L’Université désacralisée. Recul de l’éthique et explosion de la violence

Los autores de este complejo estudio enumeran los principales desafíos de la universidad argelina frente a la competitividad y la competencia globales. Abogando por la racionalización de las políticas y los sistemas de gobierno, reclaman la necesidad de avanzar hacia enfoques científicos y objetivos detallados: una necesidad que pondría de manifiesto el valor de la ciencia y del saber y, por lo tanto, el de las universidades, lugares de producción y transmisión de ideas. Esta necesidad no debería ser una excepción para Argelia en el curso de la historia y del mundo.

La universidad argelina cuenta actualmente con unos 70.000 profesores y más de dos millones de estudiantes repartidos en 106 instituciones de educación superior. Su presupuesto anual es de 313.000 millones de dinares, equivalente al 6,8% del presupuesto estatal. Una institución que se asemeja a un vivero donde los mejores son candidatos predispuestos a la emigración. Prueba de ello es la última desbandada de médicos, profesores universitarios y estudiantes, todos ellos alegando el mismo y único motivo: la violencia multiforme en el ejercicio de su función.

Ante el desmoronamiento total de una universidad que se hunde en la anomia, los autores de este libro avanzan en el preámbulo que “al pesimismo de la razón y al clima fatalista, (prefieren) oponer el optimismo de la voluntad y el deber del intelectual”. El año 2017 señala el inicio de este estudio: los profesores son víctimas de ataques violentos sin precedentes, perpetrados por estudiantes en diferentes universidades del país. Estos graves abusos, retransmitidos por la prensa nacional, quedaron impunes, sin que se procesara a los agresores. Interpelados por la ciudadanía, cuestionados por su condición de intelectuales, conscientes de que estas agresiones apuntaban a su misión como profesores, algunos universitarios decidieron analizar, testimoniar, expresarse, denunciar y poner por testigo a la sociedad de este fenómeno que afecta a la comunidad nacional en su conjunto. Diecisiete autores de distintas especialidades descifran la violencia, no solo la más ostentosa, verbal o física, sino sobre todo la perniciosa, insidiosa porque causa estragos permanentes.

Redefinir el papel y el estatuto del profesor y del estudiante, así como la relación pedagógica que se establece entre ellos, sigue estando en el centro del problema de la violencia en la universidad. La autoridad del poseedor del conocimiento, que se asemeja a una postura moral, no debería derivar hacia el autoritarismo aplicado al alumno. El profesor está sujeto a un código ético y debe inspirar confianza. En ningún caso su autoridad debe imponerse por la fuerza. Su función es también la de transmitir valores: el engaño, el plagio, la corrupción, la discriminación, el clientelismo y los favores son conductas moralmente reprobables, más allá de la ley. La cercanía del profesor al alumno no debe derivar en ningún caso en amiguismo a costa del mérito y del esfuerzo. Todos estos abusos en el ejercicio de la función docente han propiciado que surja una violencia permanente, con múltiples aspectos, que ha afectado a varios niveles.

El sistema LMD (Licenciado, Master, Doctor), de origen anglosajón, entró en vigor en las universidades argelinas en 2005, que se inscribían así en la globalización. Esta reforma ha sido muy criticada por el Consejo Nacional de Profesores de Enseñanza Superior (CNES), el sindicato de profesores de educación superior, para quienes la crisis es multidimensional, y afecta a la gestión, la pedagogía, la infraestructura y la calidad de la educación. Y el LMD no va a solucionarla. El diseño de este sistema no se puede aplicar al caso de Argelia, país monoimportador. Los profesores universitarios rechazan y deploran expedir títulos y no conocimientos. Según el CNES, este proyecto crearía una universidad a “dos velocidades”, donde se cuestionaría el grado nacional de diplomado. Prevalecerá la desigualdad regional y social, donde solo los estudiantes con grandes medios económicos continuarán sus estudios. La excelencia de la formación se activa en instituciones cuyos títulos son reconocidos en el extranjero (escuelas privadas, Liceo Internacional Alexandre Dumas, etcétera).

Además, las lógicas institucionales definen una nueva postura social en el ámbito

universitario. Las contradicciones organizativas (redistribución de puestos de responsabilidad desde arriba) y las perversiones profesionales (plagios y conflictos de intereses) han hecho que la universidad y la investigación científica ya no sean factores de emancipación y desarrollo social. Durante las últimas cuatro décadas, se han convertido en focos durmientes de emigración intelectual. Una fatalidad interiorizada colectivamente en contra de la mayoría de los profesores universitarios, que la viven como una violencia extrema. Los autores de este libro califican este estado de cosas de “intelectocidio”, vivido a puerta cerrada y caracterizado por su ausencia en el discurso político dominante, a pesar de la importancia de lo que está en juego y de su impacto transgeneracional.

Uno de los principales fallos denunciados es la primacía de lo administrativo sobre lo científico, lo que ha hecho que la autonomía de la universidad se haya convertido en una misión imposible. Frente a la autoridad política, esa autonomía ya no existe; las facultades dependen del Ministerio de Educación Superior, que depende del gobierno. En cada nivel –jefe de departamento, decano o rector–, los responsables son nombrados y destituidos basándose en consideraciones dejadas a la total discreción de la supervisión política. Las prerrogativas de un decano se reducen a planificar los horarios del profesorado, frente a un superior jerárquico que tiene plena potestad sobre su puesto de trabajo. Esta jerarquía/subordinación también gestiona los centros de investigación, que no gozan de autonomía simbólica o material. Imperativo del momento: revisar los estatutos para “desfuncionalizar” la profesión de investigador y profesor universitario, y replantear los mecanismos de gobernanza por medio de la gestión pedagógica inclusiva. La observación que hacen los autores de este estudio es indiscutible: la fluidez económica del Estado ha servido para ampliar la base social del régimen por medio de la clientelización de sectores enteros de la sociedad, en detrimento del progreso y los lazos sociales.

Tras el trauma de la violencia asesina sufrida durante la década de 1990, la universidad se enfrenta a otra anomalía funcional. Los poderes públicos habían observado que la violencia se dirigía y movilizaba a los jóvenes, fácilmente manipulables por extremistas, que han sabido explotar sus grietas sociales. El bajo nivel de estudios, la ociosidad y la falta de perspectiva facilitaron su alistamiento. A partir de ahí, los gobiernos decidieron hacer de la universidad un baluarte de prevención y protección. Para ello, se multiplicó por tres el índice de aprobados en bachillerato, mientras que se dotó a los distintos valiatos de universidades y centros universitarios. Esta política de masificación, destinada a frenar la violencia, ha tenido un impacto negativo en el nivel de la enseñanza, empobreciendo varias disciplinas por medio de la reducción de los requisitos mínimos de conocimiento. Esta masificación está en el origen de la bajada del nivel de las evaluaciones, condición sine qua non para liberar suficientes plazas de profesores para los niveles inferiores. Hoy la universidad ya no permite la promoción social, porque produce mucho más desempleo. Según la Oficina Nacional de Estadística, los titulados en formación profesional constituyen el 24,1% de los parados, mientras que los titulados en educación superior representan el 23,7% de los parados.

La universidad, incapaz de prevenir y luchar contra la violencia multifacética, ha interiorizado la desviación y muchas veces la reproduce por la fuerza. Los profesores íntegros asisten impotentes a la guerra de trincheras entre la competencia y la lealtad, el esfuerzo y el clientelismo, la justicia y la impunidad. ¿Una nota de esperanza? Sí, el sentido de la Historia nos enseña que ningún estado letárgico impuesto dura para siempre. Si el punto muerto actual es una realidad, también lo es la perspectiva de desarrollo, en vista de las potencialidades que depara la sociedad.

Concluyo con esta nota introductoria a la obra: “Hemos ilustrado la portada con El pensador de Morand (1907) porque consideramos que El pensador de Rodin (1880), que muchas veces ha simbolizado el ejercicio del pensamiento independiente, no logra encarnarse en Argelia. En nuestro país, el intelectual ha dado paso hoy a un ser descarnado a quien una Universidad desacralizada impide ejercer con dignidad su función crítica, negándole el estatus al que aspira”.