La cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, piedra angular de cualquier construcción democrática, es en todas las regiones del mundo, y también en el Mediterráneo, un criterio esencial para determinar el grado de evolución de las sociedades y su nivel efectivo de democratización. En el espacio euromediterráneo, en mayor medida que en la mayoría de otras regiones del planeta, la cuestión de la igualdad de género cristaliza las tensiones y atrae la atención, ya que esta región consagra, de hecho, el encuentro/oposición de modelos de sociedades, de opciones culturales o de civilización.
Desde el inicio del Proceso de Barcelona y la libre aceptación, por parte de todos los estados implicados, de una referencia común a los valores democráticos, al Estado de derecho y al respeto de los derechos humanos, la exigencia de igualdad —que forma parte incontestable de los derechos humanos— se ha encontrado, en la práctica, con lecturas distintas (más o menos declaradas o confesadas) y ha dado lugar a múltiples interpretaciones. En la realidad, tal y como subrayan todos los informes y conclusiones de los foros civiles desde 1995, la situación de las mujeres en la región ha evolucionado relativamente poco.
Aun a riesgo de incurrir en una generalización que deforme forzosamente las especificidades propias de cada una de las sociedades mediterráneas, se puede decir que las tendencias son muy acentuadas. A este respecto, no podemos por menos que subrayar la opinión de las participantes en el Foro Civil de Luxemburgo de abril de 2005: «Siempre privadas de la igualdad de derechos en muchos países del Partenariado, ciudadanas de segunda clase, expuestas a la violencia doméstica y a la violencia social, y confrontadas a lógicas de impunidad, las mujeres de los países de las orillas sur y este del Mediterráneo se encuentran hoy en una situación no de igualdad, sino de desigualdad en cuanto a derechos y condiciones de vida.
Además, en muchos países europeos las mujeres ven que una parte de sus conocimientos se ponen en tela de juicio, ya sea debido a la subsistencia de estructuras patriarcales (desigualdad de salarios, desigualdad en el acceso a cargos de responsabilidad), ya sea por causa de políticas conservadoras y la presión que no dudan en ejercer los grupos reaccionarios. En cuanto a las emigrantes, se hallan sometidas a una doble limitación. Excluidas, al igual que los hombres emigrantes, de una ciudadanía de residencia, se ven expuestas al mismo tiempo a las presiones comunitarias, atrapadas por la lectura unívoca de unas tradiciones de las que deben ser garantes puesto que ellas son su símbolo». Es de destacar, además, que la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres se debate entre quienes, revistiéndose de un realismo más o menos circunstancial, consideran que se trata más bien de un horizonte a largo plazo y quienes, basándose en unas verdades universalistas —por otra parte, indiscutibles—, exigen su aplicación inmediata.
Es innegable que en numerosos países las legislaciones han evolucionado mucho, pero también es innegable que la instauración de los nuevos derechos no ha ido siempre acompañada de cambios en la práctica. Y lo que es peor: los conocimientos de las mujeres siguen siendo precarios y a menudo se ponen en tela de juicio. Así pues, ¿debemos conformarnos con el statu quo? Desde luego que no, pero ¿hay que lograr nuevos derechos o bien debemos emprender acciones para que las mentalidades y las prácticas evolucionen al mismo ritmo que los textos? Como todos los que creen en la pertinencia de la perspectiva euromediterránea, pensamos que ya es hora de situar la cuestión de la igualdad en el centro de las preocupaciones que guían el funcionamiento de la cooperación entre los países de la región.
El Partenariado Euromediterráneo, que se ha tomado muchas libertades (por no decir algo peor) con sus principios fundacionales (sobre todo en materia de respeto de los derechos humanos, desarrollo sostenible, diálogo entre los pueblos, paz, etc.), debe hacer de esta cuestión, con toda claridad, una de sus principales prioridades. Se trata de un tema clave para el futuro de la región, en el que debe implicarse claramente la responsabilidad de los estados, así como la de los actores de la sociedad civil. Hoy día nadie puede pensar que las reformas democráticas y la aplicación de medidas que conduzcan a profundos cambios sociales son sólo competencia de los estados. Las sociedades civiles, ya sean desarrolladas o emergentes, ya sean libres o sometidas, son la piedra angular del desarrollo social, cultural y político en toda la región, especialmente en la orilla sur del Mediterráneo. Y eso se aplica especialmente a la lucha por la igualdad.
Por nuestra parte, estamos convencidos de que no podrá haber un progreso en la región sin efectuar avances significativos en el camino hacía la abolición de todas las formas de discriminación de que son objeto las mujeres en numerosos países de la región; en el Sur, sin lugar a dudas, pero no únicamente. Si queremos lograrlo, debemos actuar —todos juntos y cada uno en su nivel de responsabilidad— para que evolucionen las legislaciones, así como las mentalidades y los actos. En este sentido, asumimos la lucha librada por las organizaciones internacionales de derechos de las mujeres con el fin de conseguir que los estados árabes levanten las reservas que formularon a la hora de ratificar la convención internacional sobre la eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres (CEDAW), y de ratificar el protocolo facultativo indispensable para su aplicación Es más: debemos incidir en las realidades concretas de nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestras empresas o nuestras instituciones.
Para ello es necesario definir unos objetivos, fijar unos métodos de seguimiento y evaluación de los progresos logrados, y asignar unos recursos; en una palabra, debemos poner en marcha unos planes de acción. Esos planes de acción deben ser meditados, concebidos y aplicados junto con los actores de la sociedad civil, que constituyen el mejor enlace con la población y los agentes más próximos a las realidades de cada uno de los países de la región. Por tal motivo dimos nuestro apoyo a la celebración de la Conferencia Euromediterránea de Rabat en junio de 2006, pese a las dificultades que surgieron, sobre todo por los límites que se impusieron, por parte de unos u otros, a una plena y total implicación de los actores de la sociedad civil autónoma. Ya es hora de convenir que la región mediterránea no es más reacia que otras al progreso y la democracia. Su historia y sus ancestrales civilizaciones contribuyeron en gran medida a la creación de unos valores universales aceptados —o que deberían ser aceptados— en todo el mundo. Forma parte integrante de éstos el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, un respeto que la democracia y el Estado de derecho deberían garantizar.
Sin embargo, ¡sin las mujeres no puede haber democracia ni progreso! Por eso, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los pilares de la lucha por la democracia y la justicia social. Desde luego, es evidente que debemos precavernos contra todo tipo de simplificaciones reduccionistas y portadoras de fórmulas mágicas que nada tienen que ver con las realidades existentes en nuestras sociedades. La complejidad, por ejemplo, de las situaciones en que debemos incidir no puede abordarse adecuadamente con visiones maniqueas que hacen del Sur el único objetivo de nuestra lucha por la igualdad: los progresos se deben perseguir y lograr en ambas orillas del Mediterráneo. Asimismo, es evidente que, desde el momento en que tenemos en cuenta la diversidad de situaciones, debemos aceptar una diferenciación en los ritmos y avances previsibles. En este sentido, nuestra lucha común debe alimentarse de los progresos conseguidos en cada uno de los países implicados.
Las legislaciones avanzadas —como es el caso de Túnez, por ejemplo, los valientes progresos iniciados en Marruecos o Jordania, y la innovación y la pertinencia de la iniciativa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respecto a la violencia contra las mujeres— deberían constituir, de algún modo, nuestro patrimonio común y servirnos de modelo para mejorar nuestras legislaciones y prácticas. En resumen, como se ha podido ver, el tema de la igualdad de género constituye para nosotros, los actores de la sociedad civil, una de las prioridades absolutas de nuestra acción.
Por este motivo esperamos que la próxima conferencia de Estambul, que en noviembre de 2006 reunirá a los ministros responsables de esta cuestión de los 35 países, adopte unas resoluciones prácticas y concretas, y consiga trazar un auténtico plan de acción (con objetivos precisos, cuantificables y evaluables, y con medios adecuados) para los años venideros. Hagamos lo posible para que, todos juntos, dentro del respeto a nuestra diversidad y nuestras diferencias, consigamos trascender nuestras especificidades con el fin de que muy pronto, en los textos y en los hechos, la mujer sea simple y llanamente igual al hombre. No hay ningún ideal más noble. No hay ningún valor universal más urgente.