Los regímenes marroquí y argelino ante las protestas

Rabat y Argel intentan controlar las revueltas con la implementación de reformas progresivas que permitan la pervivencia del régimen.

Miguel Hernando de Larramendi y Laurence Thieux

La caída de los presidentes Zine el Abidine Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto ha alimentado una oleada de protestas antiautoritarias en toda la región que, seis meses después del suicidio a lo bonzo del joven vendedor ambulante tunecino Mohamed Buazizi, no parecen detenerse aunque en algunos lugares se estén tiñendo de sangre. Pese a que el alcance y la evolución de las demandas son diferentes en función de los condicionantes internos de cada país y de los recursos de los que disponen los regímenes para tratar de desactivarlas, las protestas comparten la convicción de que la raíz de los problemas de las sociedades árabes no se encuentra en el exterior, ni en conspiraciones alentadas por terceros países, sino en la pervivencia de unos regímenes autoritarios que desde hace décadas rigen los destinos de las sociedades árabes y obstaculizan su desarrollo.

Los regímenes árabes afrontan dilemas comunes: ¿cómo mantenerse en el poder y qué tipo de concesiones realizar para evitar que los movimientos de protesta se transformen en revoluciones como las que derrocaron a los presidentes de Egipto y Túnez? Aunque la actualidad mediática está dominada por los acontecimientos de Libia, Siria y Yemen, el recurso a la represión como vía principal para atajar las protestas no está siendo la única respuesta a las demandas de dignidad, democratización y oportunidades que atraviesan las sociedades árabes. Tampoco el contenido y alcance de las reivindicaciones o su capacidad para cristalizar en movimientos organizados están siendo idénticos en todos los países.

En Marruecos, al igual que en Jordania, los manifestantes demandan hasta ahora justicia social y reformas políticas, pero sin exigir el fin del sistema monárquico. En Argelia, las peticiones van también orientadas a la democratización del régimen, pero no han alcanzado masa crítica ni han conseguido que las reivindicaciones sociales y económicas presentes desde hace años cristalicen en un movimiento netamente político.

La respuesta de Mohamed VI

La réplica del régimen marroquí ha evolucionado desde que un grupo de jóvenes convocara en Internet para el 20 de febrero de 2011 unas movilizaciones en las que, sin cuestionar la pervivencia de la institución monárquica, sí se demandaba su transformación en una monarquía parlamentaria. La reacción inicial fue intentar neutralizar la convocatoria recurriendo al viejo argumento de la “excepcionalidad marroquí”, al tiempo que se sostenía que las reformas en este país llevaban al menos una década en marcha.

La consigna oficial fue intentar desacreditar el Movimiento 20-F utilizando diferentes resortes. Pocos días antes del llamamiento, los dirigentes de los principales partidos políticos fueron convocados por el ministro del Interior, Taieb Cherkaui, para asociarles a la campaña de descrédito que se trasladó también a las redes sociales. En paralelo, el gobierno marroquí, que trató inicialmente de evitar la represión violenta, anunció una batería de medidas socioeconómicas con las que intentaba contrarrestar el deterioro del poder adquisitivo: incremento de 1.330 millones de euros en los fondos de la caja de compensación con los que se subvencionan los productos de primera necesidad, el gas y la gasolina, contratación de 2.000 diplomados en paro y generalización de la cobertura sanitaria, entre otras.

La decisión de las direcciones de los principales partidos políticos de no participar en las movilizaciones hizo aflorar tensiones internas en formaciones como la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el Partido de la Justica y Desarrollo (PJD), uno de cuyos dirigentes, Mustafá Ramid, dimitió de la ejecutiva en señal de desacuerdo. El seguimiento de las manifestaciones –las más importantes celebradas en el país desde la llegada al trono de Mohamed VI si se excluyen las de solidaridad con Irak y Palestina–, su celebración en 53 ciudades de todo el país, el creciente número de apoyos que el movimiento iba recogiendo y su vocación de continuidad, con un calendario programado, empujaron al Majzen a modificar su estrategia inicial, buscando recuperar el control y los tempos de un proceso de reformas de arriba-abajo.

Este cambio de estrategia parecía reflejar la toma de conciencia de que las concesiones de tipo socioeconómico no eran suficientes para desactivar unas protestas que habían adquirido una dimensión claramente política y habían situado en el centro del debate público la cuestión del estatuto de la monarquía y la forma de gobernar. Las concesiones realizadas a partir de ese momento se han intentado presentar como avances en la implementación de una agenda reformista anterior, previa al inicio de las movilizaciones, para evitar que se percibieran como fruto de la presión popular. Eso es lo que ocurrió con la creación del Consejo Económico y Social, previsto ya en la Constitución de 1992 pero creado tan solo un día después de las manifestaciones del 20 de febrero, o con la transformación del Consejo Consultivo de Derechos Humanos en un Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) teóricamente más independiente de Palacio.

En esta misma línea se enmarca la puesta en marcha, anunciada por Mohamed VI 11 días antes de la segunda gran jornada de movilizaciones (20 de marzo), de una Comisión Consultiva para la Reforma de la Constitución con el encargo de preparar una propuesta de reforma vinculada al proyecto de regionalización avanzada. La decisión de indultar a 148 presos políticos y rebajar la condena a otros 42, conocida a mediados de abril, fue presentada como respuesta a un informe del recién creado CNDH. Aunque se justificara con el pretexto de constitucionalizar el proyecto de regionalización avanzada, vinculado a los intentos marroquíes de legitimar internacionalmente una solución autonómica para el conflicto del Sáhara Occidental, el alcance de la reforma constitucional anunciada va más allá y debe abordar cuestiones relacionadas con el reparto de poder (ampliación de las competencias del primer ministro y recorte de las del rey).

El órgano encargado de elaborar la propuesta de reforma no es el Parlamento ni una Asamblea Constituyente, sino, una vez más, una comisión consultiva designada directamente por el rey e integrada por 18 personalidades de diferentes sectores y sensibilidades (representantes de sindicatos, partidos políticos, sociedad civil, organizaciones de Derechos Humanos, activistas y tecnócratas). Su propuesta debe estar lista en junio y servir de base a un nuevo texto constitucional que habrá de ser sometido a referéndum en julio, seguido de unas elecciones anticipadas en octubre de 2011. La comisión ha recibido memorandos elaborados por la mayor parte de los partidos políticos y organizaciones y se ha reunido con actores individuales, incluyendo algunos miembros del 20-F.

No obstante, el grueso de este movimiento, secundado por varias organizaciones de Derechos Humanos y alguna formación minoritaria, ha optado por boicotear los trabajos de una institución que consideran suplanta a un verdadero poder constituyente y no responde más que parcialmente a sus demandas. El mantenimiento de las movilizaciones en la calle es considerado como la mejor vía para garantizar que las reformas exigidas se lleven a cabo. Sin duda, el principal logro del Movimiento 20-F, que ha pasado de contar con el respaldo de 20 organizaciones en febrero a 95 a mediados de abril, ha sido el de servir de revulsivo de un escenario político adormecido y abrir un debate hasta hace poco inimaginable sobre las prerrogativas del rey y las formas de gobernanza en el país.

Con su actuación, ha dejado en evidencia a los partidos políticos con representación parlamentaria que, desde el inicio de la “alternancia otorgada” promovida por Hassan II, habían limitado el alcance de sus demandas y no habían sido capaces de arrancar al soberano un proceso significativo de reforma política. Este nuevo escenario ha acentuado las fracturas internas y generacionales en algunos partidos políticos (PJD, USFP…) y ha introducido al movimiento islamista Al Adl Wal Ihsane en el juego político como parte de la plataforma interideológica que reclama el cambio. También ha puesto en cuestión el proyecto impulsado por Mohamed VI para revitalizar la desprestigiada vida política y neutralizar a los movimientos islamistas que se concretó en la creación del Partido Autenticidad y Modernización (PAM) bajo el liderazgo de Fuad Ali Himma, uno de sus amigos más próximos.

Éste ha sido objeto de duras críticas durante las movilizaciones, al igual que otros miembros del círculo cercano al monarca como Munir Majidi. Finalmente, Ali Himma se ha visto obligado a anunciar su dimisión. Asimismo, las protestas han estimulado el debate y la participación ciudadana y han acabado con el tabú que rodeaba hasta hace poco ciertos temas, ahora discutidos abiertamente no solo en la calle, sino hasta en la televisión pública. Internet ha permitido la creación y consolidación de nuevos medios informativos virtuales animados en muchos casos por periodistas que habían tenido encontronazos con el régimen: www.lakome.com, www.goud.ma o www.demainonline.com. También ha propiciado la aparición de espacios alternativos de participación política como la web www.re

forme.ma, una plataforma en la que los internautas pueden comentar y plantear propuestas para cada uno de los artículos de la Constitución, incluido el polémico artículo 19, en el que se recogen las prerrogativas del soberano como Amir al Muminin (Príncipe de los creyentes). El test que debe superar el proceso es ver si las reformas anunciadas acaban implicando una reducción efectiva de los poderes del rey o si, por el contrario, queda limitado a una reforma cosmética con la que el monarca sigue manteniendo el control del sistema. El atentado que acabó el 28 de abril con la vida de 17 personas en Marraquech reintroduce la cuestión del terrorismo, que puede volver a ser utilizada como coartada contra el cambio por los sectores menos partidarios de la reforma, tal y como ocurrió tras los atentados de mayo de 2003 en Casablanca.

La detención del periodista Rachid Nini tras denunciar los excesos cometidos en la lucha contra el terrorismo o la represión de la manifestación convocada por el Movimiento 20-F delante del centro de detención ilegal de Temara el 15 de mayo muestran los intentos de algunos sectores del régimen por mantener el statu quo anterior.

Argelia, ‘una revolución contenida’

En Argelia, como en Marruecos, las protestas sociales están obligando el régimen a anunciar reformas y adoptar una serie de medidas con el fin de contener un movimiento susceptible de amenazar la continuidad del sistema. La juventud argelina padece, como en Túnez o Egipto, la desesperación y frustración al verse excluida del mundo laboral y marginada en los espacios políticos y asociativos. Los factores económicos y sociales que explican este malestar permanente son muchos.

Entre ellos cabe resaltar el desempleo masivo de la juventud (que afecta a uno de cada cinco jóvenes en Argelia), el incremento del precio de los productos de primera necesidad, la ausencia de mecanismos igualitarios y justos de redistribución de una renta abundante procedente del sector de los hidrocarburos, la depredación sistemática de los clanes próximos al poder y su ostentoso enriquecimiento frente a niveles de pobreza endémicos. Todo esto ha ido acabando con los últimos resquicios de legitimidad de un sistema en el cual se han multiplicado los escándalos de corrupción. No obstante, a pesar de este malestar económico, social y político, hay poderosos elementos inhibidores que están impidiendo que se convierta en un movimiento de contestación política más amplio y masivo, capaz de amenazar el régimen.

La sociedad argelina quedó desarticulada y fragmentada tras la cruenta guerra civil que en los años noventa causó unos 200.000 muertos y miles de desaparecidos. Las secuelas psicológicas y sociales de este conflicto han sido profundas. El miedo a enfrentarse a nuevos procesos de violencia es un elemento que cohíbe a muchos sectores de la sociedad ante la perspectiva de entrar en una confrontación directa con el ejército. La recomposición de esta sociedad civil diezmada, que ha tenido lugar a partir de los años 2000 en un contexto represivo, ha sido lenta. Su arraigo popular más allá de los principales núcleos urbanos del norte del país es casi inexistente. Su fragmentación ha sido fomentada por el propio régimen, que ha sabido explotar las divisiones con estrategias que van desde la cooptación a la represión, con el fin de debilitar las estructuras sociales y neutralizar la emergencia de cualquier movimiento de oposición real al sistema.

En ausencia de partidos políticos de oposición creíbles, a consecuencia del pluralismo de fachada instaurado por el régimen, la debilidad de la sociedad civil dificulta la emergencia de estructuras organizadas capaces de orientar y dirigir un movimiento de contestación política. Los diferentes intentos de organizar manifestaciones en las grandes ciudades a partir de febrero de 2011 realizados por la Coordinación Nacional por el Cambio y la Democracia, una plataforma que agrupa a distintos partidos y sindicatos, han fracasado por su incapacidad de conseguir una participación significativa (la primera manifestación convocada en Argel el 12 de febrero solo consiguió congregar a unas 3.000 personas frente a un despliegue de 30.000 policías).

De hecho, esta plataforma se escindió a las pocas semanas de su creación por las fuertes divergencias ideológicas existentes en su seno (la organización agrupaba a varias de las viejas figuras del sistema, desde Said Ahmed Ghozali (que fue primer ministro durante los últimos meses de presidencia de Chadli Benyedid), a Said Saadi de la Reagrupación por la Cultura y la Democracia (RCD), un partido que apoyó el golpe de los generales que acabó con la experiencia democratizadora en enero de 1992, así como a la Liga Argelina de los Derechos Humanos (LADDH), presidida por Mustafá Buchachi, junto con varios sindicatos autónomos. En los casos de Túnez y Egipto, las demandas sociales y económicas lograron trascender los intereses particulares y converger todas en el mismo punto: en el objetivo claro y preciso de derrocar a las viejas gerontocracias y los clanes respectivos que pretendían perpetuarse en el poder.

El régimen argelino es, en este sentido, mucho más difuso y opaco y permanecería intacto aunque Abdelaziz Buteflika se viera obligado a dejar la presidencia, ya que quien maneja las riendas en segundo plano, la seguridad militar, seguiría controlando el conjunto del sistema. La escasa capacidad de movilización de estas primeras iniciativas no significa, sin embargo, que no haya un movimiento social que está empezando a recomponerse. En los últimos tiempos han surgido numerosas plataformas de reivindicaciones sociales que han encontrado nuevos seguidores con la Primavera árabe (colectivos de desempleados, estudiantes, sindicatos y autónomos, entre otros) una señal positiva de reconstrucción de la sociedad nacional. El régimen argelino ha logrado contener de momento la emergencia de un movimiento de protesta de mayor envergadura recurriendo a diversas estrategias.

La primera ha sido aflojar la presión autoritaria ejercida sobre la sociedad (una de las primeras medidas anunciadas ha sido precisamente el levantamiento del Estado de emergencia en vigor desde enero de 1992, aunque con efecto limitado, pues se ha mantenido la prohibición de manifestarse en la capital). Además, las fuerzas de seguridad han dejado de perseguir el comercio informal y han tratado de evitar las provocaciones, aunque sin dejar de reprimir las diversas manifestaciones que han tenido lugar durante los últimos meses. La segunda respuesta ha sido económica.

Para acallar las demandas sociales, el régimen ha previsto en la ley de finanzas complementaria, adoptada en mayo de 2011, un incremento del gasto público del 25%, destinado a cubrir el aumento de los salarios de los funcionarios, subvencionar el precio de los productos de consumo básico y financiar medidas de fomento del empleo juvenil. Finalmente, Buteflika anunció en un discurso pronunciado el 15 de abril una reforma constitucional. El presidente del Senado será el encargado de constituir un comité para consensuar esta reforma con los partidos políticos, sindicatos y otros actores de la sociedad civil. En cualquier caso, aunque el régimen haya conseguido amortiguar de momento las demandas expresadas en estas protestas, la brecha entre los que ostentan el poder y la población argelina es cada vez más grande. Las reformas anunciadas no desactivarán esta bomba de relojería si no modifican profundamente el contrato social caduco entre el sistema político y el pueblo argelino.