Mujeres, cambio social e identidad en el Magreb

Carmelo Pérez Beltrán

Profesor de sociología del mundo árabe contemporáneo,
Universidad de Granada

Es indudable que las mujeres desempeñan un papel cada vez más importante en el mundo árabe, pese a no pocos conflictos sociales, políticos e ideológicos que afectan tanto al dominio de lo público como de lo privado. Esto se debe al profundo cambio que ha experimentado la sociedad árabe durante las últimas décadas, lo que ha propiciado una mayor visibilidad y un protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, aunque es cierto que el calado de dichos cambios puede variar considerablemente dependiendo del país de que tratemos, de la clase social o del medio físico.

Posiblemente en este último factor radica la mayor diferencia en cuanto al estatus se refiere, ya que entre las mujeres que viven en las grandes ciudades y las ubicadas en el medio rural puede existir una enorme distancia. Entre otras razones, esto es debido a que la ciudad es el medio en donde se está produciendo un importante cambio en las formas de organización familiar, al pasarse de un estereotipo de familia extensa a otro de tipo nuclear, lo que repercute directamente en el estatus tradicional de la mujer y en las propias estructuras patriarcales. Por un lado, la familia nuclear favorece el surgimiento de nuevas relaciones entre los sexos, que suelen promover contactos menos jerarquizados, así como la cooperación en los asuntos familiares, entre ellos la planificación familiar y la gestión consensuada de la sexualidad, lo que sin duda ha repercutido positivamente en la estabilidad de los matrimonios, en la disminución del número de repudios, en la elevación de la edad de matrimonio, en la menor diferencia de edad entre los cónyuges y en la casi desaparición de la poligamia, entre otras cuestiones.

En gran parte, los cambios que han experimentado las sociedades árabes en general y el modelo familiar, en particular, son el resultado de una nueva realidad socioeconómica, determinada por los avances que han experimentado las mujeres en cuatro sectores básicos: la educación, al trabajo asalariado, la política y las mejoras en el ámbito de la salud. Posiblemente, el acceso a la educación ha supuesto la principal revolución para las mujeres árabes y, ciertamente, los estados poscoloniales han invertido una gran cantidad de recursos y esfuerzos para extender la escolarización entre toda la población, a pesar de ciertos problemas aún no resueltos que afectan sobre todo al medio rural, el más desfavorecido en todos los aspectos. Como han apuntado frecuentemente algunas instituciones internacionales, la educación es a la vez causa y efecto del desarrollo y un factor clave para la emancipación de las mujeres y la democratización de las sociedades, ya que el grado de formación de las mujeres repercute directamente en la salud sexual y reproductiva, en la participación económica y política, en el desarrollo participativo del país y en las relaciones igualitarias en los ámbitos privado y público. También es indudable que la educación, en cuanto que factor de progreso, de cohesión social y desarrollo, es el mejor instrumento para lograr un mundo más justo, más pacífico y más sostenible, donde hombres y mujeres puedan comprometerse, en igualdad de condiciones, a desarrollar una cultura de paz.

En este sentido, la educación se convierte en la mejor garantía para superar ciertos valores negativos, anclados aún en el determinismo patriarcal de nuestras sociedades contemporáneas, que han generado no pocos conflictos, resueltos en su mayor parte de forma violenta, en tanto que las mujeres han visto condicionadas sus potencialidades públicas y privadas debido la hegemonía masculina. Por otro lado, la igualdad en la educación no deja de ser un derecho humano, puesto que el acceso de las mujeres a la educación en condiciones de igualdad es decisivo para propiciar una participación más plena de éstas en el desarrollo y lograr la igualdad social, económica y política, así como los derechos humanos universalmente reconocidos. No podemos obviar, en este sentido, que, según Naciones Unidas, dos tercios de los 876 millones de analfabetos que hay en el mundo son mujeres y que no se prevé que disminuya su número de manera apreciable en los próximos veinte años.

Pues bien, el mundo árabe participa de estos problemas en gran medida, aunque ha experimentado una importante evolución en cuanto a la escolarización de niños y niñas, de tal modo que, según datos del Informe sobre desarrollo humano del año 2005, prácticamente la totalidad de las niñas tunecinas (97%) y argelinas (94%) están escolarizadas en la enseñanza primaria de su país, es decir, entre los 6 y los 13 años, más o menos. La evolución marroquí es un poco más lenta, aunque la Carta Nacional de la Educación y la Formación, adoptada en octubre de 1999, consideraba la educación como la prioridad nacional más importante tras la integridad territorial, y se marcaba el objetivo de lograr la generalización de la enseñanza para el año 2002; objetivo que, por el momento, no ha logrado puesto que, según datos del mismo informe, sólo el 87% de las niñas estaban escolarizadas en el curso 2002-2003. Otro de los grandes problemas de estos países es que cuentan con índices muy preocupantes de población femenina analfabeta, ya que, según el Informe sobre desarrollo humano en el mundo árabe, las dos terceras partes de los 65 millones de adultos analfabetos que existen en el mundo árabe son mujeres. En cuanto al Magreb, de nuevo es Marruecos el país más afectado por este problema, con un porcentaje en torno al 61,7% de mujeres analfabetas (36,7% de hombres), siendo un problema endémico en el medio rural, donde los índices de analfabetismo femenino se disparan de modo alarmante.

Este desfase entre ambos sexos se debe a factores históricos, sociales, económicos e ideológicos, pero en gran parte es el resultado de las prioridades políticas, ya que cuando un régimen tiene problemas para desarrollar su política social o económica da prioridad a aquellos elementos que le son más inmediatos o prioritarios para llevar a la práctica su proyecto económico; en este caso, los hombres, por lo que se aparcó al colectivo femenino en espera de tiempos mejores. Lo cierto es que este elevado índice de analfabetismo ha tenido como efecto inmediato que un gran número de mujeres siga reproduciendo planteamientos tradicionales y patriarcales y que se vean excluidas de otras esferas públicas. Otro ámbito en el que la participación de las mujeres se ha incrementado notablemente es el de la inserción laboral, a pesar de ciertas limitaciones bastante acusadas. La mayor participación de las mujeres en la economía del país es consecuencia de diversos factores sociales, ideológicos, políticos y económicos.

En primer lugar, como dijimos anteriormente, en las últimas décadas se ha producido en el medio urbano un importante cambio en el modelo familiar, que favorece una mayor colaboración de los cónyuges en la gestión de todos los asuntos familiares, entre ellos el económico. Por otro lado, los avances conseguidos en materia educativa, de los que también hemos hablado, son determinantes que abren nuevas posibilidades profesionales al colectivo femenino. Igualmente, la crisis económica y las nuevas estrategias de desarrollo de los países árabes a partir de los años ochenta del pasado siglo han tenido un papel fundamental en este sentido. Por último, no cabe duda de que la pobreza es un factor vital que empuja a todos los miembros de la familia, hombres y mujeres, a buscar medios de subsistencia allí donde puedan encontrarlos, con lo que el trabajo de la mujer no siempre se acompaña de un mayor grado de liberación. Lo cierto es que la tasa de actividad femenina oscila en el Magreb entre el 12% de Argelia y el 28% de Marruecos, aunque la participación de las mujeres magrebíes en la economía de sus respectivos países es mucho mayor si consideramos la actividad que éstas desempeñan en el sector informal, especialmente en los relacionados con la industria, el comercio y la artesanía, en los que su función es de gran importancia.

También en el dominio político e institucional, a partir de la década de los noventa asistimos a un nuevo contexto bastante más dinámico, debido tanto a la actual realidad socioeconómica como a las nuevas directrices de las élites políticas que muestran una mayor determinación para estimular la participación política de las mujeres y favorecer su visibilidad en las instituciones representativas del país. En este sentido, hay que destacar la importante labor desempeñada por las asociaciones feministas, que han hecho de la capacitación política de las mujeres uno de sus objetivos principales, especialmente durante la última década. A título meramente indicativo, el porcentaje de mujeres en los parlamentos de algunos países árabes es bastante significativo con respecto a la clasificación mundial, puesto que, según datos de la Unión Interparlamentaria, el Parlamento tunecino cuenta con un porcentaje de mujeres del 22,8%, el sudanés del 14,7%, el sirio del 12% y el marroquí del 10,8%. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, según esta misma fuente, el Parlamento de Estados Unidos de América cuenta con un porcentaje del 15,2%, el de Francia del 12,2% y el de Japón del 9%, lo que demuestra que la representatividad femenina en las instituciones políticas es un problema que afecta por igual a la mayoría de los países del mundo.

En este sentido, y hablando concretamente del Magreb, posiblemente el avance más significativo es el que se ha producido en Marruecos con motivo de las elecciones legislativas de septiembre de 2002, ya que hasta esa fecha sólo había dos mujeres en el Parlamento. En gran medida, estas elecciones traducen la voluntad política de adoptar medidas concretas que aseguren una representación significativa de las mujeres en las instituciones distintivas del país, especialmente dos: en primer lugar, la sustitución del sistema de escrutinio uninominal de una vuelta por el escrutinio de lista proporcional, un asunto reivindicado por las asociaciones de mujeres, que consideran que este método de elección favorece a las candidatas siempre que se encuentren bien situadas en la lista; en segundo lugar, el establecimiento de dos tipos de listas, una lista local de la que deben salir 295 miembros electos de las diferentes circunscripciones y una lista nacional de la que se elegirán 30 escaños reservados a las mujeres, es decir, una cuota del 10%.

El resultado final fue bastante satisfactorio y el número de electas ascendió a 35 mujeres (pertenecientes a 11 partidos políticos), lo que supone un índice de feminización parlamentaria del 10,8%. De esta experiencia bastante positiva se deduce que una posible vía para estimular la participación de las mujeres en las instituciones políticas de los países árabes sea institucionalizar una cuota para mujeres de forma consensuada y sistemática, tanto en las elecciones legislativas como en las locales.

Por último, también se han producido avances muy importantes en materia de salud sexual y reproductiva que han tenido una repercusión directa en el desarrollo demográfico de los países, ahora más equilibrado, y, sobre todo, en la relación entre los sexos en el seno de la pareja conyugal. La mejora de las condiciones de salud ha permitido aumentar considerablemente la esperanza de vida en la mayoría de países árabes, aunque en los países de escaso desarrollo humano, como es el caso de Mauritania, la esperanza de vida es aún muy baja, ya que no supera los 54,3 años de media para las mujeres y los 51,1 para los hombres.

En gran medida esta nueva realidad responde a la divulgación y utilización, sobre todo en el medio urbano, de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres, lo que les facilita gestionar su sexualidad más allá de su función procreadora, aunque también es cierto que los gobiernos árabes frecuentemente han presentado este tema como un asunto de control demográfico en beneficio del país y no como una opción personal de la mujer. Pese a ello, el desarrollo urbano y la extensión de la educación han actuado a favor del control de la fertilidad, lo que ha provocado un descenso considerable de las tasas de fecundidad en el mundo árabe, donde Túnez es el país que se sitúa a la cabeza en este sentido, con una tasa actual de fecundidad total de 2 hijos por cada mujer, cuando en los años setenta el número de nacidos por mujer ascendía a 6,2.

Los cambios sociales apuntados anteriormente y el mayor protagonismo sociopolítico de las mujeres han tenido una relación directa de causa-efecto respecto a las diferentes modificaciones jurídicas que últimamente se están realizando en las leyes de estatuto personal de algunos países árabes y que, en general, suponen una mejora para las mujeres y una mayor igualdad jurídica entre ambos sexos. Grosso modo, estas reformas tienden a elevar la edad de matrimonio igualándola con la mayoría de edad, establecen una misma edad de matrimonio para ambos sexos, posibilitan la inclusión de cláusulas en el contrato matrimonial, restan importancia a la figura del tutor matrimonial, limitan la poligamia mediante diferentes requisitos, uniforman los deberes conyugales de ambos esposos, lo que supone eliminar el deber de obediencia de la mujer, otorgan un mayor protagonismo al juez, aseguran la estabilidad económica de los hijos tras la ruptura matrimonial, etc.

Pero existe un elemento bastante significativo, y es que las modificaciones introducidas en los códigos han sido elaboradas en el seno del legado cultural islámico, mediante el recurso al ijtihad como principal herramienta jurídica y, aunque algunos actores sociales las consideran insuficientes y abogan por cambios más contundentes, no han producido fractura social alguna y han sido aceptadas por la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales.

Quizá el caso más significativo sea el ejemplo marroquí, ya que cinco años antes de la promulgación del nuevo código en el año 2004, con ocasión de la puesta en marcha de un Plan de Acción para la Integración de la Mujer al Desarrollo (1999) que preveía, ente otras medidas, revisar y modificar el Código de Estatuto Personal, la sociedad marroquí se escindió en dos bloques antagónicos: los que defendían el Plan y, con él, el cambio de la ley (asociaciones feministas, de derechos humanos, artistas, intelectuales y partidos de izquierda) y los que rechazaban tajantemente cualquier modificación del Código de Familia y, por extensión, el Plan en su totalidad (tradicionalistas, islamistas, partidos conservadores, Ministerio de Asuntos Islámicos). Sin embargo, cuando en el año 2004 se adoptó el nuevo Código de Familia que, en la práctica, recoge gran parte de las reivindicaciones planteadas en el Plan de Acción para la Integración de la Mujer al Desarrollo, toda la sociedad civil y política reaccionó favorablemente, tanto los partidos de derechas como de izquierdas, y tanto las asociaciones laicas como la tendencia islamista del Partido Justicia y Desarrollo.

El motivo de esta distinta forma de reaccionar ante un mismo fenómeno hay que buscarlo en el distinto referente cultural del que se parte. El Plan de Acción para la Integración de la Mujer al Desarrollo era el resultado de la participación de Marruecos en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing en 1995, y utilizaba como instrumento de análisis el concepto de género, con el fin de identificar las características propias que determinan el comportamiento social de hombres y mujeres, las relaciones entre ambos y las relaciones entre éstos y la sociedad. Pero no hay que olvidar que la utilización de la categoría «género» como una herramienta de análisis es un referente del feminismo occidental que puede causar conflictos de identidad cultural, como fue el caso de buena parte de la sociedad marroquí. Y como referente jurídico, el Plan bebía directamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del resto de convenciones internacionales de derechos humanos, especialmente de las relativas a las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer, al que Marruecos se adhirió en 1993.

En definitiva, el Plan fue percibido por muchos como una experiencia exógena a la cultura musulmana y una imposición de los organismos internacionales, entre otras cuestiones porque estaba patrocinado por el Banco Mundial. Sin embargo, como apuntaba anteriormente, el nuevo Código de Familia se va a gestar dentro del referente cultural endógeno. En primer lugar, la nueva legislación familiar fue impulsada por el rey en su calidad de Amir alMumin (comendador de los creyentes) y de imán, es decir, dentro de la tradición islámica del país, pero también dentro de la legalidad constitucional. En segundo lugar, el rey nombró en el año 2001 una comisión encargada de revisar la mudawana que incluía, además de ulemas y juristas, a tres mujeres: Zhour Lhor (jurista), Rahma Bourkia (socióloga, rectora de la Universidad Hassan II de Mohammedia) y Nezha Guessous (médica), con lo cual desde el referente cultural islámico se intercalaban también elementos de modernidad laica.

Por último, el propio rey insta a la comisión a recurrir a un ijtihad justo, generoso, abierto al progreso y acorde con las nuevas necesidades de la nueva realidad social de Marruecos. El resultado, como he dicho anteriormente, fue el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales. De esta experiencia podemos dilucidar que los cambios que piden las sociedades árabes deben ser el resultado de dinámicas internas de los propios países y han de gestionarse en el marco de un referente cultural árabe-islámico propio que, por supuesto, debe ser dúctil, amplio, generoso, abierto a diferentes posibilidades y justo para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. En gran parte, dichas dinámicas internas están protagonizadas hoy día por las mujeres árabes que, debido a su cada vez mayor protagonismo, se han convertido en el verdadero motor del cambio social.