaparecidos en Siria y más de 30.000 muertos en la masacre de Hama en 1982, es ahora una de las causas de un nuevo ciclo de violencia y represión. En Yemen, las manifestaciones pidiendo la salida de Saleh y la reforma democrática no han mostrado signos de debilitamiento. En un país sacudido por las protestas y los enfrentamientos entre el aparato de seguridad de Saleh y los grupos tribales, los civiles son víctimas de violencia a manos de la policía y el ejército, los hospitales se convierten en instalaciones militares, la escasez de electricidad, combustible y gas están a la orden del día y los suministros de servicios básicos no llegan. Cientos de yemeníes están siendo encarcelados y son a menudo detenidos y torturados en edificios de las instituciones del Estado.

Existen motivos fundados para creer que las acciones tanto de Assad como de Saleh justifican su acusación por crímenes contra su propio pueblo. El hecho de que a Saleh se le prometiera la inmunidad judicial en el acuerdo que garantizaba su salida del poder no debería protegerlo de posibles cargos de delitos graves. En Bahréin, el control gubernamental de la información impide que se sepa que las manifestaciones y las violaciones de derechos continuan. La Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, nombrada por el rey El Khalifa y dirigida por el respetado investigador y estudioso Cherif Bassiuni, ha reunido pruebas sobre la detención ilegal, el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, las redadas nocturnas realizadas para “crear miedo”, a las purgas de manifestantes en sus puestos de trabajo, los abusos sexuales, las amenazas de violación junto con las palizas y la aplicación de descargas eléctricas para obtener confesiones y la destrucción de lugares religiosos que “dan la impresión de castigo colectivo”.

La Comisión describe extensamente la “tortura sistemática” de los manifestantes. El mandatario de Bahréin se comprometió a tomar medidas y dar seguimiento a las conclusiones del informe, pero queda por ver si esto sucederá realmente. Durante los juicios de activistas y manifestantes se han cometido graves infracciones en los derechos de los acusados como método de opresión e intimidación. La justicia transicional es un elemento fundamental de la deseada transición de los países de la zona. Con este telón de fondo, este artículo trata de analizar brevemente algunos de los retos de Libia y Egipto, que pueden tener pronto una relevancia significativa para el resto de la región y para otros países.

Libia: el reto de construir una sociedad justa

Las nuevas autoridades libias mantienen un amplio debate sobre el orden de prioridades en la construcción de una nueva sociedad. Al tiempo que entienden los distintos intereses y la adopción de programas monotemáticos que suponen la separación y el enfoque secuencial de los problemas de la seguridad, la justicia y el desarrollo, los libios deben resistirse a las presiones para adoptar soluciones ad hoc y en cambio esforzarse en alcanzar el objetivo final: crear una nueva sociedad más justa.

A partir de la experiencia de los cambios en Berlín de 1989 hasta el presente, el gobierno de transición y la sociedad civil debería saber que la justicia es crucial para el futuro de su país y que está indisolublemente ligada a la estabilidad, la seguridad y el desarrollo. En esta nueva etapa libia, hay un asunto de máxima importancia: la creación de instituciones capaces de hacer justicia y salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos. El Estado de derecho y unas instituciones imparciales, justas y eficaces serán la clave para superar las divisiones internas y garantizar una transición exitosa. La muerte de Gadafi supone el fin del dilema sobre su juicio ante la Corte Penal Internacional o ante un tribunal libio.

El juicio contra su hijo Saif el Islam y el ex jefe de inteligencia, Abdulá al Sanussi por los crímenes cometidos contra los manifestantes en los primeros días de la sublevación, se encuentra pendiente ante la CPI y puede que se adopten medidas para que acabe siendo remitido a Libia. Sin embargo, es evidente que este caso no será suficiente por sí solo para proporcionar la justicia global que el país necesita. El pueblo libio necesita hallar la verdad que hay detrás de los abusos sufridos en los últimos 42 años y esto solo puede suceder si los responsables rinden cuentas en juicios justos e imparciales. Los libios tienen derecho a saber la verdad sobre la tortura, las desapariciones forzosas y los asesinatos que tuvieron lugar bajo el régimen de Gadafi y que van desde la sangrienta represión de marzo de 2011 hasta la masacre en la prisión de Abu Salim en 1996 y más allá. Las denuncias de malos tratos y asesinatos de prisioneros por las fuerzas anti-Gadafi durante los meses del conflicto, también deberán ser investigados.

El régimen de Gadafi garantizó la institucionalización de las malas prácticas dentro de la judicatura, y en el último año, lo que quedaba del sistema legal ha colapsado de facto. En este sentido, la prioridad de la autoridad transicional debería ser dotar de las capacidades necesarias al poder judicial, así como realizar una amplia reforma del sistema judicial. Sin embargo, la sed de justicia y verdad del pueblo libio requerirá algo más que enjuiciar a un número limitado de autores materiales cuya culpabilidad está probada. Necesitará una plataforma para que las víctimas puedan contar sus historias, y un gran esfuerzo de identificación de las causas de los abusos, así como obtener el acceso a los archivos del antiguo régimen.

Necesitará también un mecanismo para completar los hechos revelados en los juicios, a nivel nacional e internacional, así como alguna vía para que las víctimas puedan recibir indemnizaciones, tanto materiales como simbólicas, por su sufrimiento. Las iniciativas para revelar la verdad, como por ejemplo a través de las comisiones de la verdad, ayudarían a crear un registro histórico exhaustivo, que serviría para prevenir el revisionismo y para educar sobre su pasado a la nueva generación libia y evitar que este se repita. Nada de esto será posible si no se crean instituciones fuertes e independientes de toda influencia política, de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, del poder judicial. La reconstrucción institucional tras cuatro décadas de dictadura, abuso de poder y corrupción supone un gran reto y la población libia debe considerar la mejor manera de utilizar la ayuda exterior para conseguir esta reconstrucción.

En este sentido, los libios pueden aprender de las experiencias de otros países en cuanto a las reformas institucionales y el tipo de asistencia internacional a aceptar. Por ejemplo, los países de la antigua Yugoslavia sirven como referencia de sociedades que salieron de dictaduras o de conflictos y que aplicaron reformas de las instituciones finalmente infructuosas o de escaso éxito. Los libios y aquellos que les brindan su apoyo deben entender que invertir en justicia será igual de rentable a largo plazo que hacerlo en carreteras, edificios o refinerías a corto plazo.

Todavía pesan mucho los meses de duros enfrentamientos y los años de tiranía de Gadafi. Para una buena recuperación, la población libia, que incluye a todas las tribus y clanes, desde Bengasi a Sirte, de Misrata a Brega, debe permanecer unida en la creencia de que la espiral de violencia y represión ha quedado atrás para siempre. Las últimas investigaciones sobre prevención de conflictos, recuperación y desarrollo señalan que la seguridad, la justicia y la economía son asuntos íntimamente relacionados. Si se enfocan estos asuntos por separado lo más probable es que las soluciones se tambaleen.

Egipto y la alargada sombra de Mubarak

La promesa de un nuevo orden social en Egipto ha sufrido duros reveses como consecuencia de las acciones de los militares que quedaron al mando tras la expulsión de Mubarak y su camarilla. Aunque está siendo sometido a juicio por la violencia de la represión de enero, la realidad es que por el momento Mubarak no está siendo investigado por los abusos en materia de derechos humanos perpetrados durante su mandato. Por otra parte, los militares, actualmente al mando, han dejado de lado las promesas de llevar al país hacia un Estado de derecho basado en la democracia y los derechos humanos.

Desde el levantamiento del pueblo en enero, más de 12.000 civiles han sido juzgados en tribunales militares en procedimientos de dudosa legalidad y sin garantías para los acusados. Los militares persiguen en masa a los activistas y en muchos casos se llevan a cabo juicios en grupo cuyos procesos duran de 20 a 40 minutos. Además de crear un sistema judicial paralelo que infringe el derecho natural a una defensa justa, dichas prácticas están en plena contradicción con las obligaciones de Egipto según el derecho internacional. Aunque la judicatura consiguiera mantener cierta independencia, esta s solo relativa. Resulta evidente que no existe un intento real ni voluntad política por parte de la actual junta militar de poner a los verdaderos culpables de la violencia entre rejas. Ni Mubarak ni ninguno de los miembros de su gobierno han sido acusados de crímenes fuera del periodo que duraron las protestas, del 25 de enero al 8 de febrero.

Ninguna de las desapariciones forzosas, violaciones constitucionales o de derechos humanos han sido perseguidas a excepción de esporádicos casos de corrupción. Tanto las Naciones Unidas como las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han estado documentando casos de violaciones contra los derechos humanos en Egipto, incluso en el contexto de la lucha contra el terrorismo, que van desde la tortura y los asesinatos extrajudiciales hasta las detenciones arbitrarias de larga duración y muchas desapariciones forzosas. Son muchos los que piensan que los militares intentan para hacer creer que el motivo fundamental del estallido de la revolución fue la corrupción. Asuntos como los derechos humanos, políticos o jurídicos no reciben, sin embargo, ninguna atención.

A pesar de que Mubarak se presentara en la sala, las dudas sobre su capacidad para participar en el juicio fueron muchas. Es claramente inusual ver a una persona siendo juzgada mientras permanece en una camilla ya que, por lo general, la salud de un acusado debe ser lo suficientemente buena para comparecer en un juicio. Con el público poniendo en duda la seriedad del tribunal en juzgar bien a Mubarak, su comparecencia respondería más a una reacción política ante los sucesos de enero y febrero. Las organizaciones de derechos humanos, jueces y familiares de las víctimas han expresado sus dudas acerca de la veracidad con la que el fiscal general lleva a cabo estas investigaciones.

Son muchos los factores que generan estas dudas pero el más claro sea tal vez el hecho de que fue el propio Mubarak quien designó al fiscal antes de dejar el poder. Ya durante el mandato de Mubarak la oficina del fiscal era criticada públicamente por ser considerada una herramienta usada exclusivamente para silenciar a la oposición. Según los activistas en derechos humanos, la oficina era cómplice en prácticas de impunidad. Tras la represión militar contra los manifestantes de Tahrir y Maspero, que terminó con decenas de muertos y cientos de heridos, está claro que el verdadero camino a la democracia en Egipto no habrá comenzado hasta que haya una reforma de las instituciones, sobre todo la policial y militar.

Han aflorado nuevos y abusivos mecanismos de seguridad que no existían durante el pasado régimen, todavía no se ha hecho responsable a nadie por las atrocidades anteriores y no se han tomado las medidas necesarias para reformar los mecanismos de formación que generaron la cultura de violencia en el sector de la seguridad. El primer paso a dar para una verdadera reforma sería el reconocimiento oficial del rol que el aparato de seguridad jugó durante la dictadura y la revolución. A las fuerzas de seguridad en Egipto y en otros muchos países nunca se las enseñó a llevar a cabo su trabajo con arreglo a los estándares de los derechos humanos. De hecho, su papel lograba justamente el contrario.

El número limitado de investigaciones de Mubarak y sus ministros se ve influenciado por el continuo abuso de poder por parte de la policía. Las organizaciones de derechos humanos han descubierto numerosos casos de testigos y familiares de víctimas que han sido presionados por oficiales de policía acusados de matar a manifestantes con el objetivo de que se retractaran de sus acusaciones o para evitar denunciar. El nuevo gobierno egipcio se verá sometido a la presión popular de dar una venganza política y de presionar a los jueces para que agilicen los procesos. Una exigencia comprensible dada la gravedad de las violaciones, la falta de transparencia a la hora de establecer estrategias de persecución y por los numerosos obstáculos con los que se encuentran las víctimas. Pero, las exigencias para agilizar los procesos no tienen en cuenta las garantías ya otorgadas a la defensa ni la complicada naturaleza de investigar crímenes económicos y políticos de tal magnitud. Resulta difícil imaginar que se lleve a cabo una investigación profesional y metódica de los abusos cometidos en tales circunstancias.

A pesar de todo, el sistema judicial debería poder desarrollar su labor de una manera lo suficientemente pausada como para asegurar un proceso justo, sin tintes de venganza. La justicia y el Estado de derecho fueron, al fin y al cabo, los impulsores de la revolución egipcia. Si los egipcios quieren romper con su pasado y dejarlo atrás deberán construir un sistema judicial basado en la equidad y la justicia. Más aún, los juicios van a constituir un documento histórico del periodo de transición. Si los procedimientos se ajustan a los parámetros internacionales será en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

La justicia egipcia no está acostumbrada a comunicarse habitualmente con el público y con los medios de comunicación. Los intentos por facilitar los detalles y métodos utilizados generarán rumores acerca de las investigaciones y de los juicios. A pesar de los pasos recientemente dados por el Consejo general del poder judicial para hacer juicios públicos y asegurar la participación de las víctimas, todavía quedan otros ajustes pendientes para reforzar la confianza de la población. El juicio a Mubarak no debe enmarcarse como parte de una estrategia para enmendar las violaciones del pasado régimen.

La mayor parte de las reformas que el gobierno en transición ha puesto en marcha ha sido en reacción a la presión pública y no como una estrategia clara que atienda a los retos que plantea la transición. Impartir justicia y rendir cuentas ha servido como bálsamo de unión a otras sociedades marcadas por conflictos y autoritarismos. No es evidentemente la panacea de los problemas sociales pero puede ayudar a expresar las reivindicaciones pendientes y restablecer la confianza en las instituciones del Estado, dos piezas muy necesarias para lograr una sociedad más abierta. Los juicios a los símbolos del pasado, con Mubarak a la cabeza, pueden ayudar a avanzar en esta dirección. Aún así, si el nuevo gobierno no garantiza la integridad de los juicios, la confianza de la población en el sistema judicial se verá afectada y puede trastocar negativamente el proceso de transición.

Las transiciones de Estados de represión a sociedades pacíficas, estables y basadas en el Estado de derecho en las que la confianza entre los ciudadanos y el Estado queda totalmente restaurada son largas y dificultosas. La justicia en sí misma, como un elemento honesto para el ajuste de cuentas frente al abuso en los derechos humanos y de pasados turbulentos, es un elemento crucial para el éxito de las transiciones. Está íntimamente unido a la seguridad, al desarrollo, la gobernanza y a la estabilidad a largo plazo. Las sociedades en Oriente Medio y el norte de África se enfrentan a la oportunidad histórica de abrazarse a la justicia para hacer frente a un pasado de dictaduras y abusos de gobernanza.

Los ciudadanos de Egipto, Túnez, Libia, Siria, Yemen, Bahréin y otros países de la región han alzado la voz y se han hecho escuchar alto y claro, y aún más, han dado miles de vidas en sacrificio para poder obtener justicia y dignidad. Sus líderes y la comunidad internacional deben demostrar que han escuchado y entendido sus demandas y hacer de la justicia el pilar de las sociedades que emerjan tras décadas de autoritarismo.