Desde la revolución, las manifestaciones callejeras en Túnez han desempeñado un papel político determinante. Las protestas que en otoño de 2013 llevaron al gobierno islamista de Ennahda a dimitir y establecer un consenso con el partido Nida Tunes, actualmente en el poder, y los miembros del antiguo régimen sobre una gobernanza común, son un ejemplo. Sin embargo, la fragilidad del nuevo gobierno de coalición, formado en 2015, dada su falta de visión conjunta respecto a las reformas posteriores a la transición que se deben llevar a cabo, podría reavivar las protestas rivales entre partidos políticos y las de las regiones desfavorecidas del país.

2011-2013: las concentraciones contra la troika y la campaña ‘Rahil’

Desde finales de 2011, las concentraciones contra el gobierno de la troika, una coalición tripartita que el movimiento Ennahda formó tras su victoria, se multiplicaron. Reunían a militantes de izquierdas, pero también a intelectuales, sindicatos y activistas en favor de los derechos humanos y de la sociedad civil, y aunque formaban un frente común contra la troika, sus objetivos eran diferentes. Para los activistas de la sociedad civil, el objetivo de las manifestaciones era defender los derechos individuales y la neutralidad de las instituciones frente “al comportamiento hegemónico” de la troika y, en particular, de Ennahda.

Asimismo, se trataba de compensar con la calle su exclusión de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Para algunos, históricamente próximos a la izquierda y a los círculos “progresistas”, también se trataba de contrarrestar su derrota en las elecciones de 2011 y de ejercer presión sobre las orientaciones de la ANC. Gracias a sus sentadas, consiguieron una mayor transparencia en la organización de la Asamblea, que el público pudiese acceder a sus debates (la sentada del Bardo de 2011) y la eliminación de una disposición constitucional defendida por Ennahda que establecía que los hombres y las mujeres no eran iguales, sino complementarios (finales de 2012).

La participación de los partidos políticos en las concentraciones en contra de la troika era diferente, ya que con ella deseaban contraponer a la legitimidad “electoral” de los islamistas la supuesta legitimidad “popular” de la oposición. Desde finales de 2012, el desigual reparto del poder entre los miembros de la troika en favor de Ennahda, su mal funcionamiento, los retrasos reiterados en la elaboración de la nueva Constitución y, más aun, el asesinato en 2013 de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos representantes del Frente Popular (la coalición de los partidos de la izquierda radical), aceleraron la organización común de manifestaciones en contra de la troika entre diversas corrientes ideológicas, a veces enemistadas.

Esta dinámica contraria a Ennahda permitió a Beyi Caid Essebsi (exministro de Habib Burguiba) fundar Nida Tunes (“La Llamada de Túnez”), y propició el nacimiento de una nueva coalición electoral, la Unión por Túnez, formada por Nida Tunes y por partidos centristas cuya representación en la ANC era limitada. El Frente Popular y la Unión por Túnez, que responsabilizaban a Ennahda del clima de violencia que se había generado, crearon el 26 de julio de 2013 el Frente de Salvación Nacional (FSN) y organizaron sentadas que exigían la disolución de la ANC y la dimisión del gobierno islamista.

La principal consecuencia de esta campaña denominada Rahil (la salida), en el transcurso de la cual se produjeron manifestaciones masivas en todo el país, fue claramente la de permitir que los miembros del antiguo régimen se agrupasen en el seno de Nida Tunes y que volviesen a conectar con la base electoral a pesar de la disolución del antiguo partido de Zine el Abidin Ben Ali, el Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD). Durante las concentraciones de la Rahil, los discursos sobre la importancia de la identidad islámica tunecina sustituyeron a las diatribas anti-islamistas de rigor, y hacían un llamamiento al consenso nacional dirigido, entre otros, a los votantes decepcionados por Ennahda. Sin embargo, la campaña perdió fuerza cuando el partido islamista en el poder aceptó, por iniciativa de la UGTT, la idea de un diálogo nacional con Nida Tunes que acabó provocando su dimisión y el nombramiento de un gobierno interino de tecnócratas que dirigió el país hasta las elecciones presidenciales de 2014.

Paradójicamente, la campaña Rahil, al volver a poner a Ennahda y a Nida Tunes en el centro de las decisiones políticas, marginó el programa político del Frente Popular y de las organizaciones de la sociedad civil de izquierdas que habían sido las más activas en la organización de las protestas sobre el terreno. Es más, la Rahil permitió que surgiese un gobierno de tecnócratas en 2014 y una nueva coalición de fuerzas conservadoras en 2015, cuya legitimidad procede principalmente de su capacidad para poner fin a las movilizaciones callejeras. No obstante, esta tregua en las protestas rivales sigue siendo frágil, ya que la propia Ennahda las ha usado para consolidar su presencia política a lo largo de la transición.

Las contramanifestaciones de Ennahda y las Ligas para la Protección de la Revolución

Desde la marcha de Ben Ali, el uso de las movilizaciones callejeras por parte de Ennahda demostró que era una oportunidad y un inconveniente al mismo tiempo en su ambigua estrategia de consolidación en el poder. La ocupación de las calles, que se presentaba como una alternativa ideológica, fue una forma de resistir ante la exclusión y de reequilibrar las relaciones de fuerza de la escena política prerrevolucionaria.

Aunque los líderes de Ennahda siempre han desmentido cualquier participación directa del partido en las manifestaciones públicas, han animado mucho a sus simpatizantes (las juventudes de Ennahda y las Ligas para la Protección de la Revolución, LPR) y a otras redes oportunas como los grupos salafistas, a organizar contramanifestaciones en respuesta a las organizadas por sus rivales políticos. Y, sin embargo, como partido en el poder que asume compromisos más o menos institucionalizados, la ocupación de las calles por sus bases se convirtió a menudo en un obstáculo para lograr un reconocimiento por parte del resto de la élite política. Estas contramanifestaciones solían estar organizadas por los miembros de las LPR y las juventudes de Ennahda, ya que los dos grupos mantienen unas relaciones estrechas y participan a veces en las mismas protestas.

Las LPR, creadas inicialmente como comités de vecinos de defensa contra las milicias del RCD, se acercaron en parte a Ennahda tras su llegada al poder en 2011, y se movilizaron intensamente desde 2012 hasta finales de 2013 para defender ante las críticas la legitimidad “revolucionaria” y “electoral” de Ennahda. El objetivo era responder, mediante una ocupación rival del espacio público, a las actividades de la UGTT, de los partidos de izquierdas, de los miembros del antiguo régimen y de los medios de comunicación, a los que se acusaba, por sus críticas a la troika en el poder, de querer continuar las políticas de secularización y de exclusión autoritaria del antiguo régimen. Este planteamiento dio lugar a las contramanifestaciones de diciembre de 2011 frente a la Asamblea del Bardo.

Algunos partidos de izquierdas, organizaciones de la sociedad civil y también jóvenes revolucionarios de las regiones que se habían reunido allí para conseguir una mayor transparencia por parte de los parlamentarios, se encontraron frente a un grupo dispar de aficionados al fútbol, de jóvenes de las LPR y de islamistas, a los que les negaban el derecho a intervenir en el debate público porque habían perdido las elecciones. En 2012, las LPR se opusieron a los mítines del Frente Popular, de Nida Tunes, y de grupos de la sociedad civil que también declaraban tener una legitimidad revolucionaria, como la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos o la Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de los Mártires y de los Heridos de la Revolución. Las LPR trataron especialmente de impedir los llamamientos a las huelgas generales contra la política económica de Ennahda realizados por la UGTT. Las juventudes de Ennahda, por su parte, se distinguieron por llevar a cabo la sentada de Ekbess (Aprieta las clavijas) durante el verano de 2012.

Presentada como una iniciativa independiente de los Chabab al thawra (los jóvenes de la revolución), su objetivo oficial era recordar al entonces primer ministro de Ennahda, Hamadi Yebali, su deber de acabar con la corrupción y los medios de comunicación “partidistas”, de evitar el regreso de los miembros de la vieja guardia, así como de acelerar el pago de indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Ben Ali. Sin embargo, las crecientes dificultades con las que tropezaba Ennahda en materia económica e institucional y también en asuntos de seguridad, llevaron al partido a moderar el uso de las contramanifestaciones a mediados de 2013. Frente a las movilizaciones masivas de los partidos de la oposición de todas las tendencias y de la sociedad civil, los islamistas decidieron finalmente renunciar a la movilización de las bases en las calles como medio para influir en la escena política, y prefirieron sustituirla por compromisos y diálogos nacionales semioficiales.

Por otra parte, durante las negociaciones de agosto de 2013 con Nida Tunes sobre la posibilidad de ejercer el poder de forma conjunta, ya se puso sobre la mesa la disolución de las LPR como requisito explícito para cualquier acuerdo, y esta se hizo efectiva el 26 de mayo de 2014. El partido islamista también se distanció de las redes salafistas que se habían unido a sus protestas después de la revolución, y ya en 2013 contribuyó a su exclusión de las manifestaciones en el espacio público. La dinámica de las contramanifestaciones fue una etapa importante del proceso de transición tunecino que permitió que grupos políticos considerados ilegítimos por la élite dominante de la época posterior a Ben Ali se impusiesen en el debate sobre la orientación de la transición.

Con la creación de una relación desideologizada entre Ennahda y Nida Tunes que daba preferencia al enfoque tecnocrático de sus adversarios y de sus bases rivales, estos grupos desaparecieron relativamente del espacio público de oposición tunecino. Sin embargo, este acuerdo no ha resuelto ninguno de los conflictos ideológicos y organizativos que han surgido desde el inicio de la transición. Por tanto, es muy posible que estos dos partidos, que hoy en día comparten el poder, vuelvan a utilizar con este fin la estrategia de las manifestaciones rivales, especialmente por la presión de sus respectivos militantes que exigen una retribución material y simbólica.

Las manifestaciones regionales contra la marginación política y económica

Si las movilizaciones a favor o en contra del gobierno de la troika atrajeron la atención de los medios de comunicación, en las que tuvieron lugar en las regiones económica y socialmente desfavorecidas de Túnez también se expresaron reivindicaciones políticas durante y después de la revolución. Hoy por hoy, la clase dirigente considera que estas movilizaciones, llevadas a cabo por jóvenes desempleados, trabajadores afiliados a las células locales de la UGTT y militantes en favor de la sociedad civil y de los derechos humanos, constituyen una amenaza para la consolidación de la transición política y económica posrevolucionaria.

Estas manifestaciones locales ponen de manifiesto una interpretación opuesta de la revolución y de sus objetivos entre las élites del centro y los actores de la oposición excluidos. Si bien las primeras piensan que el éxito de la transición se mide por la aprobación de una Constitución y la organización de elecciones pluralistas, los segundos consideran que el objetivo de la revolución era la descentralización del poder y la eliminación de las desigualdades sociales y geográficas. Por tanto, las manifestaciones que tuvieron lugar en las regiones se llevaron a cabo a favor del empleo, de la redistribución equitativa de los recursos nacionales, de una nueva representación política local y del reconocimiento de su papel en la revolución. Por esta razón, entran a menudo en conflicto con los gobernantes en Túnez dedicados a canalizar las peticiones revolucionarias a través de un pluralismo simplificado que enfrenta a islamistas y a laicos, y que les ha permitido mantener el control de la transición y de las peticiones de igualdad de las regiones en las que los socios extranjeros del país condicionan su ayuda financiera a la aceptación de sus exigencias neoliberales.

Durante los levantamientos de 2010-2011, los “revolucionarios” de las regiones reclamaron principalmente la expulsión de los dirigentes locales del RCD, de los agentes de policía e incluso, a veces, de presidentes de empresas públicas como en Gafsa y Sidi Buzid. Tras ser reprimidos por las fuerzas de seguridad (1.500 detenidos, 700 heridos y 300 muertos), las asociaciones de las familias de los heridos y los mártires de la revolución organizaron numerosas manifestaciones, sentadas y huelgas de hambre, para exigir en primer lugar la liberación de los manifestantes, pero también para conseguir una indemnización y cuidados médicos y llevar a juicio a los responsables. Se les unieron antiguos prisioneros políticos y miembros de la Unión General de Estudiantes Tunecinos (UGET) y de la Unión de Titulados Desempleados (UDC por sus siglas en francés), que también pedían su rehabilitación social y profesional tras haber sido perseguidos durante el régimen de Ben Ali.

Pero estas peticiones no siempre se atendieron en su conjunto y se enfrentan a diversos obstáculos relacionados con la reestructuración de la escena política posrevolucionaria basada en compromisos con los actores de los antiguos regímenes. Los medios nacionales solo se refieren a estas movilizaciones como disturbios, y pocos son los militantes de las regiones que cuentan con acceso a un gran público. Los partidos de la oposición, la dirección de la UGTT y Ennahda, tras haber recurrido a ellos para derrocar a los dos primeros gobiernos del RCD durante las movilizaciones de Kasbah 1 y 2, no supieron apoyar a estos movimientos de forma continua y reservarles un lugar importante en sus luchas después de que se alcanzase un consenso sobre el nombramiento del gobierno interino de Essebsi en marzo de 2011.

Es más, las protestas de las regiones siguieron considerándose ilegales en virtud de las leyes heredadas del antiguo régimen, que no se reformaron. El 2 de junio de 2014, la ANC aprobó una ley que legalizó las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 17 de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2011, es decir, justo antes de la llegada al poder de Essebsi, y que exculpó a los que participaron en ellas. No obstante, esta decisión legalizaba retroactivamente los juicios contra aquellos que iniciaron manifestaciones después de este periodo, por ejemplo tras los asesinatos de Belaid y Brahimi en 2013. Además de su exclusión política, las regiones también siguieron denunciando su marginación económica, y numerosos actores locales pidieron que continuase la thawret ezawali (la revolución de los pobres).

Estas manifestaciones se llevaron a cabo en contra de las políticas económicas y de desarrollo de Ennahda, al que acusaban de favoritismo por la redistribución de empleos en el sector público entre sus partidarios. A falta de una respuesta por parte de las autoridades nacionales, algunas manifestaciones en favor de una mayor justicia social desembocaron en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, como en Siliana en diciembre de 2012. Como les sucedió a los gobiernos de la troika y del tecnócrata Mehdi Yomaa en 2014, los llamamientos de Essebsi a una “tregua social” en enero de 2015 fueron rechazados, así como las políticas de austeridad y de aumento de la fiscalidad anunciadas.

A finales de 2014, las huelgas llamadas ilegales seguían provocando el cierre de administraciones y de empresas públicas en numerosas partes del país. Los manifestantes seguían denunciando sus condiciones de trabajo o la falta de empleo para los jóvenes, así como el uso sistemático de los contactos personales y familiares por parte de los directivos de las empresas en sus procesos de contratación. Y, por último, el desarrollo regional sigue siendo una prioridad. Numerosas manifestaciones reclaman hospitales públicos, un acceso regular al agua potable y al gas y menos contaminación. Sin embargo, sus organizadores confían cada vez menos en la posibilidad de dialogar con unos actores políticos que básicamente consideran que sus peticiones son un elemento perturbador para la consolidación de un nuevo orden que han negociado entre ellos y de forma exclusiva durante cuatro años, y a las que contestan con un aumento de la seguridad, justificado por el recrudecimiento de los actos terroristas en estas zonas, y no con una respuesta política.

Conclusión

Aunque los logros institucionales hayan sido fundamentales para la consolidación de la transición, el equilibrio del nuevo orden político, representado por el control de las peticiones de cambio gracias a la reconciliación entre Ennahda y Nida Tunes, seguirá siendo frágil mientras las manifestaciones callejeras en Túnez no se traten de forma igualitaria y transparente.

Probablemente, las protestas callejeras seguirán produciéndose, no solo a causa de las dificultades económicas, sino también, mucho más allá del consenso entre los principales partidos, porque todavía no existen canales eficaces para abordar los conflictos entre los legisladores regionales y los centrales, los partidos del gobierno y la oposición, y las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos informales posrevolucionarios.