La región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) tiene los niveles de libertad de expresión más bajos, y siguen disminuyendo año tras año a medida que los gobiernos buscan nuevas formas de restringir la palabra y castigar la crítica. La intrusión del Estado se extiende al arte y el cine, los libros y los medios de comunicación digitales. Los gobiernos de la región emplean medios legales, políticos, económicos y tecnológicos para restringir la libertad de expresión dentro de sus fronteras y, en ocasiones, incluso más allá. La violencia y los ataques contra periodistas en Irak, Irán, Egipto, Argelia, Túnez, Líbano, entre otros, contribuyen a crear una atmósfera de autocensura que erosiona aún más la ya precaria situación de libertad de expresión.

Aunque la mayoría de los Estados garantizan este derecho en sus constituciones, las excepciones relativas a la “protección” de las sensibilidades nacionales, culturales o religiosas rebaja ese noble lenguaje. Además, los códigos penales criminalizan la difamación, el libelo, el insulto, la blasfemia y otros discursos que limitan la expresión y alimentan la autocensura. Los periodistas independientes y de la oposición son los que más sufren ataques y se ven sometidos a procesos legales. Incluso si un tribunal termina revocando las sentencias de cárcel, a menudo mantiene unas elevadas multas que paralizan económicamente los medios. El golfo Arábigo sigue siendo la zona más represiva, y Arabia Saudí se sitúa a la cola de los principales índices de libertad de prensa, como los de Freedom House y Reporteros Sin Fronteras. Qatar, sede de Al Yazira, una de las cadenas más libres y profesionales de la región, restringe no obstante la capacidad del canal para informar sobre el Estado qatarí de un modo más crítico.

La dimisión del fundador de Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard, como jefe del Centro de Doha para la Libertad de los Medios de Comunicación, junto con tres ejecutivos de alto rango, por problemas con la libertad editorial y los recursos, ha reforzado la idea de que Qatar sólo valora el debate serio cuando se dirige hacia fuera de sus fronteras. De modo similar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), en concreto Dubai y Abu Dhabi, han competido por atraer los medios de difusión, las instalaciones de producción y los programas universitarios hacia sus “zonas libres para los medios de comunicación”. Éstas, sin embargo, son zonas libres de las cargas económicas que suponen algunos impuestos y protecciones a los empleados, más que zonas de libertad de expresión.

En Egipto, el editor independiente Hisham Kassem ha sido encarcelado repetidas veces por su actitud desafiante, mientras en EAU los medios de comunicación se abstenían por completo de cubrir las acusaciones de tortura de un miembro de la familia real, escenas que fueron grabadas en vídeo y que coparon los titulares en el resto del mundo. Pero incluso en las sociedades más abiertas, como Líbano y Jordania, las restricciones de la libertad de expresión, los requisitos de autorización y las leyes sobre difamación y calumnia sirven para limitar la libertad de los medios con la esperanza de influenciar, o incluso controlar, la opinión pública. En países más autoritarios y cerrados como Arabia Saudí y Siria, hay estrictas restricciones de la libertad de comunicación y de expresión que permiten duros castigos, entre ellos el encarcelamiento, por transgredir las leyes o las normas de una conducta aceptable. De modo que, en Oriente Medio, los periodistas se convierten en una vía de transmisión del poder estatal y sus hegemónicos mensajes, a menos que estén dispuestos a arriesgar su seguridad y libertad personales traspasando las “líneas rojas” del Estado.

La blasfemia

Las leyes contra la blasfemia son un ámbito en el que Oriente Medio es especialmente duro y restrictivo. Arabia Saudí, Irán, Egipto, Argelia y casi todos los demás países de la región imponen penas criminales por las expresiones blasfemas. Las leyes suelen ser vagas y a menudo las usan gobiernos y extremistas para castigar a sus detractores o a musulmanes cuyas opiniones no coinciden con la versión oficial del islam, para restringir los derechos de las minorías religiosas o las sectas musulmanas no mayoritarias, y tienen un efecto paralizante sobre la libertad de expresión. En Arabia Saudí, por ejemplo, está permitido aplicar la pena de muerte a los culpables de blasfemia.

La crisis de las caricaturas de Mahoma en 2005 es uno de los ejemplos más claros de los distintos puntos de vista y protecciones de la libertad de expresión que existen en Oriente Medio y Occidente. Personas de todas las tendencias políticas y religiosas de Oriente Medio protestaron clamorosamente por la publicación de 12 caricaturas que representaban al profeta Mahoma o símbolos islámicos en el periódico danés Jyllands-Posten, a pesar de que muchos ni siquiera las habían visto. En todo el mundo estallaron violentas protestas cuando la publicación vio la luz y embajadores de casi una docena de países de mayoría musulmana instaron al gobierno danés a tomar medidas contra los infractores. Pero éste respondió que no tenía ninguna posibilidad de influir en la prensa y que los ofendidos tendrían que emplear los canales legales para emprender acciones contra el periódico.

En las semanas, meses e incluso años siguientes, periódicos de Occidente y el resto del mundo volvieron a publicar las caricaturas en solidaridad con los dibujantes y directores daneses, que se vieron sometidos a continuos ataques. En Oriente Medio, la gente respondió de diversas formas, desde las protestas violentas y los ataques contra las embajadas danesas en varios países, hasta la organización de un concurso de viñetas sobre el holocausto en Irán, a modo de competencia. Muchas personas, por supuesto, no hicieron nada, aunque al parecer todo el mundo ha oído hablar de la controversia y cree que dicha publicación fue un error. La razón que se suele dar es que publicar esas caricaturas fue una falta de respeto. Pero en ningún punto del derecho Internacional ni de las tradiciones canónicas occidentales se afirma que el respeto sea una condición previa para la libertad de expresión.

Internet amplía la esfera pública

La regulación sobre la comunicación se centra en el concepto de esfera pública, y desde que Aristóteles expuso la teoría de que la esfera pública es un entorno deliberativo para tomar decisiones colectivas basándose en el libre intercambio de opiniones públicas, la esfera pública ha sido un ideal situado en el núcleo de la teoría política democrática. Pero también los Estados no democráticos tienen un espacio comunicativo público, y son el surgimiento y la arquitectura de la esfera pública los que ayudan a determinar el nivel de libertad de expresión en una sociedad determinada.

Los medios de comunicación por satélite árabes, por ejemplo, han intentado abrir la esfera pública a los ciudadanos del mundo árabe mediante programas en los que el público participa a través de llamadas, con más información sobre la gente de a pie en vez de limitarse a los responsables políticos, a través de mensajes de texto y con un énfasis general en llevar las voces de los ciudadanos árabes a los medios de comunicación. Y, por supuesto, Internet ha redefinido radicalmente la esfera pública para los ciudadanos de Oriente Medio que disfrutan de un acceso regular a la Red. Con el surgimiento de las formas directas y sin filtros de acceso y participación pública que ofrecen Internet y los teléfonos inteligentes, los ciudadanos pueden participar directamente en la esfera pública y expresarse de un modo directo que había sido casi imposible desde la llegada de los medios de comunicación tecnológicos comerciales.

Gracias a canales como blogs y redes sociales, los ciudadanos están recuperando la posibilidad del diálogo como componente clave de una esfera pública funcional a la vez que se comunican directamente con otros interlocutores. Sin embargo, este diálogo suele producirse a escala supranacional, fuera del alcance de ningún Estado concreto. Los blogueros son los más castigados por la represión estatal, ya que también suelen ser activistas. En Egipto, Túnez, Bahrein y Arabia Saudí, los gobiernos han puesto en su punto de mira sobre todo a los blogueros, cuyo discurso sin filtros y a menudo subversivo ha despertado un especial rencor entre los monarcas y presidentes vitalicios.

Egipto, Irán, Arabia Saudí, Siria y Túnez aparecen sistemáticamente en la lista de los mayores “enemigos de Internet” de Reporteros Sin Fronteras. Algunos países, como Arabia Saudí y Túnez, filtran todo el tráfico mediante un único nodo de censura gubernamental, mientras que en Líbano y Egipto, Internet no se censura directamente aunque el gobierno ejerce a veces presión sobre los proveedores privados para bloquear de forma temporal sitios web concretos, como el de los Hermanos Musulmanes. La protección de la moral y los valores sociales, junto con la seguridad nacional, son excusas que usan con frecuencia estos gobiernos para bloquear el acceso a determinadas web. Existe un movimiento para bloquear Facebook y las redes sociales en varios países de Oriente Medio, basándose en su supuesta indecencia. Aunque las protestas contra los cierres temporales, como el que se produjo en Túnez en 2009, han desatado tanta cólera ciudadana que el propio presidente tuvo que anular la prohibición temporal.

La plataforma para compartir fotos Flikr y los servicios de VOIP como Skype están bloqueados en gran parte del golfo Arábigo, incluso en las zonas libres para los medios de comunicación, supuestamente por la preocupación ante la pornografía, aunque la prohibición de VOIP podría tener más que ver con la protección de las empresas de telecomunicación estatales. EAU restringe el acceso al nombre de dominio “.il” de Israel, así como todas las llamadas a ese código de país. Las peticiones presentadas por EAU, Arabia Saudí, Túnez, Egipto, Líbano y una lista cada vez mayor de países para acceder a los flujos de datos codificados enviados mediante BlackBerry se han centrado en gran medida en asuntos de seguridad nacional. Pero, aunque algunas de estas inquietudes puedan ser válidas, también son poco sinceras. El anuncio de EAU se producía justo unos días después de que un grupo de jóvenes activistas tratase de organizar mediante BlackBerry Messenger una manifestación pacífica contra la subida de los precios del petróleo.

Arabia Saudí, que detiene con frecuencia a blogueros, periodistas y posibles activistas, siguió sus pasos rápidamente. Los mensajes de texto se han convertido en una herramienta clave para que los activistas digitales organicen, coordinen y den publicidad a sus campañas. Una y otra vez hemos visto la capacidad que tienen los teléfonos inteligentes para conferir poder a los reformistas, desde las disputadas elecciones de Irán en 2009 hasta la Primavera de la reforma de Egipto en 2005, pasando por la llamada Revolución de los Cedros de Líbano. Las elecciones son momentos malos para la libertad de expresión en la región, como han puesto de manifiesto los casos de Argelia, Irán y Túnez en 2009. A la prensa se le tapa habitualmente la boca en el periodo que precede a las elecciones e incluso al principio de las mismas, que con frecuencia están plagadas de acusaciones de fraude y corrupción. Y ahora que Egipto se prepara para las elecciones en noviembre, la campaña contra la libertad de prensa ya se ha puesto en marcha.

A los blogueros se les intercepta cada vez más en el aeropuerto, que parece ser uno de los nuevos escenarios preferidos por el gobierno para intimidar a los ciberdisidentes y activistas. Se ha impedido que entren o salgan, y sus ordenadores, teléfonos y documentos han sido confiscados siguiendo un patrón de detención ilegal y de negación de un proceso apropiado. Ampliar el acceso a Internet y a los teléfonos móviles es un imperativo del mundo globalizado del siglo XXI, de modo que, aunque muchos gobiernos regionales se esfuercen por restringir lo que sus ciudadanos pueden decir o hacer en la Red, admiten no obstante que deben facilitarles la posibilidad de estar conectados mediante la tecnología de comunicación y de la información más importante de esta era.

Y aunque algunos han afirmado que la globalización es el prólogo del declive del poder estatal, los Estados siguen dominando las estructuras legales y reguladoras del sistema de los medios de comunicación y desempeñan una función desproporcionadamente poderosa en el ámbito financiero, en una región donde la publicidad es mucho menos sólida que en el resto del mundo.

Publicidad, medio para controlar a la prensa

Oriente Medio gasta en publicidad una fracción de lo que gasta Occidente y, dado que muchos sectores están dominados por el Estado o controlados por intereses comerciales que simpatizan con los regímenes en el poder, el Estado ejerce una influencia económica importante en los medios de comunicación. Los Estados de la región emplean medios económicos para influenciar y censurar la prensa, esgrimiendo las subvenciones estatales y los presupuestos para publicidad del Estado con los que disuaden a la prensa de ser crítica. A pesar de todo, los gobiernos de la región también tienen que encontrar un equilibrio entre su deseo de control y su interés por atraer las inversiones y respaldar el sector de los medios de comunicación nacionales.

La proliferación de nuevas “ciudades de los medios de comunicación” en Abu Dhabi, Dubai, Egipto y Líbano, y en otros lugares donde ya están previstas, ha obligado a estos gobiernos a decidir qué leyes aplicar a cada tipo de medio de comunicación y cómo hacerlo. Por lo general, se ha otorgado una mayor libertad a la televisión por satélite y a los medios de comunicación extranjeros que trabajan en estas “ciudades de los medios”, a la vez que se han mantenido las restricciones impuestas a los nacionales y locales. En el siglo XXI, un mercado de los medios de comunicación más competitivo ha obligado a los gobiernos de Oriente Medio a enfrentarse a la existencia de puntos de vista alternativos a los de los medios terrestres de propiedad estatal y a las representaciones transnacionales de sus políticas.

Los gobiernos árabes ya no tienen un “público cautivo”, puesto que las antenas parabólicas y la conexión a Internet han proliferado. Nada menos que el 89% de las familias árabes de Arabia Saudí tiene televisión por satélite. La competencia interárabe entre los canales vía satélite ha hecho que ahora haya competencia interárabe entre los inversores en medios de comunicación, así como entre los gobiernos que quieren ampliar su influencia en la región y atraer a públicos fuera de sus territorios. Arabia Saudí, en particular, ha descubierto que los medios de comunicación son una herramienta útil para ejercer su liderazgo en la comunidad de los fieles y, por este motivo, es uno de los mayores inversores en nuevas tecnologías de la comunicación, si no el mayor.

El interés de los gobiernos autoritarios por mantener el control sobre la opinión pública, la radio y televisión a fin de conservar el apoyo editorial a las políticas restrictivas también entra en conflicto con los anunciantes que, aparentemente, quieren acceder al público a través de canales que se consideren legítimos y que interesen a los consumidores. Sin embargo, las restricciones que pesan sobre las transmisiones terrestres y la propiedad de los medios de comunicación se consideran un posible factor limitador de los ingresos. Egipto es un ejemplo ilustrativo de un gobierno que intenta atraer a los inversores hacia una zona libre para los medios de comunicación proporcionándoles recursos e instalaciones, pero que luego restringe las transmisiones terrestres y la privatización.

El Estado no ha estado por la labor de vender sus canales terrestres o vía satélite, lo que conlleva una pérdida de ingresos y posibles beneficios para los inversores, motivo por el cual se han echado atrás. Hasta que los gobiernos superen su ambivalencia hacia el control, será difícil conservar las inversiones en el sector de los medios de comunicación. Sin embargo, aquellos gobiernos que han renunciado al control con el fin de atraer las inversiones probablemente se beneficiarán, en detrimento de sus vecinos más comedidos, y obtendrán una ventaja competitiva que podría tener un efecto dominó para la liberalización regional, si los gobiernos ven que les interesa competir por un entorno que sea lo más libre posible para los medios. A pesar de todo, el control estatal de la radio y la televisión es algo que tienen en común todos los países MENA, que han construido sus propios sistemas de televisión terrestre y muchos tenían estaciones terrestres de enlace con los satélites a mediados de los años setenta.

En Oriente Medio, los gobiernos se han servido habitualmente de los medios de comunicación de propiedad estatal para retratar sus regímenes de un modo determinado. Dado que los regímenes autoritarios y patrimoniales dependen de una mezcla de coacción y consentimiento para mantenerse en el poder, los medios de comunicación, especialmente las emisoras de radio y televisión, tratan de fabricar dicho consentimiento reflejando el programa de quienes tienen el poder. Así, en casi todos los países de la región, criticar a las autoridades es ilegal y punible mediante multas y penas de cárcel. Tampoco hay ningún país de Oriente Medio, a excepción de Israel, que haya adoptado la libertad de información o el acceso a las leyes sobre información. Al Yazira, el primer canal de noticias de 24 horas panárabe, que empezó a emitir en 1996, alteró indeleblemente el panorama de los medios de comunicación en Oriente Medio, al desafiar a los gobiernos regionales (con la excepción del de su país, Qatar) y aumentar las expectativas del público.

El periodismo desafiante de la cadena, unido a una programación y un estilo visual modernos y sofisticados, atrajo a una audiencia aburrida por la mediocre oferta de la televisión estatal. Los periodistas, a su vez, tuvieron que enfrentarse a una mayor competencia, ya que Al Yazira y sus seguidores elevaron el listón. Han surgido cientos de proveedores de entretenimiento y noticias vía satélite, cadenas de radio y sitios de Internet destinados a una audiencia que puede alcanzar los 300 millones de personas, repartidas por 22 Estados en los que el avance de la telefonía móvil sigue creciendo exponencialmente, aun cuando el avance de Internet continúa inalterable.

El impacto de este cambio de distribución de la libertad de expresión en la región MENA pone de relieve la visibilidad, credibilidad e inmediatez, y no ha hecho más que empezar a medida que los periodistas siguen excediendo los límites de su profesión. Un periodismo cada vez más profesional y el acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación contrarrestan las técnicas de censura que los agentes estatales y no estatales de la región emplean para restringir la libertad de expresión y que contribuyen a la autocensura y al cierre de las fronteras. Los canales de noticias difunden a través de las ondas imágenes de jóvenes manifestándose, mientras que los relatos multimedia de la brutalidad oficial aparecen en Internet casi en el acto.

Ante la presión de unos ciudadanos que pueden formarse sus propias opiniones usando la información procedente de una amplia variedad de medios de comunicación, los gobiernos de la región MENA están perdiendo el férreo control sobre los sistemas de comunicación nacionales del que gozaban antes de la proliferación de la televisión por satélite, Internet y los teléfonos móviles. La globalización, las presiones en favor de la liberalización y la desregulación, las exigencias de cambios políticos y sociales que emanan del aumento de la participación ciudadana en la esfera pública mediante los blogs y la programación interactiva de las cadenas vía satélite han contribuido a crear una nueva lógica de competencia que es la antítesis del control y la censura estatales.