Las migraciones femeninas y la internacionalización de la reproducción social. Algunas reflexiones

Sònia Parella

Socióloga, Universidad Autónoma de Barcelona

El espectacular e imparable aumento de la demanda de mujeres inmigrantes para llevar a cabo el trabajo reproductivo en las sociedades occidentales muestra otra de las caras de la división internacional del trabajo y deja constancia indeleble de un trasvase de desigualdades de clase y etnia entre mujeres. La feminización actual de los flujos migratorios se debe, fundamentalmente, a una transferencia de cargas reproductivas desde las mujeres autóctonas con cualificación, que se incorporan masivamente al mercado de trabajo y no pueden seguir realizando y gestionando en exclusiva el volumen total de trabajo doméstico y familiar, hacia las mujeres de origen inmigrante. Estas «otras» mujeres precisan ingresos económicos para subsistir y, a menudo, se ven obligadas a dejar a sus familias en sus países de origen y, muy a su pesar, a desatender sus propias cargas familiares para poder emigrar en solitario. Luchar por vencer el destino y aspirar a ofrecer un futuro mejor para sus hijos les compensa tanto dolor y desarraigo.

Efectivamente, el trabajo doméstico remunerado no es algo nuevo. Todas y todos tenemos muy cercano el referente del servicio doméstico tradicional, nutrido principalmente de mujeres jóvenes procedentes de áreas rurales. Sin embargo, la masiva demanda actual de este tipo de trabajadoras tiene mucho que ver con los cambios sociodemográficos, culturales y económicos acontecidos en las últimas décadas en las sociedades occidentales. De todas estas transformaciones, merece destacarse el envejecimiento de la población y el incremento de las personas ancianas que viven solas en situación de falta de autonomía; la creciente participación femenina en el mercado de trabajo y el consiguiente aumento del número de hogares en los que el padre y la madre trabajan a tiempo completo; el mayor número de hogares monoparentales; la progresiva tendencia hacia la dispersión geográfica de la familia y una nueva gestión del tiempo en el interior del núcleo familiar, en la que el tiempo que se dedica al ocio y para uno mismo adquiere una importancia creciente.

Todo ello debe situarse, para el caso de los países del sur de Europa, en un contexto de falta de corresponsabilidad masculina en el trabajo doméstico-familiar y de un Estado del bienestar escasamente desarrollado en lo que a derechos sociales se refiere, sustentado desde una tradición fuertemente familista en la provisión de bienestar y con una grave carencia de servicios para la vida diaria. Por consiguiente, no es que las mujeres de origen inmigrante hayan desplazado a las autóctonas en este nicho laboral, sino que la demanda ha crecido de forma espectacular en los últimos años, a tenor de los factores arriba mencionados.

Esta conjunción de factores, además, permite explicar por qué la «internacionalización de la reproducción», en el sentido de «reclutamiento» de mujeres inmigrantes para ocuparse de determinadas tareas de la reproducción social, aun siendo un fenómeno generalizado en el conjunto de las sociedades occidentales, se da con mayor intensidad en los países del sur de Europa —es justamente en estos países donde se produce una mayor demanda de empleadas domésticas internas, en comparación con otros países europeos (Momsen, 1999; Parella, 2003). Por consiguiente, hoy por hoy, contar con personal doméstico remunerado ha dejado de ser una práctica vinculada al lujo y exclusiva de los grupos con mayor poder adquisitivo, y se ha extendido también a los segmentos de población de clase media.

Debe tenerse en cuenta que una parte considerable de sus demandantes, personas ancianas que viven solas y que perciben una pensión, carecen de recursos suficientes para costearse la oferta de servicios privados (una residencia geriátrica, por ejemplo). La insolvencia de la demanda, en ausencia de una provisión pública de servicios y recursos para atender las situaciones de dependencia durante la vejez, convierten el recurso a la economía informal y a una trabajadora inmigrante, dispuesta a trabajar a cambio de un salario inferior, en la opción menos cara y, en muchos casos, en la única estrategia factible.

La mayor parte de estas «nuevas» ocupaciones que se están generando alrededor de estas necesidades no satisfechas, a falta de implicación del sector público, se caracterizan por la precariedad, el desprestigio social, los bajos salarios, la desregulación y la invisibilidad. Se trata de unas ocupaciones que no resultan atractivas ni «deseadas» por la mujer autóctona; una mujer que ha adquirido un elevado nivel educativo en los últimos años, que ha aumentado su nivel de exigencia a la hora de considerar un empleo como deseable («nivel de aceptación») y a la que el mercado de trabajo brinda, por lo general, mejores oportunidades laborales. La mujer inmigrante es percibida como fuerza de trabajo idónea para realizar las tareas vinculadas a la reproducción social, puesto que se trata de actividades socialmente poco valoradas, escasamente cualificadas, asumidas como algo inherente a la condición femenina y a menudo realizadas desde la economía informal.

Por consiguiente, en la era de la globalización, la tendencia de la migración internacional femenina apunta claramente hacia una emergente «internacionalización del trabajo reproductivo», resultado de una creciente demanda de fuerza de trabajo femenina de otros países para ocuparse de una serie de tareas que hasta ahora llevaban a cabo las mujeres autóctonas en el seno del hogar, de forma invisible y sin percibir remuneración a cambio. Este fenómeno es el resultado de la emancipación de las mujeres autóctonas con mayores recursos económicos, ante la dificultad, el estrés y el coste emocional que les supone tener que gestionar y compatibilizar sus cargas familiares con sus aspiraciones profesionales. Todo ello se traduce en una «racialización» del trabajo doméstico remunerado, tal como sostiene la británica Bridget Anderson (2000); en tanto que son mujeres de otras etnias, sin el estatus de ciudadanas, las que cogen el relevo de aquellas tareas que las mujeres autóctonas «blancas» delegan, aunque sin dejar de supervisar.

Sin embargo, el diagnóstico de la «internacionalización de la reproducción» tiene implicaciones que van más allá de identificar y denunciar la posición de discriminación, subordinación y vulnerabilidad de la trabajadora inmigrante. De ella se desprende que las relaciones patriarcales, además de expresarse entre los hombres y las mujeres, ya sean inmigrantes o autóctonos, se ponen de manifiesto también en las transacciones entre inmigrantes y nacionales. Mientras las mujeres trabajadoras de los países ricos tienen problemas para resolver el trabajo doméstico-familiar en sus vidas cotidianas y sus homólogos masculinos siguen eludiendo la corresponsabilidad en la esfera reproductiva, las mujeres de los países pobres se enfrentan a graves dificultades para obtener ingresos suficientes en sus países de origen con los que mantener a su familia.

En este sentido, no es insensato afirmar que, en la medida en que las mujeres emplean a «otras» mujeres para realizar las tareas reproductivas, el hogar tradicional patriarcal es preservado, a la vez que camuflado, en el ámbito de lo privado. Tal como sostiene Bridget Anderson en la obra anteriormente citada, la mujer no está dispuesta a pelearse con su pareja e hijos para que las tareas domésticas sean compartidas entre todos, a la vez que se siente incapaz de conseguir que el hogar satisfaga las necesidades de todos; por ello la familia, finalmente, opta por emplear a una trabajadora doméstica. De ese modo, se evita el conflicto entre hombres y mujeres ante el trabajo doméstico o, como a menudo es el caso, se transfiere a las relaciones entre las mujeres empleadoras y las mujeres trabajadoras (cada vez más, entre mujeres autóctonas y mujeres inmigrantes). Francesca Bettio et al. (2004) utilizan el término «fuga de cuidado» (care drain) como un irónico paralelismo de la conocida expresión «fuga de cerebros» (brain drain), con el propósito de describir un nuevo modelo de asistencia basado en la fuerza de trabajo barata y flexible representada por las trabajadoras inmigrantes, a modo de progresiva alternativa de la ayuda familiar desempeñada hasta ahora por las mujeres de forma no remunerada desde el hogar.

Así asistimos a un proceso de transferencia del trabajo doméstico y familiar entre mujeres. Muchas mujeres autóctonas de clase media mejoran su posición laboral a través del recurso a «otras» mujeres procedentes de países en los que cuentan con menores oportunidades. Así pues, la internacionalización del trabajo reproductivo genera un triple sistema de subordinación de la mujer inmigrante, en base al género, a la etnia y a la clase social. A través del empleo de mujeres inmigrantes como trabajadoras domésticas se estructuran relaciones antagónicas de clase y etnia entre las mujeres. Al mismo tiempo, se legitiman las relaciones patriarcales entre hombres y mujeres también fuera del matrimonio. Los hombres atienden sus necesidades reproductivas ya no sólo gracias al trabajo «gratuito» de sus esposas, sino también mediante el recurso a un mercado que permite a las unidades familiares con poder adquisitivo «comprar» una parte del trabajo reproductivo a mujeres de una clase social inferior y de una etnia distinta. Asimismo, la contribución de las mujeres inmigrantes en los hogares de la sociedad receptora es beneficiosa para el Estado, puesto que permite la satisfacción del creciente volumen de demanda de servicios, sin que ello implique tener que incrementar el gasto social (Heyzer y Wee, 1994).

En otras palabras, la llegada de mujeres inmigrantes no sólo proporciona una fuerza de trabajo más barata y flexible que la fuerza de trabajo autóctona; además, posibilita que las mujeres autóctonas cualificadas trabajen fuera del hogar sin que el Estado, por el momento, tenga que desarrollar una oferta de suficientes servicios sociales para hacer frente a las necesidades que de ello se derivan (Momsen, 1999). A pesar de haber presentado un panorama tan desalentador, en un intento de lanzar un mensaje esperanzador debe tenerse en cuenta que ha sido justamente la necesidad de externalizar parte del trabajo reproductivo (resultado, principalmente, de la dificultad de que las mujeres sigan atendiendo en exclusiva familia y profesión de forma simultánea), lo que ha provocado que, por vez primera, las tareas doméstico-familiares empiecen a asomar y a hacerse visibles tanto en el discurso científico como en las representaciones sociales.

Por el momento, los puestos de trabajo que se están creando alrededor de estas «nuevas» necesidades no son de calidad, sino que, por lo general, comparten los rasgos de la precariedad, la explotación, el desprestigio y una fuerte connotación servil. Sin embargo, el hecho de que el trabajo reproductivo salte a la palestra y se convierta en problema social, aunque sólo responda a la imperiosa necesidad de encontrar quien lo realice, es en sí positivo y permite aventurar optimistas, aunque todavía endebles, pronósticos. Sin lugar a dudas, tengo la convicción de que puede constituir un primer paso hacia la valoración y el reconocimiento social de estas tareas como las principales proveedoras de calidad de vida para el conjunto de la sociedad, más allá de la lógica racional-económica, así como de satisfacción y enriquecimiento personal para quienes las llevan a cabo. Esto permitiría, por un lado, que los hombres se «apunten», reconsideren su tradicional e histórico desentendimiento y accedan a asumir sus responsabilidades doméstico-familiares, inherentes a todo ser humano. Para lograr que los varones compartan con las mujeres el volumen total de trabajo reproductivo en condiciones de igualdad, es menester que ellos se despojen del lastre de una socialización diferencial de género que les ha eximido y «apartado» de dichas responsabilidades y de su goce y disfrute.

Los hombres deben entender que tienen también mucho que ganar si recomponen sus prioridades y se involucran en el trabajo reproductivo, en especial en todo lo que se refiere al cuidado de otras personas. Asimismo, la visibilización y valorización del care haría posible pensar en la dignificación y profesionalización de las ocupaciones remuneradas en torno a estas tareas —cuyo avance es imparable—, de manera que se reconociera la cualificación de las personas —por el momento sólo mujeres y cada vez más, de origen inmigrante— que las realizan y que su desempeño confiriera prestigio social, salarios dignos y condiciones laborales no discriminatorias en relación con el resto de los sectores de actividad. Para ello es menester un cambio de mentalidad que nos lleve a considerar y a exigir este tipo de servicios en torno a las necesidades reproductivas como derecho universal de ciudadanía, para lo que el sector público debe implicarse en su suministro, regulación y financiación.

Sólo favoreciendo una demanda solvente, con capacidad adquisitiva para costear estos servicios, se logrará una estructura de la oferta dinámica, susceptible de estimular la creación de empleo estable y bien remunerado, a la par que cualificado y socialmente valorado. Para el caso español, el reciente anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, uno de los principales retos de nuestra política social, supone reconocer la universalidad de las prestaciones y, en consecuencia, permite pensar en la regulación y la creación de puestos de trabajo de calidad en torno a las tareas de asistencia.

Habrá que esperar un tiempo para poder valorar cómo se concreta su impacto. Mientras los cambios no se reflejen en nuestras vidas cotidianas, la participación de las mujeres en la esfera productiva seguirá generando necesidades no satisfechas desde los hogares, que van a seguir solventando las mujeres inmigrantes procedentes de países más pobres en condiciones de abuso y explotación. En otras palabras, el recurso a la mujer inmigrante, bajo las circunstancias legales y económicas en las que actualmente se da, supone que el trabajo reproductivo siga atribuyéndose a las mujeres en el ámbito privado del hogar; de modo que ni es compartido entre hombres y mujeres, ni se trata de una corresponsabilidad entre familia y Estado. Puesto que el crecimiento de empleo alrededor de estas actividades es algo inexorable y el reclutamiento de mujeres inmigrantes para llevarlas a cabo parece ser un proceso imparable, debemos velar para mejorar las condiciones de vida de estas trabajadoras que, hoy por hoy, son las que mueven los engranajes de nuestro bienestar social y nuestra economía, en ausencia de un Estado del bienestar más desarrollado en lo que se refiere al denominado «cuarto pilar».

No sólo existen relaciones de explotación entre las multinacionales de los países ricos y los trabajadores de los países pobres. La esfera de lo privado, de lo que ocurre dentro de los hogares, nos ofrece el crudo panorama de la explotación de mujeres inmigrantes desde la sombra y la más absoluta invisibilidad. En resumen, a través de la feminización de las migraciones internacionales se asiste a un proceso de transferencia de las tareas reproductivas a «otras» mujeres, con lo cual no se alteran prácticamente los patrones de conducta tradicionales de hombres y mujeres en la esfera privada.

Esta situación permite identificar un trasvase de desigualdades de clase y entra dentro del propio colectivo femenino, de modo que se configura una brecha creciente entre una minoría de mujeres cualificadas, que residen en los países del centro y disfrutan de un amplio abanico de oportunidades laborales, y una mayoría de trabajadoras proletarizadas, procedentes de los países de la periferia, de clase social y etnia diferentes, que ejercen de «servidoras» (Andall, 2003).