La decisión del Tribunal Constitucional de disolver las dos cámaras legislativas a tan solo dos días del inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales situó a la convulsa transición egipcia en la senda del caos político y legal. La decisión de la corte convirtió en papel mojado la hoja de ruta de la transición establecida por la Junta Militar, plantea numerosos interrogantes sobre cuál será el diseño institucional del país, y puede abrir una confrontación directa entre el ejército y los Hermanos Musulmanes. Según el calendario establecido por la Junta, y aceptado por la mayoría de las fuerzas políticas, tras la celebración de las elecciones legislativas del pasado invierno, el nuevo Parlamento debía escoger una Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna del país. La Asamblea dispondría de un plazo de tiempo relativamente corto para desempeñar su labor, pues la Constitución debía estar finalizada antes de la conclusión de las elecciones presidenciales de junio.

En teoría, la última etapa del proceso de transición consistiría en la entrega de los poderes al nuevo presidente electo por parte de la Junta Militar, el día 30 de junio. No obstante, el bloqueo de la Asamblea Constituyente por las desavenencias entre laicos e islamistas y la sentencia del Tribunal Constitucional disolviendo las cámaras, obligan a un cambio de planes, y hacen presagiar un nuevo periodo de turbulencias en un proceso de transición contencioso. La situación de confusión y confrontación actual es la conclusión lógica de 15 meses marcados por la lucha de poder entre los principales actores políticos. Para ser exitoso, un proceso de transición hacia un sistema democrático requiere, por parte de sus protagonistas, de una actitud flexible, y de la disposición a realizar concesiones políticas en aras del consenso.

Desafortunadamente, este espíritu de unidad ha brillado por su ausencia en el periodo que se abrió con la renuncia de Hosni Mubarak, el 11 de febrero de 2011. La desconfianza no solo ha marcado las relaciones entre la oposición a Mubarak y los miembros del antiguo régimen, sino también las relaciones entre las propias fuerzas revolucionarias, sobre todo en los casos de aquellas que se sitúan en campos opuestos dentro del eje islamismo-laicismo. A medida que se acercaba la fecha decisiva de las elecciones presidenciales y, por ende, el final del periodo de transición, fueron aflorando a la luz pública las soterradas tensiones derivadas de la lucha de poder entre los principales actores del panorama político egipcio.

En concreto, el pulso más relevante es el que libran las dos instituciones más poderosas del país, el ejército y los Hermanos Musulmanes, inmersas desde los años cincuenta en una vieja guerra por hacerse con las riendas de la nación árabe más poblada. La alianza entre ambas instituciones, que permitió aprobar la hoja de ruta de la transición a través de un referéndum popular, se mantuvo en los meses de noviembre y diciembre, mientras los jóvenes revolucionarios libraban una sangrienta batalla en los aledaños de Tahrir. Por miedo a que una escalada de los disturbios llevara a la cancelación de las elecciones parlamentarias, la cofradía se mantuvo al margen de los enfrentamientos, e incluso alguno de sus representantes llegó a ponerse del lado de la Junta Militar en la represión de los manifestantes.

Su pacto secreto, o simple alianza tácita, se empezó a torcer cuando fueron incapaces de encontrar un candidato de consenso a la presidencia del país. Su objetivo era escoger una figura neutral, y que fuera bien vista por ambos. Según se filtró a la prensa, llegaron a un principio de acuerdo en apoyar la figura de Mansur Hassan, un veterano empresario que fue ministro durante la época Sadat. Sin embargo, finalmente, el pacto no se llegó a sellar, y los Hermanos Musulmanes decidieron presentar su propio candidato. Este movimiento, con el que rompían la promesa de no pretender monopolizar el poder, repetida hasta la saciedad, abrió la caja de pandora, anticipando el conflicto abierto que estalló dos meses después. En su caída, Mubarak no arrastró al “Estado profundo”, que continuó prácticamente intacto.

Para poder continuar conservando el control del país árabe, tuvo que sacrificar a algunos de sus miembros, aquéllos cuyo papel fue más visible durante las tres décadas de era Mubarak. Por ejemplo, una de los cabezas de turco fue el exministro del Interior, Habib al Adly que, como el rais destronado, fue condenado a cadena perpetua el pasado 2 de junio por su responsabilidad en el asesinato de centenares de manifestantes. Así pues, nunca hubo una verdadera reestructuración de las fuerzas de seguridad, y los cuerpos que ejercieron la represión de cualquier atisbo de oposición al poder establecido. En el mismo juicio que sentenció a Mubarak y Al Adly, seis altos cargos del ministerio del Interior fueron absueltos, a pesar de que su responsabilidad en la masacre era más que evidente. Como escribía un analista, el “régimen Mubarak” no podía juzgarse a sí mismo y emitir un veredicto de culpabilidad.

¿Transición en riesgo?

Es en este contexto que debe entenderse la sentencia del Constitucional disolviendo el Parlamento, y declarando inconstitucional la llamada “ley de aislamiento” que tenía como objetivo impedir que figuras prominentes de la era Mubarak pudieran concurrir en las presidenciales. Si bien es muy probable que el tribunal recibiera presiones por parte de la Junta Militar, no hacía falta que estas fueran demasiado fuertes. Los magistrados tenían sus propios intereses de tipo corporativo para suspender la acción de un legislativo que les era hostil. De hecho, a raíz del veredicto a Mubarak, se desencadenó una agria confrontación entre el estamento judicial y los diputados islamistas, que pretendía situar al poder judicial bajo su control, e incluso llegaron a cuestionar el rol del Constitucional como árbitro de la vida política del país.

La disolución de las cámaras abre muchas preguntas que no responde el texto del veredicto. Su justificación legal, que se ajusta a los precedentes de los años 1987 y 1990, es que el sistema electoral utilizado para escoger un tercio de la cámara baja era inconstitucional, porque discriminaba a los candidatos independientes frente a los afiliados a un partido. Así pues, ¿se celebran elecciones a las dos cámaras, o solo a un tercio de la Asamblea Popular? A buen seguro, de las urnas saldrá un Parlamento más plural, en el que el islamismo en sus diversas vertientes no contará con una abrumadora mayoría del 70%. Habida cuenta de los buenos resultados cosechados en la primera vuelta de las presidenciales por Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Mubarak, es de esperar que los defensores del antiguo orden obtengan una mayor representación en el nuevo Parlamento en comparación con los comicios del pasado invierno, cuando no superaron el 5% de los votos.

La tupida red del disuelto PND, el partido de Mubarak, que quedó tocada tras la revolución, ha tenido ahora tiempo de reagruparse, y ha demostrado que aún es capaz de movilizar a millones de personas. Ahora bien, el resultado no se explica solo por las redes clientelares del antiguo régimen, sino también por la fatiga revolucionaria y el anhelo por el retorno a la estabilidad de buena parte de la población. Algunos analistas han interpretado la decisión de la corte como un golpe de Estado suave. Por sí sola no lo es, pues en teoría se deben convocar nuevas elecciones, aunque no existe aún una fecha determinada. Ahora bien, si a ella le añadimos el anexo a la declaración constitucional que emitió la Junta Militar la noche electoral, apenas dos horas después de que cerrarán los colegios, sí que representa un golpe muy duro al proceso de democratización. El anexo tiene como finalidad, en teoría, determinar cuál será la distribución de poderes entre las diversas instituciones de forma interina mientras se aprueba la nueva Constitución, ya que inicialmente se esperaba que fuera aprobada antes de la entrega de poderes al nuevo presidente.

Sin embargo, la Junta Militar ha aprovechado, no solo para asignarse amplios poderes en esta fase, sino también para arrogarse el derecho a elegir quién redactará la nueva Carta Magna, una prerrogativa hasta ahora asignada al Parlamento. La Asamblea Constituyente se encontraba bloqueada ante las desavenencias entre laicos e islamistas, pues los primeros consideraban que los islamistas estaban sobrerrepresentados. El anexo sumado a la disolución de las cámaras representa un órdago a la Hermandad, y anticipa un periodo de confrontación directa entre ambas instituciones.

De hecho, los islamistas ya han declarado que se opondrán a estas decisiones. Este será el panorama que se encontrará el ganador de las elecciones presidenciales. Según los resultados parciales publicados a la hora de cerrar la edición de este número, parecía que Mohamed Morsi, el candidato de la Hermandad lideraba el recuento. De confirmarse la tendencia, la cofradía islamista tendría una importante baza, al menos desde el punto de vista de la legitimidad, en su duelo con el “Estado profundo”. En cambio, una victoria de Shafiq, el último primer ministro de Mubarak, representaría una restauración en toda regla de la era Mubarak, y podría llevar a nueva ola de enfrentamientos en las calles.