Los derechos de las mujeres en la Constitución

Es necesario consolidar todos los derechos de la mujer en el marco de la Carta Magna y protegerlos de posibles retrocesos legislativos.

Hafidha Chekir

En Túnez, al igual que en el resto del mundo árabe, se han producido, y siguen produciéndose, unas transformaciones extraordinarias, que se traducen en protestas contra los regímenes políticos establecidos y el orden normativo dominante. Algunas a cambio de muchos sacrificios, asesinatos y detenciones; otras están aún prohibidas, como en Arabia Saudí, en nombre de la ley islámica. Sin embargo, en general, la “calle árabe” ha abandonado el silencio, ya no está dispuesta a callarse frente a políticas antidemocráticas.

Las mujeres, que considerábamos enclaustradas por las tradiciones ancestrales y las reglas de origen religioso, han trastocado las antiguas certezas, han salido del espacio privado y ya son parte de esa calle. Para Saadi Nureddin, “esa agitación no nace de una globalización occidental, sino de una evolución profunda de una sociedad donde la cuestión femenina ha desempeñado un papel”. Por algo se dice que en determinados países, como Túnez, el triunfo de la revolución se debe a la participación de dos actores principales: la población joven alfabetizada –y entre ellos varios titulados sin empleo– y las mujeres. En este sentido, la presencia masiva de las mujeres era manifiesta.

Todas se han sumado a la revolución de la dignidad y la ciudadanía. Contradicen así los estudios que afirmaban que las mujeres árabes aún no han alcanzado la emancipación y siguen bajo el yugo del patriarcado impregnado de santidad. En realidad, la condición discriminatoria de la mujer explica la adhesión femenina a los movimientos de protesta y confirma la constatación, tras publicarse el primer Informe de Desarrollo Humano en el Mundo Árabe (2002), de que el desarrollo humano en esa región se encuentra sesgado y amenazado, sobre todo debido a la exclusión sufrida por las mujeres, a su pobre acceso a la ciudadanía, a su casi ausencia en la toma de decisiones y al analfabetismo: de los 65 millones de analfabetos en el mundo árabe, dos terceras partes son mujeres.

No obstante, la presencia multitudinaria de las mujeres en la calle no se ha visto acompañada, según algunas corrientes políticas, de un reconocimiento de sus derechos y su ciudadanía. Y es que, tras la euforia de la revolución, la marcha del dictador ha abierto nuevos caminos, múltiples y variados; los discursos que habían desaparecido durante la dictadura debido a la represión se han retomado con más fuerza, claridad y determinación. Aunque algunos apelan a una mayor democracia, laicismo, ciudadanía e igualdad de género, otros preconizan un régimen político basado en la sharia y el califato, institución política religiosa, y ponen en entredicho los principios de la república, entre ellos la libertad de culto y el derecho a la diferencia, la pluralidad política y, en especial, los derechos de las mujeres.

Esta diversidad discursiva es, desde luego, enriquecedora. Si se dan las condiciones para un diálogo franco y objetivo, permitía el diálogo entre las distintas tendencias políticas. Ahora bien, existe el riesgo de que este diálogo invierta la situación, en caso de que corrientes reaccionarias, como Ennahda, movimiento islamista reconocido, ganen terreno. Se trata de la iniciativa más organizada, fuerte y disciplinada del país, tan solo equiparable a los partidos políticos, cuyo número aumenta día tras día (104 reconocidos), pero cuyo discurso aún no está claro, y es incluso limitado en cuanto a igualdad y reconocimiento íntegro de los derechos de las mujeres.

En este contexto político, habida cuenta de las experiencias en otros países árabes, pero también en el momento de la llegada de Zine el Abidine ben Ali en 1987, las mujeres son uno de los objetivos principales de esos regímenes y de los cambios: la historia reciente de Túnez, pero también la de otros países como Argelia, demuestra que cualquier evolución de las sociedades árabes empieza por los derechos de las mujeres. La modernización acomete en primer lugar el estatus de la mujer en la familia, como símbolo del tradicionalismo y del patriarcado.

En Túnez, las autoridades del país independizado en 1956 abordaron la familia, en tanto que núcleo esencial para modernizar la sociedad, siendo el Código del Estatuto Personal (CSP, en sus siglas en francés) el primer texto jurídico que vio la luz destinado a organizar los derechos de la mujer en la familia, antes incluso que la Constitución, para cuya adopción hubo que esperar tres años. En cambio, toda regresión social pasa por el replanteamiento del estatus de las mujeres y la adopción de políticas y leyes retrógradas y discriminatorias. En la actualidad, los peligros se concretan, los derechos de las mujeres se ven gravemente amenazados por un sector de la población adscrito a las interpretaciones más oscurantistas del islam.

Mientras que Ennahda cultiva la ambigüedad, unas veces prometiendo respetar el CSP, otras jurando que el Corán es la Constitución, otras formaciones políticas, entre ellas Ettahrir (partido de la liberación, no reconocido) tratan de imponer el velo e impedir el trabajo femenino fuera de casa, o cantan las excelencias de la poligamia. Al igual que la bandera tunecina, que no dudaron en quemar, para ellos el CSP es un texto a abolir. Esta situación exige una actitud atenta y militante a la hora de preparar nuevos textos jurídicos destinados a regir el país. La Asamblea Constituyente, cuyos miembros deben ser elegidos el 23 de octubre de 2011, redactará la nueva Constitución. Esta nueva dinámica de reforma constitucional representa una ocasión inesperada para las tunecinas de reafirmar su adhesión y sus aspiraciones a una “democracia igualitaria”.

Más allá de los límites de la Constitución anterior en materia de derechos de la mujer

La Constitución tunecina de 1959 es incompleta en cuanto a principios y valores fundadores de los derechos de la mujer, tal vez porque éstas no eran miembros de la Asamblea nacional constituyente que redactó el texto. Sencillamente, se las privaba del derecho a voto y, por consiguiente, del derecho a la elegibilidad.  La falta de referencias al principio de igualdad Es patente que, tras promulgarse, la Constitución no consagró el principio de igualdad de género. Se limitó a afirmar dicho principio en el artículo 6, en virtud del cual “todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes. Son iguales ante la ley”.

Este artículo es de vocación general. Concierne a todos los ciudadanos sin distinción. Podría aplicarse, según la interpretación del juez o de los responsables políticos, a asuntos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, pero también podría no ser relevante, más aún cuando la Constitución incorpora, además de la igualdad de derechos y deberes, la igualdad ante la ley, lo que conlleva la igualdad de trato de los ciudadanos a la hora de aplicarla. Y ello no afecta al contenido de la ley que puede ser discriminatorio y aplicarse sin distinción entre hombres y mujeres. El ejemplo típico es el CSP, que, a pesar de sus indiscutibles logros en cuanto a derechos de las mujeres en la familia, encierra aspectos discriminatorios que hasta ahora ningún legislador ha podido modificar basándose en el artículo 6 de la Constitución.

Como consecuencia, existe un desfase entre legislaciones: las de familia pecan, en ciertos aspectos, de falta de igualdad; las legislaciones políticas y socioprofesionales son igualitarias, basadas en el principio de la no discriminación entre géneros. Así, en el ámbito socioprofesional, destaca la ratificación por parte de Túnez, desde la independencia, de una serie de convenciones que parten del principio de la no discriminación entre géneros. Asimismo, el país adoptó un estatuto de la función pública, precursor, al haberse consagrado desde la independencia. Las modificaciones posteriores del estatuto no lo vulneraron ni modificaron. El texto actualmente en vigor se remonta a 1983.

En el artículo 11, afirma que “Con la salvedad de las disposiciones especiales que exige la naturaleza de las funciones y que puedan adoptarse en este sentido, no se hace distinción alguna entre los dos sexos para la aplicación de la presente ley”. Como puede verse, el legislador empleó el concepto de distinción, en vez de discriminación, tal vez con ánimo de destacar “la diferencia de tratamiento más allá de toda valoración sobre su carácter legítimo o no, y para reservar el término discriminación a las distinciones ilegítimas”. El principio de no distinción se analiza como “una reducción sucesiva de desigualdades, un perfeccionamiento constante de los medios para alcanzar el objetivo de igualdad; ya no se considera, pues, que la igualdad deba ser absoluta… únicamente se prohíbe toda discriminación entre dos individuos que se encuentren en una situación idéntica. Se trata, pues, de una desigualdad por categoría”.

En principio y en virtud del artículo 11 del estatuto, la diferenciación basada en el género es ilícita. Se trata de recuperar un equilibrio a menudo roto en beneficio de los hombres, así como de permitir a las mujeres adquirir las calidades reconocidas a los hombres. El Código laboral también ha consagrado el principio de no discriminación de género. En 1993, se incorporó el artículo 5 bis según el cual “no puede discriminarse entre hombre y mujer al aplicar las disposiciones del presente código y de los textos en que se basa su aplicación”. Esta es una gran novedad en la legislación laboral. El artículo no solo enuncia el principio de no discriminación y confirma su aplicación en el ámbito de todas las disposiciones del Código, sino que, a diferencia del artículo 11 del Estatuto del Funcionariado, no deja espacio a las derogaciones.

Ello nos permite afirmar que, entre 1968 y 1993, el legislador experimentó una evolución; sin embargo, lo más destacado es la adopción del concepto de discriminación en vez de distinción, conforme a los principios de Naciones Unidas, prohibiéndose toda posibilidad de discriminación en nombre de la no discriminación.

-Los derechos de la mujer en la Constitución tunecina: el reconocimiento indirecto

En ningún momento se mencionan los derechos de las mujeres, a diferencia de otras constituciones árabes que reconocen varios aspectos, entre ellos los derechos políticos o los de la familia. En Marruecos, el artículo 8 de la antigua Carta Magna establece que “El hombre y la mujer gozan de derechos políticos iguales. Son electores todos los ciudadanos mayores de edad de los dos sexos que gozan de sus derechos civiles y políticos”. La nueva Constitución, aprobada por referéndum el 1 de julio de 2011, reconoce en el artículo 30 el derecho de voto y elegibilidad a todas las ciudadanas y ciudadanos.

Asimismo, dispone que la ley debe prever disposiciones destinadas a favorecer el acceso igualitario de hombres y mujeres a las funciones (públicas) electivas. En Argelia, la modificación de la Carta Magna en 2008 introdujo un artículo 31 bis que reconocía los derechos políticos de la mujer. En la Constitución egipcia, se hace referencia esencialmente al estatus de la mujer en la familia. Por contra, en Túnez los derechos de las mujeres no cuentan con consagración constitucional directa.

Su presencia fue, en un primer momento, indirecta, tras la revisión constitucional de 1997, que introdujo la referencia a los principios relativos al estatus personal en el marco de los principios que deben respetar los partidos políticos, en las mismas condiciones que los valores de la República y los derechos humanos. Este es el propósito del párrafo 3 del artículo 8, pero el enunciado de dichos principios sigue siendo lacónico: la Constitución no los identificó o bien no adoptó los principios igualitarios. Al contrario: tan amplia formulación lleva a creer que la Constitución adoptó todos los principios, ya fueran de carácter igualitario o discriminatorio, para atribuirles valor constitucional.

Asimismo, desde la revisión constitucional de 2002, constan en el marco del artículo 5, párrafos 1, 2 y 3, con la novedad siguiente: “La República de Túnez garantiza las libertades fundamentales y los derechos humanos en su acepción universal, global, complementaria e interdependiente. La República de Túnez tiene como fundamento los principios del Estado de derecho y del pluralismo, y obra en pro de la dignidad del hombre y el desarrollo de su personalidad. El Estado y la sociedad inculcan los valores de la solidaridad y la tolerancia entre los individuos, los grupos y las generaciones”. Esta disposición es importante, ya que constituye una referencia a los derechos humanos según se reconocieron y proclamaron en la Conferencia Internacional de Viena sobre los derechos humanos de junio de 1993.

Se afirmaba la universalidad, globalidad, complementariedad e interdependencia de los derechos humanos, pero era demasiado general. No retomó todo el acervo de la Declaración de Viena, según la cual los derechos humanos corresponden tanto a hombres como a mujeres y niñas. Por ello, así como para elevar todos los derechos de las mujeres a la categoría de norma constitucional y protegerlos de posibles retrocesos legislativos, debe replantearse el lugar de las mujeres en la futura Constitución.

Principios y derechos a integrar en la Constitución

Para dar respuesta a las aspiraciones de las mujeres a la ciudadanía, dignidad e igualdad de género, habría que empezar por consagrar el principio de no discriminación entre los sexos, así como reconocer los derechos de las mujeres en todas las esferas.

-La consagración institucional del principio de no discriminación entre los sexos

Este principio constituye hoy un pilar de todas las normas internacionales, así como un instrumento eficaz de realización de los derechos que dichas normas enuncian.

Representa la más clara expresión de la universalidad, lo que implica que no se tendrá en cuenta ninguna diferencia a la hora de reconocer los derechos a las personas. Usado en lugar de igualdad, el término no discriminación simboliza, según Patrice Meyer-Birsh, “el aspecto prescriptivo más evidente de la igualdad… (que) no puede tomarse en un sentido ni demasiado material ni demasiado individualista, y que supone incluirla en una dinámica que la orienta al bien común: la dignidad humana”. En ese sentido, el principio de no discriminación puede analizarse como una manifestación, e incluso un sustituto de la dignidad humana, que es la primera cualidad de la persona e implica el respeto al ser humano por el propio hecho de pertenecer a la especie humana, más allá de todo condicionamiento extrínseco.

En los textos internacionales sobre derechos humanos, la dignidad se contempla como la raíz de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, pero también es, en virtud del artículo I de la Declaración Universal, un derecho humano: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos…”. Así entendendido, el principio de no discriminación entre los sexos, reforzado por la dignidad humana, constituirá una evolución del principio de la igualdad entre los sexos, tal como aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los dos pactos internacionales relativos a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, cuyo desarrollo se ha visto determinado por la concienciación sobre la existencia de discriminaciones contra la mujer y la necesidad de eliminarlas.

La igualdad pasa a ser entonces una finalidad, un objetivo a lograr mediante la ilegalización de las discriminaciones incompatibles con la dignidad humana, el bienestar familiar y social, que impiden a las mujeres participar en la vida política, social, económica y cultural de su país y frenan el desarrollo y la paz. Esta referencia se inspira en las convenciones internacionales adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificadas por el gobierno tunecino.

La plasmación constitucional del principio de no discriminación entre sexos debe consolidarse mediante la constitucionalización de otros principios.

-Acompañamientos de la plasmación constitucional del principio de no discriminación

La afirmación constitucional del principio de no discriminación entre los sexos le otorgará el mismo valor jurídico de que gozan todos los principios consagrados en la Constitución y la propia Constitución. Este principio se convertirá, por consiguiente, en principio fundador, tanto para la consagración de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos y ciudadanas como para la adopción de las legislaciones y decretos.

Estos deberán, si no conformarse a dicho principio, ser compatibles con él, so pena de caer en la inconstitucionalidad. A partir de ese momento, la no discriminación se considerará “un principio estructurador de la República”. La constitucionalización del principio de no discriminación debe completarse con la consagración del derecho a la dignidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, en aras de la protección de la integridad física, moral y sexual de la persona, tal como consta en varias constituciones, en particular en los regímenes de transición democrática, como es el caso de España y Portugal.

En el mundo árabe, es interesante destacar que la referencia a la dignidad difiere entre una y otra Constitución. Hay constituciones, redactadas en los primeros años de la independencia, que ignoran la dignidad o la mencionan en el preámbulo, o bien en el trato a los ciudadanos respetando su dignidad; así sucede con la Carta Magna egipcia, la argelina o la de los Emiratos Árabes Unidos. Otros textos más recientes reconocen a los ciudadanos la igualdad en la dignidad humana; es el caso de la constitución de Bahrein, cuyo artículo 18 afirma la igualdad entre los ciudadanos en la dignidad humana, así como la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sin discriminación alguna.

-Reconocimiento de todos los derechos humanos a las mujeres

Tras la plasmación constitucional del principio de no discriminación de género y de los principios que lo acompañan, deberían constitucionalizarse todos los derechos humanos. En este sentido, podemos retomar las disposiciones del artículo 5 de la anterior Constitución, según el cual “la República de Túnez garantiza las libertades fundamentales y los derechos humanos en su acepción universal, global, interdependiente y complementaria”. No obstante, habría que añadir otro párrafo que afirme que los derechos de las mujeres forman parte integrante de los derechos humanos.

Por consiguiente, los derechos humanos de las mujeres basados en el principio de no discriminación entre los sexos abarcarán todas las esferas públicas y privadas, empezando por la familia, que sigue sometida al yugo del patriarcado discriminatorio, hasta llegar al espacio político o cultural. Así, estos derechos constituirán una unidad indivisible e interdependiente. La indivisibilidad permite evitar la fragmentación de los derechos, así como la afirmación prioritaria de una serie de derechos en detrimento de otros.

De resultas de la interdependencia de todos los derechos humanos, el fomento de una categoría no exime al Estado, en ningún momento, del fomento de otras categorías de derechos. Asimismo, la no discriminación entre los sexos debe ir de la mano de la consagración de los principios humanos universales en los que se basan las legislaciones. También deben acompañarla la separación de lo político y lo religioso, y la constitucionalización clara de los principios igualitarios del CSP, para poner fin al equívoco que caracterizaba la anterior Constitución y que han adoptado todos los principios del CSP; dicho de otro modo, tanto los que parten de la discriminación como los igualitarios. Debe verse completada por la afirmación constitucional del principio de la igualdad en la ley y no solo por la igualdad ante la ley.

Por otro lado, deben activarse mecanismos jurídicos, como la identificación constitucional de la discriminación conforme a las convenciones internacionales y especialmente la convención internacional relativa a la eliminación de toda forma de discriminación de las mujeres, cuyo primer artículo define la discriminación. En esta misma senda, la Constitución futura debe constitucionalizar la paridad entre los sexos al estilo de la nueva Carta Magna marroquí. Hasta la fecha, en Túnez la paridad solo afecta a las elecciones de la Asamblea Constituyente del 23 de octubre de 2011, en lo que respecta a la presentación de candidaturas. El otorgar a la paridad valor constitucional se inscribe en la consagración de la no discriminación entre los sexos y permite aplicarla en todos los dominios de ejercicio de la ciudadanía.

Asimismo, es conveniente dotar de alcance general a este principio, para que llegue a todos los estadios de la vida política, sindical, asociativa y profesional. El último mecanismo jurídico a adoptar para hacer realidad la no discriminación corresponde a la reorientación de la superioridad de las convenciones internacionales debidamente ratificadas por Túnez con respecto a las leyes internas, tal como constaba en las disposiciones del artículo 32 de la antigua Constitución. La supralegalidad de las convenciones internacionales obligará al Estado a garantizar su respeto, así como a revisar las leyes y todos los textos jurídicos inferiores.

Además de los mecanismos legales, interesa crear, en las disposiciones de la Constitución, instituciones que protejan el principio de no discriminación, como un mediador por la igualdad y un tribunal constitucional, una autoridad superior independiente para controlar y preservar los principios, derechos y garantías enunciados en la Carta Magna. Puede que, con ello, logremos eliminar las legislaciones discriminatorias, así como hacer realidad la democracia igualitaria y la ciudadanía efectiva, aspiraciones de las mujeres tunecinas.