El poder actual en Túnez se considera, legalmente, provisional. Emana de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida el 23 de octubre de 2011, y se supone que debe durar un año, el tiempo necesario para redactar una nueva Constitución, que será la segunda tras la de 1959, promulgada tres años después de la independencia del país, así como para organizar unas nuevas elecciones legislativas y, eventualmente, también las presidenciales. Eso dependerá del nuevo sistema político que se adopte mientras tanto: parlamentario, presidencial, o presidencial ajustado configurado para evitar el regreso de la dictadura. Según las últimas noticias, y según los compromisos manifestados por todas las partes presentes, estas elecciones, que deberían devolver al país a la senda de la legalidad constitucional –la primera Constitución se disolvió justo después de la revolución del 14 de enero de 2011– se celebrarán entre marzo y junio de 2013.

Tres hipótesis

Hasta entonces, la transición política tunecina va a tener que atravesar numerosas turbulencias políticas, económicas y sociales cuyo desenlace sigue siendo incierto. En el mejor de los casos, el proceso en curso desembocará en la creación de una verdadera democracia participativa, la primera en el sur del Mediterráneo. En el peor, Túnez caerá en una nueva dictadura, esta vez religiosa, la primera también en el sur del Mediterráneo. Sin embargo, existe una tercera hipótesis, entre el mejor y el peor de los casos, según la cual el país sufrirá varios años de inestabilidad (securitaria, institucional, política, económica y social) que desembocarán, a costa de numerosas concesiones de todas las partes, en una situación de frágil equilibrio, basada en consensos débiles, propicios para crear, a largo plazo, instituciones democráticas más o menos viables. Pero todavía no hemos llegado a ese punto.

El poder provisional actual está representado por lo que llamamos una “troika”, es decir, una alianza tripartita constituida por Ennahda (el partido islamista histórico vagamente moderado), el Congreso por la República (CPR, un partido de centro-izquierda de obediencia nacionalista árabe) y el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDTL o Ettakatol, un partido de centro-izquierda de tendencia socialdemócrata). Son los tres principales ganadores de las primeras elecciones libres, pluralistas y transparentes en la historia del país. Este poder tricéfalo está encarnado por Mustafa ben Yaafar, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Moncef Marzuki, presidente de la República provisional, y Hamadi Yebali, jefe del gobierno provisional. Sin embargo, y debido al nivel de representación de estos tres partidos en la ANC y el gobierno, la “troika” sigue estando ampliamente dominada por el partido islamista. En opinión de la mayoría de los tunecinos, y especialmente de los partidos de la oposición, es Ennahda quien ejerce, en realidad, el poder provisional, y en mayor medida que sus aliados.

Estos parecen más unos servidores que unos socios de gobierno, a menudo obligados a avalar las decisiones de sus colegas de Ennahda e incluso a justificar sus errores, puesto que el partido islamista dirige el gobierno a través de la persona del primer ministro y controla la mayoría de los ministerios de peso: los ministerios de Interior, Justicia, Asuntos Exteriores, Industria…

¿Es viable la tricefalia?

Cómo funciona actualmente el gobierno provisional? ¿Ha encontrado esta tricefalia (o este ménage à trois), tras unos meses de cohabitación, el equilibrio que le permita gestionar de forma útil la fase transitoria por la que atraviesa el país y solucionar sus problemas recurrentes, como la inseguridad, la falta de confianza entre el gobierno y la población, la agitación social, la ralentización económica, el aumento de los precios, el descenso del poder adquisitivo de los ciudadanos y la falta de visibilidad política, entre otras? Los miembros del gobierno, y sobre todo los que proceden de Ennahda, repiten hasta la saciedad que pertenecen al primer ejecutivo legítimo que el país ha tenido en el transcurso de su larga historia, ya que proviene de las primeras elecciones pluralistas, libres y transparentes.

Pero ¿basta esta legitimidad, que por otra parte nadie discute, para asentar un poder y para aportarle los apoyos necesarios para que tenga éxito? Para que una legitimidad electoral perdure, ¿no debe consolidarse con avances democráticos y con logros económicos y sociales palpables? Y entendemos que es ahí donde la troika y su locomotora, el partido Ennahda, tienen dificultades para convencer al pueblo que ha hecho su revolución y que todavía espera sus frutos. Conviene recordar aquí, en descargo del partido islamista tunecino, que tras las elecciones que ganó con el 41% de los sufragios emitidos, Ennahda no quiso pasar directamente de la oposición, en la que el partido estuvo confinado durante 40 años, a la de gobierno.

Primero mencionó la posibilidad de mantener al gobierno saliente, constituido por tecnócratas y dirigido por el exprimer ministro, Beyi Caid Essebsi, hasta que se eligiera la Asamblea Constituyente y se organizaran unas nuevas elecciones legislativas. Ennahda habló a continuación de un gobierno de unidad nacional (o de interés nacional) en el que todas las formaciones elegidas en la ANC estuvieran representadas. Sin embargo, la negociación con los partidos de izquierdas y los liberales no llegó a ningún resultado, ya que estos últimos rechazaron la propuesta y prefirieron permanecer en la oposición.

Después del desierto, el poder

Los islamistas, que se vieron así obligados a constituir la “troika”, la mayoría gubernamental actual, eran conscientes de las enormes dificultades a las que se enfrenta el país y de que les costaría superarlas solos. Y estaban en lo cierto. Salían de una larga travesía del desierto en la que la mayoría de ellos habían estado encarcelados o en el exilio en el extranjero ,y por tanto, habían perdido el contacto real con el país. Tampoco tenían experiencia en la gestión de los asuntos públicos, ya que nunca tuvieron que asumir cargos a ningún nivel. Por otra parte, los resortes del poder en el país (la administración pública, los servicios de seguridad, la judicatura, los círculos empresariales y los medios de comunicación) les eran considerablemente desfavorables, porque estos últimos estaban muy implicados, en distintos grados, en el sistema de represión, corrupción y propaganda establecido por el expresidente Zine el Abidine ben Ali.

Y lo que temen, hoy en día, es tener que rendir cuentas por sus abusos en el pasado. Otra limitación importante a la hora de hacerse cargo del destino económico del país es que los dirigentes islamistas, que han tenido, en su mayoría, unas trayectorias profesionales bastante accidentadas, salpicadas de largas estancias en la cárcel, no han podido desarrollar sus aptitudes en los ámbitos necesarios desde un punto de vista técnico, especialmente en la economía y las finanzas. Con todas estas limitaciones iniciales, el jefe del gobierno, Hamadi Yebali, un ingeniero especializado en energía solar, pero que nunca ha ejercido realmente desde su encarcelamiento en 1991 (pasó 16 años en la cárcel, de los que 10 fueron en aislamiento total), y su equipo formado fundamentalmente por activistas políticos, se lanzaron a la aventura.

Han tenido que aprender, por así decirlo, sobre la marcha y en poco tiempo, el funcionamiento de la administración, sus puntos neurálgicos, e incluso sus resistencias abiertas. Durante las primeras semanas, y cuando la situación general en el país empeoraba con huelgas, sentadas, manifestaciones e incluso con actos violentos entre los clanes en las regiones interiores, las más pobres del país, los miembros del gobierno daban la impresión de dar palos al aire y de no hacer nada ante la paralización de una parte de la maquinaria industrial, especialmente la producción de fosfato, uno de los principales recursos del país, y el catastrófico descenso de las actividades turísticas.

Los miembros del gobierno no tenían nada que contestar ni tenían soluciones que ofrecer de momento a los 800.000 parados, entre los que se incluyen 200.000 titulados de la educación superior (una cifra importante en un país de 10 millones de habitantes), a los empresarios que se quejan de la parálisis de sus fábricas, a los hosteleros que amenazan con echar el cierre y a los ciudadanos que deploran que sigan la inseguridad y el aumento de los precios. Se contentaron con hacer promesas vagas y con acusar a los partidos de la oposición y a los medios de comunicación de echar leña al fuego y de crear un clima poco propicio para que se normalizara la situación. De hecho, el gobierno tardó varios meses en encontrar sus puntos de referencia, en elaborar un programa digno de ese nombre y en presentar un presupuesto del Estado y una ley de finanzas complementarias para 2012, que fueron aprobados a finales de abril por la Asamblea Constituyente. En el plano exterior, Yebali y su equipo han multiplicado los encuentros con los socios tradicionales de Túnez: la Unión Europea y Estados Unidos.

También se han abierto a nuevos socios… en el islam: las monarquías del Golfo, especialmente Catar y Arabia Saudí, sin olvidar a Irán. Y han solicitado una considerable ayuda a los proveedores de fondos internacionales: Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Europeo de Inversión (BEI), Banco Africano de Desarrollo (BAD) y también el Banco Islámico de Desarrollo (BID). Sin embargo, las ayudas financieras prometidas por todos estos socios y proveedores de fondos solo se entregarán y se concederán con la condición de que el país receptor presente unos proyectos bien concebidos y cuyo impacto en la mejora de la situación económica y social (inversión y empleo) esté suficientemente demostrado. Aquí también se ha tenido que aprender, y para ello se ha tenido que escuchar a los altos dirigentes del país, los mismos que sirvieron durante mucho tiempo al antiguo régimen y que se encuentran en todos los niveles de la administración pública.

El ‘big deal’: impunidad a cambio de sumisión

En esta primavera de 2012, la revolución tunecina ya es un recuerdo lejano. Los días para Ben Ali y algunos de los miembros de su familia transcurren tranquilos en Arabia Saudí, Canadá, Catar y Emiratos Árabes Unidos. En cuanto a sus bienes en el extranjero, de los que todavía no se tiene ni el más mínimo cálculo, tardan en restituirse al Tesoro Público. Las reformas prometidas (policía, judicatura, administración y medios de comunicación) se encuentran en un punto muerto. Los juicios contra los representantes del antiguo régimen y las figuras de la corrupción se alargan, cuando no se posponen indefinidamente.

La justicia transicional está en vías de transformarse en una justicia transaccional, ya que la impunidad se ha vuelto negociable en el secretismo de los despachos. Las investigaciones sobre los tiradores de élite (de la policía y/o del ejército) que mataron a unas 200 personas e hirieron a cerca de 1.300 entre el 17 de diciembre de 2010 y el 21 de enero de 2011, tardan en revelar sus secretos. Peor aún, algunos altos funcionarios, cuyos servicios prestados al antiguo régimen son por todos conocidos, se han reincorporado al servicio… en el gobierno. Frente a estos indicios inquietantes, que no denotan una voluntad real de cambio o de ruptura con el pasado, algunos observadores han llegado a la conclusión de que el gobierno de Ennahda, ahora que las elecciones legislativas de la primavera de 2013 están cada vez más cerca, ha cambiado de programa político y que, a día de hoy, está cerrando un trato con el sistema dejado por Ben Ali.

En virtud de ese trato, se asegura la impunidad a todos aquellos que se ponen al servicio del partido islamista o que se someten a él. Los expedientes incoados contra ellos sirven de moneda de cambio y de medio de persuasión. Los tunecinos, especialmente los laicos, los demócratas y los progresistas entre ellos, solo esperan una cosa: que este análisis, que alimenta sus temores, sea pronto desmentido por los hechos.